Categoría: Documentos de estudio

Hoy la Costa Rica políticamente consciente y crítica se duele con amargura del resultado de las elecciones. El triunfo aplastante de las derechas y del oscurantismo religioso; los tristes resultados obtenidos por el PAC; la manifiesta imposibilidad del Frente Amplio para posicionarse como una fuerza política de peso nacional. Y, sin embargo, nada de esto debería sorprender. Es algo que estaba escrito en el devenir político del período posterior al referendo de octubre 2007. De nada sirve hoy llorar sobre la leche derramada. La realidad está ahí y tan solo queda una cosa: enfrentarla de la mejor forma posible.

Es obligatorio trascender las lamentaciones. Ojalá podamos también superar algunas trabas en nuestra forma de razonar que tiende a limitar gravemente nuestra capacidad para la crítica racional. Me refiero, entre otras, a la tendencia –tan usual en las izquierdas al razonamiento principista y abstracto (que deviene agudamente descalificante por parte de algunos sectores), como también el refugiarse en tesis conspirativas que tienen un efecto tranquilizante –justo porque ofrecen una respuesta simple, geométrica y lineal pero que son engañosas pues tan solo enmascaran las complejidades de la realidad entre manos.

Esas son trampas metodológicas que, sugiero, debemos evitar. Lo acontecido este 7 de febrero debería ser asumido como una lección y un aprendizaje a partir de lo cual volver a construir. Pero, a su vez, ello demanda un esfuerzo por analizar la realidad con auténtico sentido crítico, es decir, sin concesiones ni maquillajes, incluyendo una buena dosis de autocrítica. He ahí, a su vez, una postura epistemológica que deberíamos observar con meticulosidad.

Propongo, para empezar, un recuento de hechos. Seguramente no será completo. Refleja, además, énfasis que me son propios, y que no necesariamente otras personas comparten. También hay de por medio un esfuerzo de interpretación que es debatible. Pero, a fin de cuentas, justo de eso se trata: hay que empezar por debatir y analizar lo acontecido y hacerlo sobre bases críticas y racionales. Si no somos capaces de tal cosa, tampoco lograremos aclarar estas tinieblas que hoy nos rodean y difícilmente podremos generar en el futuro respuestas mejores que las muy lamentables que hemos visto emerger durante el reciente proceso electoral.

Parto de una premisa que me parece muy básica, y que intento sustentar a lo largo de este artículo: la de que, más que un triunfo de las derechas, esta ha sido una derrota auto infligida del progresismo político nacional. En adelante, hablaré de progresismo considerando que es un término más amplio que podría incluir a quienes prefieren autodenominarse de centro

He aquí ese recuento que les propongo:

En perspectiva, el desenlace en las elecciones de 2006 y en el referendo de 2007, daban para pensar en la existencia de una importante fuerza política de oposición al neoliberalismo, que, a lo más, solo en parte era de izquierda, la cual tendía a confluir alrededor de ciertas tesis progresistas básicas. La significación que esa fuerza alcanzó, se realza a la luz de las condiciones tan desventajosas bajo las cuales se enfrentaron ambos procesos –en especial el del referendo-, más aún al considerar las irregularidades que en ambos casos se dieron.

El PAC y Solís atrajeron hacia sí el respaldo de esa fuerza socio-política progresista en las elecciones de 2006, pero no necesariamente porque se percibiese que ese partido representaba satisfactoriamente sus aspiraciones. En realidad, el PAC ha sido como al modo de un mínimo común denominador que, ante la amenaza neoliberal –y en especial la amenaza del arismo-, terminaba por ganarse adherencias que, de otra forma, habrían buscado un destino diferente. Creo que el comportamiento electoral observado ratifica tal cosa: el porcentaje de quienes se reconocen a sí mismos como seguidores o militantes del PAC resulta ser, consistentemente, tan solo una fracción de quienes finalmente votan por el PAC, siendo notable el hecho de que este partido crece justo en las últimas semanas y día antes de las elecciones. Es en ese momento cuando, no teniendo otra salida atractiva a mano, el progresismo nacional se moviliza y activa a favor de la única opción que –aunque limitadamente asume y representa algunas de sus aspiraciones y preocupaciones fundamentales.

El proceso del referendo sobre el TLC tuvo características muy distintas de las propias de un torneo electoral. Superó ampliamente los límites de lo partidario y dio lugar a novísimas formas de organización y participación. Nunca como entonces el progresismo nacional debatió y disintió con respeto, dialogó en búsqueda de acuerdos y trabajó y cooperó construyendo alternativas organizacionales y nuevas formulaciones ideológicas. Es indudablemente cierto que el TLC introducía un factor coagulante –quizá irrepetible que facilitaba establecer acuerdos. Pero también es verdad que en el proceso creció y se diversificó un tejido organizacional que, en principio, podría haber sobrevivido –al menos en una parte significativa más allá de la coyuntura TLC.

La derrota en el referendo provocó desmoralización y retraimiento y, por lo tanto, ocasionó una desmovilización relativa. También alimentó algunos de los comportamientos autodestructivos que, bajo ciertas circunstancias, tienden a aflorar en el progresismo nacional, sobre todo en algunos de los segmentos situados más a la izquierda, en este caso en la forma de una andanada de ácidas recriminaciones. A fin de cuentas, falló el debate racional en procura de dilucidar las causas de lo acontecido, y arrestos para, entonces, enfrentar la realidad generando respuestas novedosas. Eso es lo que no deberíamos dejar que se repita con motivo del lamentable resultado electoral que en este momento tenemos entre manos.

La posibilidad de construir una amplia unidad socio-política de oposición al neoliberalismo aportaba el criterio fundamental desde el cual construir esas nuevas respuestas. Esa unidad debía tratar de aprovechar los tejidos organizacionales y las redes de cooperación construidas durante la lucha contra el TLC y, a la vez, debía aportar la fuerza impulsora que permitiera, no solamente mantener vivas tales potencias organizacionales, sino insuflarles nueva vida, nuevas motivaciones y energías.

En los meses –y finalmente años posteriores al referendo, esa posibilidad fue malograda de forma lamentable, conforme reiterábamos –aquí y allá errores de la más variada naturaleza.

En sentido cronológico, un primer error surgió de algunos sectores de las bases ciudadanas organizadas, que se mostraban reacios a reconocer cualquier liderazgo que proviniera de los partidos. No hablo de los grupos que sustentan un rechazo radical al mecanismo electoral y convocan a no votar, sino que me refiero a grupos que sí aceptan como válida la participación electoral, pero en los cuales tendió a prevalecer un criterio democratista a ultranza que perdía de vista lo que, a mi juicio, es una exigencia insoslayable de la realidad: que los grandes problemas colectivos en una sociedad compleja como la de la Costa Rica actual, no pueden ser resueltos desde asambleas u organizaciones ciudadanas autónomas, cuando, en realidad, ello requiere de una articulación sistémica que trascienda lo local o sectorial, siendo ella la razón –creo que muy básica en virtud de la cual, los partidos siguen siendo un instrumento necesario (y solo eso, por cierto: un instrumento, ya que jamás deberían ser un fin en sí mismos). Lo anterior no niega que, en su nivel, la organización ciudadana autónoma constituya un instrumento muy poderoso de participación y construcción democrática.

Este criterio democratista tuvo también otra manifestación, distinta pero relacionada con la mencionada en el párrafo anterior: la de negarse a razonar en una perspectiva que incluyera las elecciones 2010. Entonces, el incorporar esto último dio lugar a que algunos sectores descalificaban tales propuestas como electoralistas. En realidad, me parece, 2010 debió haber sido observado y trabajado como una meta importante dentro de un camino de más largo alcance, que deseablemente debía moverse más allá –incluso mucho más allá de ese específico proceso electoral.

Un segundo error –pero de efectos, creo, muchísimo más importantes, realmente decisivos*vino de la negativa que desde un principio emitió el PAC en relación con cualquier posible diálogo conducente a la construcción de alguna unidad socio-política suficientemente amplia e inclusiva. En la etapa pos-referendo, y con miras al proceso electoral de 2010 (y, ojalá, más allá de este), se hacía inevitable que los partidos asumieran un liderazgo. Debían hacerlo, aún si, como he indicado, algunos sectores de la ciudadanía organizada se mostraban reacios a tal posibilidad. Debía ser un liderazgo muy democrático, respetuoso y dialógico, tal cual lo demandaban las extraordinarias experiencias de construcción organizativa y participación ciudadana gestadas durante la coyuntura de la lucha contra el TLC.

Pero, insisto, no veo quién ni cómo podía sustituir ese liderazgo, si este no era asumido por los propios partidos. Pero, entonces, el papel del PAC devenía ahí crucial: por razones obvias, ningún otro partido podía asumir la responsabilidad de convocar y conducir los necesarios procesos de diálogo. Porque, insoslayablemente, la convocatoria debía construirse como una invitación al diálogo. En primera instancia, el PAC debería haber convocado a ese diálogo a los demás partidos, incluso a los que no tenían representación parlamentaria, para, una vez construido un liderazgo político-partidario sólido y unificado, convocar a procesos más amplios de diálogo con la ciudadanía. La historia, sin embargo, es bien conocida: el PAC declinó asumir ese liderazgo.

Esto último generó un enorme vacío y propició que creciera la confusión y, con el tiempo, la fragmentación. En ese contexto surgieron múltiples iniciativas, en su mayoría desde organizaciones civiles. Aquí, sin embargo, emergió y se reiteró otro error: la prevalencia –al menos en algunos sectores de una tesis maximalista según la cual la unidad o alianza debía construirse exclusivamente con base en convenciones abiertas donde, sin restricciones de ningún tipo, debían elegirse todas las candidaturas: desde regidores hasta la presidencia.

Subrayo que, en general, esta propuesta reflejaba una noble inquietud democrática. Sin embargo, me parece que, a poco andar, fue mostrándose como una opción muy poco realista, y ello por una multitud de razones: desde el hecho de que no se estaban tomando en cuenta adecuadamente algunos intereses –en general perfectamente legítimos*de los partidos, hasta razones operativas y logísticas, atinentes a los plazos y recursos disponibles. Emergía aquí de nuevo una visión democratista que, no obstante sus buenas intenciones y honestidad, resultaba inapropiada frente a los problemas que la realidad planteaba. Esto complicó gravemente el establecimiento de acuerdos básicos, al menos entre aquellos sectores que, fuera del PAC, intentaban construir alguna alianza.

Así, con el pasar de los meses, y conforme se cerraban los canales de entendimiento entre los partidos, la gente que se había conjuntado y organizado contra el TLC tendió a disgregarse según el partido de sus preferencias. El proceso se agudizó cuando el PAC se negó incluso a considerar la posibilidad de construir alianzas cantonales. Muchas otras personas políticamente activas, que no tenía una adscripción partidaria específica, se sintieron defraudadas ante la incapacidad de los partidos para construir un liderazgo que convocara y aglutinara. Ello provocó mayor alejamiento y agudizó la dispersión.

