Categoría: Acción Sindical

A la comunidad laboral penitenciaria
A todo el personal del Ministerio de Justicia y Gracia
A la opinión pública nacional
¡Juzgue usted!

Nota de ubicación: El 9 de octubre de 2006, ocurrió una sangrienta fuga de varios privados de libertad internados en el Complejo Penitenciario La Reforma; acontecimiento que dejó una dolorosa pérdida humana: la del policía penitenciario Marco Tulio Prado Monge (q.d.D.g). El Gobierno indicó que la fuga se dio facilitada por la introducción de armas de fuego y por el presunto pago de dinero en sobornos a varios funcionarios de dicho cuerpo policial, la Policía Penitenciaria. ANEP asumió la defensa de la mayoría de los agentes de seguridad acusados por el Gobierno de tales supuestas irregularidades. El proceso fue arduo y duró muchos meses, llegándose al extremo de que, por “órdenes superiores”, el proceso se suspendió a mitad de camino pues hubo una directriz política de “replantearlo”. La acuciosa gestión jurídica de la ANEP en defensa de los acusados, estaba demostrando que la cadena de negligencias jerárquicas en cuanto al irresponsable descuido de la seguridad en La Reforma, generó las condiciones para una fuga de tal calibre. Al Gobierno le disgustó mucho estas derivaciones de su propio proceso acusatorio y, por ende, los acontecimientos se desencadenaron como se denuncia seguidamente. Valga indicar que por iniciativa de la ANEP, se hizo un homenaje póstumo al compañero caído en cumplimiento de su deber, y su nombre está en una placa colocada a la entrada de La Reforma; algo que ni al propio Gobierno se le ocurrió.

1- A las 9:36 de la mañana, del viernes 21 de diciembre anterior, último día laboral del año en muchas entidades del Sector Público y a las puertas de la Navidad del 2007 y del Año Nuevo 2008, la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP recibió por fax una escueta nota, firmada por Reinier Tosso Jara, Asistente Judicial 3, Sala Constitucional. Básicamente se indica lo siguiente:

“Por medio de la presente me permito comunicarles, para los fines correspondientes, que dentro del RECURSO DE AMPARO número 07-016208-0007-CO promovido por Carlos Granados Calderón, Juan Carlos Carvajal Pérez, Marcos Castro Varela, Mario Alberto García hernández, Virgilio Prado Murcia, Zenén Méndez Meléndez contra MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SUBDIRECTOR GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL, se ha dictado el voto número 18493-07 de las ocho horas treinta minutos del veintiuno de diciembre del dos mil siete, cuya parte dispositiva, literalmente dice: “Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese.-“ “

2- El citado “documento” indicó, así de manera totalmente escueta, la resolución POR EL FONDO, de los recursos de amparo interpuestos por la ANEP a favor de los compañeros trabajadores de la Policía Penitenciaria, acusados por el Ministerio de Justicia y Gracia de supuesta complicidad en los acontecimientos de fuga en La Reforma, ocurridos en octubre del 2006; fuga que dejó la dolorosa pérdida humana de un trabajador del citado cuerpo de seguridad de las cárceles costarricenses.

3- Esta resolución POR EL FONDO había sido emitida tan solo una hora antes, a las 8:30 a.m. “Curiosamente”, cerca de la 1 de la tarde de ese viernes 21, el Ministerio de Justicia y Gracia entregaba en la sede central de la ANEP, las comunicaciones de despido, ya oficiales, haciendo efectivo el cese de funciones sin responsabilidad patronal, de los compañeros afectados por la sentencia sumaria, que ya en su contra había emitido por la prensa, la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de Justicia y Gracia.

4- Contrariamente, la ANEP, hizo en este caso una defensa apegada al principio constitucional de presunción de inocencia; es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario; y, por ejemplo, la institución no pudo determinar quién fue la persona que introdujo armas a La Reforma para esa fuga y, mucho menos, que fuera alguno de los policías penitenciarios hoy ya despedidos.

