Categoría: Acción Sindical

El día de hoy miércoles 24 de octubre, desde las 9:00 a.m. se realizó en el Palacio de los Deportes en Heredia, el acto inaugural del 64 Congreso Nacional de la ANDE, en medio de un gran entusiasmo y con una masiva participación de educadores y educadoras de todo el país y donde la solidaridad con las comunidades afectadas por las lluvias fue uno de los momentos más significativos de la jornada.

Aquí no se acabó nada

En su intervención ante cientos de educadores, José Antonio Barquero Mora, Presidente de ANDE, hizo un vehemente llamado a unir mentes y corazones en defensa de la educación costarricense, el fortalecimiento institucional y la defensa de los derechos laborales, amenazados por el Tratado de Libre Comercio. A la vez hizo un llamado a fortalecer las estructuras de base para enfrentar la Agenda de Implementación que desde ya se discute en la Asamblea Legislativa.

“En relación al curso lectivo de 200 días ya es hora de que nosotros, una década después de estar aplicándolo, junto con las autoridades del Ministerio de Educación y las otras dirigencias magisteriales, empecemos hacer una evaluación sobre las fortalezas y debilidades de un curso lectivo que a todas luces lo que ha hecho es agotar al educador costarricense, a los estudiantes y a los padres y madres de familia y valorar su verdadero efecto en la calidad de la educación”, dijo José Antonio Barquero.

Objetivos claros

Los temas centrales del Congreso de la ANDE se centran, según sus dirigentes, precisamente en el lema del evento que es: “ANDE:65 años en defensa de la soberanía Nacional, las garantías sociales y el derecho a una educación pública de calidad”.

“Además una ANDE comprometida con la equiparación salarial de los profesionales del título 2do con los profesionales del título 1ro. También vamos a trabajar sobre una propuesta que la ANDE quiere hacer para una Política Educativa que respete y fomente la educación integral e inclusiva para todos y todas porque tenemos una gran preocupación por el abandono masivo de niños, niñas y sobre todo jóvenes de la educación media ante la indiferencia de las autoridades educativas y gubernamentales”, dijo Barquero sobre los objetivos del Congreso Nacional y agregó que “ también vamos a trabajar sobre educación especial y la aplicación de las tecnologías para el desarrollo de las capacidades de los y las alumnas”.

Sobre el tema del TLC y el peligro que ahora corre la educación costarricense, José Antonio Barquero fue enfático al asegurar que es “un peligro inminente que ahora tenemos que afrontar todos los costarricenses, pero tenemos además el peligro de una Agenda de Implementación que tan peligrosa como el mismo TLC y debemos enfocar nuestra atención a eso y a los otros tratados que ya están moviendo desde el Gobierno con la Unión Europea y los chinos”.

El Congreso de la ANDE continuaba hoy mismo por la tarde en el Liceo de San José, en Barrio México, con el análisis de estos y muchos otros temas.

Nota sin importancia…pero para que quede en evidencia, ¡una vez más!

REPRETEL para variar

Cuando el presidente de la ANDE, José Antonio Barquero daba declaraciones a la prensa fue notorio, una vez más, las mal intencionadas preguntas de la periodista de ese medio.

Sus preguntas se centraron en la “cantidad” de personas asistentes en el Palacio de los Deportes de Heredia. ¿Porqué “tan poca asistencia”?, ¿A qué se debe la poca asistencia?, eran sus insistentes preguntas que no provocaron a José Antonio Barquero y con paciencia le explicó, una y otra vez, la característica del evento y sobre todo que son delegados y delegadas quienes asisten y no todos los educadores. Además recalcó el hecho que muchas personas aún estaban entrando y muchos otros se integrarían por la tarde al Congreso propiamente.

La_ “periodista”_ siguió insistiendo sobre la misma pregunta varias veces, mientras el Palacio de los Deportes se llenaba más y más.

Liderados por la Seccional ANEP-JPS, las personas trabajadoras de la institución realizaron la medida de presión debido a que cerca del 80% de la población laboral se encuentra afectada por el no pago de la recalificación de puestos que no cuenta con el visto bueno de la Procuraduría General de la República, PGR, y de la Autoridad Presupuestaria, AP, del Ministerio de Hacienda.

