San José, 22 de octubre de 2008. S.G. 07-09-0946-08 ¡URGENTE!
Señor William Cerdas Garro Alcalde Municipal Municipalidad de El Guarco Provincia de Cartago Presente Fax No. 2552 5554
Estimado señor:
En primer término, expresamos a usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Por esta vía y de manera oficial, acreditamos ante su digna autoridad, la delegación oficial de esta organización sindical, representativa de una importante cantidad de los servidores y de las servidoras de la Municipalidad de El Guarco, para el proceso negociador tendiente a la suscripción de la Primera Convención Colectiva de Trabajo: Se trata del trabajador Ricardo Camacho Leiva y de la trabajadora Melania Abarca Brenes.
El citado compañero y la mencionada compañera se unirán a las dos personas ya designados por el Honorable Concejo para tal finalidad, restando solamente la designación que corresponde a la Administración, representada por su persona. En tal caso, le exhortamos a nombrar a su delegado ó delegada lo más rápidamente posible, para iniciar cuanto antes ese proceso negociador que, por demás, tiene una amplísima tutela jurídica.
Como es de su amplio conocimiento, la Constitución Política de Costa Rica dice en su artículo 60 que “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. A la vez, el artículo 62 de nuestra carta magna señala: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”:
Además, la Ley No. 7360 (Adición al Título V del Código de Trabajo, del Capítulo III, “De la protección de los derechos sindicales”), indica en su Artículo 363 lo siguiente:
“Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores. Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas”.
Así las cosas, le instamos a proceder en consecuencia y como indicamos, lo más rápidamente posible.
Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
C.c. Señores y señoras, Honorable Concejo de El Guardo. Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Personal de la Municipalidad de El Guarco. Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de El Guarco. Junta Directiva Nacional de ANEP. Archivo.
San José, 20 de octubre de 2008. S.G. 07-09-0937-08
Doctora María Luisa Ávila Agüero Ministra Ministerio de Salud Su despacho
Estimada señora Ministra:
Atento y respetuoso saludo de nuestra parte y de la organización que representamos.
Nos han comunicado que su estimable autoridad habría procedido a nombrar en propiedad, al amparo del D.O. y por la vía del ascenso directo, a algunos funcionarios que fungían como médicos interinos, en algunas áreas rectoras de Salud. Si ello fuese realidad, dejamos constancia de que nos satisface sobremanera, porque consideramos que se estaría haciendo justicia con las personas que ocupan puestos interinos y que, a todas luces, han demostrado su entera capacidad para optar por un puesto en propiedad, sin tener que recurrir a concursos, puesto que ese requisito está superado, precisamente por la idoneidad comprobada en el lapso del interinato prolongado en el tiempo.
Así las cosas le solicitamos, con todo respeto, nos confirme sobre el particular, al tiempo que le pedimos, en nombre de todas las personas que se encuentran desempeñando puestos interinos y eventuales en el ministerio, que proceda de la misma manera que lo hizo con los médicos, si así ocurrió; y, si no, que se gestione ante la Dirección General de Servicio Civil, con base a su reglamento, la posibilidad de nombrar por la vía de la idoneidad a estos abnegados servidores.
Esta solicitud la planteamos sabiendo que su cartera cuenta con una cantidad nueva de plazas que bien podrían ocuparlas personas que, en la actualidad, se desempeñan como interinos, interinas y eventuales, para lo cual bastaría tomarles en cuenta sus calificaciones anuales. Este personal, en su mayoría, labora en los programas de vectores, Nutrición, Trabajo Social y áreas administrativas, además de otras en menor cantidad.
Por último, deseamos solicitarle nos informe, ¿qué ocurrirá con este personal, si no se toma en cuenta la determinación de nombrarles por la vía que recomendamos y que pertenecen a programas que en el marco del D.O. desaparecen del organigrama institucional?
