¿Quién es la “nueva” derecha?

Pero ahora esta contraofensiva no es una mera reedición voluntariosa de las derechas que conocíamos, sino que se acompaña de novedades que será preciso evaluar.

Los logros que dichas izquierdas obtuvieron desde finales de los años 90 expresaron respuestas populares tanto al deterioro de la situación material y de las expectativas de grandes masas de latinoamericanos, como al correspondiente cambio de su estado de ánimo en el momento de ampliarse sus posibilidades de reacción política. Sin embargo, con los matices propios de sus respectivas circunstancias nacionales, tales éxitos fueron victorias conseguidas específicamente en el campo político, sin que, hasta ahora, esas victorias contaran con las condiciones requeridas para remecer otros planos sociales.

Aún así, estas izquierdas han probado que, hasta el actual nivel del desarrollo e inquietud sociopolítica de sus países y de la región, ellas no solo son capaces de administrar al régimen capitalista mejor que las propias derechas, sino que también pueden hacerlo de formas que han mejorado significativamente las condiciones de vida de millones de latinoamericanos. Aunque, asimismo han mostrado que todavía no pueden remplazar, por esta vía, al régimen existente por otra formación histórica más avanzada1.

La contraofensiva

Si bien en el terreno político el gran capital y sus políticos, partidos y medios de comunicación sufrieron un importante revés en esos países latinoamericanos, los núcleos principales de la derecha conservaron sus instrumentos básicos de actuación, penetración y poder. Pese al inicial desconcierto que hayan padecido en el plano subjetivo, en lo esencial salvaron los instrumentos básicos del sistema político previamente establecido, así como el control de los medios periodísticos más poderosos. Es decir, en estos años las izquierdas vencieron políticamente a las formas tradicionales de las derechas, pero no derrotaron a la derecha como tal.

Al cabo, tras una gradual revisión de estas experiencias, los talentos y medios de comunicación de las derechas, hegemonizados ahora por el capital financiero, decantaron y renovaron sus opciones estratégicas y reactualizaron sus opciones políticas. Desde entonces, su contraofensiva ha venido articulándose tanto en los países donde alguna corriente de la izquierda les ganó elecciones, o estuvo cerca de ganárselas, como también donde eso no ocurrió.

El clima propicio para que esa contraofensiva pueda incidir en las capas sociales subalternas se benefició con el ambiente de confusión ideológico‑cultural que vino tras el reflujo de los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70, el colapso del Campo Socialista y la URSS, la ofensiva neoconservadora y el “pensamiento único” de los 80 y 90, junto con la falta de alternativas políticas que darle a los malestares e inconformidades sociales desatados tras los subsiguientes “reajustes” neoliberales, con sus abusivos y desoladores efectos.

En ese ambiente, la ofensiva político‑cultural de la derecha neoliberal encontró más críticas que contrapropuestas de la izquierda y, por consiguiente, una oportunidad de recoger y abanderar en su provecho parte de los disgustos y frustraciones sociales característicos de aquel período.

A la postre, hemos presenciado una metamorfosis de la derecha que, a su vez, adicionalmente busca inducirle a las izquierdas una metamorfosis paralela, moldeada a la medida del interés estratégico de esa “nueva” derecha.[2]

Para tales propósitos, la participación de agencias oficiales, fundaciones privadas e intereses empresariales de Estados Unidos y de algunos países europeos no se ha ocultado.

Ejemplo ostensible es lo que en Panamá el sarcasmo local llamó “el pacto de la Embajada” cuando, durante la campaña electoral del 2009, la embajadora norteamericana invitó a las personalidades políticas locales a presenciar desde su residencia la toma de posesión del presidente Barack Obama. Durante la velada, mientras los demás invitados miraban la pantalla, sin disimular apariencias los auxiliares de la anfitriona llevaron a la sala contigua a los dos principales contrincantes de derecha, los cuales allí acordaran la alianza que poco después permitiría derrotar al gobernante partido socialdemócrata e instaurar un régimen de “nueva” derecha. Una batería de fotógrafos de prensa, citados de antemano, cubrió esa reunión paralela, sin ocuparse de Obama.

Se articula otro modelo

Al hablar de la emersión de una “nueva” derecha en América Latina no suponemos que ella sea una corriente política e ideológica homogénea en toda esa diversidad de países, ni que la misma exprese un modo de pensar y de actuar que pueda considerarse inédito. En realidad, se trata de un conglomerado donde coinciden múltiples intereses, cuyos objetivos medulares, métodos y discurso tienen antiguos precedentes en la reacción chovinista que en Europa se opuso a aceptar la liberación de las colonias en África y Asia y, de forma más ostensible y reciente, en la versión estadunidense de Revolución Conservadora angloamericana de los años 80.

Las derechas tradicionales latinoamericanas ‑‑como expresión política de las élites socioeconómicas u “oligarquías” asociadas a una hegemonía foránea‑‑ estuvieron íntimamente asociadas a los regímenes de democracia restringida y de dictadura militar que predominaron en los años de la Guerra Fría, en dos sentidos. El primero porque en época de las movilizaciones democráticas, nacionalistas y progresistas de los años 60, tocaron a las puertas de los cuarteles para solicitar la represión e instaurar gobiernos autoritarios. El segundo porque, al amparo de los consiguientes regímenes dictatoriales, no solo salvaron sus antiguos intereses sino que incursionaron en las nuevas oportunidades del capitalismo dependiente, como las del sector servicios, tanto más prometedoras en tiempos de globalización.

No obstante, en los 80 ya era inocultable que las sociedades latinoamericanas ‑‑así como el propio capitalismo‑‑ no solo habían crecido sino que se habían vuelto mucho más diversificadas y complejas, experimentaban nuevas necesidades y demandaban formas de gestión más avanzadas. Como asimismo requerían otro género de gobiernos, capaces de infundir esperanza en las reformas neoliberales, coordinar su aplicación y administrar políticamente su implantación y consecuencias.

Para ello se requerían transiciones controladas dirigidas a constituir regímenes más legitimados y eficientes, con renovados espacios para la distensión social, la circulación de ideas y la innovación. La disyuntiva quedó entre propiciar una democratización dosificada o atenerse a las opciones de desorden o revolución que ya empezaban a incubarse. Eso implicó que la propia élite socioeconómica y sus formas de expresión política también debieron llevar a cabo sus respectivas transiciones a nuevas formas de gobernar. Donde la oligarquía local fue renuente, sus poderosos asociados foráneos debieron intervenir más directamente en la tarea de empujar esa evolución.[3]

En la necesidad de disponer de nuevas alternativas políticas, ese fue un período de “modernización y mundialización política” propicio para las performances de la democracia cristiana. Como asimismo la de partidos y dirigentes tímidamente socialdemócratas, salidos unos de la reconversión de personalidades liberales y otros de la asimilación de ex socialistas reblandecidos por los rigores de la Guerra Fría. A la postre unos y otros ‑‑a veces en remplazo de los antiguos partidos liberales y conservadores‑‑ serían los beneficiarios políticos visibles de los pactos de transición previamente negociados con los altos mandos militares y sus entornos civiles empresariales.[4]

Pero tarde o temprano cualquier transición al final se agota. Los nuevos regímenes de democracia pactada y restringida, casi siempre uncidos sin remedio a la misión de administrar las reformas neoliberales ‑‑las aperturas y privatizaciones, así como la reducción y desmantelamiento de las facultades y los poderes del Estado‑‑, poco más tarde debieron asumir la responsabilidad por las trágicas secuelas sociales y los descontentos que esas reformas precipitaron, y sus altos costos políticos. Regímenes que por un tiempo gozaron de buen nombre y cierta autoridad cívica unos años después fueron desbordados por la inconformidad popular.[5]

