Categoría: Acción Sindical

I. Desde hace alrededor de ocho meses, se conformó el Frente Sindical del A y A, con la participación de los sindicatos SIPAA, ASTRAA y ANEP. En todo este tiempo y en todo momento, la ANEP, como es nuestra filosofía, ha actuado con responsabilidad, honestidad, transparencia y solidaridad; y, sobre todo, guardando lealtad al Frente Sindical del A y A y, a lo más importante, las trabajadoras y los trabajadores de la institución.

II. Gracias al trabajo arduo y persistente del Frente Sindical del A y A, y a la planificación estratégica llevada adelante para lograr el cumplimiento de los acuerdos con relación a la aplicación del Estudio Integral de Puestos (derivación de la gloriosa e histórica Huelga General del A y A, del año 2005); ejercimos la presión necesaria tanto a lo interno de la institución, como también lo hicimos en aquellas entidades relacionadas. Actuando de tal manera, en varias ocasiones, se visitaron la Defensoría de los Habitantes de la República, la Autoridad Presupuestaria, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros entes.

De manera paralela, y como parte de tal planificación estratégica, siempre estuvo considerada la opción del paro y de la movilización, si no se cumplían nuestras exigencias de respeto pleno e implementación efectiva de los acuerdos atinentes al Estudio Integral de Puestos.

Fue así como se llegó a un acuerdo de convocar a paro para el día, ya pasado, 18 de setiembre; sin embargo, ante una maniobra patronal ejecutada por el señor Presidente Ejecutivo, Lic. Ricardo Sancho Chavarría, a propósito de la celebración de las fiestas patrias, nos vimos en la necesidad de un cambio de fecha, quedando previsto el día 24 de setiembre, como el día del paro y de la movilización.

III. Como resultado del trabajo del Frente Sindical del A y A se logró, en la primera etapa, la aprobación y pago del Estudio Integral de Puestos en las siguientes condiciones:
1- El pago correspondiente al percentil 35, aprobado por el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria, se pagará, a más tardar, el 30 de setiembre. Este punto es un inobjetable logro sindical, debido a la incidencia de la ANEP en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; y, paralelamente, al trabajo de recolección de firmas realizado por el SIPAA, para impulsar y asegurar dicho pago.
2- En el caso de la fecha de vigencia del Estudio Integral de Puestos, se logró un consenso con la Presidencia Ejecutiva, de oficializarlo a partir del 1 de diciembre de 2008. Los documentos que legalizan la reubicación de puestos correspondiente a cada trabajadora y a cada trabajador, se entregarán en el mes de diciembre de 2008.
3- El pago correspondiente por concepto de las remuneraciones salariales del Estudio Integral, se cancelarán, en forma retroactiva, a más tardar en el mes de marzo de 2009.

IV. El 19 de setiembre, con oficio fechado el día anterior, día 18, el Presidente Ejecutivo, don Ricardo Sancho Chavarría, envía la nota PRE-2008-0856, en la cual hace alusión a la puesta en marcha del Estudio Integral de Puestos, en los términos negociador por el Frente Sindical de A y A, aunque él se arroga para sí todo el logro del esfuerzo.

Debemos aclarar que hasta el día de hoy, el señor Presidente Ejecutivo no ha querido firmar un documento que lo comprometa al cumplimiento de la serie de compromisos indicados con relación al Estudio Integral de Puestos.

Por otra parte, en las reuniones mencionadas en el supracitado oficio institucional, PRE-2008-0856, celebradas los días miércoles 17 y jueves 18 de setiembre, el sindicato ASTRAA estuvo ausente. Además, no es cierto que esas reuniones fueran con la finalidad de “_comunicar_” al Frente Sindical de A y A, la “_exitosa_” gestión del señor Presidente Ejecutivo. Todo lo contrario, fueran sesiones de intenso debate y ardua negociación para lograr las mejores condiciones posibles en la implementación del Estudio Integral de Puestos.

V. Es el deber de la ANEP denunciar que desde hace alrededor de veintidós días, el sindicato ASTRAA no ha estado presente en el proceso de negociación y de trabajo, pese a que en todo momento han tenido la comunicación oficial del Frente Sindical de A y A de cada una de las actividades llevadas a cabo.

Más aún, en la reunión convocada por el Presidente Ejecutivo y celebrada en el auditorio de la sede central, en Pavas, con todo el personal presente y en la cual se anunció la aprobación del Manuel de Puestos, el representante de ASTRAA se deshizo en halagos a favor del citado jerarca y otros funcionarios de alto nivel.