En espera de una respuesta expedita, nos suscribimos atentos,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
Guillermo Murillo Castillo Directivo Nacional ANEP Responsable ANEP-Ministerio de Salud
C.c. Honorable Personal del Ministerio de Salud. Junta Directiva Nacional de ANEP. Junta Directiva Seccional Salud Pococí-Guácimo Junta Directiva Seccional Salud CEN-CINAI. Junta Directiva Seccional Salud Trabajo Social. Junta Directiva Seccional Salud-Turrialba. Archivo.
ROTOTOPE DE ANUALIDADES Sala IV nos adelanta el acontecimiento.
Como es de su conocimiento, en la negociación salarial del II Semestre del 2007, el Poder Ejecutivo se comprometió a plantear ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, para reformar el Art. 5 de la Ley General de Salarios del Sector Público.
Este proyecto de Ley, ya había sido dictaminado afirmativamente en la Asamblea Legislativa y sólo estábamos a la espera de que los y las Jefas de Fracción se pusieran de acuerdo el día jueves 15 de octubre, en la presentación de una moción al plenario legislativo, para trasladar este importante proyecto a conocimiento de una Comisión Plena, para su aprobación definitiva.
Por tanto y concientes de que los diputados y diputadas de todas las fracciones, con la excepción de los Libertarios, estaban de acuerdo con este proyecto y de votarse, como estaba previsto la moción de traslado a una Comisión Plena, la reforma debería quedar en firme en un mes y medio, cuanto más.
Consideramos que la Sala IV, conociendo que tanto el Gobierno como el Legislativo habían acogido el reclamo sindical y encontrándose con una acción de inconstitucional, le quedo a pelo resolver, adelantarnos esta alegría y terminando con esta odiosa discriminación salarial.
Parece, que la salida del Magistrado Suplente Sosto y la valentía de la Judicatura, de llamar a cuentas a la Magistratura, más las protestas populares y sindicales frente a la Sala IV, está dando bueno resultados.
¡ EN BUENA HORA! Y ESPERAMOSQUEPRONTO SE PUBLIQUE LA RESOLUCIÓN, EN EL DIARIOOFICIAL LA GACETA, PARAQUEEMPIECE A REGIR.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSPUBLICOS Y PRIVADOS ANEP. __________________________________________________________
El tope que impedía que a las personas trabajadoras del sector público, que laboran más de 30 años pudieran en una institución, se le reconocieran el total de años laborados ha sido votado favorablemente por la Sala IV luego de muchos años de gestión sindical.
Con esto se declara inconstitucional la disposición de la Ley de Salarios del Sector Público de 1957, (ver recuadro abajo) según la cual el pago de anualidades tenía el tope de 30 años.
Este voto de la Sala IV, sin embargo, no tiene efecto retroactivo y se aplicará solamente a quienes NO hayan cumplido aún 30 años de laborar, ni a los pensionados. Lo que si debe hacerse es subir el salario de acuerdo a su antigüedad laboral.
Así lo planteaba la Ley
Ley 2166 Salarios de la Administración Pública
Categoría Salario Aumento Anual
De igual manera modifica la Escala Salarial anterior la cual, posteriormente, ha sido objeto de periódicas reformas por parte de la misma Dirección General.
No obstante, se respeta la redacción original que le dio la Ley N° 6835, de 22 de diciembre de 1982, previa la presente advertencia).
(Nota: La versión de la última reforma a este artículo fue mediante el artículo 1° de la ley 6835. No obstante debe advertirse que la escala a sido modificada en diversas oportunidades por la Dirección General de Servicio Civil, al tenor de lo dispuesto en el párrafo final de ese artículo que la autoriza para esos efectos. La última revaloración de la escala salarial rige a partir del 1° de julio de 2001 y es la que se encuentra aplicada en al texto de la presente ley.)
Artículo 5°.- De conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá aumentos o pasos, hasta un total de treinta, de acuerdo con los montos señalados en el artículo 4° anterior, hasta llegar al sueldo máximo, que será la suma del salario base más los treinta pasos o aumentos anuales de la correspondiente categoría.