Al cierre de ese período, lo que quedó fue una extendida percepción no solo del descalabro económico, sino también del agotamiento del sistema político instaurado tras la “oleada” democrática, incluido el agotamiento de sus partidos y liderazgos más representativos. Se generalizó la tendencia ‑‑igualmente instigada por los grandes medios de comunicación‑‑ a responsabilizar al sistema institucional, a los partidos y estilos políticos, y a los parlamentos, por las consecuencias de la gestión neoliberal: la fragilidad del empleo, la degradación de los servicios y la seguridad sociales, el individualismo insolidario, la corrupción, la inseguridad en las calles, la angustia de las clases medias, etc.
Desde luego, si al Estado se le quitaron las facultades y medios necesarios para regular la economía e intervenir en su curso, eso dio ilimitadas libertades a los inversionistas y especuladores para ampliar los negocios lícitos y también los ilícitos. Con esa liberación de las actividades económicas y financieras también vino su desmoralización, con sus conocidas consecuencias en el campo de la seguridad ciudadana y la seguridad pública.

¿A quién culpar, después, por estos los nuevos males? ¿Qué hacer para acabar con ellos, y de una vez por todas? Para la derecha, los males que ella previamente causó a través de la desregulación ahora deberán remediarse por medio de la “mano dura”. Porque para la crónica desaprensiva o intencionalmente superficial la culpa está en las malas costumbres y los individuos, ya sea porque es más difícil desentrañar las estructuras y procesos sociales o, antes bien, porque se quiere evitar que se las cuestione. Mientras los medios académicos y los líderes de izquierda investigan, explican y comparan opciones y propuestas, a la “nueva” derecha le basta una argumentación más cosmética y expedita, exenta de mayores fatigas intelectuales.

Porque esa derecha viene a salvar el fondo y los afanes del sistema socioeconómico vigente, buscando no apenas preservarlo sino “liberarlo” del fárrago de restricciones que el humanismo, la tradición liberal y las conquistas del movimiento popular le habían impuesto en anteriores tiempos, y reinstaurar las formas de hegemonía y de gestión de clase que más le convienen. Esta derecha busca desnudar la economía capitalista para restablecer las reglas del capitalismo salvaje y viene determinada a tomar un atajo para ejecutar ese propósito sin lastarlo con pudores, antes de que alguien más se adelante a levantar otra alternativa. De allí el estilo macho propio de tal misión reaccionaria, que no acepta perder tiempo en escrúpulos ni disquisiciones.

Con lo cual esa derecha es “nueva” por sus métodos, formas y procedimientos, mientras que sus intenciones y contenidos son más retrógrados que conservadores. Sin viejos disimulos, sus objetivos vienen de época anterior al desarrollismo de tiempos de la postguerra.

Nueva derecha y racismo postmoderno

En la Europa de los años 80, bajo la ofensiva neoconservadora de la premier Margaret Tatcher y el presidente Ronald Reagan ‑‑asociada a su vez a la implantación del neoliberalismo‑‑, algunas de las categorías conceptuales que caracterizaron al quehacer político y cultural de la postguerra cambiaron de preeminencia. Con el impacto de los cambios tecnológicos, los imponderables de la globalización, las crisis económica y sociocultural, el cuestionamiento de los sistemas políticos y de representación, el crecimiento de la inmigración, el miedo al desempleo y a la pérdida del status social, se incrementaron las fobias xenofóbicas y racistas en detrimento de las diversas manifestaciones de la lucha de clases.

Entró en escena una derecha postindustrial que ya no invocaba la tradición fascista, sino que postuló la defensa de la identidad nacional amenazada por la globalización cultural, criticó el desmantelamiento de los beneficios del Estado de Bienestar, reivindicó la preferencia por los connacionales sobre los inmigrantes, y repudió la renuncia a las cuotas de soberanía cedidas en los procesos de integración a asociaciones supranacionales como la OTAN y la Unión Europea.

El rechazo a los inmigrantes encabezó las consignas de los nuevos partidos de extrema derecha. El dilema entre el nacionalismo y el cosmopolitismo, la preferencia por el mestizaje, que desde los años 60 había prevalecido como expresión positiva de la internacionalización de la cultura, en los 80 perdió terreno frente a la opción excluyente que salió a exigir que se erigieran entidades nacionales más cerradas y fuertes.

Como expresión teórica de esa alternativa destacó la llamada Nueva Derecha francesa. Su vocero más notorio, Alain de Benoist, ya en los años 60 había militado en el nacionalismo colonialista que rechazó el diálogo y la paz en la guerra de Argelia. Esta derecha reivindicó que Francia se constituyera en baluarte de la preeminencia europea y defensora de la superioridad del hombre blanco respecto a los pueblos “inferiores”, lo que conllevaba demandar un Estado fuerte, autoritario y corporativo. Pero no lo hizo blandiendo meras consignas, sino procurando sustentar esas ideas como partes de una concepción más abarcadora y sistematizada.

Tras la derrota en Argelia, la derecha tradicional francesa quedó subsumida por el gaullismo. En los años 80 esa Nueva Derecha elaboró una propuesta doctrinal dirigida a devolverle independencia y discurso a ese sector. Como movimiento intelectual “metapolítico”, trabajó al margen de los partidos y desarrolló un corpus doctrinal con el que fundamentar una “verdadera cultura de derecha” el cual, además del tema migratorio, también abarcó otros asuntos polémicos, como los de la irrupción del tercer mundo, el aborto, la revisión crítica del cristianismo, del liberalismo y del marxismo, el cuestionamiento de la Unión Europea y el del imperialismo norteamericano.

Ese movimiento se reconoció influido por la “Revolución Conservadora” alemana de tiempos de la República de Weimar, nutrida por Nietzsche, Mohler, Jünger, Heidegger, Spengler y otros, que en su época rechazó los legados de la Revolución Francesa y del liberalismo decimonónico. Alegó asimismo que el factor cultural ‑‑en particular las creencias y representaciones simbólicas‑‑ es quien condiciona la voluntad y la acción humanas y que, por ende, las ideas dominantes son el eje del devenir de la historia, antes que cualquier otro factor, como la economía.

Ese movimiento también postuló una concepción biológico‑cultural que exaltaba la raíz indoeuropea de dicho “pueblo europeo”, cuya identidad defendió frente a la colonización cultural angloamericana y la penetración de inmigrantes de otras regiones, especialmente del tercer mundo.
Por otra parte, denunció la presunta hipertrofia del igualitarismo y el universalismo derivados del cristianismo y de las ideas del siglo XVIII y emprendió una crítica general de la cultura occidental y la modernidad, en sus aspectos tanto religiosos como seculares, junto con una crítica de la sociedad mercantilista y de consumo.[6]

En los años de la Guerra Fría, Benoist sostuvo que Europa debía resurgir “frente a la dictadura del Gulag y la del Bienestar”. Tras el derrumbe del llamado Campo Socialista, sostuvo que el principal enemigo era el liberalismo atlántico‑americano u “occidental”, así como sus “sucedáneos” la socialdemocracia y el modelo de democracia basado en un consenso pasivo subordinado al egoísmo del interés económico. A la vez, negó que sobre la diversidad de los pueblos pudiera implantarse un modelo único de democracia, y postuló una democracia orgánica que, fundada en la soberanía nacional y popular, no sería antagónica a un poder fuerte porque plasmaría las nociones de autoridad, de selección y de élite.

