Estimado señor:
Expresamos a su digna autoridad el más atento y respetuoso de nuestros saludos.
Ante la inminencia del inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro América, son muchos los sectores que hemos manifestado grandes e importantes preocupaciones y temores, tanto en el sector de las organizaciones de la sociedad civil, como en el sector de las organizaciones de productores.
A la fecha de hoy, únicamente se han abierto procesos de consulta que en la realidad han sido simples procesos para compartir información por medio de COMEX, que nosotros creemos son absolutamente insuficientes, y que en otros procesos han servido para hacer aparecer a diversas organizaciones como partícipes del proceso, cuando en realidad esto no es así.
Creemos, señor Presidente, que no existe a la fecha de hoy ninguna claridad ni transparencia en el proceso, y mucho menos de lo que el equipo negociador costarricense ha planteado como la posición de Costa Rica, en aspectos sumamente sensibles. Además, se hace necesario garantizar que no existan conflictos de intereses en el equipo negociador, sea por su vínculo con parte del sector empresarial o por ostentar doble nacionalidad.
Es por ello que, con el más profundo respeto, pero con la legitimación que nos da el ser costarricenses nos acercamos a Usted solicitándole que el Gobierno de La República, de forma transparente, clara y directa, deje claro ante la sociedad civil y ante los diversos actores políticos, cuál es la posición que defenderá, al menos en los temas específicos que más adelante indicamos, sin que por ello agotemos la consulta o que en el futuro podamos preguntar por otros temas.
Debemos recordar don Abel, que Usted, en muchos de ellos, asumió un compromiso directo con el pueblo y con las organizaciones de la sociedad civil, incluso responsablemente en forma escrita, cuando le planteamos una serie de aspiraciones frente a un eventual Gobierno encabezado por Usted. Nos permitimos en ese sentido, anexar el detalle de tales compromisos, suscritos por usted el pasado 21 de marzo en el Auditorio del Poder Judicial, ante una instancia de organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y sindicales.
Es por ello que, partiendo de que cada país tiene el derecho a mantener dentro de sus decisiones soberanas, los mecanismos que considere convenientes para promover y proteger la seguridad y soberanía alimentarias, la agricultura de subsistencia, las prácticas agropecuarias humanitarias y la agricultura sostenible, la educación, los derechos laborales, los estándares ambientales, los derechos humanos y en general una política pública incluyente que combata la pobreza y distribuya solidariamente la riqueza, a continuación detallamos diversos aspectos sobre los cuales solicitamos nos indique la posición de Gobierno, relacionando los compromisos que Usted adquirió en aquel momento.
AGRICULTURA
1. Generación de políticas e implementación de programas para fortalecer la soberanía alimentaria, entendida como el derecho a proteger a la mayoría de sus productores, para que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
2. Respeto a los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y del derecho a la propiedad de los pequeños productores y trabajadores rurales sin tierra.
3. Exclusión de liberalización de productos sensibles desde el punto de vista social y ambiental.
4. En atención a que en el caso de los pequeños y medianos agricultores y pescadores, en muchos casos los subsidios son necesarios, nos preguntamos cuál será la posición del gobierno frente a la política agrícola de los Estados Unidos. Asimismo, cuestionamos la posición asumida por el país dentro del Grupo Cairns, por estar desvinculada de la realidad de la producción nacional.
5. Estándares sanitarios y fitosanitarios desarrollados por medio de consultas públicas, sin dejar a pequeños productores fuera del negocio y sin permitir la imposición de estándares dirigidos a beneficiar a la mega industria o a la agricultura química intensiva.
6. Apoyo a producción orgánica y soberanía para establecer restricciones a productos transgénicos para proteger la salud y la biodiversidad.
TRABAJO
7. Respeto de los países partes del tratado de los derechos laborales fundamentales declarados por la OIT y por los instrumentos de derechos humanos.
8. Procedimiento de verificación de cumplimiento por organismos especializados e imparciales (OIT, tribunales arbitrales, etc.).
9. Participación activa de organizaciones sindicales y ONG´s para presentar conflictos, quejas y reclamaciones
10. Procesos de asistencia técnica entre países, y entre países y organismos internacionales especializados para promover el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales.
11. Sanciones comerciales adecuadas y solo una vez que se agoten los procedimientos de cooperación y de investigación.
12. Sanciones dirigidas e empresas responsables y sólo si existe complicidad activa y recurrente de los Gobiernos se aplicarían sanciones relacionadas con las exportaciones de un país.
13. Generación de políticas y mecanismos que promuevan la producción laboral, ambiental y socialmente limpia, incluyendo incentivos para creación de empleo, financiamiento compensatorio, capacitación, desarrollo de infraestructura, apoyo científico y tecnológico, etc. para las empresas que participen y cumplan con programas de certificación gubernamental de producción limpia.
14. Considerando el hecho de que los trabajadores migrantes y sus familias contribuyen a la economía del país receptor y hacen contribuciones en sus comunidades y en sus centros de trabajo, deben disfrutar de todos los derechos que les corresponden en sus centros de trabajo y gozar de todas las protecciones de la ley. Para tal efecto se deben estimular políticas de generación de empleos dignos, suficientes y productivos para descartar la competencia comercial vía salarios bajos y condiciones laborales deplorables.