Siete años de espera

“Ha sido una larga espera. En 1998 se realizó el estudio de puestos, desde el año 2000 la Junta Directiva de la Junta de Protección Social lo aprobó, pero no cuenta con las respectivas autorizaciones de los entes externos como son la Procuraduría y la Autoridad Presupuestaria. Es un trámite demasiado largo, no son aspectos “legales”, sino que es un problema político lo que impide que el pago se haga efectivo.”, dijo Ronald Barrantes, presidente del la Seccional ANEP-JPS.

El estudio de recalificación de puestos beneficia a la gran mayoría de los y de las trabajadoras de la institución ya que sus salarios no están acorde con el puesto que ocupan, “Por eso hoy vemos a la gran mayoría de los trabajadores participando de esta medida que no se acaba aquí. Estamos dispuestos a dialogar, ya lo hemos hecho por siete años, pero ya es mucho, le dan largas al asunto y la verdad ya estamos cansados de que no nos tomen en serio.”, dijo Barrantes y agregó que hoy mismo el Ministerio de Trabajo estará enviando el tema a la sesión del Consejo de Gobierno y para el viernes lo plantearán ante la Autoridad Presupuestaria en una reunión con autoridades gubernamentales.

De no lograrse acuerdo concreto de fecha de pago de lo adeudado, se estaría convocando a una nueva medida de presión que podría ser un nuevo paro o una huelga.

Desigualdad salarial

Para Anayanci Gutiérrez, del departamento de imprenta de la JPS, no hay equidad salarial en la misma institución ya que solo a 21 trabajadores se les ha aplicado el pago por la recalificación de puestos, mientras a casi 400 de ellos no se les aplica. “Hay una gran desigualdad, a unos si se les aplica y está bien, pero a los demás no se nos aplica. Hemos hecho la consulta a PGR, la AP y al Ministerio de Trabajo pero por siete años nada. En otras instituciones si se les aplica rápidamente, mientras nosotros tenemos que esperar.”, concluyó Gutiérrez.

Respaldo institucional

Luis Polinaris, Gerente General de la JPS, considera que es mucho tiempo de espera por parte de los trabajadores, y sentenció que “la Junta Directiva y la Gerencia General de la Junta hemos reiterado nuestro respaldo a las gestiones de los trabajadores, es mucho tiempo ocho años de espera, es mucho tiempo un año de consulta pero como institución no podemos hacer más. Hay un compromiso para que desde el mismo Gobierno de la República se hagan las gestiones para aligerar esto y se resuelva favorablemente. Yo personalmente apoyo a los trabajadores para que esto se resuelva y podamos seguir brindando nuestros servicios.”

Una de las preocupaciones de las autoridades institucionales es que entre más tiempo pasa, aumenta el monto del desembolso que deben hacer para cubrir lo adeudado a los trabajadores. “Mientras que en el 2000 la suma estimada que se debía cancelar era de ¢300 millones, para este 2007 la suma alcanza los ¢3.200 millones, o sea diez veces más del monto de aquel año.”, dijo Sergio Ramírez Acuña, presidente del JPS.

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Nota enviada a la Procuradora General de la República
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MARIETTA ESPINOZA M.
mespinoza@ diarioextra.com

Según explicó Ronald Barrantes, presidente de la Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP) en la Junta, esta calificación fue aprobada por la Junta Directiva de la Institución desde el año 2000, pero hasta ahora el pago no se ha hecho efectivo.

“El problema es que la Junta depende de entes externos como la Procuraduría General de la República y la Autoridad Presupuestaria”, reconoció el dirigente.

Pese a que las autoridades de la institución han hecho gestiones ante ambas dependencias, en ambos casos las peticiones para la cancelación se han rechazado.

“En la vía judicial el estudio fue aprobado y pagado a 22 funcionarios ahora lo que estamos solicitando es que se haga extensivo al resto de los trabajadores”, comentó Barrantes.

Por su parte, Sergio Ramírez, presidente de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de San José, se mostró anuente a apoyar a los trabajadores, no obstante recalcó que la solución de este problema no esta en manos de la institución.