5- Tan sólo unos dos días duraron restaurados en sus puestos, los policías penitenciarios que, en su momento, la Sala IV había ordenado reinstalar luego de que la ANEP acudiera a dicho tribunal, en resguardo de sus derechos procesales, violentados en sede administrativa, por una cadena de vergonzosos acontecimientos que fueron armados para complacer la directriz política de despedirlos a cómo diera lugar.

6- Para mayor precisión, tómese nota de la “extraordinaria” celeridad con que funcionó la “justicia” de nuestro país en este caso.

7- El lunes 17 de diciembre tuvimos que realizar una acción de presión, en la sede central del Ministerio de Justicia y Gracia, para que se procediera cumplir la orden de la Sala IV de reinstalar en sus puestos a los policías indebidamente despedidos en ese momento, aunque sentenciados políticamente y condenados sumariamente por la máxima jerarca de Justicia y Gracia.

8- Entre el martes 18 y el miércoles 19 de diciembre, la oficina de personal del citado ministerio, acatando a regañadientes la orden constitucional, comunicó las debidas reinstalaciones. Los despedidos empezaron a reinstalarse en sus puestos entre ese miércoles 19 y el jueves 20; sin embargo, ya para la tarde del viernes 21, se les empezó a comunicar los despidos definitivos, luego de que en un inusual, extraordinariamente rápido acto constitucional, la Sala IV resolvió POR EL FONDO en contra de los afectados, el recurso de amparo que en su favor les interpuso a ellos la ANEP.

9- Adivinen quién fue el magistrado instructor del caso. Nada más y nada menos que don Luis Paulino Mora Mora, Exministro de Justicia y Gracia en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez; compañero liberacionista de la hoy ministra Chinchilla Miranda.

10- Seguramente que don Luis Paulino Mora Mora, tuvo que hacer un gigantesco esfuerzo de análisis pues en menos de 16 horas se estudió los siete tomos del expediente de este caso, con toda la documentación aportada por la ANEP; algo que no tiene antecedente alguno, según nuestro entender. La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP ejerció una defensa de altísima calidad y seriedad profesional para demostrar la vulnerabilidad de la seguridad de un centro penal como La Reforma, dejando al desnudo las irresponsabilidades jerárquicas de las autoridades políticas involucrados en este tema de la seguridad en una cárcel de las dimensiones de La Reforma.

11- ¿Podrá alguien creer que hubo “objetividad” e “imparcialidad” en este caso?. Presumiblemente existiría alguna “coordinación telefónica” entre “alguien” del Ministerio de Justicia y Gracia y “alguien” de la oficina del Magistrado Mora Mora, Exministro de dicha cartera ministerial en la primera Administración Arias Sánchez.

12- Ya en enero, y levantando el nuevo expediente para abordar el caso de los compañeros policías penitenciarios despedidos en otros escenarios, fuimos a fotocopiar el legajo del recurso de amparo a la mismísima Sala IV y ¿saben qué?, pues nos encontramos, escrito a mano, un “papelito” con la siguiente leyenda: “Don Jorge revisar proyecto Laura” y sobrepuesto, en marcador negro “imp voto”.

13- Sorpresivamente, el Magistrado Mora Mora habría indicado a su asistente, que tal recurso necesitaba de un “importante voto”. Y el nombre “Laura”, presuntamente también, habría indicado que se trataba del expediente que tanto le interesaba a la señora Ministra de Justicia y Gracia cuyo nombre es, precisamente “Laura”. ¿Ó, estaremos equivocados y hay otra persona de nombre_ “Laura”_ en el despacho del citado magistrado?…

14- Así las cosas, en una muestra completamente inusual, atípica, extraordinariamente veloz, la Sala IV falló un recurso de amparo que, en el más rápido de los casos y para resolver POR EL FONDO, habría tardado, al menos, tres meses. Pero no, como a “alguien” en el Ministerio de Justicia y Gracia tanto le interesaba echar a la calle, a cómo diera lugar, a los policías penitenciarios del caso en mención, la Sala IV lo resolvió, POR EL FONDO, en unas ¡16 horas!. Vamos a ver cómo se hace para mandar al Libro de los Récords Guinnes este caso de “justicia pronta y cumplida”.