En ese contexto, Benoist señaló un conjunto de otros problemas contemporáneos. Con la premisa de que hoy por hoy los conocimientos se multiplican aceleradamente sin que el conjunto de sus consecuencias llegue a comprenderse, y que a la par el mundo integrado por conjuntos cerrados es remplazado por uno constituido por redes interconectadas, argumentó que es indispensable revisar las ideas y la institucionalidad vigentes.

En particular, destacó la impotencia de los partidos, los sindicatos, los gobiernos y las demás formas establecidas para la conquista y el ejercicio del poder. A lo que añadió la obsolescencia de los campos y delimitaciones que tradicionalmente habían caracterizado a la modernidad, tales como el caso de la distinción política entre la derecha e la izquierda, que la Nueva Derecha remplazaría.[7]

En el plano moral, Benoist criticó a la sociedad contemporánea que, por demasiado permisiva, propicia la pérdida de los valores morales, y señaló un conjunto de males que afectan a millones de personas, como la inseguridad en las calles, la violencia generalizada, la precariedad de la vida, la “barbarización” de las relaciones sociales y la pérdida de la cultura del respeto, etc.

En contrapartida, abogó por fortalecer la familia y los signos de la identidad nacional, que el pensamiento neoconservador cree fundamentales para recuperar la cohesión y disciplina sociales frente a las amenazas de la multiculturalidad social. Asuntos que, recalcó, exigen un claro establecimiento de las jerarquías, una mayor preeminencia de las obligaciones frente a los derechos y, desde luego, fortalecer la autoridad.

Con la diversidad de matices que caracterice a cada tiempo y circunstancia locales, los postulados de Benoist aún expresan a gran parte de la extrema derecha y, bajo el centelleo de los estilos y recursos actuales, el de la “nueva” derecha.

Antecedente político

Unos años después, a comienzos del siglo XXI era evidente que los principales referentes de la derecha europea ‑‑los De Gaulle, Andreotti, Tatcher, Kohl o Chirac‑‑ aún correspondían al estado de cosas que reinaba cuando esa región se dividía en dos bloques, el Oriental y el Occidental, respectivamente sujetos a las hegemonías soviética y estadunidense8. Mas la perspectiva principal de los europeos había pasado a ser otra: construir una Europa unitaria capaz de congregar un gran espacio económico y político emancipado de la tutela norteamericana.

En su etapa inicial, el motor de las transiciones que permitieron avanzar en el proyecto de la Unión Europea fue la fogosa socialdemocracia de aquel entonces, que todavía no daba signos de abandonar el proyecto social ni la identidad política que históricamente la habían caracterizado, los cuales más tarde perdería ‑‑junto con buena parte de su credibilidad y electores‑‑ tras su conciliar sus propuestas con las del neoliberalismo, bajo el influjo oportunista de la “tercera vía”.

A la sazón, los personajes más encumbrados de la derecha europea eran José María Aznar y Silvio Berlusconi, ninguno capaz de liderar un nuevo proyecto regional para esa vertiente política. Aznar, por su incapacidad para trascender su formación franquista. Berlusconi, por su catadura moral, subordinada a su avidez empresarial. Ambos, aferrados a sus respectivos localismos políticos que, lejos de entender la globalización como una oportunidad a escala europea, se reducían a tomar sus respectivos países como cotos donde fortalecer sus intereses partidistas, con el control y hasta la apropiación de los medios de comunicación y de las empresas por privatizar.[9]

Así las cosas, tras la desaparición de la URSS, los cambios en China y el aceleramiento de la globalización, al acercarse el siglo XXI en Europa la derecha aún carecía de un proyecto y un liderazgo actualizados, mientras que la socialdemocracia ‑‑antes unos que otros‑‑ había iniciado la degradación de su consistencia programática y política, lo que ahora todavía busca cómo remediar. El liderazgo desempeñado por el Gerhard Schroeder de los primeros tiempos y por Leonel Jospin en la construcción del proyecto europeo aún demoraría en ser remplazado por el de los derechistas Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy.

En esa coyuntura, la formación de una “nueva” derecha ajustada a las expectativas posteriores a la Guerra Fría encontró dos posibles vertientes: por un lado la legada por la revolución conservadora que los gobiernos de Reagan y Tatcher impulsaron en los años 80 y, especialmente, los respaldados por los neoconservadores o neocons que en los 90 dominaron ambos períodos de George W. Bush. Por el otro, la versión europea, crítica de la hegemonía angloamericana, sostenida por la Nueva Derecha francesa.

La Revolución Conservadora

En Estados Unidos, la revolución conservadora se empeñó en acabar con los frutos de medio siglo del New Deal de Franklin D. Roosvelt y los de la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson, que constituían el núcleo de las herencias del movimiento liberal estadunidense como, por ejemplo, la política fiscal dirigida a garantizar la adecuación de la demanda social, el esfuerzo por redistribuir el ingreso a favor de los ciudadanos de menores ingresos mediante instrumentos como la seguridad social, y la creciente regulación pública de ciertos sectores estratégicos como el complejo militar‑industrial. Luego de que por varios decenios los estadounidenses habían percibido al Gobierno como un amigo paternal, el mandato de Reagan se inició con el slogan de que “el Gobierno es el problema, no la solución”, y se orientó a un brusco recorte de las facultades y servicios del sector público.

Esa ofensiva conservadora buscó eliminar las políticas de acuerdo social instauradas desde la postguerra, cónsonas con la ampliación de las libertades públicas, los derechos sociales, la orientación keynesiana de la economía y el Estado de Bienestar, que ya eran parte del patrimonio sociocultural de la población. De esta forma, se limitó la participación del Estado en la economía a través de la desregulación y las privatizaciones, se redujeron los impuestos a la minoría más adinerada y se incrementaron los gastos militares.

A la vez, como expresión de una política muy ideologizada, se marginó a los sindicatos y demás organizaciones sociales de la toma de decisiones y se insistió en que sus demandas eran incompatibles con la racionalidad económica y el interés nacional. Quienes no comulgaban con las tesis neoliberales de desregulación de los mercados, eliminación del sector público empresarial y equilibrio presupuestario más allá de los ciclos económicos, fueron sistemáticamente marginados de los medios académicos, servicios de consultoría, organismos multilaterales y grandes medios de comunicación. Al avanzar los años 80, el predominio de esas tesis fue tan asfixiante que se impusieron como pensamiento único.

No obstante, la revolución conservadora al cabo perdió aliento, luego de sumir a Estados Unidos en el mayor déficit fiscal de la historia, generar un aumento exponencial de la desigualdad y la exclusión sociales, y provocar una cadena de crisis financieras que tuvieron crecientes efectos internacionales a consecuencia de la globalización. El desencanto social decidió las siguientes elecciones.

Sin embargo, el regreso al Gobierno de los demócratas estadunidenses y de los laboristas británicos dejó a la vista que la revolución conservadora ya había arraigado en la cultura política de ambos países. Los gobiernos de Tony Blair y Bill Clinton respetaron las tesis básicas del conservadurismo, conformándose con implantar lo que Joaquín Estefanía denominó “un tetcherismo y un reaganismo de rostro humano”[10].

Los neocons

Mientras gobernó el Partido Demócrata, los técnicos norteamericanos de la revolución conservadora permanecieron atrincherados en una amplia diversidad de fundaciones y think tanks financiados por poderosas transnacionales. Y durante ese lapso elaboraron el llamado Proyecto para un nuevo siglo americano, su propuesta doctrinaria para el lanzamiento de una gran ofensiva neoconservadora para el siglo XXI ‑‑de donde les viene el apelativo de neocons‑‑.