Fuentes confidenciales nos han indicado que ASTRAA decidió abandonar el Frente Sindical de A y A, sin tener la más mínima cortesía de advertirlo, a raíz de presuntas reuniones secretas con la Presidencia Ejecutiva, cuyos alcances desconocemos. Lo que sí está claro fue que en la mañana del día jueves 18, ambas instancias, Presidencia Ejecutiva y ASTRAA, se reunieron; y por la tarde, ante SIPAA y ante ANEP, se alegó la “_ausencia_” de ASTRAA para no firmarse ningún documento de compromiso para la implementación del Estudio Integral de Puestos.

VI. En comunicación verbal efectuada el día18 de setiembre, el señor Wálter Navarro, de ASTRAA, le indicó a representantes de ANEP y de SIPAA, su desacuerdo en cuanto a convocar a un paro de labores para el día 24 de setiembre. Luego, fue el mismo señor Presidente Ejecutivo quien nos indicó que ese parecer del señor Navarro, también le fue comunicado por él mismo.

VII. Todo este panorama nos lleva a la ANEP a plantear lo siguiente:
A) La implementación del Estudio Integral de Puestos es un logro sindical inobjetable. ANEP y SIPAA han actuado con gran responsabilidad, acreditada transparencia y total consecuencia con los intereses laborales de personal de A y A. Nada nos han regalado ni el Gobierno ni don Ricardo Sancho. El Estudio Integral de Puestos es una derivación estratégica de la gloriosa e histórica Huelga General de A y A. Por razones obvias, el distinguido señor Presidente Ejecutivo no estaba en la institución. Nosotros sí y vivimos 36 días de intensa lucha que ahora, como uno de sus frutos, nos da el Estudio Integral de Puestos.
B) Evidentemente, la “_huída_” de ASTRAA debilitó al Frente Sindical de A y A. “Divide y vencerás” sigue siendo una realidad. Si hubiésemos llegado en unidad total hasta el final del proceso, hubiese habido un mejor acuerdo con relación al Estudio Integral de Puestos.
C) Por el momento, se suspende el paro programado para el 24 de setiembre.
D) ANEP se reserva su derecho de formular, promover, impulsar y desarrollar las medidas de presión necesarias a fin de que la Presidencia Ejecutiva del A y A, honre con sus firma sus promesas de cumplimiento de fechas.

San José, 22 de setiembre de 2008.

San José 18 de setiembre del 2008
SANEP-062-2008

DE: SECCIONAL ANEP

A: TODOS LOS TRABAJADORES

ASUNTO: VEHICULOS NUEVOS PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y GERENCIA GENERAL

Mientras se habla de crisis alimentaria, de alto precio de los combustibles, de escasez de personal y de vehículos para realizar las labores de campo, la administración del IDA se da el lujo de comprar dos vehículos con un precio superior a los treinta millones de colones para ser usados por el Presidente Ejecutivo y por la Gerencia General. definitivamente esas cosas no se pueden callar.

Es doloroso que en las actuales circunstancias, en vez de dotar a las oficinas regionales y a las oficinas centrales de unidades debidamente equipadas para realizar las labores de campo, los recursos se destinen a comprar vehículos de lujo para las altas jerarquías de la institución, poniendo en riesgo nuevamente la imagen institucional y abriendo un nuevo flanco para la critica, nadie entiende como se olvidan que los ojos de la opinión pública están puestos sobre nuestra institución.

Nuestra organización no puede guardar silencio ante esta nueva barbaridad y va a ser la primera en pegar el grito al cielo para denunciar lo que esta pasando en el IDA, no podemos seguir aceptando que estas cosas sucedan a vista y paciencia de todos nosotros.

Con los recursos que se están gastando en la compra de esos vehículos se hubiese atendido las necesidades de una cantidad de agricultores muy similar a la que se beneficio con la primera etapa del programa de granos básicos, hay que recordar que en esa oportunidad se gastaron ochenta millones, cantidad muy cercana a la que se esta gastando en la compra de esas unidades.

Si la compra se concreta como parece ser, la administración va atener la difícil responsabilidad de explicar a la opinión pública y a los trabajadores del IDA, las razones por las cuales se compraron vehículos nuevos cuando hay tantas otras necesidades que cubrir en la institución.

Atentamente

Walter Quesada Fernández
Presidente
Seccional ANEP-IDA

San José, 16 de setiembre de 2008.
S.G. 07-09-0742-08

Licenciado
Fernando Ferraro Castro
Viceministro
Ministerio de Justicia y Gracia
Su Despacho

Estimado señor Viceministro:

Con el respeto de siempre, le expresamos nuestro atento y respetuoso saludo.