Todo servidor comenzará devengando el mínimo de la categoría que le corresponde al puesto, salvo en casos de inopia a juicio del Ministro respectivo y de la Dirección General de Servicio Civil. Los aumentos anuales serán concedidos por méritos a aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de “bueno”, en el año anterior, otorgándoseles un paso adicional, dentro de la misma categoría, hasta llegar al sueldo máximo.
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 6408, de 14 de marzo de 1980.)
____________________________________ Actualizada al: 22 de mayo de 2001 Sanción: 9 de octubre de 1957 Publicación: 15 de octubre de 1957 Rige: 15 de octubre de 1957 DCHP.- __________________________________________________________
San José, 14 de octubre del 2008. S.G. 07-09-0895-08
Doctor Carlos Bolaños Céspedes Presidente Ejecutivo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) Su Despacho Fax No. 2241 1223
Estimado señor:
En primer término, reciba su digna autoridad, nuestro mayor respeto y consideración.
Algunas personas de la zona de Guanacaste se han dirigido a nuestra organización para externar su inquietud con respecto a la situación de la parcela 2 del asentamiento El Jobo. Según se nos indica, el IDA recuperó dicha parcela y la pretende someter a licitación pública para venderla al mejor postor. Lo que llama la atención es que, aparentemente, quienes estarían más interesados en la adquisición de ese inmueble, es una empresa de nombre Guanacaste Development, la cual es propietaria de las parcelas 4 y 19 que colindan con esa propiedad.
Los y las denunciantes señalan, como elemento adicional, que existe una demasía en esa área que estaría siendo apropiada por los beneficiarios de esas parcelas con el consentimiento del IDA. De acuerdo a la explicación que nos brindaron, cuando el IDA midió, dejó una franja de terreno que supuestamente era parte de la zona marítimo terrestre; sin embargo, posteriormente, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ubicó los mojones en un lugar distinto lo que provocó que esa franja de terreno quedara sin propietario y ahora se la estarían apoderando los colindantes, dentro de los cuales está una sociedad en la que, presuntamente, tienen intereses los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez
Consideramos que en aras de la transparencia, el IDA debería investigar estos hechos con la finalidad de evitar la influencia de grupos poderosos y garantizar que el proceso se desarrolle de manera diáfana.
Por las implicaciones que tiene este caso, solicitamos se nos haga llegar copia del expediente de la parcela 2 de El Jobo para verificar que el procedimiento se ha realizado en concordancia con la ley y los reglamentos que regulan la materia.
Anticipadamente le agradecemos la especial consideración a nuestra petición, misma que efectuamos al amparo del artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Con la mayor consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP. Junta Directiva Seccional ANEP-IDA. Archivo.
Reciba un cordial saludo de la Seccional ANEP-INAMU.
Sirva la presente para solicitar que de conformidad con los artículos 40, 61 y 70 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el pasado 14 de marzo de 2008, la administración institucional proceda con el nombramiento de sus representantes ante la Comisión de Salud Ocupacional, el Comité de Prevención del Hostigamiento Sexual y/o Laboral y la Junta de Relaciones Laborales.
Lo anterior en razón de que en los últimos meses, se han aplicado procedimientos disciplinarios en los que ha habido ausencia de intervención de la Junta de Relaciones Laborales, según lo estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo; como por ejemplo en el caso de la Sra. Alicia Chávez, en cuyo procedimiento administrativo no hubo participación de la Junta de Relaciones Laborales, por lo que nos parece que los derechos de esta funcionaria, en cierta medida quedaron desprotegidos.
Así mismo, nos llama la atención que dentro de una institución que promueve y protege los derechos de las mujeres, todavía falte nombrar una comisión para la prevención del hostigamiento, y por ende la aplicación de un reglamento para estos casos, punto fundamental valorando la experiencia vivida por esta institución en épocas anteriores.
Es una preocupación de esta Junta Directiva, de nuestras afiliadas y afiliados, así como de muchos de las funcionarias y los funcionarios de este Instituto, con relación a los recientes nombramientos de dos de sus asesores en plazas en propiedad; no por las capacidades y calidades profesionales de los mismos, sino por el procedimiento y la figura que ellos representan, así como la afectación a funcionarias que después de varios años de dar un valioso aporte intelectual y práctico, a este Instituto queden por fuera de la misma.