Personajes como Cheney, Wolfowitz, Perle, Rumsfeld, Rice, Ashcroft, Kristoll y Kagan, entre otros, como continuadores reciclados del conservadurismo de los años 80, adoptaron a Geoge W. Bush como candidato, fusionaron al “partido de las ideas” con el “partido de los negocios” y contribuyeron denodadamente a derrotar la candidatura demócrata de All Gore. Entendieron su misión como una cruzada destinada a implantar una época conservadora en el plano cultural y moral, a erradicar la concepción laica de la vida ‑‑desde la obligatoriedad del rezo en las escuelas públicas hasta la proscripción de la teoría de Darwin‑‑, a combatir al igualitarismo, el ecologismo, al feminismo y la tolerancia sexual, así como a entronizar la preeminencia de la seguridad sobre las libertades cívicas.

Para imponer esa nueva época, los neocons se figuraron tal cruzada como una contrarrevolución permanente con objetivos de mediano y largo plazos para maximizar sus realizaciones y consolidar su perduración11.
Obsesiones suyas son hacerle frente al debilitamiento de la hegemonía estadunidense y a la decadencia de su concepción de la democracia occidental, para “restaurar” un cuerpo social debidamente ordenado, disciplinado y jerarquizado. De allí su apremio por convertir la percepción de incertidumbre provocada por la globalización y por la crisis en un temor social por la seguridad, en transformar las controversias políticas y socioeconómicas en conflictos etnoculturales y religiosos, en crear y señalar “enemigos” y amenazas que justifican generalizar medidas de excepción, y descalificar a todo crítico y alternativa política.

Su objetivo es barrer las limitaciones dejadas por las pasadas reformas liberales y movimientos cívicos. Manifestaciones suyas son tanto las políticas directamente dirigidas a beneficiar a las grandes corporaciones como la defensa del fundamentalismo cristiano, así como entronizar la noción norteamericana de civilización y democracia occidentales por cualquier medio, incluso el militar. El apogeo de su influencia se desató con el máximo aprovechamiento de la oportunidad que les fue deparada por los brutales atentados del 11 de Septiembre, ocasión que les permitió ampliar su incidencia sobre los mayores medios de comunicación, acotar y retrotraer libertades públicas y derechos ciudadanos, así como desatar las guerras ‑‑más empresariales que punitivas y culturales‑‑ de Irak y de Afganistán.

La “nueva” derecha española

Por su parte, la “nueva” derecha española, en tanto que movimiento, es una mezcla de innovación y conservadurismo, y de agresividad rupturista con apelación a los valores de la época franquista. Su agresividad apabulla las posiciones de la derecha centrista y democristiana aparecidas durante la transición postfranquista, que respetaron la institucionalidad democrática. En contraste, esta derecha no solo llama a quebrar las restricciones que la democratización le impuso a la clase dominante, sino a plasmar la “imagen invertida de la revolución permanente”, dándose el papel de “fuerza ordenadora de un mundo inestable y amenazado, sometido a terrorismos de enorme ubicuidad y fuerzas morales perversas”.[12]

Como cabeza, pues, de una contrarrevolución permanente destinada a restaurar el orden que la transición democrática y la renovación capitalista “corrompieron” en los últimos lustros, esta “nueva” derecha demanda acciones tan extremas como la guerra. Pero ya no contra el terrorismo, la delincuencia y las drogas, sino contra cualquier elemento susceptible de convertirse en “enemigo interno”. Asimismo, reclama instaurar la “autodefensa preventiva”, que implica no solo hacer a un lado el orden jurídico que ampara los derechos ciudadanos, sino entronizar las políticas de excepción y los métodos policiales como pauta de gobierno, sin esperar a que el presunto enemigo cometa los actos que se le presuponen.

Tales argumentos, más que representar un corpus intelectual a la usanza de la Nueva Derecha francesa, exhiben un discurso que reacomoda reminiscencias de la ideología franquista con planteamientos del reaganismo norteamericano de los años 80. Pero coinciden en idéntico afán por desterrar los valores de la Revolución Francesa, el liberalismo y las conquistas de las revoluciones europeas de 1968, a lo que se agregan las obsesiones reaganistas contra la equidad social y etnocultural, el sindicalismo, el feminismo, la tolerancia sexual, el ecologismo y demás conquistas de la democracia avanzada, y contra los pueblos y personas de fe islámica.

Por otra parte, frente a los síntomas de esclerotización y pérdida de eficacia del sistema político establecido, de sus partidos y sus instituciones parlamentarias, así como ante la insensibilidad de los medios de comunicación frente a las nuevas necesidades y demandas sociales, esta derecha procura presentarse a sí misma como una opción antipolítica crítica del sistema establecido y como la opción extrasistémica capaz de cambiarlo. Por consiguiente, pretende ser la nueva vocera y alternativa del olvidado hombre común, de sus miedos y sueños frente a un sistema político insensible y agotado.

De este modo asume un acentuado perfil populista, que constituye una de sus características más notorias. Perfil a su vez reforzado por la sagacidad de la “nueva” derecha para asumir a los medios y las técnicas de comunicación y publicidad masivas como el instrumento político capaz de servirle como alternativa frente a la decadencia de los instrumentos tradicionales de organización y acción político‑electorales. Y, además, de traducirlo en una resuelta disposición para explotar el campo mediático al mejor estilo norteamericano.

En América Latina, la “nueva” derecha se apoya medularmente en este recurso, al que prioriza a cualquier costo, nutriéndolo con las mejores asesorías, tanto norteamericanas como de latinoamericanos formados en la escuela estadunidense de estudio y manipulación de la opinión pública.

Retóricas por realidades

Hoy vivimos ‑‑y se compite políticamente‑‑ en medio de demandas y tensiones sociales más complejas y dinámicas que aquellas en las cuales se fundaron los actuales sistemas de representación y gestión política. Las normas y organizaciones sociopolíticas tradicionales han perdido confianza pública, mientras que los medios de comunicación más poderosos superan la capacidad de los partidos tradicionales para contactar y orientar a una masa plural de fracciones sociales que carecen de otras vías para percibir e interpretar la realidad. En estas circunstancias, el populismo de derecha adopta la industria de la comunicación como vehículo de performance que ‑‑remplazando a la vieja propaganda‑‑ entroniza una retórica destinada a suplantar la realidad, a la vez que alinea a los medios más penetrantes como instrumentos de poder político.

Las retóricas mediáticas se explotan como un sucedáneo que acomoda y remplaza la realidad efectiva para un público económica, social, cultural y demográficamente segmentado, que tiene limitadas posibilidades de percibir y entender al conjunto de la situación, y de compartir sus interpretaciones.

Quien domina los medios está en ventaja para imponer la agenda temática alrededor de la cual se enfoca el interés y el consiguiente debate de la mayor parte de la sociedad, así como para calificar a sus actores y argumentos. El predominio mediático permite destruir o construir reputaciones tanto de ideas y personas como de proyectos y propuestas, lo mismo que tergiversar unas opciones o relegarlas al anonimato o la marginalidad, y de ayudar a que otras puedan prevalecer.

Con ese respaldo, el populismo de derecha puede convertir esa nueva forma de presentar la opción reaccionaria en una alternativa más generalizada y “popular” que la izquierda; sobre todo cuando ésta última no ha sabido renovar y promover sus propuestas a través de lenguajes y métodos más frescos, accesibles y persuasivos.