Como parte del temario de una agenda de diálogo y de negociación sobre diversos tópicos del quehacer laboral-institucional en el Sistema Penitenciario Nacional, que se empezara a abordar la semana anterior en el ámbito de situaciones inherentes a la Policía Penitenciaria; nos parece oportuno en oportunidad de la fecha y con relación al asunto de los servicios médicos destinados a la atención de la población privada de libertad en los diferentes centros de atención institucional; la conveniencia de un abordaje, cara a cara, con el personal responsable de tales servicios, habida cuenta de la controversia generada por decisiones adoptadas por su despacho recientemente.

La ANEP estima, en consecuencia y que de darse un proceso como el indicado, las interrogantes siguientes deben ser respondidas, bajo el concepto de una total transparencia que nos permitiera iniciar un diálogo fructífero y, eventualmente, la generación de acuerdos de alta satisfacción para las partes involucradas, en aras del objetivo central compartido: la mejor calidad de atención en salud para las personas privadas de libertad.

Estas preguntas se elaboraron con base en un proceso de consulta sostenido durante las últimas semanas, a raíz de diversas solicitudes de intervención en el punto, llegadas a la ANEP, de lo cual su despacho ya tiene conocimiento. Dichas interrogantes específicamente son:

1. ¿Por qué un Ministerio de Justicia se da el lujo de tener un asesor profesional en Medicina?

2. ¿Cómo justifica que en el Ministerio de Justicia existen dos jefaturas para los servicios de salud, descuidándose con ello la atención a la salud de la población privada de libertad?

3. ¿Cómo justifica que ya se ajusta casi un año de que la población privada de libertad del CAI El Buen Pastor no cuenta con atención génico-obstétrica, contando la institución con un especialista en ginecología que esta siendo subutilizado en las oficinas centrales del Ministerio, laborando a tiempo completo con un promedio de consulta mensual de 17 consultas, con un costo promedio de 84.000.00 por consulta (ni en los hospitales privados)?

4. ¿Cómo explica usted que si el Ministerio de Justicia cuenta con un médico especialista en Ginecología, contratado para la atención de la población femenina privada de libertad, que a esta población desde el mes de febrero del 2008 no se le realizan Papanicolau, lo cual contraviene las políticas que en Salud Pública establecidas en la Ley General de Salud. Nos preguntamos entonces en que situación se encuentra el programa del control de cáncer de mama y de cáncer cérvico-uterino?

5. ¿Por qué en el CAI San José no se le da consulta a la población privada de libertad ni en Infectología, ni en Psiquiatría, si la institución cuenta con profesionales en ambas especialidades?

6. ¿Cómo justifica usted que eliminan el servicio de atención médica a los y las funcionarios, que había sido dado en la modalidad de medicina de empresa en las oficinas centrales del Ministerio desde el año 1991, lo que desestimula al personal y además les ocasiona perjuicio al no contar con la atención médica oportuna?

7. ¿Cómo explica usted que desde el mes de diciembre del 2007, creó usted un programa pro mejoramiento de los servicios de salud y ya a casi un año plazo existe alta evidencia del deterioro de estos servicios?

8. ¿A qué directriz técnica obedece que una profesional en medicina con plaza de G-3, ex-Directora de la Clínica del CAI “La Reforma”, se encuentra adscrita a la Subdirección General de Adaptación Social, sin tener en la actualidad ni funciones ni ubicación laboral definida, lo cual es disonante con la carencia del recurso humano profesional en medicina tan valioso que tiene el Ministerio?

9. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza el Departamento de Procedimientos Administrativos de la Dirección Jurídica para determinar la celeridad con que se inician las investigaciones hechas por el personal por Acoso Laboral?

10. ¿Cómo explica usted que si la institución carece de una oferta de capacitación para profesionales especializados como los de Odontología, se le niegue la posibilidad de asistir al Coordinador de Odontología a una pasantía en el Hospital de Alajuela, cuando no es válida la justificación a esto al llamarle no “odontólogo operativo” cuando se le instruye para que cubra vacaciones de otros profesionales en esta materia?

11. ¿A que obedece la improvisación de los simulacros de secuestros hechos en los centros penales, que han expuesto a riesgo físico y mental al personal, conllevándole hasta incapacidades médicas por Psiquiatría?