Lo anterior en razón de que la carrera administrativa, constituye un importante logro reivindicativo del sector público, que no debemos perder bajo ninguna condición. Esta, constituye el incentivo más preciado de los servidores públicos, que nos esforzamos por escalar peldaños, optimizando así el servicio que prestamos a la sociedad, al tiempo que damos prestigio y consolidamos el régimen institucional.
En este sentido y en concordancia con nuestra línea de trabajo, queremos plantearle de forma respetuosa nuestra inquietud sobre estos temas, y de esta forma reiterar nuestra anuencia a mantener un canal abierto de comunicación en el cual podamos contar con el espacio adecuado para dialogar estos puntos, por lo que con fundamento en el artículo 10 de nuestra Convención Colectiva, le solicitamos nuevamente una audiencia.
Atentamente,
Junta Directiva Seccional ANEP-INAMU
Laura Quesada Ramírez Presidenta
C.c. Afiliadas y Afiliados Seccional ANEP-INAMU Sr. Albino Vargas, Secretario General ANEP Sra. Ivannia Espinoza, Promotora ANEP Archivo
San José, 15 de octubre del 2008. S.G. 07-09-0896-08
Honorables señores diputados y señoras diputadas jefes de fracción parlamentaria Oscar Núñez Calvo, Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Molina Gamboa, Partido Acción Ciudadana (PAC) Lorena Vásquez Badilla, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Mario Quirós Lara, Partido Movimiento Libertario (PML) José Merino del Río, Partido Frente Amplio (PFA) Oscar López Arias, Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) Guyón Massey Mora, Partido Restauración Nacional (PRN) Evita Arguedas Maklouf, legisladora independiente Andrea Morales Díaz, legisladora independiente José Manuel Echandi Meza, legislador independiente
Señores y señores, diputados y diputadas:
Plenario Asamblea Legislativa Presente
Señores diputados y señoras diputadas:
Reciban nuestro atento saludo.
Como es de su puntual conocimiento, en la Comisión Negociadora de Salarios para el Sector Público, correspondiente al II Semestre de 2007, como parte de los acuerdos con el Movimiento Sindical del Sector Público, el Gobierno se comprometió a convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para reformar el artículo 5 de la Ley General de Salarios de la Administración Pública.
Esta ley establece, arbitrariamente y violando derechos fundamentales, legales y constitucionales, de los trabajadores y de las trabajadoras estatales, el reconocimiento de hasta un máximo de treinta anualidades para quienes laboran en la Administración Pública, creando un gran daño moral y económico a los servidores y servidoras que llevan ya laborando por más de treinta años en este sector ó que pudieran alcanzar tal tope.
Solicitamos, respetuosamente, a los señores diputados y a las señoras diputadas, jefes y jefas de fracción, así como al Plenario Legislativo, apoyar y aprobar sin más demora, esta iniciativa, que corresponde como lo hemos señalado, a un acuerdo de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y que, por tanto, lleva la venia del Poder Ejecutivo.
Se trata de una reforma de ley que vendrá a hacer justicia con aquellos funcionarios y funcionarias que han dedicado, prácticamente, toda su vida al servicio en la Administración Pública y que como “premio” a su buen desempeño, se les condena, luego de treinta años de servicio, a no percibir el pase de anualidad, cercenándosele un derecho y creando una discriminación laboral y un odioso castigo, por dedicar su vida al servicio público.
Considérese que en la indicada comisión negociadora, tienen asiento, representando al Poder Ejecutivo, a los señores ministros de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, representados por sus respectivos viceministros, por tanto el acuerdo señalado, cuenta con los previstos financieros del caso.
Sin más y esperando que nuestra respetuosa petición sea atendida con prontitud, se suscribe, atentamente,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
C.c. Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República. Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Dr. Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda. Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil. Trabajadores y trabajadoras del Sector Público. Movimiento Sindical del Sector Público. Medios de Comunicación Colectiva Junta Directiva Nacional Archivo.