Como observa Emmanuel Rodríguez13, en esa explotación del modelo que articula dichos moralismo, radicalidad, populismo y estrategia mediática igualmente coinciden tanto los neocons norteamericanos como Silvio Berlusconi. Aparte de que dichos medios de comunicación “normalmente” son propiedad ‑‑o están bajo control‑‑ de intereses social, económica e ideológicamente afines a los patrocinadores de las campañas neoconservadoras, finalmente constituyen un conglomerado capaz de encumbrar la iniciativa neoconservadora por encima de los correspondientes partidos conservadores. En no pocas oportunidades el “estado mayor” del conglomerado mediático ‑‑el “partido” mediático‑‑ le fija la agenda al partido tradicional, invirtiendo los términos entre el manipulador informativo y la organización política que da la cara por él.

Parecidos de familia

Así pues, cabe reconocer un conjunto de características que las diversas modalidades de la “nueva” derecha comparten ‑‑en uno u otro grado‑‑ en Estados Unidos y América Latina. Sin agotar la lista, ni suponer que todos estos rasgos invariablemente deben aparecer en cada uno de los casos, sobresalen los siguientes:

1. La pretensión y el discurso mesiánicos, según los cuales la perduración del orden sociocultural y económico “occidental y cristiano” ‑‑o alguna noción equivalente‑‑ está amenazado por los excesos del legado liberal, la permisividad, la decadencia del sistema político tradicional o las ideas revolucionarias o socialistas, amenazas que hacen necesario anticipar una enérgica cruzada correctiva para restaurar los valores morales tradicionales, reinstaurar el orden, la disciplina y las jerarquías sociales, restablecer la seguridad pública y garantizar el buen gobierno y mejorar la rentabilidad del capital.

Esa intención correctiva, y la demagogia que la proclama, idealizan un orden político y moral históricamente ya pasado, y aspira a retrollevar la sociedad nacional a ese estado anterior, lo que identifica literalmente el propósito retrógrado o reaccionario de ese movimiento, pese a la novedad “revolucionaria” de sus formas y métodos.

2. La invasión del campo clásico de la política por un conspicuo personaje de determinada fracción o grupo de la élite empresarial y de sus operadores directos. Ello se justifica con la presunción de que el estilo de decisión y mando característico de la gestión empresarial es supuestamente superior y que se puede trasplantar sin más a la gestión pública. Esta invasión se excusa en el supuesto de que ese modo de dirigir hará menos deliberativa y más eficaz la administración del Estado, como si los procesos y confrontaciones sociales ‑‑y las opciones para darles solución política‑‑ se pudieran decidir por decreto.

Cuando el liderazgo político, o en su caso el gubernamental, se ejerce por interpuesta persona ‑‑un dirigente que no es gran empresario‑‑, éste asimismo adopta un amaneramiento “ejecutivo”, que también busca descalificar al político profesional como ineficaz y prescindible. Ese manierismo retórico procura sugerir más eficacia pragmática que valores sociopolíticos, con la intención de mostrar a esos “nuevos” líderes y candidatos como si fueran actores dotados de exitosa experiencia empresarial ‑‑o similares a quienes sí la poseen‑‑, esto es, como la oportunidad que el burgués competente le ofrece al país para implantar un nuevo tipo de gestión pública u “otra forma de gobernar”, para decirlo en palabras de Sebastián Piñera.

3. Sin embargo, el grupo económico que abandera la “nueva” derecha no ejerce su poder político para gobernar conforme al interés del conjunto de su clase, sino que conquista el poder público para coaccionar a los demás sectores de la burguesía y subordinarlos a sus intereses de grupo hegemónico, tal como lo hace Ricardo Martinelli. Y de idéntica forma, usa ese poder para castigar y someter a las organizaciones y personalidades representativas de las demás clases o grupos sociopolíticos y neutralizar todo foco de crítica o resistencia. El cumplimiento de estos propósitos no elude apelar sistemáticamente a prácticas como la intimidación, las penalizaciones extrajudiciales y el soborno, que se aplican de formas más o menos selectivas, discretas o públicas según las conveniencias coyunturales del momento en que se ejecuten.

4. Se adopta una retórica y actuación agresivas que introducen en el debate público determinado paquete de advertencias morales y un estilo cesarista y mesiánico, para instrumentar la exigencia de aplicar acciones extremas y medidas de excepción y adoptarlas como norma de gobierno.

Por ejemplo, la reiterada apelación que George W. Bush hacía de citas bíblicas como argumento para imponer políticas de excepción, con las cuales su gobierno cercenó importantes derechos ciudadanos con el alegado fin de combatir espantajos externos como el terrorismo internacional, y espantajos internos como el narcotráfico, la inmigración o la pornografía.

En definitiva, lo que se combate no es el mal que se señala, sino el espectro construido a colación suya, con lo cual el tema se aprovecha para golpear a terceros, incluso más que a los propios causantes o actores reales del mal que se dice querer atacar.

Queda descartado, así, el discurso presidencial clásico, moderado y paternalista, que de esta forma se pierde ante un estilo rupturista, cuyo lenguaje mesiánico justifica destruir los consensos y acuerdos sociales, y eludir la legalidad, que antes dieron base a derechos ciudadanos básicos en materia de seguridad social, pensiones, educación, función representativa y negociadora de los sindicatos y organizaciones sociales, desde tiempos del New Deal y de la segunda postguerra mundial.

5. Para implementar ese cesarismo, destaca el afán obsesivo y apremiante por controlar y someter a los otros Órganos del Estado y demás instancias de la gestión pública, y de imponer una rápida concentración del poder en manos del Ejecutivo. Se adopta un estilo vertical de mando que reduce y estrecha los ámbitos de consulta y deliberación, que margina las organizaciones de la sociedad civil y pronto pone en crisis la institucionalidad democrática, desconoce sus campos de autonomía y normas de funcionamiento, anula la seguridad jurídica y desvanece los límites entre lo público y lo privado.

La “nueva” derecha, como la extrema derecha, no reconoce la legalidad como tal sino como obstáculo por eludir o remover.

Parte sustantiva del apremio por controlar o someter a los demás órganos del Estado tiene objetivos muy específicos: el Poder Judicial y el Ministerio Público para hacerlos de la vista gorda o para interpretar las normas según el interés político, económico o personal de la nueva autoridad, y para judicializar la represión a los críticos de las acciones gubernamentales. La del Poder Legislativo para modificar o remplazar las normas legales, y agregar las que vengan al caso para imponer como regla las decisiones de la nueva autoridad sin darse la molestia de consensuarlas.

6. A la vez, se entroniza una forma populista de mandar que, con masivo respaldo mediático, se apropia de los temas, estilos y rostros de mayor rating y se arroga la representación de la masa de los ciudadanos modestos y anónimos, prodigando promesas de ocasión para complacer sus demandas y anhelos, sin consideración por la factibilidad, la prioridad y la sostenibilidad de tales ofrecimientos, ni de su pertinencia respecto a una estrategia de desarrollo socioeconómico de mediano y largo plazos.

Como parte del charm populista buscado, la “nueva” derecha hace una prolija exhibición de actitudes, modos de vestir, procedimientos y prácticas que la hagan verse como “antipolítica”, contrariando las formas habituales de la política para pintarse con los rasgos de un género atípico de liderazgo ‑‑presuntamente antisistémico o outsider‑‑ que se suponga crítico del orden existente, a la vez que ajeno y contrapuesto a las opciones ofrecidas por las instituciones y dirigentes políticos ya conocidos, y al tiempo capaz de enderezarlas o remplazarlas sin demora.[14]

7. Redirigir los disgustos sociales sobre otros blancos, escogidos al efecto, lo que incluye desplegar una permanente ofensiva mediática en torno a determinadas ideas‑fuerza (seleccionadas conforme a los objetivos de la “nueva” derecha, la coyuntura política por sortear y las características ‑‑y vulnerabilidades‑‑ de los adversarios que se quiere descalificar). Por medio del énfasis reiterativo sobre ese núcleo temático se selecciona y caracteriza al enemigo a batir, ya sea la izquierda, los corruptos, los negros, los judíos, los inmigrantes, la delincuencia o el terrorismo (o alguna combinación de dos o más de ellos), para justificar medidas de excepción o represión que en la práctica afectarán a la mayoría de la gente.