12. ¿A que obedece el hecho de que los personeros de su Despacho trasladen plazas de médicos de un centro penal a otro, sin consultar el criterio técnico de la Jefatura Nacional de Servicios de Salud?

Como verá, señor Viceministro, es necesario un diálogo completamente abierto entre su despacho y su personal de confianza en esto de la salud de los servicios médicos penitenciarios; y el personal que los ha atendido tradicionalmente. Esperamos que se convoque un espacio en cuanto tal.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c.
Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í.
Personal Médico Penitenciario.
Personal de Adaptación Social.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Archivo.

San José, 18 de setiembre de 2008.
S.G. 07-09-0777-08

Honorables señores y señoras
Concejo de Curridabat

Licenciado
Edgar Mora Altamarino
Alcalde Municipal

Municipalidad de Curridabat

Estimados señores y estimadas señoras:

A nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Seccional ANEP-Municipalidad de Curridabat, les expresamos el más atento y respetuoso saludo.

Nos hemos enterado de que en el presupuesto institucional previsto para el año entrante 2009, se ha decidido proponer la formalización plena de la relación laboral con una importante cantidad de servidores municipales que bajo la relación de contrato de plazo fijo, prestan sus servicios a la comunidad de Curridabat, en una sucesión de vencimientos y prórrogas que, indudablemente, tipifican una política de violación al derecho laboral consagrado en nuestro Código de Trabajo y en la misma Constitución Política.

Efectivamente, esas contrataciones de prórroga permanente constituyen, en la práctica, relaciones laborales disfrazadas que burlan, aunque sin mala fe, las obligaciones patronales para con la Seguridad Social costarricense, lo cual amerita correctivos estratégicos como los que se están proponiendo para, de una vez por todas, formalizar, a tono con la ley, esas contrataciones convirtiéndolas en relaciones laborales de plazo indefinido, como indefinido ha sido el carácter de su necesidad para la Municipalidad de Curridabat, por las sucesivas prórrogas en los nombramientos de plazo fijo que hasta la fecha se han venido dando.

La ANEP saluda tan loable iniciativa y felicita a sus propulsores, motivo por el cual, muy respetuosamente, instamos al Honorable Concejo de Curridabat a darle su aprobación a una iniciativa triplemente beneficiosa:

1) La comunidad de asegura la continuidad de un servicio municipal que a través de cada servidor en tales condiciones, se ha venido brindando;
2) a partir de esta necesidad comunal, la Municipalidad de Curridabat honra con cada servidor beneficiado, el sagrado principio constitucional de derecho al trabajo; y
3) la conversión de esas plazas a un estatus de fijas, fortalece el régimen de Seguridad Social del cual estamos orgullosos los y las costarricenses, como una sólida garantía de paz social.

La ANEP está convencida de que, dada la seriedad y la responsabilidad con que se despliegan las acciones ejecutivas y administrativas en la Municipalidad de Curridabat, así como el noble interés que anima a cada uno y a cada una de las honorables personas integrantes del Concejo de Curridabat; en la propuesta comentada no hay intereses subterráneos ni favoritismos de ninguna especie, tan sólo el interés de elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia del servicio municipal que se le da a la ciudadanía de Curridabat. La ANEP jamás podría apoyar una iniciativa de este calibre si tuviéramos la menor noción de otras motivaciones a la apuntada.

Con la mayor consideración, no sin antes agradecerles la valiosa atención que sus dignas autoridades le brinden a esta manifestación,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Jorge Madrigal Rodríguez
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Municipalidad de Curridabat

C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Curridabat.
Personal de la Municipalidad de Curridabat.
Archivo.

San José, 11 de setiembre de 2008.
S.G. 07-09-0741-08
¡URGENTE!

Ingeniero
Johnny Araya Monge
Alcalde Municipal
Municipalidad de San José
Su Despacho
Fax No. 2222 3210

Estimado señor:

Primeramente, le expresamos el más atento y respetuoso saludo.