San José, 13 de octubre del 2008. S.G. 07-09-0891-08
Licenciado Rodolfo Madrigal Presidente Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Banco Popular y Desarrollo Comunal Su despacho Fax 2233 2494 Solicitud de Foro sobre Transporte Público
Estimado señor Madrigal:
Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Como es del conocimiento público, el asunto del transporte público, cada vez más, es un tema de gran preocupación para todas las personas trabajadoras, tanto por su costo, por sus perspectivas, por sus limitaciones y por las diversas iniciativas que se discuten en torno a él.
Aspectos como el sistema de autobuses, la fijación de tarifas de servicio público, el tren metropolitano, la exoneración de impuestos al diesel o a los transportistas públicos, los alcances de Petrocaribe, los planes de infraestructura vial, la planificación y el ordenamiento territorial, el impacto ambiental, las necesidades de las personas con discapacidad, la problemática en torno a la concesión del servicio de taxi, las condiciones laborales de las personas que trabajan en el transporte público (incluida el impedimento real de libre sindicalización); son tan solo algunos aspectos que reflejan la diversidad de variables y su central importancia para las personas trabajadoras.
Es por ello que hacemos una instancia respetuosa al honorable directorio de la Asamblea, para que promueva la realización de un foro sobre transporte público, a partir del cual se pueda generar conclusiones estratégicas para las personas trabajadoras y sus organizaciones.
Solamente con un conocimiento generado colectivamente, con participación de personas expertas, así como de los diversos actores interesados, podremos abordar adecuadamente y con realismo un tema que normalmente ha sido olvidado en nuestro ámbito de discusión.
Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP. Organizaciones sociales. Archivo.
San José, 6 de octubre de 2008. S.G. 07-09-0867-09 ¡URGENTE!
Honorables señoras y señores Diputadas y diputados Fracciones parlamentarias
Partido Acción Ciudadana (PAC)
Partido Frente Amplio (PFA)
Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) Asamblea Legislativa Presente
Con gran respeto para sus dignas autoridades parlamentarias, les hacemos llegar atento saludo de nuestra parte.
Queremos resaltar que es de extraordinaria importancia la iniciativa de someter a consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente, el proyecto que pretende reformas a varias normas reguladoras de materias relacionadas con la Propiedad Intelectual (último proyecto en trámite de la denominada agenda de_ “implementación”_ del TLC); toda vez que la coalición parlamentaria gobiernista insiste en violar los señalamientos puntuales que al respecto de la tramitación de tal proyecto, el indicado tribunal constitucional ha ordenado observar, específicamente el procedimiento de consulta a las comunidades indígenas costarricenses.
Como vuestras autoridades legislativas saben de sobra, las violaciones a la institucionalidad electoral, parlamentaria y constitucional, han estado a la orden del día en prácticamente todas las tramitaciones de los diversos proyectos de ley de la mencionada agenda; tramitaciones inmersas en una cadena de procedimientos espurios, descarados tráficos de influencias, violaciones a la división constitucional de poderes y atropellos a la reglamentación parlamentaria.
Consta a un considerable número de ciudadanos y de ciudadanas que tanto en el proceso mismo del referéndum sobre el TLC (que precisamente, está cumpliendo un año de su realización); como en la tramitación de las diversas leyes de su agenda de “implementación”; la institucionalidad republicana ha salido seriamente lesionada y desacreditada; y no es sino hasta que el magistrado constitucional de abierto sesgo gobiernista, por presión popular, hubo de abandonar su escaño judicial, que la Sala Constitucional recobró, aunque fuera tan sólo en este caso puntual, lo que siempre debió ser su constitucional independencia con respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en este asunto del TLC y sus leyes de “implementación”.