15- Pero hay más, del primer recurso de amparo interpuesto por la ANEP, se quedó por fuera un compañero que por diversas razones no se incluyó en ese momento. Se lo tramitamos en enero y ya fue acogido, ordenándose su reinstalación. La diferencia es que esta vez el caso no cayó en manos del despacho del Magistrado Mora Mora. Estamos esperando a ver cómo se tramita.

16- En ANEP estamos absolutamente convencidos de que ocurrió un vergonzoso acto de tráfico de influencias entre “alguien” del Ministerio de Justicia y Gracia y “alguien” del despacho del Magistrado Luis Paulino Mora Mora, Exministro de Justicia y Gracia en la primera Administración Arias Sánchez. No tenemos elementos para acusar, directamente, a los dos personajes aquí ya nombrados, el citado jurisconsulto y la mencionada Ministra Laura Chinchilla Miranda. Pero nos preguntamos, ¿es que acaso podría haber ocurrido entre ambos alguna conversación telefónica al respecto?… Saque usted sus propias conclusiones…

17- Triste Navidad y triste Año Nuevo pasaron los compañeros policías penitenciarios condenados “sumariamente” y víctimas de una justicia “pronta y cumplida” como nunca habíamos visto en la historia de la Sala IV. Las familias de estos compañeros, también debieron haberla pasado muy mal.

18- Estos jefes de hogar fueron echados a la calle, sin prestaciones, con sus honras manchadas, porque la Ministra Laura Chinchilla Miranda se encargó de “marcarlos” ante la ciudadanía. Quizás no encontrarán trabajo porque, prácticamente, el Ministerio de Justicia y Gracia se encargó de mancharlos por la prensa ante la ciudadanía y la Sala IV le dio la “razón” al vergonzoso y acomodaticio, y poco ético, proceso administrativo que se llevó a cabo en acato de directrices políticas.

19- Para justicias el tiempo. Ahora llevaremos los casos de estos compañeros a los tribunales laborales ordinarios, teniendo fe que en este nivel judicial no funcionará “coordinación” alguna. Pasarán dos o tres años, tal vez un poco más. Tenemos un enorme compromiso ético con ellos. Se trata de restaurarles su honra y su honor, para que sus familiares y sus respectivos hijos, no tengan nada de que avergonzarse de sus padres, señalados como “corruptos” ante la opinión pública, o peor aún, casi “terroristas”, porque la Ministra Chinchilla Miranda dijo por televisión que este caso era un asunto de “seguridad nacional”.

20- Todavía nos queda algo de fe en los sectores sanos de Poder Judicial y si al final del camino, es el erario público el que debe desembolsar muchos millones de colones en salarios caídos y en otro tipo de indemnizaciones, demandaremos para que la licenciada Laura Chinchilla Miranda, aunque ya no sea del Gobierno, desembolse de su propio bolsillo los dineros públicos que todos pagaremos por la sentencia sumaria que ella emitió contra los policías penitenciarios hoy despedidos, en la calle en el desempleo, sin plata y con deudas y, lo peor de todos, con sus honras manchadas lo que prácticamente les impide pedir trabajo en otras partes.

21- Igualmente, al final del camino de la demanda laboral, podría haber otros que también deberán presentarse ante los estrados a responder por los dineros que, eventualmente, el Estado tendría que erogar. Para eso hoy hay un nuevo CODIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que nos permitirá, ganados esos juicios, demandar lo indicado.