_“Yo me reuní con ellos, les hice ver que la JPS les está apoyando, y que el paro afecta a la institución, no a la Procuraduría que es con quienes ellos están molestos_”, dijo Ramírez.

Fuente: Diario Extra
(Con modificación de que no es Huelga sino Paro de labores por dos horas)

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Nota enviada a la Procuradora General de la República
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San José, 17 de octubre de 2007.
S.G. 07-09-0121-07
¡URGENTE!

Licenciada
Ana Lorena Brenes Esquivel
Procuradora General de la Republica
Procuraduría General de la República
Su Despacho

ASUNTO: PARO DE LABORES EN LA JUNTA DE PROTECCION
SOCIAL DE SAN JOSE EL DIA DE HOY

Estimada señora Procuradora General:

Con todo respeto, expresamos a su digna autoridad el más atento saludo de nuestra parte.

El pasado 19 de diciembre del 2006, el Dr. Sergio Ramírez Acuña, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de San José (JPSSJ), en su Oficio Pres-098-2006, le solicitó reconsideración del dictamen C-486-2006; haciéndole ver, con una amplia documentación de dictámenes y sentencias, los motivos del porqué los trabajadores y las trabajadoras de esa institución se les debe reconocer lo adeudado por el Estudio Integral de Puestos “Ceciliano & Cía”.

A lo largo de los últimos 10 meses, el asunto ha sido estudiado por varios procuradores, valorándose que es suficiente tiempo para resolver la indicada petición de reconsideración, a sabiendas de que se hará justicia laboral en la redefinición de las adecuadas remuneraciones que demanda el grueso del personal de la JPSSJ, para los tiempos de hoy.

Aparte de ello, estamos hablando de un caso que ya tiene jurisprudencia en los respectivos Tribunales de Trabajo, contabilizándose 22 casos resueltos a favor de la parte laboral en procesos individuales. Estimamos por nuestra parte que estamos frente a una base sólida para resolver lo pertinente con respecto al resto del personal, con lo cual se le economizará a la JPSSJ una cuantiosa cantidad de dinero en costas procesales y en pago de intereses.

Ante ello, respetuosamente, el personal de la Junta de Protección Social de San José (JPSSJ), le solicita pronunciarse a la mayor brevedad, generando las condiciones para un imprescindible clima de tranquilidad institucional, de paz y de justicia laboral.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Ronald Barrantes Moya
Directivo Nacional
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-JPSSJ

cc: Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
CC.: Dr. Sergio Ramírez Acuña, Presidente, Junta Directiva, JPSSJ.
cc.: Lic. Luis Polinaris Vargas, Gerente General, JPSSJ.
cc.: Personal de la Junta de Protección Social de San José.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-JPSSJ.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

San José, 22 de agosto de 2007.
S.G. 07-09-0038-07

Licenciado
José Joaquín Arguedas Herrera
Director General
Dirección General de Servicio Civil
Su Despacho
Fax No. 227 02 31

Estimado señor Director General:

Reciba de parte de nuestra organización sindical, un saludo atento y respetuoso, al tiempo que le solicitamos audiencia, previa concertación de agenda entre las partes, para tratar un asunto que compete a los servidores públicos calificados como profesionales, cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.

Es harto conocido que este importante sector laboral de la Administración Pública se encuentra en franca desventaja con relación a sus homólogos del sector privado y a otros que siendo empleados públicos, no están adscritos a tal régimen. Esta situación no sólo afecta al servidor en lo personal, sino que, indefectiblemente, está afectando a las instituciones públicas por la fuga de profesionales, propia de la circunstancia apuntada.

En este contexto, tenemos entendido que la entidad a su digno cargo, en procura de resolver la situación en forma integral y en busca de la justicia y la equidad que promueve la Dirección General de Servicio Civil, ha elaborado una propuesta para la homologación salarial de estos servidores; y, de paso, cerrar el portillo a la fuga de profesionales hacia el sector privado. En tal sentido, quisiéramos conocer los términos de la propuesta y el alcance que tendría para tan importante sector.