Por otra parte, las revelaciones de Diario Extra acerca de las comunicaciones que sobre el mismo se habrían cursado entre la diputada Andrea Morales, Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa (que es donde se tramita tal iniciativa), con el señor Luis Pal, reconocido representante de transnacionales farmacéuticas en materia de inscripción de patentes e integrante de la Junta Administrativa del Registro Nacional (precisamente la institución donde se inscriben esas patentes), además de ser él esposo de la diputada María de los Ángeles Antillón, una de las más insignes militantes ideológicas del TLC; nos llevan a presuponer que la tramitación de la indicada iniciativa legal sobre Propiedad Intelectual tendría elementos de presunto tráfico de influencias.
La institucionalidad republicana de la división constitucional de poderes debe ponerse a prueba en esta crucial ocasión de la tramitación irregular del proyecto de ley de Propiedad Intelectual, especialmente cuando queda en evidencia que la coalición parlamentaria gobiernista, con toda desfachatez y descaro, pretende burlar la orden constitucional de consulta a las comunidades indígenas.
Por tanto, reiterándoles nuestro mayor respeto, saludamos la iniciativa que desde esas honorables fracciones parlamentarias ya se ha anunciado de elevar a consulta, nuevamente, el indicado proyecto de ley. Miles y miles de compatriotas les respaldarán en tan afortunada decisión.
Con la mayor consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
C.c. Movimientos patrióticos. Medios de Comunicación Colectiva. Junta Directiva Nacional de ANEP. Archivo.
La denuncia pública la hizo el sindicato de trabajadores del IDA, que ve con muy malos ojos la compra y considera que existe despilfarro de recursos. La adquisición fue confirmada por la gerente general del IDA, Annie Saborío, quien dijo a DIARIOEXTRA que el cambio de vehículo obedece a una necesidad, pese a que las anteriores eran modelo 2003.
La funcionaria dijo que tanto el carro viejo de la Presidencia como el de gerencia fueron devueltos y valorados en ¢8 millones cada uno, por lo que el pago en efectivo fue de ¢60 millones por los dos automotores.
“Mientras los trabajadores arriesgan la vida en vehículos que han recorrido 500 mil y hasta 800 mil kilómetros y se la tienen que jugar para atender el Programa de Granos Básicos, la administración del IDA se da el lujo de comprar vehículos último modelo bajo el argumento de que las unidades que tienen reportan 250 mil kilómetros de recorrido”, dijo Walter Quesada, presidente de la Seccional de ANEP. El sindicato afirma que se pudieron comprar carros más modestos y dejar más plata para la atención del Programa de Granos Básicos. Según Quesada, lo más prudente es devolver los vehículos al proveedor o recuperar el dinero invertido.
“NO ES TANTA PLATA”
En defensa de la institución, Saborío justifica que para las giras de trabajo, tanto el presidente, Carlos Bolaños, como ella, requieren un vehículo en condiciones adecuadas.
“Los carros que teníamos ya tenían seis años de antigüedad, más de 240 mil kilómetros, habían sido chocados en dos ocasiones. Ya salía muy caro el mantenimiento”, expresó la gerente.
Consultada sobre el precio de los carros y la necesidad de andar sobre ¢38 millones, Saborío dijo que se ajustaban al presupuesto y que “no es tanta plata, no son carros caros, son muy parecidos a un camión de carga. Además, ocupamos algo apto para nuestras giras”. Agregó que para este año, la Contraloría General de la República les aprobó que invirtieran ¢500 millones en renovar parte de su flotilla.
“No se ha descuidado la flotilla de trabajo en campo. Se comprarán 99 pick up, 30 motos, 8 camiones y una buseta”, explicó.
En una carta que envió días atrás Bolaños a los empleados del IDA, les informó que la compra de los vehículos obedece a un cumplimiento del informe de Contraloría del 7 de marzo de 2007, cuando señaló que 172 unidades de la institución superan los 10 años.
Fuente:Diario Extra Marcelino Rivera Salazar mrivera@ diarioextra.com Foto: Víctor Benavides
“Para mi el trabajo decente es aquel que le da al trabajador un salario que le alcance para consumir“. Con esas palabras definió el representante de las Cámaras Patronales lo que la oligarquía piensa que es un trabajo decente y digno. El señor Numa Estrada Zúñiga, miembro de UCCAEP, fue uno de los participantes del Foro sobre Trabajo Decente que se realizó el 7 de octubre en las instalaciones de la ANDE, convocado por el Movimiento Social y Sindical.