Con base en la información periodística del prestigioso Diario Extra, aparecida en este día y bajo el titular principal de “Asistente de Alcalde devolvió licores decomisados a chino”, oficialmente le estamos solicitando proceder, de inmediato, con la investigación de rigor (de la misma forma diligente con que se actúa cuando se trata de presuntas anomalías que habrían cometido trabajadores de base de la institución dignamente dirigida por su persona), para atender la denuncia contra el señor Rafael Arias, asesor de su despacho y quien, aparentemente, habría ordenado la devolución, en condición de procedimiento totalmente irregular, de un licor decomisado a un comerciante oriental, en una redada sobre este asunto efectuada en días pasados. Una copia de parte de la bitácora policial que registra la supuesta irregularidad, en poder de la ANEP y la cual adjuntamos, nos permite leer lo siguiente:

“Se presenta el señor Zhen…, Céd. 11560024013 quien indica que ya dialogó con el señor Rafael Arias, para que se le devuelva el licor decomisado el día jueves 31-7-8 en la Carpio. El oficial Vladimir Sancho dialoga por vía telefónica con el señor Rafael Arias y el mismo indica que se le devuelva el licor. Esto el señor Halsin Zhen 115600264801 de su teléfono personal No. 8821 2828, llama al señor Rafael Arias y este dialoga con este mismo teléfono con el oficial Vladimir Sancho indicándole que don Isidro Calvo nos llamaba para darnos la indicación de devolver el licor decomisado en Super Nani Sector de la Carpio y que consta en las actas 36921 y 43224”.

Pareciera que estamos ante una actuación de enorme irregularidad pues hasta donde tenemos entendido, los decomisos de licor suelen llevar todo un procedimiento que, en este caso, habría sido evadido por instrucciones de su asesor, don Rafael Arias, señor Alcalde.

Estima la ANEP que dado el alto rango que ostenta el señor Arias y quien cuenta con su confianza política, sería mejor que abandonase o fuese separado del cargo, con goce de salario, mientras dura la investigación, toda vez que podría él utilizar su espacio de poder para incidir en el curso de la misma, si es que se da.

Además, es importante señalarle que nos anticipamos en cuanto a que se ejerzan diversos tipos de coacción, intimidación, acoso, señalamientos y similares, contra aquellos trabajadores policías municipales que presenciaron y/o tuvieron conocimiento de la presunta irregularidad; pues para nadie es un secreto que el señor Rafael Arias ha venido funcionando con una superjefatura de la Policía Municipal, haciendo gala del alto cargo que ostenta en el seno del despacho de la alcaldía más importante del país.

Si el procedimiento se determina como irregular, se deben proceder con la sanción pertinente; y, a la vez, hacer un reconocimiento a los oficiales de la Policía Municipal que, honrada y transparentemente, consignaron lo pertinente en la bitácora de su trabajo en la fecha indicada.

Para nadie es un secreto y mucho menos para un ciudadano tan distinguido como usted que, incluso, tiene aspiraciones presidenciales, la gran molestia del pueblo costarricense por las actitudes intransparentes de sus gobernantes, especialmente en esta época de secretismos, mentiras y estafas políticas; por lo cual, aun sin saber el monto del licor decomisado y del porqué se la habría devuelto a su propietario partiendo de órdenes políticas, es preciso clarificar hasta lo más profundo, esta denuncia.

Nos parece importante que, en convenio de partes, usted nos diera una cita en su despacho en fecha próxima para hablar con más detenimiento sobre esta situación.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de San José.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Personal de la Municipalidad de San José.
Diario Extra
Archivo.

San José, 2 de setiembre del 2008.
S.G. 07-09-0736-08

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Contralora General de la República
Contraloría General de la República
Su despacho

Estimada señora:

En cumplimiento de los acuerdos de nuestra Junta Directiva Nacional y por respeto a los compromisos que nuestra organización asume ante nuestra respetable membresía, nos dirigimos con todo respeto a su estimable autoridad, para solicitarle un informe sobre la situación del doctor Francisco Gólcher Valverde, quién funge como miembro de las juntas directivas del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y como representante del Ministerio de Salud, ante el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).

Se trata de la situación del respetable funcionario, con relación al rendimiento de cuentas ante la Contraloría General de la República, concretamente sobre la declaración de bienes como obligación de quienes ostentan estos puestos. Sobre el particular, nuestra organización ya se había dirigido ante su despacho, informándosenos que el señor representante del Ejecutivo ante aquellas instancias, no había cumplido con su obligación, en cuanto a la declaración de bienes se refiere, en el tiempo establecido por ley.

Lo extraño del asunto es que el doctor Gólcher continúa en los puestos de representación, como si hubiese cumplido a cabalidad con sus obligaciones; algo que, por experiencia propia y personal, puedo confirmar que no ocurre en todos los casos.

Cabe resaltar que este mismo cuestionamiento lo hicimos ante el despacho de la señora Ministra de Salud hace más de un mes, para conocer la disposición al respecto, recibiendo como respuesta nota de la cual adjuntamos copia.