Este proceso de descomposición simplemente ratificaba –por negación la importancia del liderazgo que debió haber sido ejercido por los partidos y, en especial, por el PAC. En ausencia de tal liderazgo, las fuerzas disgregantes se desataron libremente.

Luego, y para terminar de profundizar este proceso de descomposición, el PAC tomó una decisión que, de alguna manera, vino a ser la cereza sobre el pastel: buscó afanosamente romper la alianza –la cual se había profundizado considerablemente durante la coyuntura TLC con los sectores de izquierda y centro izquierda. Procuró, entonces, posicionarse en una suerte de centro derecha. Quizá haya sido ese un intento por reconciliarse con sectores de la oligarquía, devenidos acérrimos enemigos del PAC.

Quizá haya sido la respuesta generada a partir de un diagnóstico equivocado, según el cual para ganarse el electorado era preciso mostrarse “moderado” y lejano de las izquierdas. No se tomó en cuenta que esas izquierdas, en sus múltiples expresiones, dieron un aporte sustantivo al movimiento contra el TLC, sin el cual este difícilmente hubiese alcanzado la fuerza –y la convocatoria electoral que llegó a lograr. El caso es que ello profundizó el extrañamiento y lejanía respecto de sectores del progresismo nacional, de los cuales el PAC necesita para una más eficaz movilización electoral.

Otros partidos no lo hicieron mucho mejor que el PAC. El Frente Amplio fue capaz de ofrecer notables –incluso excelentes*candidatos y candidatas a las diputaciones, pero tendió a quedar atrapado en un voluntarismo simplista, que le hacía imaginar una realidad maleable y le infundía un cierto aire redentorista, en vez de asumir con criticidad las terribles limitaciones dentro de las cuales debía moverse. Haber entendido esto último quizá hubiera propiciado establecer oportunamente procesos más amplios de diálogo y entendimiento, que trascendieran las coaliciones cantonales que –justo es reconocer fueron promovidas activamente por el FA.

De tal forma, el progresismo nacional entra al proceso electoral habiendo dilapidado el acervo organizacional que le diera una fuerza impresionante en la lucha contra el TLC. Aquellos tejidos sociales y redes organizacionales estaban en jirones y lo poco que aún quedaba, terminó de ser desbaratado con el transcurrir de los primeros meses de la campaña electoral, en la cual el PAC jamás logró tener iniciativa. La coalición PAC-Alianza Patriótica-PIN, firmada en enero, como la lluvia de adhesiones de personalidades muy notables recibidas por el PAC en los últimos días previos a las elecciones, simplemente venían a ratificar la enorme confusión que incubó y condujo al desastre. Se creyó que de esa forma, y como por ensalmo, podía sustituirse la base organizacional y la movilización ciudadana destruidas.

Lo demás es una historia bastante trillada. Quizá la única sorpresa -muy relativa la dio el impacto provocado por la agresivísima campaña libertaria. Lo demás no tenía un gramo de novedad: los millones dilapidados por los partidos oligárquicos; la estupidez como marca distintiva de su campaña; el boicot sistemático de los medios; la irresponsabilidad, ligereza y arrogancia del Tribunal de Elecciones; la maquinaria clientelar. Ni siquiera la operación de asfixia financiera que los bancos aplicaron resulta sorprendente ¿No son estos, acaso, los tiempos de la tiranía en democracia? ¿O es que alguien podría ser tan iluso para pensar que el neoliberalismo se la querría poner fácil a sus opositores?

Quedan pendientes muchas preguntas, algunas de las cuales se relacionan directamente con el PAC: ¿Es el suyo un problema subsanable o nace estructuralmente de su misma base y concepción partidaria? ¿Podría el PAC ser en el futuro el eje sobre el cual construir una amplia alianza social y política progresista, o ha de intentarse tal cosa –algo bien difícil sin contar con este partido?

Podemos especular sobre posibles respuestas. De momento, diré que me parece que lo que ocurra en los próximos meses dentro de ese partido, podría ser decisivo para ir avizorando cuál podría ser su papel en el futuro.

La oligarquía neoliberal soñaba con aplastar a sus opositores y, por esta vez, lo logró. Pero esto es menos un triunfo del neoliberalismo que una derrota de la oposición progresista. No fueron sus aciertos, sino principalmente nuestros errores. Entender tal cosa podría marcar una diferencia sustantiva si en verdad aún abrigamos la esperanza de construir un futuro distinto.

Ejemplo: el terremoto de Haití, de magnitud 7,0 en la escala de Richter, ha ocasionado más de cien mil muertos, mientras que el de Honshu (Japón), de idéntica fuerza (7,1), acaecido hace seis meses, apenas provocó un muerto y un herido.

“Los países más pobres y los que tienen problemas de gobernabilidad están más expuestos a riesgos que los otros”, confirma un reciente informe de la ONU (1). En una misma ciudad, el impacto humano de una calamidad puede ser muy distinto según las características de los barrios. En Puerto Príncipe, el seísmo se ensañó con las desvencijadas barriadas populares del centro. En cambio, los distritos privilegiados de la burguesía mulata comerciante apenas padecieron estragos.

Tampoco son iguales los pobres ante la adversidad. La Federación Internacional de la Cruz Roja sostiene que, en caso de desastre, “las mujeres, los discapacitados, los ancianos y las minorías étnicas o religiosas, víctimas habituales de la discriminación, son más castigados que los demás” (2).

Por otra parte, aunque un país no sea rico, si se dota de una política eficaz de prevención de catástrofes puede salvar muchas vidas. En agosto de 2008, el ciclón Gustav , el más violento de los últimos cincuenta años, azotó el Caribe con vientos de 340 kilómetros por hora. En Haití mató a 66 personas. Sin embargo, en Cuba no causó ninguna víctima mortal…

¿Es Haití un país pobre? En verdad, no hay países pobres; sólo existen “países empobrecidos”. No es lo mismo. En el último tercio del siglo XVIII, Haití era la Perla de las Antillas y producía el 60% del café y el 75% del azúcar que se consumía en Europa. Pero, de su gran riqueza sólo se beneficiaban unos 50.000 colonos blancos, y no los 500.000 esclavos negros que la producían.

Invocando los nobles ideales de la Revolución Francesa, esos esclavos se sublevaron en 1791 al mando de Toussaint Louverture, el Espartaco negro . La guerra duró trece años. Napoleón envíó una expedición de 43.000 veteranos. Triunfaron los insurrectos. Fue la primera guerra racial anticolonial y la única rebelión de esclavos que desembocó en un Estado soberano.

El 1 de enero de 1804, se proclamó la independencia. Sonó como un aldabonazo en el continente americano. Los esclavos negros demostraban que, por su propia lucha, sin la ayuda de nadie, podían conquistar la libertad. Afro-América emergía en la escena política internacional.

Pero el “mal ejemplo” de Haití así lo calificó el Presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson aterrorizó a las potencias que seguían practicando la esclavitud. No se le perdonó. Y nadie reconoció, ni ayudó a la nueva república negra, pesadilla del colonialismo blanco. Aún hoy, el viejo terror no ha desaparecido. Pat Robertson, telepredicador estadounidense, ¿no acaba acaso de afirmar: “Miles de hatianos han muerto en el seísmo porque los esclavos de Haití hicieron un pacto con el diablo para obtener su libertad” (3)?

El nuevo Estado independiente fue boicoteado durante decenios con la idea de “recluir la peste” en ese país. Haití cayó en guerras civiles que arrasaron su territorio. Se perdió la necesaria etapa de construcción de un Estado-nación. Institucionalmente, a pesar de la gran calidad de sus numerosos intelectuales, el país quedó estancado.

Después vino el tiempo de la ocupación por Estados Unidos que duró de 1915 a 1934. Y de la guerra de resistencia. El héroe de la rebelión, Charlemagne Péralte, fue crucificado por los marines , clavado en la puerta de una iglesia… Washington acabó por ceder Haití a nuevos dictadores, entre ellos: Papa DocDuvalier, uno de los más despóticos.

En los años 1970, aún gozaba Haití de soberanía alimentaria, sus agricultores producían el 90% de los alimentos que consumía la población. Pero el Plan Reagan-Bush, impuesto por Washington, obligó a suprimir los aranceles sobre la importación de arroz, producto básico del cultivo local. El arroz estadounidense, más barato porque estaba subvencionado, inundó el mercado local y arruinó a miles de campesinos que emigraron en masa a la capital, donde el seísmo los ha atrapado…
La única experiencia de gobierno realmente democrático, fue la de Jean-Bertrand Aristide, dos veces Presidente (1994-1996 y 2001-2004). Pero sus propios errores y la presión de Washington lo empujaron al exilio. Desde entonces, de hecho, Haití se halla bajo tutela de la ONU y de un conglomerado de ONGs internacionales. El Gobierno de René Préval ha sido sistemáticamente privado de medios de acción. Por eso resulta absurdo reprocharle su inoperancia ante los efectos del seísmo. Hace tiempo que el sector público fue desmantelado y sus principales actividades transferidas, si eran rentables, al sector privado, o a las ONGs cuando no lo eran. Antes de convertirse en el Ground Zero del planeta, Haití ya era el primer caso de “colonialismo humanitario”. La tragedia reforzará la dependencia. Y por consiguiente las resistencias. El “capitalismo de choque”, descrito por Naomi Klein, hallará una nueva ocasión de reclamar en nombre de la eficacia la privatización integral de todas las actividades económicas y comerciales ligadas a la reconstrucción.

Estados Unidos está en primera línea, con sus Fuerzas Armadas desplegadas en una ofensiva humanitaria de gran envergadura. Resultado sin duda de un generoso deseo de socorrer. Pero también de indiscutibles intereses geopolíticos. Washington prefiere invadir Haití de ayuda que ver invadidas sus costas por decenas de miles de boat people haitianos. En el fondo, se trata de la misma vieja obsesión: “recluir la peste”…

Notas:
(1) Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para un mañana más seguro , Naciones Unidas, Nueva York, mayo de 2009.
(2) Informe Mundial sobre los desastres 2009 , Cruz Roja Internacional, Ginebra, julio de 2009.
(3) Christian Broadcasting Network, 14 de enero de 2010.

10 de febrero de 2010

ALAI AMLATINA. Los síntomas son bien conocidos: debatir hasta el cansancio si lo que se está haciendo tiene sentido, si debe continuarse el mismo camino o torcer el rumbo en alguna dirección que permita encontrar soluciones a los males y malestares que se perciben. En efecto, tanto el seminario “10 años después” realizado en Porto Alegre, como el Foro Temático, con sede en Salvador, dedicaron buena parte de su tiempo a constatar la pérdida de vitalidad de un movimiento que pretendió ser la alternativa a la globalización neoliberal.