No omitimos manifestarle nuestro reconocimiento por la preocupación atinada de la Dirección General de Servicio Civil al respecto, dejando constancia de la satisfacción de la ANEP por tan acertada iniciativa. A la vez, es interés de esta agrupación por colaborar en lo que sea posible y en los ámbitos a nuestro alcance, para que la propuesta tenga éxito y se ponga en vigencia lo más pronto posible, de ahí nuestra solicitud de audiencia.

Anticipadamente le expresamos nuestra gratitud por la valiosa atención al respecto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Dra. Giselle Amador Muñoz, Directora General, Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Fax No. 224 67 62.
cc.: Licda Giselle Ramírez Solano, Jefe de Oficina de Recursos Humanos, IAFA. Fax No. 224 67 62.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-IAFA.
cc.: Juntas Directivas Seccionales de ANEP.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

El Gobierno de la República enviará para estas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa un anteproyecto que pretende que la CCSS pague el 100% por maternidad.

Si la CCSS paga las cuatro cuotas mediante subsidios, se reducirá el aguinaldo de las mujeres en un 33% ya que los patronos pagarían sólo el equivalente a ocho salarios. Pero aún hay más, por cada hijo o hija, las mujeres perderían cuatro cuotas para su pensión. En ambos casos esto constituye una clara discriminación laboral.

Este proyecto obedece al interés que tiene el gobierno para beneficiar a los patronos y “supuestamente hacer el país más competitivo” una vez que se apruebe el TLC. Implica una modificación al artículo 95 del Código de Trabajo. Si esto es sin haberse aprobado el TLC qué pasará una vez aprobado ¿se seguirán burlando los derechos de las y los trabajadores? ¿Se seguirá debilitando el estado solidario? Se seguirá ampliando la brecha entre ricos y pobres, haciendo cada vez más ricos a los patronos a costa del estado costarricense y de las y los costarricenses?

Me parece que hay que darle seguimiento a este anteproyecto porque se votaría en estos días.
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Comunicado de CEFEMINA
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RECHAZAMOS QUE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS REQUIERA DEBILITAR LA CCSS

El reconocimiento de una licencia de maternidad de cuatro meses es un derecho conquistado por las mujeres de la que nuestro país se enorgullece en foros internacionales.

En contraste, es un secreto a voces que muchas empresas despiden a trabajadoras embarazadas a pesar de que esto esté expresamente prohibido por el Código Laboral vigente.

En las últimas semanas se ha informando en los medios de comunicación sobre una propuesta de modificación del artículo 95 del Código de Trabajo para que sea la Caja Costarricense del Seguro Social quién asuma el 100% de los costos de las licencias por maternidad, cuando en la actualidad se comparten por igual entre esta institución y la empresa donde labora la mujer. Se argumenta que así no habrá riesgos para las empresas que contraten mujeres, lo que promoverá su contratación y se desalentarán los despidos ilegales por embarazo.

Si bien la eliminación del aporte empresarial al pago de la licencia de maternidad podría facilitar una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, supondría al mismo tiempo una importante e injustificable descapitalización de la Caja del Seguro. Esta institución es fundamental para las mujeres, y en general para toda la población, y su debilitamiento solo puede repercutir negativamente sobre el derecho a la salud y el derecho a gozar de una jubilación digna. Un mayor debilitamiento de la CCSS solo puede profundizar la tendencia a trasladar a las familias, en realidad a las mujeres, muchas tareas de cuido de personas enfermas que debiera asumir el sistema de salud.

CEFEMINA repudia la idea de que avanzar en el campo de los derechos laborales de las mujeres implique retroceder en otros derechos ya conquistados para mujeres y hombres.

Sorprende que voluntariamente el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Ingeniero Eduardo Doryan, promueva esta propuesta, cuando en sus manos tiene un estudio que demuestra que es factible aliviar el riesgo económico para las empresas sin descapitalizar a la Caja.

En efecto, si el costo correspondiente a la parte patronal de la licencia de maternidad (medio salario) no fuera financiado en cada caso particular por la empresa donde labora la mujer embarazada, sino que todas las empresas y durante todos el tiempo aportaran un monto para las licencias de maternidad, todas y todos saldríamos ganando.