22- ANEP reafirma su vocación de lucha por el pleno respeto de los derechos laborales en el Sistema Penitenciario Nacional y en el Ministerio de Justicia y Gracia. Condenamos, vigorosamente, esta cadena de vergonzosos acontecimientos que muestran una profundización del descrédito ciudadano en instituciones tan vitales para la democracia como el Poder Judicial.

23- En tal sentido, plantearemos la queja ante Corte Plena y aunque “no pase nada”, la sola circunstancia de que usted, que nos ha hecho el honor de leernos hasta aquí, se sensibilice ante tanta injusticia y se indigne por este presunto tráfico de influencias, tome conciencia de que el país no puede seguir así, habremos ganado en el campo moral y en el campo ético. La democracia es un bien ciudadano de inapreciable valor que nos obliga a pensar que este estado de cosas no puede seguir así. Algo tenemos que hacer para el rescate de la institucionalidad vulnerada.

San José, 11 de enero de 2007.

Desde el mes de febrero del pasado año 2007, nuestra organización sindical, a solicitud de las personas trabajadoras de la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera, constituyó la Seccional Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (SECCIONAL ANEP- ADIP).

Los trabajadores se deciden organizarse para defender sus derechos y, desde luego, la defensa de la prestación de este servicio de transporte en manos de la ADIP y no de la trasnacional Naviera Tambor.

Lamentablemente la Junta Administrativa de la ADIP, violentando el ordenamiento jurídico laboral vigente, opta por desconocer a nuestra Seccional ANEP-ADIP.

Sin embargo, este atropello a la libertad de organización no nos ha hecho ceder ni un ápice en nuestro compromiso de defender la prestación del servicio de cabotaje (ferry) en manos de la ADIP, o sea, del pueblo paquereño.

Consecuentemente, hemos seguido de cerca los acontecimientos jurídicos, en los cuales queda al descubierto los intereses de las transnacionales que quieren lucrar de nuestros recursos, como esta sucediendo con la Naviera Tambor; la cual, sin ningún miramiento, quiere desplazar todo el esfuerzo de una comunidad comprometida con su desarrollo y bienestar social.

Hemos manifestado nuestro interés en apoyar a la Junta Administrativa de la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera, pero nuestros llamados han caído en el silencio. Entendemos los motivos que nacen de temores infundados, que en nada ayudan a la causa por la que lucha y se esfuerza la comunidad paquereña.

Una vez más, independientemente de que la Junta Administrativa de la ADIP, siga violentando la Ley Laboral, nos ponemos a las órdenes de la ADIP y de la comunidad de Paquera, para que el servicio de cabotaje por ferry, siga estando en manos de la comunidad; de tal suerte que la riqueza que produce este servicio de transporte siga apartando al bienestar general y no a engrosar las arcas de un diminuto grupo de empresarios extranjeros.

Sirva además para dejar expreso nuestro repudio a la decisión del MOPT, el cual pretende apartarse del fallo de los tribunales y congraciándose con los dueños de la Naviera Tambor, a menos de tres días del fallo que le restablece los derechos a la ADIP, emite una directriz que le cancela 4 viajes a la ADIP. Esto va en detrimento de los intereses de la comunidad y a favor de los empresarios extranjeros, dueños de Naviera Tambor. ¿Hasta cuando, tanta servidumbre y desvergüenza?

Junta Directiva Seccional ANEP-ADIP

San José, 22 de enero del 2008.
S.G. 07-09-0268-08
¡URGENTE!

Licenciado
Guillermo Zúñiga Chaves
Ministro
Ministerio de Hacienda
Su Despacho
Asunto: Licencia sindical para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda

Estimado señor Ministro:

Con respeto, le expresamos un atento saludo de parte de nuestra organización.