Este año, el Foro Social Mundial no contó con un evento central sino que realizó actividades en una veintena de ciudades de diferentes partes del mundo, entre ellas las dos capitales estatales brasileñas. La opción por la descentralización es un indicador de que los grandes eventos de decenas de miles de personas jugaron un papel importante en su momento, a comienzos de la década, pero en esta etapa no tendría sentido repetirlos ya que, según se pudo constatar en las últimas ediciones, el formato se fue desgastando.

El evento de Porto Alegre, a partir del 25 de enero, consistió en un conjunto de debates entre intelectuales y miembros de ONGs, con escasa participación de los movimientos sociales que son, en los hechos, la razón de ser del Foro. Por cierto, no era la intención de los organizadores apostar por la masividad que arrastró a más de 150 mil personas en las ediciones anteriores, pero los debates atrajeron ahora a menos del diez por ciento del anterior pico de participación.

En Salvador, por el contrario, en el Foro Temático realizado entre el 29 y el 31 de enero, la presencia de los movimientos era esperada con cierta expectativa. La opción por descentralizar el evento, con mesas de debates en hoteles de la ciudad y las actividades de los movimientos relegadas al recinto de la Universidad Católica, tuvo un efecto negativo para la participación social. A diferencia de lo que sucedía en Porto Alegre años atrás, cuando la ciudad giraba por unos días en torno al Foro, en la capital de Bahía la gente no se enteró del evento altermundialista.

Buscando nuevos rumbos

El viraje en la situación política mundial y en América Latina, parece estar en la base de un cierto desconcierto que se plasma en la aparición de propuestas notoriamente divergentes. En las primeras ediciones de los Foros, se registraba un fuerte ascenso del conservadurismo comandado por George W Bush, a caballo de las invasiones a Irak y Afganistán. En este continente, se estaban estrenando los gobiernos del cambio y se registraba aún una oleada de movilización social que desembarcó con sus múltiples colores en los eventos multitudinarios de Porto Alegre.

La crisis mundial, el ascenso de Barack Obama a la Casa Blanca, el otoño de los gobiernos progresistas y de izquierda de la región y la creciente desmovilización social, pautan una coyuntura bien distinta. El tono de la Carta de Bahía, documento final aprobado por una asamblea de movimientos, delata el nuevo clima. La declaración enfatiza en el rechazo a “la presencia de bases extranjeras en el continente sudamericano”, la defensa de la soberanía y de los grandes yacimientos de petróleo descubiertos en el litoral brasileño.

La Carta hace una defensa cerrada del gobierno de Lula. “En Brasil, muchos avances fueron conquistados por el pueblo durante los siete años del gobierno Lula”. Menciona que aún falta realizar reformas estructurales, pero llama a apoyar a los diversos oficialismos “en este período de embate político que se aproxima”, en clara alusión a los procesos electorales venideros.

En este punto, aparecen fuertes divergencias. El Movimiento Sin Tierra, muy crítico con Lula por no haber hecho la reforma agraria prometida, no movilizó sus bases hacia el Foro como en ocasiones anteriores. En Salvador, el movimiento más potente es el de los Sin Techo, que en diferentes talleres mostró claras distancias tanto con el gobierno federal como con el estatal, comandado por el petista Jacques Wagner.

La distancia, social antes que política, entre movimientos y gobiernos fue una de las características del Foro de Salvador. Uno de los “intercambios” con los movimientos se realizó en un hotel de cinco estrellas, con la participación del gobernador Wagner, el ministro de Desarrollo Social Patrus Ananias y el Secretario Especial para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Samuel Pinheiro. No era ese el mejor ambiente para movimientos de base que, como los de Salvador, están integrados en su inmensa mayoría por negros pobres que viven en favelas, que son sistemáticamente rechazados en esos espacios.

En la visita que realizamos a tres ocupaciones urbanas de los Sin Techo, pudimos comprobar que las bases de esos movimientos no tenían la menor idea de lo que sucedía en el centro de la ciudad, ni mostraban intención de asistir cuando se les informaba que debían registrarse en otro hotel, también de cinco estrellas, ubicado en el corazón elitista de la ciudad racista. Si alguna vez los foros fueron un genuino encuentro de movimientos sociales, en los hechos se convirtieron en encuentros de elites, intelectuales, miembros de ONGs y representantes de organizaciones sociales.

En palabras de Eric Toussaint, miembro del Consejo Internacional del FSM, un dato central es que el encuentro “fue patrocinado por Petrobrás, Caixa, Banco do Brasil, Itaipú Binacional y con fuerte presencia de gobiernos”. O sea, grandes multinacionales que están también en el encuentro empresarial de Davos, donde Lula fue proclamado “estadista global”. En su opinión, el núcleo histórico de fundadores del Foro, donde tienen especial presencia brasileños vinculados al gobierno, son los más reacios a buscar otros formatos, que “se apoyen en fuerzas militantes voluntarias y se alojen en casas de activistas”.

Cuestión de Estado

En cuanto al formato, las propuestas son muy variadas. El portugués Boaventura de Sousa Santos, cree que el Foro fracasó en Europa, Asia y África al no haber conseguido “conquistar la imaginación de los movimientos sociales y los líderes políticos” como sucedió en América Latina. Cree que el FSM debería haber acudido con una posición propia a la cumbre de Copenhague y que el próximo encuentro, a realizarse en Dakar (Senegal), deberá “promover algunas acciones colectivas” en la dirección de buscar “una nueva articulación entre partidos y movimientos”.

Toussaint va más lejos y aspira a que los movimientos recojan la propuesta lanzada por Hugo Chávez de crear una Quinta Internacional, que sería un “instrumento de convergencia para la acción y para la elaboración de un modelo alternativo”. En el otro extremo, el sociólogo brasileño Emir Sader cree que el Foro ya fracasó porque al no estrechar vínculos con los gobiernos progresistas, “quedó girando en el vacío”.

Dos temas siguen estando en el centro de los debates, como estas posturas manifiestan: la relación entre gobiernos y movimientos y el grado de centralización y de organización que debe dotarse el Foro. Hay quienes, como Toussaint, defienden un modelo tradicional, que se resume en “un frente permanente de partidos, movimientos sociales y redes internacionales”, porque es la mejor forma de impulsar la movilización.

Cree, por añadidura, que el golpe de Estado en Honduelas se consolidó porque la movilización “fue totalmente insuficiente”.

De Sousa Santos echa más leña al fuego al abordar el otro tema en debate. Sostiene que “ahora existe un novísimo movimiento social que es el propio Estado”. Defiende su tesis señalando que si al Estado se lo deja librado a su lógica, “es capturado por la burocracia y por los intereses económicos dominantes”. Pero si los movimientos, que siempre han trabajado por fuera de los estados, lo toman en cuenta como “un recurso importante”, ese Estado “puede ser apropiado por las clases populares como está ocurriendo en el continente latinoamericano”.

En su comunicación al seminario_ “10 años después”_, Immanuel Wallerstein presentó una perspectiva que incluye una variante más, estirando las diferencias entre los militantes. Sostuvo que los impactos mayores de la crisis vendrán en los próximos cinco años, con un posible default de la deuda de los Estados Unidos, la caída del dólar y la aparición de regímenes autoritarios, incluyendo algunos países de América Latina, y la creciente demonización de Obama en Estados Unidos. Cree que se están formando varios bloques geopolíticos que excluyen a Washington: Europa Occidental-Rusia; China-Japón-Corea del Sur; Sudamérica liderada por Brasil.

En ese escenario, opina que en las dos próximas décadas la izquierda social y la política irán percibiendo que_ “la cuestión central no es poner fin al capitalismo, sino organizar un sistema que lo suceda”_. En ese lapso, la confrontación entre derechas e izquierdas, cuyas fuerzas se han expandido a todo el mundo, será inevitable, pero no será una batalla entre estados sino “entre las fuerzas sociales mundiales”. Y cree, además, que a las izquierdas y a los movimientos “les falta una visión estratégica de medio plazo”. Esto último se ha mostrado enteramente cierto, por lo menos en el último Foro Social Mundial.

[Publicado por ALAI AMLATINA, el 05/02/2010]

– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lanza un fuerte y vehemente llamado a toda la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo formal como la que está desempleada y/o en la informalidad trabajando por cuenta propia, para que este domingo 7 de febrero acuda masivamente a las urnas y deposite el voto crítico y más consciente de las últimas décadas.

La ANEP insta a la clase trabajadora para que en la soledad de la urna y en medio de la alta majestad del sagrado acto del sufragio, a la hora de votar este domingo 7 de febrero, tenga presente los siguientes 7 aspectos:

1) El más grave problema nacional es la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad. La violencia social y criminal y la inseguridad ciudadana responden a la disminución de oportunidades para miles de compatriotas y debido al crecimiento sostenido de la pobreza.

2) La carga tributaria del país, proporcionalmente hablando, descansa sobre las espaldas del pueblo trabajador asalariado, particularmente la golpeada clase media sufre altísimos niveles de endeudamiento por esa injusticia tributaria galopante.

3) La evasión fiscal es abusiva y atenta contra la estabilidad social y contra los servicios públicos de cobertura universal.

4) Las políticas económicas de los últimos tiempos han golpeado duramente el poder adquisitivo de los salarios, llevando gran congoja, estrechez, incertidumbre e infelicidad a miles de hogares de familias trabajadoras asalariadas.

5) A una de cada tres personas trabajadoras asalariadas ni siquiera se le paga el salario mínimo de ley, el cual, ya de por sí, es insuficiente para enfrentar el altísimo costo de la vida y totalmente indigno para un nivel de calidad de vida relativamente decoroso; negándosele a estos miles de personas trabajadoras el derecho constitucional de libre sindicalización.

6) Un tercio de la niñez costarricense está sumido en un ambiente de carencias, miseria y de exclusión social. Un millón de costarricenses vive en la pobreza.

7) El grupo político-económico dominante en los últimos gobiernos ha venido promoviendo escandalosos negocios privados con los servicios públicos, atentándose seriamente contra la institucionalidad democrática basada en la promoción del bien común.

Por tanto, la ANEP insta a todas las personas electoras, especialmente a quienes integran la clase trabajadora costarricense (en su amplia concepción), para que consideren los anteriores elementos a la hora de decidir su voto presidencial, su voto diputadil y su voto municipal.

San José, viernes 5 de febrero de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

La Corporación Latinobarómetro, basada en Santiago de Chile, publica todos los años un informe resumiendo sus investigaciones comparativas sobre el estado de la opinión pública en dieciocho países de América Latina y el Caribe.[1] Para estupefacción del lector el Informe 2009 se abre, en su página 3, con una cita que dice textualmente lo siguiente: “En el año 2009, América Latina sufre por primera vez un golpe de estado después de 31 años, desde que se inaugurara la democracia en lo que ha sido llamado ‘la tercera ola de democracia’ ”.