Por todo lo expuesto, le solicitamos una vez más, un informe detallado sobre el particular.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo atento servidor,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Trabajadores y trabajadoras del IAFA.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-IAFA.
Archivo.

DENUNCIA POR PRÁCTICAS LABORALES DESLEALES ALBINO VARGAS BARRANTES c. GUILLERMO CONSTENLA UMAÑA en su condición personal y en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros y solidariamente contra el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Señores Inspección Nacional del Trabajo:

El suscrito, ALBINO VARGAS BARRANTES, mayor, soltero, vecino de Alajuelita, portador de la cédula de identidad número 1-457-390, en mi condición de Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, de conformidad con el artículo 360 del Código de Trabajo y con el debido respeto, me apersono a manifestar:

HECHOS
1. La organización sindical que represento, cuenta con un Comité Seccional en el Instituto Nacional de Seguros, mismo que se encuentra debidamente acreditado ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ante la propia administración superior del instituto.

2. Dicho Comité Seccional fue electo en Asamblea General de Afiliados y Afiliadas celebrada el 25 de junio de 2007 y la composición de la Junta Directiva es la siguiente: Victor Hugo Ríos Sanabria, Presidente; Francisco Corrales Valverde, Secretaría de Organización; Carol Vásquez Meoño, Secretaría de Divulgación, Actas y Correspondencia; Oldemar Hernández Hernández, Secretaría de Formación Sindical; Alejandro Rodríguez Masís, Secretaría de Finanzas; Rafael Angel Mora Solano, Secretaría de Gestión Política; y Héctor Rodríguez Varela, Fiscalía.

3. Mediante oficios S.G.07-09-0509-08 y S.G.07-09-0589-08 nos apersonamos ante el señor Presidente Ejecutivo del INS, a efectos de solicitar una serie de facilidades sindicales para que nuestros representantes en la institución, puedan ejercer las responsabilidades sociojurídicas que les competen en representación de los intereses económicos, sociales y laborales de las personas trabajadoras del INS afiliadas a la ANEP.

4. Mediante oficio PE-2008-1203 del 7 de julio de 2008, el señor Presidente Ejecutivo del INS ha denegado nuestras peticiones por considerar que_ “igual que ese el caso de las peticiones que usted nos hace, pueden darse muchas otras peticiones de otras organizaciones sindicales, lo cual haría sumamente complejo el manejo de una relación razonable si en el INS damos cabida a varios grupos de representantes sindicales.” (…) “A lo largo de las décadas en que el INS ha respetado la existencia de una representación sindical esta ha sido la tónica de funcionamiento: los trabajadores de la institución canalizan sus inquietudes por medio de la representación libremente electa por ellos, por medio del sindicato UPINS.”_

5. La libertad sindical es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 60 de nuestra Constitución Política y en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por nuestro país.

6. El artículo 2 del Convenio 87 de OIT establece: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”

7. Según el Comité de Libertad Sindical de la OIT, “el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes implica, en particular, la posibilidad efectiva de crear –si los trabajadores así lo desean- más de una organización de trabajadores por empresa”. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 280; 302. informe caso número 1840, párrafo 351; 327 informe caso número 1581, párrafo 109 y 337 informe, caso número 2327, párrafo 198.)

8. La teoría triangular de la libertad sindical la conforman tres aspectos fundamentales:
a. Libre ingreso y retiro del sindicato
b. Pluralidad de agrupaciones sindicales
c. Autonomía de las asociaciones sindicales, frente al Estado, el empleador y otras organizaciones sindicales.

9. A efectos de la presente denuncia, consideramos oportuno resaltar el principio de pluralidad de agrupaciones sindicales, dado que en un régimen democrático de libertad sindical, se debe garantizar a las personas trabajadoras la posibilidad de organizarse y/o afiliarse a organizaciones diversas sin discriminación alguna entre ellas.

10. Asimismo, todos los sindicatos son iguales ante la ley y no es posible establecer límites o tratamientos diferenciados que constituyan un trato discriminatorio a favor de una organización sindical y en detrimento de otra.

11. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha indicado que favorecer o desfavorecer a determinada organización sindical frente a las demás, constituye una deliberada infracción al principio contenido en el Convenio 87 de la OIT, de que las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar los derechos otorgados por este instrumento, o a entorpecer su ejercicio legal, y también, aunque más indirectamente, el principio que prevé que la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el Convenio. (Recopilación de 1985, párrafo 254)
Si la administración activa del INS desea dar ciertas facilidades a las organizaciones sindicales, convendría que las trate a este respecto en pie de igualdad.