Para esto, la “nueva” derecha escoge, atiza y teledirige malestares reales existentes en la población y los alinea contra los blancos que su campaña selecciona al efecto, para dirigir sobre ellos el disgusto colectivo15. Como, a la vez, construye metódicamente la imagen de un liderazgo y un propósito deseables, tales como “el cambio”, la seguridad en las calles o la cárcel para anteriores dignatarios. Quien domina los medios no necesita identificar la naturaleza del “cambio”, como tampoco probar la culpabilidad de los acusados, ya que el linchamiento mediático no lo requiere.

8. A menudo, en ese contexto la democracia real es remplazada por una simulación plebiscitaria, que lleva a votación ciudadana determinados temas que real o supuestamente son de interés público, “para que sea el pueblo quien decida”. Sin embargo, se retiene la selección y la formulación de tales temas, cuyo control permanece en manos del Ejecutivo, quien dedica al proceso una masiva campaña publicitaria que, con recursos públicos, apoya las opciones que le interesan.

Este procedimiento ‑‑que fue uno de los predilectos de Benito Mussolini‑‑ facilita que el gobierno eluda consultar y consensuar con otros sectores sociopolíticos las medidas que quiere adoptar, a fin de imponerlas con la excusa de que éstas se asumen por decisión “del soberano”. Lo que permite ocultar los planes efectivos que el gobierno se guarda para el mediano y largo plazos, que solo se revelan a medida en que el régimen convoca a nuevos plebiscitos.

9. Con frecuencia, a todo lo anterior se agrega un persistente afán por anunciar e inaugurar obras o acciones monumentales, no necesariamente imprescindibles pero siempre de gran impacto escénico y un costo muy elevado. Estas lo mismo podrán ser grandes edificios o remodelaciones urbanas, o también enormes movilizaciones militares de talla extracontinental, como las dos invasiones a Irak.

El clima y la ocasión oportunos

¿Cuál es el trasfondo motivador de la “nueva” derecha en las Américas de nuestros días? La universalización de la crisis que emergió en el 2008 ‑‑que no solo es mundial sino que tiene ominosa presencia en múltiples instancias de la realidad16‑‑, la que exacerba las incertidumbres y frustraciones propias de la declinación del capitalismo, por lo menos la del capitalismo que conocemos.

Sumándose a la falta o insuficiencia de proyectos alternativos, la crisis acelera los sentimientos generalizados de inseguridad, no apenas por carencia de protección policial suficiente, sino por precariedad del trabajo, de la vivienda, del estatus social, así como pérdida de previsibilidad y de confianza en las expectativas. En Europa y Estados Unidos, tensa la relación con personas y colectividades de otras etnias y culturas.

En un ambiente de fluctuaciones económicas, políticas y culturales impredecibles, una plebe extraviada, ahora herida y furiosa por los efectos de la recesión, se mueve a la deriva por todo el espectro político, de forma que un día elige a Obama y otro lo repudia17. Por eso, al explicar la derrota sufrida en Massachusetts en febrero del 2010, el propio Barack Obama señaló: “La misma cosa que propulsó a Scott Brown18 al cargo, me propulsó a mí a la presidencia. La gente está enojada, y está frustrada”.

Circunstancia que, precisamente, depara el ambiente psicológico proclive al discurso mesiánico de la “nueva” derecha, demagógicamente prometedor de correcciones, “cambios” y certezas eficaces a corto plazo, con líderes machos que dicen saber lo que hacen y tener el coraje o la falta de inhibiciones necesarios para hacerlo. E igualmente, con adversarios convenientemente escogidos y abatibles19, para asegurar un pronto regreso a la situación y las reglas de antaño, ya sabidas, donde superar tales incertidumbres con las ventajas de quien retorna al pasado con todos los saberes del futuro.

Pero, más concretamente, el auténtico motor del asunto está en el objetivo de garantizar la seguridad y la mayor rentabilidad del capital, amenazado no solo por la crisis económica sino por la eventualidad política de que la inconformidad social se traduzca en desbordamientos y rebeliones, ya sea como caos o como revolución. Esto es, para proteger al capital adelantándose a restablecer las condiciones de orden, disciplina y jerarquización sociales requeridas no solo para salvaguardar al régimen preexistente, sino para quitarle del camino las restricciones y la cultura igualitarista que en el último siglo le han mermado la tasa de ganancias: las de protección y solidaridad sindicales, redistribución del ingreso, seguridad laboral, prestaciones sociales, de derecho a informar, organizarse y rebelarse, etc.

En la intimidad se trata, por consiguiente, de un programa neofascista, aunque evada confesarlo. La “nueva” derecha no es conservadora sino extrema derecha, tanto por su plataforma económica como por su fundamentación ideológica y política. Aunque se trata de un fascismo civil envuelto en prendas más coloridas.

Para cumplir ese programa se requiere una notable concentración del poder; para lograrla, todo evento es aprovechable. En el caso norteamericano, antes recordamos cómo el 11 de septiembre de 2001 la falange de neocons que rodeaba a George W. Bush se apresuró en sacarle partido a esos brutales atentados para promover la campaña que justificaría recortar derechos civiles e invadir a Irak, manipulando la desazón ciudadana, aun a sabiendas de que el régimen de Hussein no era parte del asunto.

En América Latina, Sebastián Piñera reveló ese oportunismo con un singular aprovechamiento del terremoto de febrero de 2010. Al anunciar que esa tragedia implicaba reformar su programa de gobierno, antes de reconocer la prioridad de atender a las víctimas y reconstruir las infraestructuras dañadas, destacó los saqueos suscitados en Concepción para afirmar que “se está perdiendo el sentido del orden público” y que “la gente necesita tranquilidad y orden público”, así que en el programa se recurrirá a todos los medios que los garanticen, algo para lo cual “nuestras Fuerzas Armadas están preparadas”.[20]

La capacidad de reprimir precede a la obligación de abastecer. Así, aunque después supo matizar lo dicho, la nuez del asunto quedó debidamente esclarecida.

La perspectiva de la derecha norteamericana

Las limitaciones del presidente Obama para actuar a la altura de sus promesas, y su temprana vuelta a varias políticas del gobierno anterior, no serían óbice para que, sin mayor espera, la derecha norteamericana saliera a cobrarle el mayor precio por el revés electoral que les había infligido. Organizándose para tomar la ofensiva en las elecciones parlamentarias de medio período, en febrero de 2010 se celebraron, por separado, sendos cónclaves del Tea Party Movement ‑‑la rama más tosca y populachera del fundamentalismo conservador‑‑ y del llamado Conservadurismo Constitucional ‑‑la derecha elegante‑‑.

Ambas ramas coincidieron, en sus respectivos lenguajes, en la finalidad de desarrollar “la más implacable campaña de descrédito y desgaste contra un gobierno electo de que se tenga memoria en la política norteamericana”[21], gobierno que desde temprana fecha acusaron de “socialista”. Dichos cónclaves hicieron ver que los neoconservadores no se conformarán con recuperar el control de Congreso y enseguida el de la Casa Blanca ‑‑el de la Corte Suprema ya lo mantuvieron22‑‑, sino que se dirigen a eliminar definitivamente los contrapesos institucionales y legales que antes le han cerrado el camino al neofascismo en ese país; es decir, a cambiar todo el sistema.