¡El primer golpe en 31 años! Esta increíble afirmación no es tan sólo un notable error historiográfico sino un síntoma de algo mucho más profundo, revelador de las insanables limitaciones de la concepción teórica y metodológica hegemónica en las ciencias sociales de nuestros días, de inspiración anglosajona. Las páginas que siguen tienen por objeto traer a la memoria lo que el saber convencional aparta convenientemente a un lado. En este caso, los golpes de estado. A los efectos de corregir tan distorsionada visión de la realidad política regional ofrecemos a continuación un breve racconto sobre los golpes de estado que se perpetraron en América Latina y el Caribe en estos últimos 31 años.

11 de Abril del 2002: golpe de estado en la República Bolivariana de Venezuela

Luego de que se mintiera a la población anunciando que Chávez había renunciado (cosa que también se hizo en el caso de Mel Zelaya durante el golpe hondureño), siendo que, en verdad, aquél se rehusó valerosamente a firmar la carta de renuncia que los golpistas le habían preparado, se convocó de urgencia a una reunión en el Palacio de Miraflores para ungir como presidente de Venezuela al líder de la organización empresarial Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga (alias “Pedro el Breve”). Allí se procedió a dar lectura al Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, nombre tan pomposo como mendaz con el que se pretendía disimular al golpe de estado presentándolo como una rutinaria sucesión institucional ante la misteriosa ausencia del primer mandatario. Ese despótico engendro, pergeñado por los inmaculados custodios de la democracia venezolana y aplaudido por Bush, Aznar y compañía, ponía en manos del efímero usurpador amplísimos poderes que no demoró en llevar a la práctica: de un plumazo Carmona derogó la constitución bolivariana, disolvió al Poder Legislativo y destituyó a todos los diputados a la Asamblea Nacional, suspendió a los magistrados del Poder Judicial, al Fiscal General, al Contralor y al Defensor del Pueblo y concentró la suma del poder público en sus manos.

Una vez que fuera leído tan ignominioso documento se invitó a los concurrentes a refrendar el triunfal retorno a la democracia. Entre los firmantes sobresalen los nombres –hundidos para siempre en irredimible deshonor- del Cardenal Ignacio Velasco, santo varón que para desgracia de los cristianos presidía los destinos de la Iglesia Católica en Venezuela; Carlos Fernández, vicepresidente de Fedecámaras; Miguel Angel Capriles, en representación de los medios de comunicación privados (que engañaron a la población desinformando sistemáticamente lo que estaba ocurriendo, con total impunidad); José Curiel, secretario del la democracia cristiana venezolana (COPEI); Manuel Rosales, por ese entonces Alcalde de Maracaibo (prófugo de la justicia acusado de numerosos delitos de fraudes y estafas, amparado y protegido en estos días por el gobierno de Alan García en el Perú); Julio Brazson, presidente de Consecomercio; Ignacio Salvatierra, presidente de la Asociación Bancaria; Luis Henrique Ball, presidente del Consejo Empresarial Venezuela-Estados Unidos; el general retirado Guaicaipuro Lameda, ex presidente de Pdvsa. Luego de la firma se procedió a tomar juramento a Carmona Estanga, dándose así por constituido el nuevo gobierno robustecido por el pleno respaldo de la “sociedad civil”, supuestamente congregada en la sede del gobierno venezolano y representada por ilustres personeros como los arriba nombrados.

Es decir, allí hubo un golpe_ “con todas las de la ley”_ que, tiempo después y con Chávez ya repuesto en el Palacio Miraflores, fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia en una insólita decisión en la que se señalaba que Carmona Estanga había asumido el cargo debido a que en Venezuela se había producido un_ “vacío de poder”._ Claro que esta curiosa teoría tenía un efecto práctico nada desdeñable: gracias a ella se eximía a los implicados de ser procesados por su participación en el golpe de estado, su impunidad consagrada gracias a una sentencia emitida por el más alto tribunal de justicia del país. Por otra parte, si la palabra “golpe” no apareció en el discurso político de esos días fue por otras dos muy convenientes razones. Primero, porque siempre y en todo lugar los golpistas rehúsan a reconocerse como tales, como violadores de la legalidad institucional y la legitimidad política: prefieren autocalificarse como “gobiernos provisorios” surgidos de la necesidad de restaurar un orden supuestamente destruido (o amenazado) por un líder demagógico o por la movilización popular. En la Argentina de 1955 el golpe de estado que acabó con el gobierno de Juan D. Perón se autoidentificó como “Revolución Libertadora”; por su parte, la dictadura genocida de 1976 se refería a sí misma con el pomposo nombre de “Proceso de Reorganización Nacional.” En otros casos, los golpes se ocultan bajo nobles y patrióticas consignas como “Gobierno de Reconciliación Nacional”, “Gobierno de Salvación Nacional” u otras por el estilo. En segundo lugar, porque si se caracterizaba a lo ocurrido como un golpe se erigía un serio obstáculo para lograr el reconocimiento internacional del nuevo gobierno, debido al repudio generalizado que los golpes de estado suscitan en las nuevas democracias latinoamericanas y, en menor medida, al peso que había adquirido en nuestra región la Carta Democrática Interamericana. O sea, se optó por montar una farsa (como luego se haría en el caso hondureño) al hablar de un “gobierno de transición” o un_ “interinato”_, eufemismos utilizados para no llamar al golpe de estado por su verdadero nombre.

De hecho, esta tergiversación semántica facilitó que el nuevo gobierno fuese inmediatamente reconocido por George W. Bush y José María Aznar, dos personajes que, parafraseando a George Bernard Shaw, tienen tanta relación con la democracia como la música militar con la música. No sólo eso: apenas producido el golpe el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, señaló que la causa de la crisis era la polarización política y la conflictividad social inducida por las políticas de Chávez y que en las semanas previas al golpe funcionarios estadounidenses se habían reunido con Pedro Carmona (_“el empresario que sucedió a Chávez”,_ según la tramposa caracterización de Fleischer) y con numerosos conspiradores civiles y militares para conversar sobre este asunto. El colofón de todas estas artimañas se conoció el mismo 12 de Abril, apenas unas horas luego de concretado el golpe, cuando Bush y Aznar dieron a conocer una insólita declaración conjunta en la que sostenían que_ “los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo”_. Ambos mandatarios además manifestaban “su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas” a la vez que expresaban “su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela y su deseo de que la excepcional situación que experimenta ese país conduzca en el plazo más breve a la plena normalización democrática”. Es más, poco antes de que Carmona prestara juramento, la Presidencia española de la Unión Europea anteponiendo sus afinidades con los golpistas a los principios democráticos de los que la Unión Europea se reclama fiel representante emitió una declaración oficial en la que_ “manifiesta su confianza en el gobierno de transición en cuanto al respeto de los valores e instituciones democráticos, con el fin de superar la crisis actual”_.[2] Este autor, asesor parlamentario de Izquierda Unida en España, también asegura que Madrid y Washington habían reconocido que sus representantes en Caracas mantuvieron contacto continuo y una estrecha coordinación en los días previos y durante el golpe. El 13 de abril, el embajador de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, junto al embajador de Estados Unidos, Charles S. Schapiro, acudieron juntos para entrevistarse personalmente con el presidente del así llamado “gobierno provisional” después que éste disolviera la Asamblea y avasallara la Constitución. Fueron los únicos diplomáticos que se entrevistaron con Carmona, avalando sin tapujos todo lo actuado por los golpistas.

El golpe ahora desaparecido de la vista de los lectores del Informe Latinobarómetro 2009 no sólo contó con el apoyo de Estados Unidos y España. También obtuvo la aprobación de algunos otros gobiernos: Colombia, presidido entonces por Andrés Pastrana, y El Salvador, por Francisco Flores. El golpe se produjo mientras tenía lugar en San José, Costa Rica, la XVI Cumbre del Grupo de Río. Los presidentes allí reunidos consensuaron una tibia declaración en donde se condenaba la “interrupción del orden constitucional” (falaz argumento que años después utilizaría la Secretaria de Estado Hillary Clinton para referirse a lo ocurrido en Honduras) cuidándose con esmero de emplear la expresión “golpe de estado”.

Si no se esperaba otra cosa de Bush y Aznar, la desagradable sorpresa la produjo la reacción del gobierno chileno ante los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Venezuela. El presidente Ricardo Lagos declaró en San José que “lamentamos profundamente los hechos de violencia y la pérdida de vidas humanas. Instamos también a la normalización de la institucionalidad democrática, pero al no tener el cuadro completo de situación le pedimos a la OEA que sea la encargada de hacer una evaluación del asunto”, al paso que agregaba que “tal como se ven las cosas hasta el momento “sería apresurado hacer declaraciones concluyentes”. [3] Pero la Canciller chilena, Soledad Alvear, de rancia prosapia demócrata cristiana, vio las cosas de otra manera y atolondradamente emitió un venenoso comunicado que, siguiendo puntualmente la línea establecida por la Casa Blanca, acusaba de los hechos de violencia y alteración de la institucionalidad al depuesto presidente Hugo Chávez. De este modo, el supuesto “gobierno modelo” de las transiciones democráticas de América Latina reprendía a la víctima y se alineaba claramente con el victimario. El vergonzoso mensaje de Alvear –¡jamás repudiado o desautorizado por Lagos!- decía textualmente que “el gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática con un alto costo de vidas humanas y de heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”.