Además del representante patronal, participaron de la actividad dos trabajadores del Ministerio de Trabajo, el señor Adolfo Ciudad Reynaud, representante de la OIT y quien moderó el foro, además de Edgar Morales Quesada por la CSJMP y Dennis Cabezas Badilla de CUSIMA, ambos conocidos miembros del sindicalismo nacional.
La visión del sindicalismo sobre el trabajo decente difiere mucho de la escueta y mercantil visión del señor Estrada. Edgar Morales, que además es el Secretario General Adjunto de la ANEP, hizo una profunda exposición sobre la visión de la clase trabajadora de lo que debe ser el trabajo digno y decente; como aquí en Costa Rica no existe la libertad sindical, y sin ella no puede ser decente un empleo. De los estragos del neoliberalismo y su forma de ver el mundo, corrosivo, depredador, lo cual también hace q ningún trabajo sea digno en esas condiciones.
Edgar Morales Quesada, CSJMP
Este foro formó parte de una serie de actividades que se realizaron en toda América Central para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Además que se enmarcó en esta fecha tan importante (7 de octubre) para el movimiento social costarricense, donde se cumplía un año de la lucha social por derrotar al neoliberalismo criollo en el referendum por el TLC, que en realidad se transformó en un Fraudurendum por todas las artimañas y chorizos que realizaron para poder pasar el nefasto TLC.
La actividad fue convocada por CMTC, CTRN, CUSIMA, FIT-ICE y la Central Social Juanito Mora Porras.
Contra la corrupción
Finalizado el foro todos y todas, menos el representante “empresarial”, se dirigieron hacia el Parque Central de San José en donde se realizaba una concentración de protesta contra el alto costo de la vida y contra la corrupción.
Hoy 7 de octubre, hace un año, se realizó el primer Referéndum en Costa Rica. Se suponía que el pueblo costarricense tendría la oportunidad de decidir sobre un proyecto neoliberal de nefastas consecuencias, el TLC.
Lo que parecía ser un proceso democrático de consulta popular terminó siendo un absoluto fraude que quedó marcado en los libros de historia de nuestro país como una mancha.
Cientos de hombres y mujeres, de diversas organizaciones se hisiceron presentes, tomando su tiempo de almuerzo, en medio de un día de jornada laboral.
Música, cimarronas, payasos y verdaderos artistas nacionales, aportaron alegría a un evento que hacía recordar una herida que duele a la Patria.
Cientos de hombres y mujeres valientes mantienen viva la llama de la esperanza y la lucha por nuestra Patria.
Apoyamos el Llamamiento que a nivel internacional se realiza por “Trabajo decente para una vida decente”.
Llamamiento a la Acción: Trabajo Decente para una Vida Decente
El auge económico mundial no ha tenido necesariamente como efecto una mejora en el nivel de vida de la mayoría de la población en el mundo.
Además de un desempleo declarado significativo, muchos están subempleados o no cobran lo que les correspondería por el trabajo realizado. La mitad de la fuerza laboral mundial gana menos de US$2 al día. 12,3 millones de hombres y mujeres trabajan en condiciones de esclavitud. 200 millones de niños menores de 15 años trabajan en lugar de asistir a la escuela. 2,2 millones de personas mueren a causa de accidentes y enfermedades laborales cada año. La gente en países desarrollados y en desarrollo trabaja más por menos dinero, y cada vez son más las personas – mayoritariamente mujeres – que se ven obligadas a ganarse la vida en la denominada economía informal, sin protección social alguna ni derechos y con empleos precarios. Entre tanto, las empresas utilizan la amenaza de la subcontratación para reducir los salarios y eliminar ciertos derechos que costó mucho ganarse, como el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Los sindicalistas que combaten esta tendencia son despedidos, amenazados, encarcelados o incluso asesinados.