Bajo la rectoría del presidente de la Fundación Heritage, el Conservadurismo Constitucional proclamó la Declaración de Mount Vernon, que recuperó lo esencial del Proyecto para un nuevo siglo americano, de finales de los años 90, que los neoconservadores redactaron luego del revés sufrido ante Bill Clinton.

Dicha Declaración vuelve al clásico recurso de invocar, a su manera, los principios de la Declaración de Independencia y de la Constitución, y de usarlos para alegar que en las últimas décadas éstos fueron minados y redefinidos por reiterados extravíos radicales y multiculturalistas en la política, las universidades y la cultura norteamericanas. Esto de por sí manifiesta un claro repudio a las conquistas cívicas obtenidas en los años 60 y 70 del siglo pasado, y no solo a las iniciativas que eventualmente la administración Obama pueda agregar.

En consecuencia, alega que urge un “cambio” que vuelva a poner al país en la senda de tales principios. Y para eso pregona un conservatismo constitucional consagrado a sostener un gobierno de salvación nacional “que garantice estabilidad interna y nuestro liderazgo global”. Entre esos principios destacan, desde luego, no solo los de libertad y la iniciativa individuales, sino los de libre empresa y reformas económicas basadas en las relaciones de mercado, además de la tradicional defensa de la familia, la comunidad y la fe religiosa.

Estamos, pues, ante un nuevo llamado a la contrarreforma ‑‑antes bien, a la contrarrevolución preventiva‑‑ no solo a escala norteamericana sino con proyección global, tanto por la argumentación en que se apoya y el destino que este movimiento se arroga, como por la naturaleza de la potencia en cuyo nombre se proclama esa intención.

América Latina en disputa

En gran parte de América Latina las agrupaciones progresistas mantienen la iniciativa política, pero ya está en curso una importante contraofensiva de la “nueva” derecha. Nos encontramos ante un anchuroso mosaico social que está en disputa y ‑‑como corresponde a tiempos de transición‑‑ donde hay diversas opciones abiertas. Por un lado, esa “nueva” derecha tiende a prevalecer sobre las formaciones conservadoras tradicionales, pero sin marginarlas. Por el otro, el panorama de las izquierdas es más heterogéneo, como es natural a su naturaleza cuestionadora y creativa, que explora diversidad de caminos.
En nuestra América las incertidumbres y precariedades, agravadas por las políticas neoliberales y su fracaso, concurren con el anterior abandono de los referentes y proyectos desarrollistas y revolucionarios de los años 60 y 70, y con la insuficiencia de otras propuestas más eficaces para los tiempos que corren. La crisis social está más avanzada que el desarrollo de nuevas alternativas político‑ideológicas.

Tras tantos años de insatisfacciones la gente está harta, sin que eso signifique que ya es consciente de sus posibles alternativas históricas. Así las cosas, ese difuso y multiforme malestar social ha contribuido a fortalecer el apoyo electoral a opciones de izquierda, pero no necesariamente a aceptar alternativas más radicales. El dolor y la irritación por las consecuencias de la desigualdad extrema, el empleo precario y la miseria conviven con el descrédito de los sistemas políticos conocidos y, a la vez, con una extendida sensación de temor que viene de la falta de seguridades y la frustración de expectativas.

Es en ese contexto que ahora toca medir fuerzas con una derecha renovada y mejor articulada que viene a disputar el campo político. Y que viene a hacerlo con los recursos que ya sabemos: el predominio mediático, una orquestación continental y unas consignas populistas que tienen la fuerza de una brutal simplificación de los problemas y expectativas populares, que no necesita mayores esfuerzos explicativos. La naturaleza elemental y retrógrada de esas consignas facilita su asimilación.[23]

En períodos así el piso político es movedizo: abundan los realineamientos ‑‑tácticos, programáticos e ideológicos‑‑ de las dirigencias de los partidos políticos y organizaciones, como también de los sectores sociales que ellos pretenden representar. Esto es un espacio propicio para cualquier género de aventureros, como Fujimori. Pero si bien es cierto que la crisis ‑‑económica, sociopolítica e ideológico‑cultural‑‑ propicia confusiones y recomposiciones, no por eso conlleva el supuesto “retorno a la derecha” que hoy predicen determinados “analistas”[24]. Al contrario, en ningún país latinoamericano hay un movimiento de masas en apoyo de proyectos contrarrevolucionarios.

Aunque aquí o acullá la izquierda política no ha renovado sus propuestas, la vida le da arraigo a una izquierda social que se extiende aunque todavía no esté conceptual ni organizativamente desarrollada. Si en vez de preguntar por las siglas partidistas se cuestionan los problemas diarios tema por tema, se comprueba que es falso que nuestros pueblos deriven hacia la derecha, pese a “la rémora histórica de confusión, desideologización y desorganización” que los deja inermes por obra del oportunismo de algunos liderazgos inescrupulosos. Por eso, las campañas de la “nueva” derecha se ven tan necesitadas de remedar discursos progresistas.[25]

Lo que pasó en Chile en las elecciones del 2009 no prueba otra cosa. La Concertación por la Democracia, que gobernó a ese país por 20 años, no fue un ejemplo de la reactivación que las izquierdas latinoamericanas experimentaron desde finales de los años 90 en rechazo a las tesis y secuelas del neoliberalismo. La Concertación fue producto de la etapa previa, de transición pactada de la dictadura a la democracia neoliberal (que tuvo lugar paralelamente a la conciliación de la socialdemocracia europea con el neoliberalismo). La subsistencia del modelo pinochetista de Constitución, institucionalidad pública, sistema electoral y economía de mercado así lo recuerda, a la vez que es huella de una transición democrática que quedó inconclusa.

El hecho de que esta subsistencia se instrumentara con participación de una parte de la izquierda debe evaluarse vis a vis con las importantes conquistas en materia de libertades públicas y derechos humanos que eso inicialmente facilitó, en su primera etapa. Mas no será sino ahora ‑‑paradójicamente, bajo un gobierno de la “nueva” derecha‑‑ cuando el pueblo chileno tendrá oportunidad de luchar para que la transición democrática se complete y por incorporarse al proceso de renovación del papel y la naturaleza de las izquierdas latinoamericanas.[26]

Una ofensiva articulada

Aunque en la tradición de las izquierdas el internacionalismo y la solidaridad ocupan un lugar relevante, en la actualidad la mayor parte de sus organizaciones latinoamericanas consume sus escasos recursos en las tareas nacionales. En los últimos lustros, tras la ofensiva neoconservadora de los años 90, lo demás no suele trascender el plano declarativo. Los foros internacionales son más ocasión de breves ejercicios de reflexión, que oportunidades para concertar cooperaciones de mayor plazo y alcances.

Es en la derecha donde sucede lo contrario. Hoy por hoy el sostenimiento de escenarios y actividades de instrucción y colaboración política internacional es mucho más constante y activo para sus organizaciones. Para esto hay un polo articulador: en América Latina todos los partidos reaccionarios de alguna importancia tienen vinculaciones con el Partido Republicano y con fundaciones y universidades conservadoras de Estados Unidos, lo mismo que con el Partido Popular español y fundaciones cercanas al mismo.

Los cuadros jóvenes de los partidos de derecha frecuentan cursos auspiciados por fundaciones y universidades conservadoras, particularmente en el área relacionada con el marketing político, con énfasis en la investigación y manejo de la opinión pública, y las técnicas para dirigir las comunicaciones sociales. Miami ya es un gran conglomerado de instituciones y cursos de formación en esas especialidades para los nuevos cuadros latinoamericanos de derecha.
Aparte de que, por supuesto, esas jóvenes promesas político‑empresariales acuden a las mismas universidades norteamericanas. Una notable proporción de los dirigentes político‑empresariales latinoamericanos son ex condiscípulos de cursos y postgrados en esas universidades.