En otras palabras, la cancillería chilena culpaba al gobierno de Chávez de violar la institucionalidad democrática y cargaba las tintas sobre un pasaje de la declaración del Grupo de Río que condenaba la “interrupción del orden institucional en Venezuela generada por un proceso de polarización”, proceso que se atribuía exclusivamente al gobierno bolivariano. El propio Lagos declaró, todavía en San José, que “se condena el hecho porque hubo una interrupción del orden constitucional. Ese es un hecho. Pero, por otra parte, nos parece muy importante la capacidad que tengamos de colaborar con las nuevas autoridades para salir adelante”, una manera muy sutil de reconocer a los golpistas. Y ese era el otro hecho: el golpe de estado. Pero de ese hecho Lagos no habló. Obediente a ese llamado a la colaboración formulado por su presidente, el embajador de Chile en Venezuela, Marcos Álvarez, no se demoró en hacer explícito su respaldo a los golpistas destacando que “el nuevo Presidente tiene una excelente relación con Chile”. En línea con las declaraciones de sus superiores se negó a calificar a la destitución de Chávez como un golpe de estado. Apenas unas horas después del arresto de Chávez dijo textualmente a varios medios de su país que “aquí no se ha hablado de golpe de estado. No lo ha habido (…) Hoy me asombra la tranquilidad y civilidad de este pueblo empapado de democracia durante 40 años. Las democracias, sabemos, también son imperfectas, pero son democracias al fin y al cabo”. Tiempo después Santiago procuraba despegarse de los dichos de su embajador y le solicitaría a Álvarez su renuncia al cargo. Pero el daño ya estaba hecho. [4]

Cabe preguntarse: ¿por qué los redactores de Latinobarómetro pasaron por alto un golpe de estado como el que efímeramente triunfara en Venezuela? No tenemos elementos para dar una respuesta definitiva aunque sí podemos arriesgar una conjetura, que es la siguiente: porque en la visión ofuscada e ideológicamente sesgada del pensamiento convencional de las ciencias sociales, pensamiento al cual adhieren los redactores del Informe, en Venezuela no hubo un golpe de estado sino una breve escaramuza institucional que fue resuelta en 48 horas. Claro que esta opción no es inocente porque al interpretar las cosas de esta manera se vela el accionar de la derecha, los golpistas, y la coalición reaccionaria que no vaciló en engañar al pueblo, asesinar a inocentes en la masacre de Puente Llaguno y quedar a un paso de producir un magnicidio, con las imprevisibles consecuencias que esto podría haber acarreado para la sociedad venezolana. Se oculta también un hecho que la historia confirma una y otra vez: que si la democracia logró consolidarse fue siempre y en todas partes a pesar de la oposición –a veces pacífica pero en muchos casos violenta- de la burguesía y la derecha política. Y que cuando aquella amenaza desbordar los muy estrechos límites de la democracia burguesa aún la derecha “más institucional y legalista” caracterización que con harta ingenuidad se le atribuía a la derecha chilena a comienzos de los años setentas no vacila en arrojar por la borda todos sus escrúpulos y apuesta todas sus cartas a la recomposición violenta del orden amenazado. Tal como Marx lo apuntara en un célebre pasaje de El 18 Brumario de Luis Bonaparte , la burguesía siempre preferirá “un final con terror al terror sin fin” materializado en el constante avance de los plebeyos y la amenaza a sus riquezas y privilegios. Esa fue la opción de la derecha chilena (incluyendo, obviamente, a la hipócritamente centrista y legalista Democracia Cristiana) el 11 de Septiembre de 1973 y esa fue también la opción de la derecha venezolana el 11 de Abril del 2002. Sólo que en este último caso la reacción popular le quebró la mano a los golpistas. Cosas como estas no pueden ser dejadas de lado en ningún análisis riguroso sobre la vida política de nuestros países. En estos casos, el silencio tiene un insoportable olor a complicidad.

La larga saga del golpismo latinoamericano

Pero, ¿fue el que se produjo en la República Bolivariana de Venezuela el único golpe que ignoraron los redactores del informe? Un breve recuento, sumario in extremis, indica que no. Que en realidad en los últimos 31 años hubo varios más.[5] Entre ellos, sobresalen los siguientes, también olvidados, y que apenas mencionaremos aquí.

El Salvador 1979

El 15 de Octubre de 1979 se produce el golpe de estado que depone al gobierno conservador del general Carlos Humberto Romero e instala una autotitulada Junta Revolucionaria de Gobierno. La creciente represión del depuesto presidente no lograba contener el impresionante crecimiento de la protesta social que a falta de canales institucionales de expresión se inclinaba cada vez con mayor decisión hacia la lucha armada, engrosando los cuadros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ante ello la respuesta oficial fue intensificar las operaciones represivas y dar rienda suelta a los paramilitares de la ultraderecha. Esto produjo el estallido de una guerra civil que se prolongaría entre 1980 y 1992 y que enfrentaría a las fuerzas armadas salvadoreñas con el FMLN hasta que, ante la imposibilidad de que alguna de las dos partes pudiera triunfar, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec en Enero de 1992. En los meses iniciales de la guerra civil se produjo el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ultimado mientras celebraba misa por un comando paramilitar de ultraderecha. Cabe señalar que el proceso político salvadoreño estuvo fuertemente influenciado por lo que estaba ocurriendo en otros países del área, muy especialmente Nicaragua, donde la prolongada lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional acababa de derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Julio de 1979.

Bolivia 1978, 1979, 1980

El 24 de Noviembre de 1978 un golpe de estado comandado por el general David Padilla derrocó al también general Juan Pereda Asbún. El golpe declaraba su intención de democratizar la vida política del país convocando a elecciones generales, mismas que se efectuaron en Julio de 1979 consagrando el triunfo de Hernán Siles Zuazo. Dados los antecedentes del candidato y su gestión presidencial en 1956-1960 en la fase final de la Revolución Boliviana de 1952, tanto Estados Unidos como las dictaduras del Cono Sur presionaron fuertemente para evitar que el Congreso lo designara como presidente dado que en las elecciones no había alcanzado la mayoría absoluta de los votos. Ante la imposibilidad de lograr una mayoría parlamentaria que lo instalara en el Palacio Quemado el Congreso optó por designar provisoriamente a Walter Guevara Arce con el mandato de convocar a nuevas elecciones presidenciales en 1980.

No obstante, el 1º de Noviembre de 1979 un sangriento golpe militar que dejó por lo menos un centenar de muertos y más de treinta personas desaparecidas derrocó al gobierno. No obstante, la enconada resistencia popular hizo que el jefe de los golpistas, Alberto Natusch Busch, tuviera que presentar su renuncia un par de semanas después, ocasión en la que el Congreso designó como presidenta interina a Lidia Gueiler, fijándose además la fecha de la próxima elección presidencial el 29 de Junio de 1980. Realizadas las elecciones, luego de un fracasado intento de asesinar a Siles Zuazo mediante la voladura del pequeño avión que debía transportarlo durante su campaña electoral, el resultado de la misma lo consagró una vez más como ganador. Esto precipitó un nuevo golpe de estado, perpetrado el 17 de Julio de 1980, liderado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez, dos políticos estrechamente vinculados al narcotráfico y a la dictadura militar argentina. El régimen encabezado por García Meza hizo del terrorismo de estado su principal instrumento de gobierno, dejando un luctuoso saldo de víctimas en todo el país. Acosado por las grandes movilizaciones populares debió ceder el poder el 4 de Agosto de 1981, abriéndose un período de transición que culminaría el 10 de Octubre de 1982 con la asunción de Hernán Siles Zuazo a la presidencia de la república, reconociéndose como válido el resultado de los comicios que tuvieran lugar en 1980.

Paraguay 1989

Un golpe de estado perpetrado el 3 de Febrero de 1989 bajo el liderazgo del general Andrés Rodríguez puso fin a la dictadura del general Alfredo Stroessner que había gobernado durante 34 años con mano férrea y haciendo gala de un rabioso anticomunismo que le valió el constante apoyo de Washington. Entre las principales medidas tomadas por Rodríguez se cuentan la legalización de los partidos de oposición (antes el único reconocido legalmente era el Partido Colorado), el encarcelamiento y posterior exilio de Stroessner, la abolición de la pena de muerte y la derogación de la ley marcial, en vigencia durante unos treinta años. Poco tiempo después convocaría a elecciones y su candidatura triunfaría por estrecho margen sobre sus competidores, dando inicio a un proceso de institucionalización democrática que, pese a sus limitaciones, continúa hasta el día de hoy. Las razones profundas que pudieron haber motivado su golpe en contra de quien era no sólo su socio comercial sino también su consuegro son aún desconocidas, pero con el derrocamiento del stroessnismo se abrió una nueva página en la vida política del Paraguay.

Haití 1988, 1990, 1991, 2004

Es bien conocida la inestabilidad que caracteriza la vida política de la primera nación en conquistar su independencia en América Latina y el Caribe. Haití pagó muy cara su osadía: emanciparse del yugo francés y abolir la esclavitud desencadenó una serie de represalias de su antigua metrópolis y sus aliados en el “mundo libre” que convirtieron a una de las más valiosas joyas coloniales del Caribe en el país más pobre del hemisferio occidental.

En Junio de1988, un golpe de estado derrocó a Leslie F. Manigat, quien había triunfado en las primeras elecciones libres del país organizadas una vez concluida la dictadura de Jean-Claude Duvalier. El autor del golpe fue a su vez derrocado por otro golpe, perpetrado por Prosper Avril en Septiembre de ese mismo año. En Marzo de1990 Ertha Pascal-Trouillot es designada presidenta provisional, para ser a su vez derrocada por un golpe en Febrero de 1991. Jean-Bertrand Aristide, que había triunfado en las elecciones es derrocado el 30 de Septiembre de 1991. Exiliado por unos años, regresa en 1994 para concluir su mandato. Re-electo en 2001, un nuevo golpe lo desaloja del poder en 2004.

Conclusión

El pensamiento hegemónico en el mundo de las ciencias sociales idealiza no sólo los procesos económicos al proponer falsas y absurdas teorías sobre el “efecto derrame”, por ejemplo, según la cual en un cierto momento la acrecentada riqueza de los más ricos tropezaría con un límite que haría que proporciones crecientes de aquélla comenzaran a “derramarse hacia abajo” aliviando de este modo la pobreza de los más pobres. El saber convencional también hace lo propio con la política, al postular una concepción igualmente errónea de la democratización que nada tiene que ver con los violentos y complejos procesos que en el mundo real hicieron posible que un reducido grupo de naciones construyeran un estado y una sociedad democráticas.

Entre otras cosas el paradigma hegemónico en la ciencia política convencional persuade a sus cultores que sólo lo que se puede contar cuenta, y que se puede hacer un buen análisis político prescindiendo del estudio de los condicionantes estructurales y el influjo de los factores históricos. Errónea visión que, dado el colonialismo cultural que prevalece en la periferia del imperio, va de la mano con la aceptación acrítica de los presuntos “desarrollos teóricos y metodológicos” procedentes de la academia norteamericana a la vez que rechaza, con similar enjundia, los aportes que el pensamiento crítico ha realizado para el análisis de los grandes temas de la realidad latinoamericana

Esta radical distorsión ocasionada por una teoría que es poco más que la codificación de las ideas dominantes en la sociedad actual que, como Marx y Engels lo señalaran en La Ideología Alemana, son las ideas de la clase dominante ha propiciado la proliferación de visiones idílicas sobre los “avances democráticos” en América Latina y el Caribe, concebidos como una flecha ascendente e irreversible hacia la democracia liberal definida según el ejemplo del bipartidismo norteamericano. Componentes centrales de este modelo democrático son el presuntamente virtuoso “corrimiento hacia el centro” del espectro político y la exaltación de la buena gobernanza entendida, claro está, como la congruencia entre las políticas públicas del estado “democrático” y las preferencias de los amos del mercado. Se comprende que a la luz de estas premisas ideológicas fenómenos como el chavismo o la experiencia gubernativa de Evo Morales y Rafael Correa, para no hablar de la Revolución Cubana, no sean otra cosa que aberrantes desvíos o francos retrocesos del “correcto” rumbo de la historia.