12. El Convenio 135 y la Recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, tratan sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores.

13. Nuestra Seccional ANEP-INS, como representantes sindicales nombrados en la Asamblea General de Afiliados y Afiliadas a ANEP, representan a todos los afiliados y afiliadas a esta organización sindical, y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades institucionales, impide de manera soslayada, el libre ejercicio de nuestra actividad sindical, que tiene como única finalidad, mejorar las condiciones laborales y sociales de aquellos a quienes representamos.

14. En el caso que da pie a la presente denuncia, no solo se brinda un trato desigual en perjuicio de la organización que represento, violentando tanto el principio de igualdad como el de pluralidad de organizaciones sindicales, sino que, ese trato constituye una clara práctica laboral desleal, puesto que con su actitud, el Presidente Ejecutivo del INS, está obstaculizando, limitando y constriñendo el ejercicio de la libertad sindical por parte de los representantes de la ANEP.

DERECHO Y PRETENSION
Basado en los hechos expuestos y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 360 siguientes y concordantes del Código de Trabajo, me apersono formulando DENUNCIA POR PRACTICAS LABORALES DESLEALES contra el señor GUILLERMO CONSTENLA UMAÑA en su condición personal y en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros y solidariamente contra el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para que en caso de comprobarse la existencia de las prácticas laborales desleales denunciadas, se interponga la acusación correspondiente ante los tribunales de trabajo.

PRUEBA
En el carácter de documental aporto copia de los siguientes documentos: Oficio S.G.05-07-1472-07; S.G.07-09-0509-08; S.G.07-09-0589-08; PE-2008-1203. Me reservo el derecho a ofrecer mayor prueba en caso de considerarlo pertinente.

NOTIFICACIONES: Las atenderé en las oficinas centrales de ANEP, sita en calle 20 Norte frente a Coopeservidores. A los denunciados se les notificará en las oficinas centrales del INS.
San José, 25 de agosto de 2008.

¡GRAN PASO HACIA LA VERDADERA REIVINDICACIÓN DEL ROL LABORAL DE LA POLICÍA PENITENCIARIA DE COSTA RICA!

Durante una sesión de trabajo-negociación, celebrada el pasado martes 9 de setiembre de 2008, entre altas autoridades institucionales y representantes de la ANEP, se produjeron importantes acuerdos que apuntan hacia la ansiada meta de una plena reivindicación laboral del rol laboral que al servicio del país, desempeñan los compañeros y las compañeras de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

La institución estuvo representada por los señores Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia y Gracia y Ministro a.í. en ese momento; Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í; Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria; y, Rómulo Castro Víquez, Director de Recursos Humanos de Adaptación Social-Ministerio de Justicia y Gracia.

La ANEP estuvo representada por los compañeros Héctor Prado Monge y Gerardo Cascante Vargas, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria; así como de los compañeros Albino Vargas Barrantes y Edgar Morales Quesada, Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente, de nuestra organización sindical.

Adjuntamos copia del documento original firmado en la indicada fecha, que establece la aceptación de una Revaloración Salarial Extraordinaria (que entrará a regir a partir del 1 de enero de 2009 y con contenido económico a partir del primer presupuesto extraordinario de ese año). El estudio (y los montos) se definirá con participación de ANEP y debe estar listo, a más tarde, el próximo 15 de diciembre.

No habrá mas cursos de capacitación en horario de descanso y las reglas claras sobre la disponibilidad se definirán con base en criterios del ministerio y de la ANEP que serán sometidos a conocimiento de la Procuraduría General de la República.

Se debe proceder a una rigurosa planificación de vacaciones y con la cooperación de la ANEP se trabajará para evitar el “amiguismo” y el “compadrazgo” en el otorgamiento de vacaciones.

Se procederá a revisar cómo se aplica el descanso en tiempo laboral, revisándose eventuales casos de abusos, también con la participación de la organización.

Finalmente, por cuestiones de edad y/o por cuestiones de salud, nadie debe sentir amenaza de perder el empleo. Los casos especiales deberán merecer una reubicación digna, pues se reconoce el valor de toda una vida laboral dedicada a esta delicada tarea de seguridad penitenciaria.

Con este mensaje, también le estamos entregando el texto completo del acuerdo, con las firmas de puño y letra de todas las personas involucradas en esta reunión-negociación, para que lo lea con detenimiento,

Infinitas gracias para aquellos compañeros y aquellas compañeras que atendiendo el llamado de la ANEP, se presentaron a la manifestación del lunes 1 de setiembre. Su aporte fue de extraordinaria validez para que se abrieran las posibilidades de este acuerdo. Se suspende, por tanto, la segunda convocatoria que prevista para el 6 de octubre.