MEDIO AMBIENTE
15. Prioridad de los acuerdos ambientales sobre las reglas comerciales y de inversión, de acuerdo a la decisión que el país ha hecho de contar e impulsar un desarrollo sustentable que se plasma en parte en el proyecto de reforma constitucional para incluir un capitulo de garantías ambientales en nuestra carta magna.
16. Exigir que los países firmantes se comprometan a cumplir los convenios internacionales que como el de Kyoto y otros entendimientos mundiales buscan la protección del planeta.
17. Primacía y aplicación del principio precautorio (en caso de duda se llevará a cabo la acción más cautelosa a favor del ambiente).
18. Obligación de que la inversión privada cuente con tecnología que preserve el medio ambiente y se apliquen las cláusulas contenidas en diversos tratados internacionales referidas a la transferencia de tecnología, así como compartir tecnologías que preserven el ambiente.
19. Eliminación de subsidios para energía de combustibles fósiles, para tala, y otras actividades que degraden el medio ambiente y atenten contra los derechos ambientales de la población, creación de incentivos para conservación de suelos y recursos naturales, y moratoria de exploración de minería metálica y exploración petrolera.
20. Reconocimiento de la deuda ecológica de los países industrializados con respecto a los países en desarrollo, para efectos de subsidios, transferencias tecnológicas, etc.
21. Prohibición de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida y en el conocimiento asociados a ellas, y protección de derechos colectivos de las comunidades locales en torno a conservación, siembra y cultivo de biodiversidad.
22. Soberanía de los países para establecer regulaciones a empresas e inversionistas para garantizar el cumplimiento de objetivos de desarrollo sustentable.
23. ¿Cómo se tratara el tema de las pretendidas patentes y propiedad intelectual así como de los transgénicos?, conociendo la posición que ha asumido Estados Unidos y los estudios científicos que alertan sobre los impactos en la salud, medio ambiente, sistemas productivos que estos conllevan y los derechos de los pueblos.
ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES
24. Prioridad a micro, pequeña y medianas empresas nacionales en las adquisiciones gubernamentales.
25. Criterios de competencia que incorporen variables laborales, ambientales y sociales en políticas de adquisición gubernamental, así como formas organizativas solidarias de participación comunitaria, sin fines de lucro enmarcadas en la economía social.
INVERSIONES Y DEUDA
26. Las disputas deben ser resueltas por cortes del país anfitrión de la inversión, y solo posteriormente por tribunales internacionales.
27. Prohibición a inversionistas extranjeros de demandar contra leyes de interés público.
28. La compensación por la expropiación directa de bienes de un inversionista se determinará conforme a las leyes nacionales, considerando el monto de riqueza extraído al país mientras duró la inversión.
29. Derecho de ciudadanos de demandar a inversionistas por violaciones del acuerdo.
30. Soberanía nacional para establecer requisitos de desempeño de las inversiones extranjeras, para colaborar con entorno macroeconómico adecuado, con la transferencia tecnológica y con metas sociales, laborales y ambientales.
31. Posibilidad de que los gobiernos promuevan sectores estratégicos e inviertan en ellos por medio de gasto público.
32. Toda apertura económica debe ser vinculada directamente a un proceso de reducción y eventual condonación de deuda como parte de una estrategia económica integral para los países socios del comercio. Por esta razón un tratado de integración económica de nuestros países debe incluir medidas para aliviar la deuda de los países centroamericanos, crear mecanismos de arbitraje internacional para reducir la deuda y permitir a los gobiernos imponer controles sobre el flujo de capital para evitar o aliviar situaciones de crisis financiera o para canalizarla hacia actividades productivas.
ACCESO AL MERCADO
Consideramos que las más altas aspiraciones de la Sociedad Costarricense en búsqueda de una relación verdaderamente armoniosa con la Naturaleza deben ser un eje orientador de las políticas públicas, es decir también de las políticas de apertura comercial. Conforme a esto, toda inversión extranjera debe ser regulada en el marco de la construcción de sociedades verdaderamente sustentables, es decir con claros objetivos de desarrollo social verdaderamente justo, en armonía con la Naturaleza y respetando los equilibrios que toda economía demanda, incluyendo aspectos como balanza de pagos, reservas monetarias y otros. En razón de lo anterior, queremos conocer la posición del gobierno sobre los siguientes puntos:
33. El Gobierno debe velar por que los criterios de acceso a mercados no menoscaben su facultad de adoptar medidas para la protección de la salud, el bienestar de las personas y del ambiente, los derechos laborales, los derechos humanos y muchos otros.
34. Definición de productos y servicios con aranceles más bajos mediante un proceso transparente y participativo.
35. Definición de políticas de apoyo a la producción y asistencia técnica para generar mayor competitividad.
36. Trato especial diferenciado según tamaño de país y tamaño de la unidad productiva.
37. Eliminación de barreras no arancelarias salvo en materias sociales, laborales y ambientales.
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
38. Los mecanismos nacionales e internacionales de resolución de disputas comerciales, sociales, laborales y ambientales deben garantizar el derecho de los Estados a la promulgación y aplicación de leyes de protección, como un principio superior frente a la generación de ganancias para las corporaciones. Estos mecanismos deben garantizar también la participación de expertos no solo en temas de comercio.