Con fecha 1 de agosto de 2007, enviamos a su despacho nuestro oficio S.G. 07-09-0002-07, acreditando ante su autoridad a la representación oficial de la ANEP para el Ministerio de Hacienda, luego de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Hacienda. Igual gestión hicimos, según lo manda la ley, ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mediante nuestro oficio S.G. 07-09-0011-07. De esta gestión ante su despacho, señor Ministro, nunca tuvimos respuesta.

Posteriormente, con fecha 21 de agosto de 2007, nuevamente acudimos ante su autoridad no solamente con relación al tema anterior; sino que, de manera oficial en esta nueva comunicación de ANEP (S.G. 07-09-0041-07), hicimos formal solicitud para que a las personas integrantes de la Junta Directiva Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, se les dieran facilidades de gestión atinentes a sus responsabilidades de representación sindical; concretándose nuestra petición en una licencia con goce salarial para los días jueves de cada semana. De esta nueva carta de la ANEP a su autoridad, tampoco se tuvo respuesta.

Una tercera carta sobre el tema apuntado, la constituyó el oficio SEC-ANEP-HDA-002-07, fechado 2 de octubre de 2007, esta vez firmado por el compañero José Manuel Gómez Sánchez, en su condición de Presidente de la Seccional ANEP-Hacienda. Tampoco su autoridad respondió, aunque se recibió nota firmada por la señora Jenny Phillips Aguilar, Viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda, planteando una argumentación contraria a nuestras pretensiones totalmente fuera de contexto y que, en definitiva, no resolvió el fondo de la cuestión.

Se dio una cuarta gestión escrita al respecto. Esta vez fue ante el Lic. Juan Carlos Gómez Sánchez, en su momento Director Administrativo y Financiero del Ministerio de Hacienda. Fue a través de otro oficio nuestro, el S.G. 07-09-0165-07, fechado 6 de noviembre de 2007. El citado jerarca indicó que su despacho tendría posibilidades de atender nuestro reclamo; sin embargo, tampoco él dio respuesta alguna y entendemos que, ahora, ya no ocupa ese puesto.

Finalmente, es bueno reseñar aquí que, en dos o tres oportunidades en que su autoridad ministerial nos recibió en su despacho, tanto para propósitos gremiales y reivindicativos como para cuestiones de orden nacional, abordamos el tema y en todas esas ocasiones, usted mostró una gran disposición de atender la reiterada petición de ANEP, tantas veces sin respuesta como queda constando en la presente. Sin embargo, como consta al día de la fecha del presente oficio, ni siquiera en lo verbal tuvimos éxito pues la máxima instancia político-jerárquica del Ministerio de Hacienda, sea su digna autoridad, tampoco resolvió nada.

Es así que, por última vez y a través de esta vía que, respetuosamente, reiteramos nuestra solicitud de licencia sindical con goce salarial para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda, en los términos de nuestra solicitud del 21 de agosto del 2007. Como se lo indicamos cuando hablamos del tema en forma personal con usted, esta licencia es de la misma naturaleza que la concedida a las otras agrupaciones laborales institucionales que funcionan en el Ministerio de Hacienda. Por tanto, no hay ninguna petición que pueda conceptuarse como “excesiva”, “privilegiada” y similares.

Desde que le conocemos, incluso antes de su exitosa gestión ministerial actual, hemos creído que usted es un ciudadano de convicciones democráticas y, por tanto, lejos de conductas autoritarias o contrarias a la legislación nacional (legal y constitucional) y la de orden internacional que rige en materia de Libertad Sindical. Esto es significativo a la luz de la celebración en este año 2008, del 60 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció el Derecho Sindical como Derecho Humano Fundamental; histórica declaración que tuvo a Costa Rica como uno de los pocos estados firmantes originales y que sentó las bases de lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En verdad, anhelamos que esta vez sí obtengamos una respuesta oficial de su despacho a nuestra petición, ya ampliamente indicada; respuesta que amparamos al artículo 27 constitucional y al 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fax 222 80 85.
cc.: Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Hacienda.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Hacienda.
cc.: Junta Directiva sindicato SINDHAC.
cc.: Junta Directiva sindicato SINTRASAN.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Cro. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto, ANEP.
cc.: Cro. Lorena Chavarría Martínez, Reponsable UDO-ANEP-Hacienda.
cc.: Archivo.