Ganaríamos las mujeres que, en efecto, seríamos menos frecuentemente blanco de discriminación y despidos ilegales. Ganaría la CCSS que no se desfinanciaría ya que no tendría que incurrir en mayores costos. Ganarían las empresas, ya que no tendrían que aumentar considerablemente sus gastos cuando una trabajadora gozara de la licencia de maternidad. En este sentido se beneficiarían particularmente las pequeñas empresas, para las que un medio salario durante cuatro meses consecutivos puede representar un aumento considerable de su planilla.

¿Cuánto tendría que aumentar la cuota patronal mensual en este caso? Para una planilla de un millón de colones el aumento se estima que sería de únicamente 3000 colones [1]. Con esto cualquier empresa se garantiza que el embarazo de un número cualquiera de sus trabajadoras no afectará sus costos.

CEFEMINA rechaza que con la disculpa de proteger los derechos de las mujeres se quiera debilitar la CCSS.

Denunciamos que el Presidente de la CCSS en lugar de defender la institución se apresure a proteger los intereses de las empresas.

Exigimos que se modifique la ley para distribuir el aporte patronal a las licencias de maternidad entre todas las empresas.

Centro Feminista de Información y Acción

CEFEMINA

17 de Julio de 2007

[1] Estimación realizada a partir dato en Martínez, Juliana y Castro, Mauricio “El financiamiento de la maternidad en el trabajo. ¿Cómo eliminar el efecto boomerang y expandir los logros alcanzados? Documento elaborado para el foro sobre Financiamiento de la Maternidad en el Trabajo, San José, 2001.

La Asociación Nacional de Empleados del Sector Público y Privado (ANEP) solicitó a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público un incremento salarial para los burócratas de 6,38%.

Dicho porcentaje toma en consideración el 4,65% con que cerró la inflación acumulada en el primer semestre de este año, más una deuda económica con dicho sector que tiene la presente administración, que es de 1,73%.

Sin embargo y dado de que se trataba de una negociación el 5.00 % acordado significó un 1.00% más de lo que pretendía el gobierno.

A continuación el acuerdo firmado por los representantes sindicales con los del gobierno.

En ARCHIVOS ADJUNTOS copia del acuerdo original firmado.
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ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA REVISIÓN SALARIAL DEL II PERIODO 2007

ACUERDO 1
Se acuerda realizar un incremento salarial para los servidores públicos del Gobierno Central de un 5.00 % a la base, retroactivo al 1° de julio del 2007, el cual se pagará en la primera quincena de setiembre del año en curso. La Autoridad Presupuestaria según su proceder administrativo y técnico, hará extensiva a las instituciones que corresponda las resoluciones que respecto de las disposiciones del presente Acuerdo, emita la Dirección General de Servicio Civil. Asimismo, autorizará el aumento anterior para las instituciones cubiertas por su ámbito.

ACUERDO 2
Asimismo, se acuerda que para los futuros incrementos salariales el Poder Ejecutivo reconocerá, la inflación acumulada y conocida del semestre anterior al momento de la fijación, llámese- según sea el caso de enero a junio y de julio a diciembre de cada año. Para aplicar esta metodología de incrementos salariales con relación a la inflación acumulada, se utilizará el índice de Precios al Consumidor (IPC) dados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los futuros ajustes se aplicarán en la segunda quincena de los meses de Enero y Julio, de cada año respectivamente.

ACUERDO 3
El Poder Ejecutivo convocará y apoyará en el periodo de sesiones extraordinarias del mes de agosto del 2007, en la Asamblea Legislativa la modificación al artículo 5 de la Ley de Salarios do la Administración Pública, a fin de hacer realidad el rompimiento del tope de 30 Anualidades.

ACUERDO 4
El Poder Ejecutivo se compromete a más tardar al mes de diciembre del 2007 a presentar una propuesta técnica respecto al estudio de revaloración salarial de los Profesionales del Gobierno Central, a efectos de procurar cerrar las brechas salariales existentes dentro del Sector Público.