39. Participación de sociedad civil en todos los niveles de resolución de disputas.
40. Publicidad y transparencia de procesos.
POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y SERVICIOS
41. Servicios reservados al Estado deben ser producto de decisión soberana de cada país, al menos en las siguientes áreas:
· Energía
· Telecomunicaciones
· Manejo de agua potable
· Seguros
· Seguridad Social
· Refinamiento de petróleo
42. Exclusión de servicios públicos estratégicos de evaluación exclusiva basada en precio y competencia.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
43. Primacía de acuerdos sobre derechos humanos, salud, seguridad alimentaria y biodiversidad frente a los acuerdos de propiedad intelectual y los acuerdos comerciales, tales como el Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (ADPIC) y el UPOV.
44. Licencias obligatorias para garantizar acceso a medicamentos esenciales así como a variedades vegetales.
45. Prohibición de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre toda forma de vida.
46. Derecho de agricultores, comunidades locales y pueblos indígenas a guardar, usar, vender e intercambiar sus semillas, así como el deber del Estado de tutelar ese derecho.
47. Prioridad de los derechos colectivos a la propiedad comunal sobre las reglas de propiedad intelectual.
GÉNERO
Recordando que el estancamiento de la pobreza y la concentración de la riqueza en Costa Rica se acentúa durante el proceso de apertura comercial, mediante la promulgación de diferentes tratados de libre comercio y legislación afín (derechos de propiedad, etc.), y en atención a que el mismo Informe de Estado de la Nación señala claramente que la pobreza adquiere cada vez más un rostro femenino, es necesario definir una posición regional con respecto a lo siguiente:
48. Evaluación de impactos comerciales sobre las mujeres.
49. Políticas y leyes para cumplimiento de derechos civiles, laborales, reproductivos, sexuales y humanos.
50. Programas de asistencia y desarrollo para reinserción laboral de mujeres desplazadas por el tratado.
51. Programas para garantizar acceso a crédito, capacitación tecnológica y propiedad de la tierra
52. Implementación de iniciativa 20/20 de la ONU.
TRANSPARENCIA:
Partiendo de que los pueblos deben gozar del derecho a la autodeterminación y del derecho a conocer y decidir sobre los compromisos comerciales internacionales adquiridos por los Gobiernos, es decir el Derecho a Elegir en su acepción más profunda, se requiere que los procesos de toma de decisiones en las negociaciones y resolución de diferencias de las instituciones comerciales internacionales sean democráticos, transparentes, e inclusivos. Por esto solicitamos la posición del gobierno en los siguientes aspectos:
53. Las negociaciones de los tratados de integración económica deben hacerse en una forma transparente, sin “secretismos”, y deben incluir mecanismos de negociación real y efectiva con los actores sindicales y sociales, incluyendo los actores de economía social, de los países socios del comercio.
54. El texto borrador de cualquier tratado debe ser publicado en intervalos regulares; los procesos de consulta deben hacerse bajo reglas de juego claras para el pueblo, e incluir mecanismos que permitan que éstas se reflejen en las propuestas y posturas de los gobiernos y de sus equipos negociadores, así como de mecanismos para lograr acuerdos nacionales frente a la negociación.
55. Todas las decisiones que se toman en el marco de las negociaciones comerciales deben ser conocidas por el pueblo, el equipo negociador debe rendir cuentas de sus negociaciones y posiciones, y debe abrirse espacios que permitan una discusión sobre integración, no solo sobre libre comercio.
Es nuestra firme convicción, señor Presidente, que solamente si los anteriores temas son abordados por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los países centroamericanos, será posible revertir los graves procesos de exclusión y concentración de la riqueza, de los que desdichadamente ya Costa Rica no escapa, así como para generar verdaderas sinergias entre los temas laborales, ambientales, productivos y las políticas públicas estratégicas para un desarrollo sustentable, de lo contrario, se agravarán seriamente todos los problemas.
Don Abel, respetuosamente le instamos a explicar al pueblo la posición de nuestro gobierno ante estos temas, y a abrir verdaderos procesos de construcción colectiva y no simples procesos de consulta que no permiten la generación de verdaderos acuerdos sobre el país que todas las personas queremos.
Atentamente,
Isaac Rojas
FECON
Fabio Chaves
FIT-ICE
Klaus Beisswenger
Grupo Indígena IETSAY
Cristina Zeledón
Colectivo ADELA
Pedro Pablo Aguirre
Mesa Nacional Campesina
Víctor Morales Zapata
CONACOOP
José Merino Del Río
Foro Acción Política
Donald Rojas
Mesa Indígena
Albino Vargas
ANEP
Manuel López
COECO Ceiba-AT
Rodrigo Carazo Odio
CDI
Rodrigo Aguilar
CTRN