Una concepción como esa no puede sino ignorar los grandes conflictos sociales y la violencia que signaron los progresos democráticos en el mundo desarrollado, conflictos y violencia que también se despliegan en los países de la periferia como producto de la tenaz resistencia que las clases dominantes oponen a las luchas populares por la democracia. Una visión idílica, que concibe a la democracia como el terso despliegue de una voluntad democratizadora al margen de reacciones, restauraciones y contramarchas es decir, al margen de la lucha de clases es igualmente inepta para dar cuenta de las reiteradas tentativas de revertir los avances democráticos, por imperfectos que sean, y para restaurar por la vía autoritaria del golpe de estado un orden predemocrático congruente con los intereses dominantes. [6] Al idealizar a las muy imperfectas “democracias realmente existentes” de la región (repetimos: en su mayoría, plutocracias travestidas) el golpe de Honduras apareció ante los ojos de los redactores del Informe Latinobarómetro 2009 como un insólito rayo caído luego de treinta y un años de cielos serenos. Los golpes de estado en Bolivia, El Salvador, Haití, Paraguay y Venezuela tanto como las turbulentas sucesiones presidenciales experimentadas por varios países fueron ignorados en medio del desaprensivo entusiasmo generado por los avances de lo que Samuel P. Huntington (paradojalmente, uno de los teóricos más enconadamente adversarios de la democracia) denominara la “tercera ola democrática”. Con esas anteojeras teóricas los numerosos golpes de estado de las tres últimas décadas simplemente se invisibilizaron, y los redactores del Informe cayeron víctimas de este engaño.

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Notas:

1] Cf. Informe Latinobarómetro 2009, http://www.latinobarometro.org/

2] José Manuel Fernández , “Sobre la participación de España y de EEUU en el golpe de estado de Venezuela”, en http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Documentacion/Documentos/GolpeParticipEsp.htm

3] Luis Moreiro, “Condenó el Grupo Río la ruptura democrática”, en La Nación (Buenos Aires) Sábado 13 de Abril de 2002.

4] Cf. Sergio Ramírez S., “Plena coincidencia con los golpistas venezolanos”, 22 Abril 2002, en http://www.rodelu.net/ramirez/ramire82.htm

5] Conste que estamos excluyendo de esa caracterización de “golpe de estado” a los recambios presidenciales que tuvieron lugar como consecuencia de grandes movilizaciones populares que se resolvieron al interior de los mecanismos de sucesión institucionalmente establecidos. Casos de De la Rúa, Argentina 2001; Sánchez de Lozada y Mesa, en Bolivia 2003 y 2005; Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, en Ecuador en 1997, 2000 y 2005; Collor de Mello, en Brasil 1992; Carlos Andrés Pérez, Venezuela 1993 y Cubas, en Paraguay 1999 entre otros. Tampoco tomamos en cuenta casos como los del “autogolpe” de Alberto Fujimori, ocurrido el 5 de Abril de 1992 en el Perú. Si tuviéramos que contar todos estos casos la cronología de la inestabilidad política en esta “tercera ola democrática” en América Latina sería mucho más extensa de lo que el saber convencional de la ciencia política está dispuesto a reconocer.

6] Sobre las “democracias realmente existentes” en América Latina ver nuestro Aristóteles en Macondo. Notas sobre el fetichismo democrático en América Latina (Córdoba: Espartaco, 2009) y “La verdad sobre la democracia capitalista”, en Socialist Register en Español (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación y CLACSO, 2006), pp. 45-78. El hilo conductor de estos trabajos es un análisis crítico del uso (y abuso) del término “democracia” para referirse a gobiernos que, salvo contadas excepciones, son apenas oligarquías o plutocracias apenas disimuladas bajo los ropajes exteriores de la democracia.

Esto es parte del “fiasco” que ha sido la concesión de obras y servicios públicos, sostiene el Exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva, quien fue también Director Ejecutivo y Gerente del Banco Interamericano de Desarrollo y Vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración. Junto a un grupo de ciudadanos ha denunciado una “danza de millones, engaños y complacencias” que favorecen a las empresas concesionarias en perjuicio del interés público, sobre todo en el Aeropuerto Juan Santamaría.

Don Rodolfo, ¿realmente son un fiasco o es prejuicio ideológico criticar las concesiones, como dicen en el Gobierno?

La concesión de obras y servicios públicos, en su mayoría, ha sido un fracaso en nuestro medio. Hay razón para preguntar si se justifica la millonada que se está gastando en ellas. Preocupa que, en varios proyectos, los concesionarios han duplicado o triplicado los costos, o han incumplido el contrato, sin recibir por ello sanciones ni multas. Parece que la concesión se ha convertido en un negocio, con la complacencia de los gobiernos. Se impone enderezar el rumbo para que se utilice solo cuando realmente es necesaria y se den costos razonables, con rigurosa protección del interés público y los criterios éticos. La ideologización más bien viene del gobierno, que promueve entregar a concesionarios puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, cárceles, refinería, playas, en perjuicio de instituciones y empresas nacionales, que se están fosilizando al quitarles funciones y presupuesto. Solo faltó dar en concesión la platina del puente del Virilla…
Se aduce que concesionar es la vía para obras que el país no haría por falta de recursos.

La concesión se justifica si vienen empresas al país con capital y con tecnología, pero aquí se ha convertido en moda, aun si existen los recursos. En varios casos los concesionarios no han traído el financiamiento necesario y lo buscan en los bancos locales, haciendo su agosto con nuestros recursos humanos y de capital, sin que tampoco haya aporte tecnológico. Este fallido modelo aumenta nuestra dependencia para que empresas extranjeras nos vengan a hacer proyectos que perfectamente pueden llevar a cabo las instituciones y empresas nacionales, que comienzan a esclerotizarse por falta de utilizarlas. Mientras, perdemos experiencia gerencial y se refuerza el complejo del “no se puede” en que hemos caído de un tiempo para acá, cuando en el pasado nuestros profesionales y empresarios construyeron obras de gran magnitud.

¿Ejemplos?

Aeropuertos: se va a pagar a Alterra $1.100 millones de 2009 a 2026, encima de más de $200 millones que ya recibió por manejar el Santamaría durante los últimos ocho años. El socio mayoritario de Alterra, Bechtel, sacó buena ganancia al pagar Alterra sobreprecios, comisiones, gastos no autorizados, y paralizar las obras cuatro veces mientras que seguía devengando los ingresos del Aeropuerto. Bechtel, muy cercana a la Casa Blanca de GW. Bush, acaba de vender sus acciones a HASDC de Houston y de marcharse muy campante dejando inconclusas las obras y sin pagar multas ni deudas. Mil cien millones de dólares al Gestor que sigue siendo Alterra aunque le cambien nombre es una suma muy elevada por manejar el aeropuerto hasta el 2026, donde se requiere unos $10 millones anuales para operación y mantenimiento, y terminar de construir obras por unos $100 millones que la empresa tenía que haber entregado en 2004.

Por otro lado, el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia fue concesionado imprudentemente por el Gobierno durante 20 años hasta 2029 a un grupo liderado también por HASDC, que solo construirá un modesto edificio estimado inicialmente en $17 millones, pero ya aumentó a $35 millones. Una concesión innecesaria y un inconveniente cuasimonopolio.

Carreteras. Autopistas del Sol, concesionaria española de la vía a Orotina y Caldera que se estimó hace cuatro años en $118 millones, dice haber invertido unos $370 millones y aun no termina, pero ya elevó el costo al triple, tiene pendiente corregir numerosas fallas o no conformidades, incluyendo calidad de materiales y aspectos ambientales, así como controversias sobre los peajes.

La rehabilitación y ampliación de la ruta San José–Aeropuerto-San Ramón, calculada en $150 millones y adjudicada en 2005 a la concesionaria Autopistas del Valle, de la misma empresa española, ni siquiera ha comenzado los trabajos después de cuatro años, y no ha logrado conseguir financiamiento, aunque el Consejo Nacional de Concesiones anuncia que ya se negoció un paquete de $400 millones con el Banco Popular, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, y “solo falta obtener poco más de $100 millones” (La Prensa Libre). Quiere decir que costará entonces en exceso de $500 millones más del triple de lo estimado lo que aumentará los peajes a pagar. Pretenden usar recursos de los bancos nacionales, que nunca fue la idea.

Pero también está la concesión de puertos, que las autoridades proclaman exitosa…

Puerto Caldera fue entregado hace tres años a un gestor colombiano y no se le han hecho las mejoras previstas ni tampoco se ha construido el indispensable muelle granelero, cuyo costo ya lo triplicaron a unos $65 millones. Se quiere entregar también la operación del muelle de Moín a otro gestor privado, pero hay desacuerdo del sindicato y una propuesta de la Cámara de Exportadores para invertir en su lugar unos $80 millones en modernizar las instalaciones y equipos. El Gobierno insiste en que los trabajadores dejen el campo libre para que se otorgue a un operador privado, y les ofrece $137 millones a manera de “indemnización” a los trabajadores. Se les critica por la onerosa convención colectiva vigente que debería renegociarse, pero no se censura a los jerarcas del gobierno que fueron los responsables de aprobarla.

Vea también lo ocurrido con los ferrocarriles. El Incofer licitó en agosto 1997 el manejo de los ferrocarriles nacionales, con las consiguientes inversiones para su modernización. Varias empresas adquirieron el cartel, pero poco después la Contraloría General (CGR) ordenó suspender el proceso, por realizarse con la Ley de Contratación Administrativa y no la de Concesión. Debió el Incofer echar marcha atrás y devolver a las empresas el canon de participación. Apelada la decisión, la Contraloría admitió su error y aceptó, siempre que se hiciera un reglamento con normas y procedimientos que se hizo, pero no había tiempo para otra licitación al entrar un nuevo gobierno en 1998. Las nuevas autoridades decidieron posponerla por dos años para revisar lo hecho, y cuando se licitó en 2000 como “un nuevo proyecto” solo entró una empresa de la India que no incluyó las inversiones y la licitación se declaró desierta. Desde entonces se viene estudiando qué hacer.

El Incofer ha propuesto rehabilitar los ferrocarriles metropolitanos a un costo de unos $100 millones; mientras, el MOPT propone darlos en concesión, que podría costar $350 millones. Para aumentar la confusión, La Nación acaba de denunciar un tráfico de influencias que involucra a funcionarios y a una empresa española que se interesa por el ferrocarril y también por el puerto. No se espera una pronta decisión.

Hay otros casos…

No hay que olvidar la fallida concesión de una cárcel en Guácimo, promovida por la Ministra de Justicia en 2001 y adjudicada a una empresa usamericana en $70 millones. Una prisión “de cinco estrellas” que hubiera consumido casi todo el presupuesto anual del Ministerio para pagar al concesionario, pero hubo de anularse por defectos legales y el Estado debe responder a una demanda de más de $20 millones por daños y perjuicios, planteada por un político abogado de un bufete capitalino.