ACUERDO 5
Se acuerda que las subcomisiones constituidas según acta de reunión del 6 de junio del 2007, continúen analizando y estudiando los temas que han venido desarrollando a lo interno de las subcomisiones. Para ello se reunirán mensualmente en la fecha que cada una determine. Las conclusiones de esos estudios serán presentados a la Comisión de Negociación de la Política Salarial del Sector Público, para que analice, defina y decida sobre dichos estudios.

ACUERDO 6
Se acuerda que el incremento establecido en el acuerdo I se aplicará a los pensionados y pensionadas con cargo al presupuesto nacional, de acuerdo con lo que establezcan las leyes correspondientes para cada régimen.

ACUERDO 7
Se acuerda mantener el 8,19% sobre el salario total por concepto de salario escolar, el cual será cancelado en la segunda quincena de! mes de Enero, siguiendo las regulaciones existentes.

En fe lo de anterior firmamos a las 16:00 horas del día 9 de agosto del 2007.

EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO:
Guillermo Matamoros Carvajal, Viceministro de Trabajo.
José Luis A raya Alpízar, Viceministro de Hacienda
José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil

EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO
Rodrigo Aguilar Arce
José Antonio Barquero Mora
Edgar Morales Quesada
Edgar Durán Delgado
Xiomara Rojas Sánchez
Luis Serrano Estrada

Krissia Morris Gray
kmorris@ prensalibre.co.cr

La Asociación Nacional de Empleados del Sector Público y Privado (ANEP) le solicitará a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público un incremento salarial para los burócratas de 6,38%.

Dicho porcentaje toma en consideración el 4,65% con que cerró la inflación acumulada en el primer semestre de este año, más una deuda económica con dicho sector que tiene la presente administración, que es de 1,73%.

Así lo explicó Edgar Morales Quesada, secretaria general de la ANEP, quien manifestó que no están dispuestos a aceptar un porcentaje en el que solo se reconozca la inflación, debido a que irá en contra de los bolsillos de los trabajadores.

Dentro de la propuesta que presentarán ante la Comisión Negociadora de Salarios del sector Público, solicitarán que la Dirección General de Servicio Civil proceda al ajuste técnico de homologación salarial de los empleados que menos ganan en el sector público con sus similares en el sector privado.

“No aceptaremos solo un reconocimiento de la inflación, el Gobierno deberá pagar la deuda salarial existente, que en lo que llevamos de la administración Arias Sánchez es de 1,73%. Deben reconocer dicho porcentaje para poder llegar a la negociación del primer semestre de 2008 con una deuda cero”, afirmó Morales.

Reiteró que la riqueza nacional debe ser distribuida de manera equitativa, al tiempo que la política que debe aplicar la administración es la salarios crecientes.

Otro de los aspectos que solicitarán es que para el primer periodo de sesiones extraordinarias sea convocado el proyecto que busca el rompimiento del tope de anualidades de los empleados del sector público, que en la actualidad está en 30 años.

Al mismo tiempo plantearán un ajuste de anualidades, pues mientras que existen sectores que se les reconoce un 5% existen otros que es del 1,9%.

Morales señaló que también se le pedirá a la instancia resolver el problema salarial de los trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que pese a habérseles aprobado en su momento un reajuste salarial del 9,81%, tras 36 días de huelga, todavía están ganando menos que sus homólogos en otras instancias.

Dijo que lo mismo ocurre con los trabajadores del Consejo Nacional de la Producción (CNP).

También exigirán que se proceda a dar los recursos económicos respectivos para que se pueda dar el mejoramiento salarial de los trabajadores del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y de los que laboran en el sistema penitenciario.

“Fernando Berrocal, ministro de Seguridad había dicho que a los trabajadores de ese ministerio les iba a mejorar los salarios en un 10%, pero nosotros consideramos que debe ser mínimo un 15%, sin contar el aumento que se dará para el segundo semestre, pero también debe mejorar los salarios de los empleados penitenciarios que están ganando menos que los de Seguridad Pública. Nosotros nos presentaremos ante la Comisión y exigiremos cada uno de los puntos establecidos”.

Fuente: La Prensa Libre