San José, 22 de enero del 2008.
S.G. 07-09-0261-08
¡URGENTE!

Licenciado
Roberto Gallardo Núñez
Ministro
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Su Despacho
Fax No. 281 27 51

Estimado señor Ministro:

Con respeto, le expresamos un atento saludo de parte de nuestra organización.

Información aparecida en el periódico La República, correspondiente a su edición del día de ayer, lunes 21 de enero, da cuenta de que la _“Reforma del Estado arrancaría en febrero_”, según reza el titular de la misma, bajo la responsabilidad del periodista Carlos Jesús Mora.

Indudablemente que es un asunto de enorme interés nacional y, por ende, en lo institucional-laboral, razón por la cual le expresamos por esta vía el interés de la organización que nos honramos en representar, en ser recibidos por su digna autoridad a fin de conocer en detalle esas reformas estatales que, según la nota periodística, “se han venido gestando desde el inicio de esta administración”.

Si se decide concedernos la audiencia aquí respetuosamente solicitada, le agradeceríamos analizar la posibilidad de consensuar sobre el momento en que la misma se daría, pues los compromisos y las responsabilidades de ambas partes en el día a día, son bastantes. Para tal efecto, estamos disponibles en los teléfonos 839 71 71, 233 02 33 y 356 62 51.

Anticipadamente le agradecemos la gentileza con que trate esta petición.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

San José, 10 de enero de 2007.
S.G. 07-09-0242-08

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General

Licenciado
Roberto Portela López
Subgerente General

Correos de Costa Rica S. A.
Su Despacho

Estimados señores:

Sinceramente, la ANEP desea a vuestras autoridades un año 2008 plagado de éxitos, tanto en el nivel personal como en el profesional; así como que sus gestiones gerenciales redunden en el bienestar institucional.

Con base en el Artículo de nuestra Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, respetuosamente requerimos la información que seguidamente pasamos a detallar.

Consta en nuestros archivos y producto de una gestión de ANEP al efecto, el oficio D-RR-HH-926-06, fechado 7 de setiembre de 2006, firmado en ese momento por el Lic. Marco Caravaca Reyes, Director de Recursos Humanos de Correos de Costa Rica S. A.; oficio que dio cuenta del número y del nombre de personas despedidas con responsabilidad patronal, entre el 8 de mayo de ese año 2006 y hasta el 31 de agosto del mismo. En lo que respeta a las finanzas institucionales, tales despidos significaron indemnizaciones por un monto total, en el período indicado, de 24 millones 509 mil 935 colones, con setenta y ocho céntimos. En este caso se consignó un total de 16 despidos.

Igualmente, ese mismo oficio dio cuenta del número de nuevos ingresos de personal a partir de ese día, 8 de mayo de 2006, de 59 personas y hasta el último día de agosto de 2006.

En esta ocasión, y siempre en el marco del debido respeto, solicitamos oficialmente por esta vía la siguiente información:

*1-*Nombre de todas las personas contratadas entre el 1 de setiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007.

2- Nombre de todas las personas despedidas entre el 1 de setiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007; desagregándose la información como sigue:

a) Personas despedidas con responsabilidad patronal y monto pagado a cada una de ellas.
b) Personas despedidas sin responsabilidad patronal y monto pagado a cada una de ellas.