¿De cuántos millones estamos hablando?

Solo la suma de los montos cuantificados arroja un total de unos $2.800 millones, que a la tasa de cambio actual y sin descontar a valor presente, resulta en unos ¢1,700.000,000.000 (¢1,7 billones). Una alta autoridad consideró que aunque se pague más de lo que valen, “lo importante es que se hagan las obras…”. Lo malo es que tampoco se hacen.

Además del costo exorbitante de estos esquemas, unos financiados con ingresos fiscales como el caso de los aeropuertos, otros con préstamos de los bancos nacionales, como la carretera a San Ramón, y otros con recursos presupuestarios, como es la indemnización a pagar en Moín, en todos los casos se trata de traer empresas extranjeras en detrimento de la acción de instituciones nacionales como el MOPT y las entidades portuarias, que están siendo desmanteladas. Es una política suicida, al aumentar la dependencia del país de las empresas transnacionales, retrocediendo a tiempos ya superados de la United Fruit, de la Northern Railway y de la Electric Bond and Share. Deberíamos aprender la lección del Canal de Panamá, que por un siglo usufructó Estados Unidos como concesión, pero en virtud de un acuerdo político, el 1º enero de 2000 los panameños se hicieron cargo. A pesar de los escépticos que decían que no podrían manejar la operación, ni la seguridad, ni las finanzas del Canal, ya llevan una década haciéndolo satisfactoriamente y reciben el beneficio de sus ingresos, mientras que aquí se trasladan a las empresas extranjeras junto con empleos bien remunerados, y Costa Rica pierde la experiencia empresarial necesaria para que podamos valernos por nuestros propios medios.

Usted ha sido especialmente crítico del manejo del aeropuerto Juan Santamaría…

El caso del aeropuerto es patético, llegando al colmo de extenderle el plazo de contrato a Alterra por cinco años más hasta el 2026, que representan unos $300 millones de ingresos extra al Gestor. Así Alterra se redondea $1.100 millones provenientes de ingresos fiscales del aeropuerto, además de $200 millones que ya recibió y un préstamo bancario de $90 millones que no pagó. Solo en los últimos dos años, mientras tenía paralizadas las obras y no construyó un solo metro cuadrado, Alterra recibió entre $50 y $60 millones, en tanto gastaba en operación y mantenimiento unos $10 millones anuales.

Eso se denunció ante la Contraloría, pero ésta resolvió que el análisis realizado “supone que todos los pagos efectuados al Gestor se encuentran asociados a obras construidas y servicios brindados, todo lo cual se deja bajo la responsabilidad de la Administración”. La credulidad de la CGR asombra al “suponer” tal cosa, ya que ha determinado que Aviación Civil no sigue procedimientos adecuados de fiscalización, y concluye en su Informe que el órgano a cargo “desconoce cuánto dinero se ha invertido en los planes de mantenimiento de la terminal aérea y qué obras realizaron entre enero 2008 y junio 2009” (La Nación 11-09).

Este señalamiento viene a agregarse a lo dicho por la misma CGR en un informe de 2004 respecto al Consejo de Aviación Civil: “Se ha actuado en forma irresponsable, en abierto incumplimiento a órdenes giradas, mediante el uso de subterfugios legales y de recursos infundados, dirigidos a incumplir órdenes del órgano contralor”. Ante la inacción del Gobierno, la CGR reiteró: “El informe establece hechos que podrían ser generadores de tipificación penal”. Nada ocurrió. Sorprende aun más la confianza de la Contraloría en una administración que no ha cumplido sus funciones fiscalizadoras.

Similar acto de fe hace la CGR con el tema de las multas que deberían haberse cobrado por cinco años de atraso de Alterra en concluir las obras. En setiembre 2006 se presentó denuncia de que las multas acumuladas por Alterra ya ascendían a más de $40 millones. Pero nada ocurrió y ahora la Contraloría dictaminó en su oficio DCA-1507: “el cobro de multas es un aspecto de mera responsabilidad del CETAC”.

Es sabido que el Consejo rebajó las multas a una cuarta parte –$9.8 millones-, tal vez por la imposición de los bancos acreedores de Alterra, de que no aceptarían un arreglo si las multas excedían ese monto, a la vez que advertían que, en caso de una resolución anticipada del contrato habría severas repercusiones para futuras inversiones en infraestructura. ¿Cómo puede tener credibilidad Aviación Civil para calcular y cobrar las multas si no ha cumplido con sus obligaciones básicas de fiscalización del Contrato?

Ahora se anuncia que una nueva empresa asumió el manejo del aeropuerto…

No hay tal “nueva empresa”, no se ha dado una cesión del contrato. Lo que hubo fue una simple sustitución del accionista Bechtel por la HASDC de Houston, amadrinada por el Gobierno, que en un nuevo addendum 5 adujo ante la Contraloría que debía dársele “continuidad al servicio” –y por ende al contratista, a pesar de sus incumplimientos y abusos-. Alegaron que “un ente privado presumiblemente es más eficiente y efectivo… cuenta con mayores fortalezas que el operador público al no estar limitado por procedimientos burocráticos y administrativos”. Un curioso argumento “ideológico” ante el desastre del gestor Alterra y su atraso de cinco años, después que el gobierno hizo construir eficientemente la moderna terminal de pasajeros en 2 años (1998-2000).

Recurre además el MOPT a una salida por la tangente que recomendó un “comité técnico” de Aviación Civil, el cual arguyó que si no podía demostrarse un desequilibrio financiero alegado por Alterra, se podría usar la figura de un “mutuo acuerdo entre partes, por causas imprevisibles
y para satisfacer el interés público” –ahí cabe hasta un elefante-. Sobre esa base, y a pesar de que en resolución previa la CGR rechazó un addendum suscrito por el Presidente de la República y su Ministra de Transportes en junio de 2006, porque “la pretensión básica era restituir un equilibrio financiero sustentado en condiciones que nunca formaron parte del Contrato…y aumentaba los ingresos del Gestor más allá de lo previsto”, ahora la CGR compró el argumento del Gobierno, de darle continuidad al servicio y al contrato con Alterra, “para una mejor satisfacción del interés público”, aprobando la ampliación del plazo del contrato por cinco años más –que aumenta los ingresos del Gestor en unos $300 millones- y aceptando la sustitución del accionista mayoritario Bechtel por Houston.

Este fuerte aumento de los ingresos al Gestor –que vino a revertir criterios previos- no se hubiera dado si se decide la resolución del contrato, conforme procedía, pero les tembló la mano y ganaron las presiones de Alterra, de sus empresas asociadas y de sus bancos acreedores.

En definitiva el fallo dado por la gerencia de Contratación Administrativa de la CGR estableció que “más allá de los meros estudios jurídicos y financieros, continuar el Contrato de Gestión Interesada es la vía que mejor satisface el interés público”, fallo no impugnable. Así que habrá Alterra por 17 años más, con otro nombre para despistar, pero manteniendo la mayoría de los encargados que fueron parte de los problemas. No hay un “nuevo Gestor”, como pretenden algunos medios que tratan de confundir, inducidos por la hábil propaganda de Alterra. Como se esperaba, van a tramitar el cambio de nombre (razón social) para tratar de borrar los malos recuerdos que suscita el nombre de Alterra, pero como dice la fábula, “aunque se vista de seda, la mona, mona se queda”.

Una década perdida para Costa Rica en su desarrollo aeroportuario, donde han creado el funesto precedente de que contratistas pueden usar sus conexiones políticas para variar un contrato en su beneficio, sin licitación, y lograr que se les perdonen sus incumplimientos y abusos a base de subterfugios, recursos infundados y complacencias.

Se impone enderezar el rumbo para que las concesiones mantengan costos razonables, prime el interés público y la ética.

Fuente: Página Abierta

En el proceso cabe destacar los siguientes aspectos:

1. La Voluntad Legislativa. El legislador siempre ha tenido voluntad desde la fundación del Parque Manuel Antonio de dotarlo de los recursos para su ”desarrollo y consolidación”, la cual quedó expresada en el artículo tercero de la ley 5100, y en la modificación de ésta en dos oportunidades a través de la leyes 7793 en 1998 y la ley 8133 en el 2001. Estos logros legislativos podrían desaparecer de aprobarse el proyecto de ley expediente Nº 17.211, que está en trámite en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el cual pretende eliminar la Junta Directiva y el Fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio. La intervención oportuna y coordinada de los sectores locales, permitió mantener la Junta; pero sigue existiendo la amenaza sobre los recursos del fideicomiso del PNMA, provenientes de sus ingresos. De aprobarse el texto referido al financiamiento de áreas Protegidas Estatales la totalidad de los ingresos del Parque Nacional Manuel Antonio pasarían a formar parte de un fideicomiso único administrado nuevamente por SINAC a nivel Central.

2. Omisiones del Ejecutivo. La vida del PNMA ha estado caracterizada por omisiones, incumplimientos de las funciones propias y excesos del ejecutivo que han atentado contra su estabilidad, y que han sido resueltas a favor del Parque por la Sala Constitucional. Entre esas omisiones señalamos las siguientes:

a. No se han aplicado los mandatos de ley desde su fundación, relacionados con el destino de los recursos que le corresponden al Parque para su desarrollo, consolidación, operación y establecimiento (artic. 3 de la ley 5100, modificado por el artíc.1 de la ley 8133). Este incumplimiento constitucional, resuelto, en forma parcial, por la Sala IV, en la Sentencia No. 2009-011959 del 01 de julio del 2009, fallo que ordena aportar de inmediato el 50% de los ingresos del PNMA de años anteriores, al Fideicomiso del Parque Nacional Manuel y que deben destinarse al pago de tierras.

b. Decisión ejecutiva de segregar terrenos dentro del PNMA mediante el decreto No.25701 (¿inconstitucional?) de enero de1997; ante este decreto la reacción local y legislativa se plasmó en la Ley 7793, que estableció el Fideicomiso y el posterior desacato a esta ley, que a su vez generó la ley 8133en el 2001.

c. Incumplimiento, entre otras, de funciones propias del ejecutivo, que han propiciado disposiciones de la Sala IV como la del voto 4495-03, que ordena al Ministro de Seguridad: “que de inmediato gestione los trámites necesarios para que brinde al Ministerio de Ambiente y Energía la colaboración que requiere, a efecto de ejecutar coordinadamente el desalojo de las personas que ocupan en precario la Playa El Rey, dentro del Parque Nacional Manuel Antonio.”