Sólo un sistema internacional basado en la solidaridad y el respeto de los derechos de la persona, consagrados en los convenios de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puede poner fin a estas tendencias. Exhortamos a nuestros gobiernos a que firmen estos convenios, los apliquen de forma urgente y sitúen el trabajo decente como un elemento central de sus políticas.
En julio de 2006, los gobiernos miembros del Consejo Económico y Social de la ONU adoptaron una Declaración Ministerial cuyo primer artículo indica que: “Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como base del desarrollo sostenible”. Este llamamiento debe ir acompañado por la ratificación e implementación de las normas de la OIT, al tiempo que las agencias internacionales utilizan la nueva Guía Práctica de la ONU para la incorporación sistemática del empleo y el trabajo decente, como primer paso para fomentar una mayor coherencia política y convergencia para cumplir la promesa de Trabajo Decente para Todos.
Hay que empezar a cumplir estas promesas de inmediato.
Pensamos que el trabajo decente es un elemento esencial para erradicar la pobreza, mejorar las vidas de hombres y mujeres y permitir que las gentes vivan en paz y dignidad. Instamos por tanto urgentemente a los responsables políticos a:
1. Trabajo decente: Reafirmar la contribución de unos empleos estables y de calidad para el logro de una economía saludable y comunidades justas y equitativas, implementando estrategias inclusivas para un empleo pleno y productivo, incluso para aquellos que trabajan actualmente en la denominada economía informal y que necesitan derechos y justicia para defender sus intereses. Toda persona tiene derecho a trabajar, a unas buenas condiciones de trabajo, y a obtener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades económicas, sociales y familiares básicas, un derecho que debería reforzarse mediante la aportación de salarios dignos y adecuados.
2. Derechos: Los derechos de los trabajadores/as a formar y afiliarse a sindicatos y a negociar colectivamente con su empleador son fundamentales para lograr el trabajo decente, y todas las organizaciones internacionales, los gobiernos y las empresas han de cumplir sus responsabilidades respetando los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras.
3. Protección social: Reforzar y ampliar la cobertura de la protección social garantizando el acceso a la seguridad social, las pensiones, las prestaciones de desempleo, la protección de la maternidad y los servicios sanitarios para todos. Cualquiera debería tener acceso a estos beneficios, incluyendo los trabajadores/as en la denominada economía informal.
4. Comercio: Cambiar las normas comerciales injustas y asegurarse de que los acuerdos comerciales se utilicen como un instrumento para lograr el trabajo decente, el desarrollo sostenible y el empoderamiento de los trabajadores, las mujeres, los desempleados y los pobres en todo el mundo. Deben incluirse en los acuerdos comerciales mecanismos vinculantes para la promoción y el reforzamiento del trabajo decente, incluyendo una referencia a las normas fundamentales del trabajo. Los gobiernos deben dejar de concertar acuerdos comerciales que perjudiquen a los pobres, creen desempleo y conduzcan a la explotación. Las reivindicaciones de las organizaciones de trabajadores/as y del resto de la sociedad civil deben ser escuchadas.
5. Deuda: Asegurarse de que las prioridades de las instituciones financieras internacionales incorporen preocupaciones sociales y medioambientales. Particularmente debe ponerse fin a las condiciones vinculadas a los créditos y al alivio de la deuda, que obligan a los países a desregular los mercados laborales, reducir el gasto público y privatizar servicios públicos a costa del acceso y la calidad de los mismos. Todos los proyectos financiados por estas instituciones tienen que respetar las normas fundamentales del trabajo en su implementación.
6. Ayuda: Asegurarse de que los gobiernos cumplan su compromiso de incrementar el nivel de ayuda oficial al desarrollo de los países ricos hasta que represente al menos el 0,7% del PIB. Una adecuada financiación para el desarrollo resulta esencial si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.
7. Migración: Asegurarse de que los trabajadores/as migrantes no sean explotados y que disfruten de los mismos derechos que el resto de los trabajadores/as, ratificando los Convenios de la OIT relevantes y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