Y a los que no pudieron apoyar esta vez, que no se sientan avergonzados. En la próxima, estamos seguros de que sí, en verdad, nos apoyarán, por si acaso, al Gobierno se le ocurre deshonrar lo pactado.

GRACIAS POR CONFIAR EN ANEP
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

San José, 11 de setiembre de 2008.
S.G. 07-09-0739-08

Honorables señores y señoras
Oscar Robert Aguilar, Presidente
María Aminta Quince Lacayo, Vicepresidenta
Abundio Gutiérrez Matarrita, Secretario
Rocío Moreno de Jenkins
María del Milagro García
Clodomiro Mora Rojas
Carlos Arce Arce
Humberto Morales Guzmán
Bernardo Van der Laat Guzmán
Mariangela Ortiz Soto

Junta Directiva
Junta de Protección Social de San José (JPSSJ)
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

A nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPSSJ, les expresamos, en primer término, nuestro más atento y respetuoso saludo; a la vez, nos alegra mucho que ustedes hayan recibido la delicada responsabilidad de conducir a nuestra querida institución, la Junta de Protección Social de San José, en una circunstancia histórica delicada que exige una gestión de estabilidad, de señorío y sobre todo, en el ámbito de su legendaria trayectoria de bien social.

Nuestra organización sindical se pone a sus órdenes para aportar y para coadyuvar en tan nobles fines pues no solamente tenemos como misión velar por la protección y preservación de los derechos socioeconómicos y laborales de las personas trabajadoras de la JPSSJ; sino que, y complementariamente, asumimos con deber ciudadano la labor de resguardo de la institucionalidad que la ha sido conferida por nuestra democracia.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ronald Barrantes Moya
Directivo Nacional
Presidente Junta Directiva Seccional ANEP-A y A

C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-JPSSJ
Personal de la Junta de Protección Social de San José.
Archivo.

San José, 10 de setiembre de 2008.
S.G. 07-09-0736-08
¡URGENTE!

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su despacho

Estimada señora ministra:

Luego de saludarla de la manera más atenta y respetuosa, le solicitamos, con la urgencia del caso, se nos brinde copia de la evaluación técnica y de selección de personal, que se utilizó para el nombramiento de las diferentes direcciones de área y jefaturas de unidad del Ministerio de Salud, según su oficio DM-RM-3819-08, de fecha 5 de setiembre, dirigido al personal del Ministerio de Salud.

Lo anterior tiene que ver con la preocupación de nuestra organización y de una gran parte del personal a su digno cargo, de que tal gestión de nombramientos ha sido realizada con criterios puramente subjetivistas y sobre la base de la meditación unipersonal, tal como lo señala su estimable autoridad en el mencionado.

Con relación al fondo de la misma circular, tenemos que señalar que los nombramientos por usted confirmados, mantiene, prácticamente, a todas la jefaturas de áreas y regiones (profesional médico en su totalidad), como premio a su excelente desempeño, si tomamos en cuenta los criterios que usted consideró para los efectos según la circular; con lo que se confirma que el D.O., al menos para este efecto, no tenía sentido alguno, menos aún invertir tanto capital en el mismo, si al final de cuentas estos profesionales médicos, tendrán sobre sus espaldas el peso de nombrar los equipos y conformar la nueva reestructuración ministerial, al amparo del decreto No 34510-S .

Todo esto es preocupante, por cuanto el personal que no ha sido elegido en esta primera selección; considera que lo que sigue, será de igual forma conformado con criterios subjetivos y no de selección meritoria.

Por todo lo expuesto, le reiteramos nuestra solicitud con carácter de urgencia, con relación al suministro de la documentación aquí pedida en lo estrictamente atinente a esta petitoria: es decir, el sustento de la evaluación técnica y de selección de personal seguido por su distinguida autoridad para el nombramiento de esas personas en los puestos de directores de área y jefes de unidad. Petición respetuosa que amparamos al artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c.
Junta Directiva Seccional ANEP-Trabajadoras Sociales-Ministerio de Salud.
Junta Directiva Seccional ANEP-Área de Salud Pococí-Guácimo.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Sr. Guillermo Murillo Castillo, Directivo Nacional ANEP-Responsable ANEP-Ministerio de Salud.
Delegados y delegas áreas rectoras de Salud-ANEP.
Personal del Ministerio de Salud.
Archivo.