3. La Defensa local del Parque. La defensa realizada por los sectores locales y nacionales del PNMA, concretizadas en su Creación y la reacción a diferentes acciones contrarias a la consolidación del mismo; entre las que destacan la segregación de terrenos, la ampliación del PNMA hasta el Portalón, la gestión en primera instancia de la ley 7793 que crea el Fideicomiso y posteriormente de la ley 8133 (que reafirmó el destino de los recursos de ingreso del Parque y creó la Junta Directiva del Parque), así como la intervención firme y decidida en hacer cumplir esta ley en los últimos años, lo que ha permitido el pago del 97% de las tierras, que durante 33 años no habían sido canceladas a sus propietarios. Sin embargo, no se tiene el mismo avance en el desarrollo y operación del parque, como se evidencia a continuación.

4. El crecimiento de la visitación sin inversión. La inversión en infraestructura, logística y recursos humanos, fue casi nula, pese a que el PNMA pasó de una visitación de 20 000 personas en 1980 a 270 000 en el 2008, y que el área continental pasó de 460 has en 1981 hasta cerca de 2100 has en la actualidad, a lo que hay que sumarle 50000 has marinas que prácticamente no se atienden. La falta de inversión llegó al punto crítico con la orden Sanitaria orden sanitaria Nº ARSA-JVC-01-2009 emitida por el Ministerio de Salud, en febrero del 2009.que ordeno solventar, entre otras irregularidades, la contaminación producida por las aguas negras y servidas dentro del Parque
Situación actual y retos:

Producto de la crítica situación y después de múltiples gestiones se están ejecutando ¢160 millones aportados por el Instituto Costarricense de Turismo y se han presupuestado y aprobado ¢700 millones por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), para infraestructura en el Sector de Manuel Antonio, quedando por asumir las necesidades propias del Sector Playa El Rey. Este aporte de MINAET, de ejecutarse, representa un 20% de los recursos que deberían haberse invertido para desarrollo y operación del Parque, desde la aprobación de la ley7793 en 1998.

Queda en la agenda de los diferentes sectores de la sociedad local y nacional, el continuar la lucha por la consolidación y desarrollo del Parque Nacional Manuel Antonio que tantos beneficios ha aportado a la zona y al país en general, y mantener los logros de la ley 5100 y sus reformas, expresión de la voluntad de los legisladores que siempre le dotaron de los recursos para su establecimiento, desarrollo, operación y consolidación.

*Presidente Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio
matteyjo@ costarricense. cr

La revolución democrática y cultural de Bolivia, popular, antiimperialista y latinoamericanista es un proceso de reapropiación del poder por los de abajo: una reapropiación de la capacidad de poder hacer en aras de la vida propia, de la humanidad y la naturaleza, promoviendo la equidad, la justicia y la solidaridad entre los pueblos y entre la humanidad toda. Raizalmente democrática, la revolución boliviana constituye un claro bastión de vida. Esta es su impronta clave. El triunfo reciente reafirma, precisamente, la voluntad colectiva de continuar en su determinación de inventar-construir un nuevo modo de vida, cualidad que definen como la de “vivir bien”.

A diferencia de la clásica concepción capitalista del “bienestar”, centrada en el acceso a bienes materiales y económicos, el “vivir bien” incluye indicadores que parten de la afectividad, el reconocimiento y el prestigio social, expresa el encuentro fraternal entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e identidad cultural. Propone una convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder. Se trata también de vivir en armonía con la naturaleza. Es un “vivir bien” entre nosotros, que es diferente del ‘vivir mejor’ occidental, que es individual, separado de los demás e inclusive a expensas de los demás y de espaldas a la naturaleza.

Tal es, en apretada síntesis, la cosmovisión que los pueblos indígenas incorporaron al gobierno, a través del MAS y el Evo ‑como llaman con orgullo al Presidente sus hermanos y hermanas‑, abriendo un tiempo de oportunidades con una conciencia forjada en años de lucha contra la exclusión, la pobreza, la sumisión y el saqueo, por la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, contra la discriminación racial, por la justicia social, por la identidad, por el reconocimiento y respeto a la diversidad de culturas, contra la dependencia y el sometimiento.

Entre los primeros cambios estructurales fundamentales impulsados con éxito por el gobierno revolucionario se cuentan tres que considero claves para impulsar otros cambios: la nacionalización de los hidrocarburos; la convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente con la aprobación popular de la Nueva Constitución; y la alfabetización universal. Articulado a lo anterior, se ha elaborado un novedoso Plan Nacional de Desarrollo para el período 2006-2010, orientado a poner fin a los “males” sociales heredados, acumulados y presentes. La propuesta, en gran medida ejecutada, es una verdadera obra maestra de la interrelación entre economía, sociedad, política y cultura de nuestros pueblos, y prueba la necesidad de abordar integralmente las soluciones a la exclusión y la pobreza, junto con el desarrollo.

Su éxito radica en que no aceptan ningún “modelo de desarrollo”, y abren las puertas a la creatividad colectiva de los pueblos para construirlo. Es por ello vital la articulación programática integral de las transformaciones políticas y socioeconómicas con los procesos de construcción (re-apropiación) de poder desde abajo por los pueblos, sus organizaciones comunitarias y movimientos sociales.
La construcción del Estado descolonizado y la Nueva Constitución Política del Estado

Una de las apuestas fuertes es la construcción de un Nuevo Estado. Este es concebido como potencia transformadora del cambio, expresión de un nuevo poder surgido de los sectores indígenas, populares, y de todos aquellos sectores sociales marginados y oprimidos durante siglos. Y para que este se realice, se hace necesaria la construcción de una estructura de poder, desde abajo, que haga presentes a todos los pueblos y culturas en las decisiones económicas y políticas del Estado. De ahí la trascendencia de la realización y aprobación de la Asamblea Constituyente. Y consiguientemente, del triunfo electoral de los candidatos del pueblo, Evo y Álvaro, en este 6 de diciembre, hito histórico que marca la profundización de los cambios, re-comenzando el proceso político revolucionario ahora fortalecido con la aplicación de las transformaciones promovidas y estipuladas en la Nueva Constitución, que respalda la participación de todos y todas los bolivianos y bolivianas, y reconoce el legítimo derecho igual de cada pueblo a vivir según sus culturas y tradiciones ancestrales, inter-articulándose en una Bolivia colectiva, plurinacional, intercultural.

El llamado es a todos y todas, sin tapujos ni dudas. La única exclusión es la autoexclusión. Y esta palidece frente a la grandeza de la obra presente y por venir. Todas las energías y saberes son necesarios. Consciente de ello, el proceso profundo y trascendente de la revolución boliviana no olvida ni relega a los sectores medios, sabiéndolos parte de su reserva cultural, y sector social que concentra valiosos recursos humanos. Por razones históricas de fragmentación social e intereses inculcados, su participación colectiva en el proceso revolucionario no es ni será sencilla, y reclama un llamado positivo y convocante. Consiguientemente, el haber logrado una nutrida y creciente presencia y participación activa de los sectores medios en la epopeya colectiva, resulta una conquista política y una gran enseñanza del proceso revolucionario boliviano y su conducción estratégica, para procesos similares del continente.
La construcción estratégica de la conducción colectiva del proceso

La revolución democrático-cultural de Bolivia muestra que los pueblos todos, con sus diferentes identidades y puntos de vista, toman en sus manos la construcción de una nueva civilización humana, cuando confían en sus capacidades y fuerzas para crear y motorizar los cambios. Y esta es otra de las grandes enseñanzas del proceso boliviano: la convergencia de movimientos sociales, con organizaciones de los pueblos indígenas y las de sus comunidades, como sustrato de su constitución, con Gobierno y Estado, dotándose de las herramientas político-sociales para ello: la herramienta político partidaria capaz de intervenir en el ámbito parlamentario-institucional (el MAS), y la fuerza social extraparlamentaria, al decir de István Meszaros, fuerza sociopolítica de liberación, nervio motriz y conducción estratégica, capaz de impulsar el proceso de cambios hacia objetivos mayores. De conjunto conforman el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, fuerza sociopolítica organizada que resulta cada vez más vital en sentido estratégico, y que ‑con sus logros‑, se ha (auto)colocado en la necesidad de crecerse en su protagonismo, avanzando en su conformación del actor político colectivo central, dinamizador y profundizador del proceso revolucionario.

Esta constituye hoy una de las enseñanzas palpables de Bolivia y también uno de sus desafíos mayores, puesto que la interrelación entre los pueblos organizados y su representación institucional presupone tensiones y contradicciones, y estas se mantendrán aun con los avances que, en este sentido, tendrán lugar a partir del presente período gubernamental marcado por la entrada en vigor de la Nueva Constitución. Esto es parte de la larga transición hacia lo nuevo, que se produce desde las entrañas del capital.

Perseverar y crecerse en este empeño, vencer a la reacción interna y al imperialismo multiplica la epopeya de los pueblos del país andino: Conscientes de que el camino se hace al andar, ellos, junto a sus recientemente confirmados gobernantes, persisten, fortalecidos, en sostener y profundizar el rumbo iniciado. Cuentan para ello con la admiración, el apoyo y la solidaridad de los pueblos de nuestra región y del mundo.

“Si todos los trabajadores en este país recibieran su salario mínimo de ley, la pobreza bajaría entre 6 y 7 puntos”. Así piensa el economista de la Universidad Nacional (UNA), Henry Mora, tras analizar las condiciones económicas que atravesó el país este año y las proyecciones para el próximo. Según el análisis hecho por economistas de la UNA, en el país, uno de cada tres empleados no recibe ni siquiera el salario base.

Ese fue señalado por Mora como factor para que los índices de pobreza no se hayan bajado en los últimos años. Más bien, en la última encuesta de hogares se destapó que el 18,5% de la población es pobre, lo cual es el nivel más alto de los últimos 26 años. En 2008, la miseria imperaba en el 17,7% de los hogares.

El Estado de la Nación revela que 588.796 personas (33,5% de los ocupados en el país) percibían menos del salario mínimo vigente, de acuerdo a su función. Mora señaló que ante estos datos, “se hace urgente una política de empleo que vigile el cumplimiento de los derechos laborales y que castigue a los infractores”.

El especialista reconoció que la baja inflación ayudó a que la pobreza no creciera tanto entre 2008 y 2009. El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer que la inflación acumulada hasta el mes de noviembre es de 3%.

“Si los precios de la canasta básica no hubieran sido tan estables durante este año, el efecto de la crisis hubiera sido peor y la pobreza hoy sería mayor” afirmó Mora.

LENTA RECUPERACIÓN

Sobre los efectos de la crisis económica, el economista recordó que el agro, el comercio, la hotelería y el turismo han sido los más golpeados, aunque aseguró que en los próximos meses empezarían a tener “un repunte lento”.

Mora recordó que la generación de empleo bien remunerado es una de las fórmulas para sanear las arcas del Estado, que han venido a menos este año, según los datos de Hacienda, pues se regresó a tener déficit fiscal, es decir, se gasta más plata de la que entra al Gobierno.

Agregó que también es necesario una reforma tributaria para elevar la carga de impuestos.

Fuente: Diario Extra
Marcelino Rivera Salazar
mrivera@ diarioextra. com