La información aquí solicitada es parte de un conjunto de insumos de datos solicitados a un universo institucional que incluye a Correos de Costa Rica S. A.; a fin de valorar el uso y/o eventual abuso en la capacidad discrecional y/o gerencial para disponer el uso de fondos públicos, con sentido de responsabilidad o relativizando el mismo; a la luz de la naciente perspectiva que en materia de rendición de cuentas y fiscalización ciudadana, abrió el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo que entró a regir el pasado 1 de enero; código que le permite a la ciudadanía una mayor acción directa en torno al seguimiento de la gestión y, eventualmente, hasta la demanda de satisfacciones que, incluso, podrían derivar en afectaciones financieras para tomadores de decisiones; decisiones que, eventualmente, irían en contra de la estabilidad de la institucionalidad que está dedicada a la satisfacción de necesidades ciudadanas.

Nuevamente les reiteramos nuestro respeto y les agradecemos la valiosa atención a la presente, esperando la mayor rapidez en la respuesta.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

San José, 14 de enero de 2007.
S.G. 07-09-0245-08

Licenciado
Edgar Mora Altamirano
Alcalde Municipal
Municipalidad de Curridabat
Su Despacho
Fax No. 272 08 09 – 272 67 14
Correo electrónico: edgar.mora@curridabat.go.cr

Estimado señor Alcalde:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte, anhelando que en este Año Nuevo 2008 le depare muchos éxitos en el plano personal, el profesional y el institucional.

Hacemos referencia a oficio anterior nuestro, S.G. 07-09-0051-07, fechado el día 28 de agosto de 2007, y en el cual hicimos referencia al asunto de las “fijaciones salariales correspondientes al segundo semestre del presente año 2007 y, consecuentemente, para el primero del año próximo 2008”. La exposición que hicimos en ese nota al respecto, nos llevó a concluir que “el ajuste correspondiente para el segundo semestre del presente año 2007, no debe ser inferior al 7 %; cifra que, perfectamente, puede repetirse para el primer período del año entrante 2008; …”.

Indicamos también en el citado oficio que “fuentes profesionales que usualmente emplea ANEP para esta temática, pronostican un cierre del IPC a término del 2007, en una cifra cercana o ligeramente superior al 12 %”; sin embargo, según el dato final oficial procedente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la variación acumulada del IPC al término del año que recién finalizó fue de 10.81 %.

Con este panorama, se podría colegir que las pretensiones de reajuste salarial para el personal de la Municipalidad de Curridabat en lo que atañe al primer semestre del 2008, establecidas en un 7 %, podría ser superiores a lo que arrojan los citados datos oficiales y, por tanto, la ANEP no llevaría razón en su planteamiento original al respecto.

No obstante, si revisamos bien el “Índice mensual por grupo”, del Índice de Precios al Consumidor, Base Julio 2006 (el nuevo IPC), notaremos que durante todo el año 2007, el grupo “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, aumentó un 20.96 %; es decir, la comida de la gente asalariada se elevó el año pasado prácticamente en un 21 % con relación al 2006. Tan sólo este dato da una idea de la conveniencia de que la Municipalidad de Curridabat ajuste a su personal un 7 % para el primer semestre del 2008; cifra ligeramente superior en un 1.12 % a la que el Gobierno asignó a su propio personal de la administración central del Estado. Adjuntamos a la presente el indicado documento del IPC.

Vistas así las cosas, consideramos que continúa siendo completamente válido mantener la aspiración de un reajuste salarial de un 7 % para el personal a su digno cargo en esa municipalidad; reiterando el argumento de que pese a que la variación acumulada del IPC al cerrar el 2007, fue de 10.81 %; el grupo de consumo popular que se refiere a la comida de la gente, aumentó casi el doble que ese promedio, sea, un 20.96 %, lo cual genera un impacto muy fuerte en el presupuesto salarial de las familias de las personas trabajadoras al servicio de la Municipalidad de Curridabat.

Quedamos a las órdenes de su autoridad para lo que se disponga y le agradecemos abrir los procesos de gestión político-administrativos a tales efectos.

Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Curridabat.
cc.: Personal de la Municipalidad de Curridabat.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.