Proliferan asimismo los eventos breves y conferencias de capacitación político‑ideológica que propician encuentros de las jóvenes promesas de la derecha con sus veteranos referentes europeos, latinoamericanos y estadunidenses. José María Aznar, por ejemplo, sin ser un intelectual de mediano brillo, se la pasa volando, en el literal sentido de la palabra.[27]
Por su parte, los mayores no solo asisten a las mismas conferencias en Estados Unidos, o las impartidas por gurúes norteamericanos en ciudades latinoamericanas sino que, de manera más específica, se encuentran en las juntas directivas y las reuniones de accionistas de las mismas empresas. Las que, además, cada día operan en mayor cantidad de países de la región y fusionan sus respetivos intereses.
No es de extrañar, en consecuencia, que unos y otros piensen a nuestra América con los mismos parámetros, cultiven proyectos políticos similares, y se pongan de acuerdo en los mismos términos, para organizar sus actividades políticas solidariamente.

Aparte de la enorme diferencia que hay en la disponibilidad de recursos económicos, se puede decir que la derecha continental aventaja en este campo a las izquierdas también porque está en mejores condiciones intelectuales para aprovechar a favor suyo las ventajas de la globalización que, de paso, en ausencia de competidores de izquierda, es su globalización.

Pero más allá de eso, la piedra de toque del asunto está en que el núcleo político‑ideológico de la derecha norteamericana sigue activo y no le faltan organización, poder, recursos ni iniciativa, no solo para amarrarle las manos al Presidente Obama, sino para orquestar esta nueva contraofensiva de las derechas latinoamericanas.

Globalización, recursos y orquestación que, sin embargo, no constituyen un escollo al que las izquierdas deban resignarse, sino un reto que ahora les toca superar con los recursos de su creatividad e imaginación. En el actual mundo de las comunicaciones virtuales, cuando los pueblos de la región tienen muy buenas razones para desplazarse a la izquierda, ese tampoco será un reto demasiado difícil de remontar, una vez que somos conscientes de su trascendencia.

Contrahegemonía

En tiempos de la Guerra Fría, para que la derecha oligárquica pudiera imponer “cambios” dirigidos a rehacer al sistema y derogar las conquistas sociales, democráticas y progresistas ya institucionalizadas, fue necesario infligirle derrotas aplastantes y duraderas a la resistencia popular, instaurando las dictaduras de seguridad nacional y el terrorismo de Estado. Pero de entonces acá, las circunstancias regionales y mundiales, así como el desarrollo político alcanzado por una parte significativa de nuestros pueblos, hoy ese camino y sus eventuales alcances resultan más difíciles, como en 2009 lo reiteró el caso de Honduras.[28]

Para derogar esas conquistas sociales ahora la derecha tiene que apelar a otros medios. Y lo puede hacer en la medida en que la reacción ‑‑aprovechando para esto los recursos que le dan ventajas‑‑ logre explotar en su beneficio los malestares y confusiones sociales ya existentes, y organizar agrupaciones de miles “de seres humanos arrojados a la marginalidad, la ignorancia y la desesperación, para intentar hacer de ellos una fuerza de choque salvaje” contra los sectores ciudadanos más conscientes29, no solo en el plano electoral. Esa convocatoria a la coacción y la violencia es, precisamente, botón de muestra de la conducta fascista, arquetipo de la estrategia de contrarrevolución preventiva.

Captar esos malestares y desviarlos contra un blanco seleccionado al efecto permite distraer masas populares, e instrumentarlas al servicio de fines contrarios al interés popular de largo plazo. Para eso hay una demagogia consustancial al género de liderazgo ‑‑vertical y mediático‑‑ que la “nueva” derecha puede ofrecer.

Como bien anotó Gramsci en sus largos años de prisionero político del fascismo, demagogia significa “servirse de las masas populares, de sus pasiones sabiamente excitadas y nutridas, para los propios fines particulares” y las ambiciones de un Jefe. A lo que él enseguida añadió que el demagogo se presenta a sí mismo como insustituible, elimina a sus posibles competidores y apela a “entrar en relación con las masas directamente (plebiscito, etcétera, gran oratoria, golpes de escena, aparato coreográfico fantasmagórico)”[30].

La magnitud de las amenazas que esa “nueva” derecha representa hoy resalta el valor que para las izquierdas siempre ha tenido ‑‑y la urgencia que ahora demanda‑‑ la tarea de formar conciencia y organización popular y clasista. Si las armas de esa derecha prosperan precisamente al incidir sobre una masa ignorante, afligida y desarticulada, superar esa debilidad popular es nuestra prioridad. El campo popular y latinoamericano es nuestro campo y en él nos toca derrotar a este invasor.
Frente a la ofensiva que la reacción arroja sobre esa masa para impregnarla con una subcultura de la derecha, es prioritario construir y movilizar en su seno una contracultura fundada en las necesidades, reivindicaciones y expectativas populares. Es con base en esa contracultura que se puede reivindicar la independencia del pensamiento popular y relanzar su solidaridad de clase. Una contracultura capaz de crecer como el cemento aglutinador y orientador de organizaciones donde la solidaridad de clase vuelva a primar sobre la atomización de las salvaciones individuales ‑‑místico‑religiosas, delincuenciales o neofascistas‑‑ que el neoliberalismo antes propició.

Solo la organización popular y plural ‑‑tanto barrial y comunitaria como laboral, gremial, cívica y política‑‑ puede convertir las ideas y aspiraciones de esa contracultura en una fuerza material, esto es, en una fuerza capaz de buscar y acumular su propio poder. Por consiguiente, en una contrahegemonía, una opción de poder que oponerle a los recursos y los fines de todas las derechas y del capital que las amamanta, como fuerza social y política que sí puede contenerlos y derrotarlos.

Lo que en igual medida prioriza el imperativo de articular frentes amplios donde articular la diversidad de las izquierdas sociales y políticas ‑‑y cerrar los vacíos donde pululan los aventuraros de todo tipo‑‑, con base en lo que en cada caso ellas tienen de común, a la vez que respetando sus respectivas personalidades y diferencias.

– Nils Castroes escritor y catedrático panameño.

Notas:

. No es el caso discutir aquí a qué se ha debido esta limitación, pues no es el tema a tratar en esta oportunidad, ni disponemos del espacio necesario para ello. De esa cuestión ya me he ocupado en otras páginas, como en Una coyuntura liberadora…¿y después?, en Rebelión del 23 de julio del 2009, y en La brecha por llenar, premio Pensar a Contracorriente, La Habana, 2010.

. Ver Kintto Lucas en Barómetro Internacional del 17 de diciembre de 2009.

. Los resultados de ese empeño fueron valorados periodísticamente como una “oleada democratizadora” continental, presuntamente capaz de resolver por varios lustros los fenómenos de contracción económica, inflación y desempleo que ya venían creciendo. Pero pocos años después la aplicación de las políticas neoliberales que esas democracias legitimaron se tradujo en una “oleada” de frustraciones e ingobernabilidad que, aún antes de poner en entredicho al neoliberalismo, las puso en peligro a ellas mismas.

. Eso coincidió con otros importantes acontecimientos a escala mundial, que igualmente contribuyeron a que este fuera un período de gradual degradación de los procesos nacional‑revolucionarios y ‑‑sobre todo tras el desmoronamiento de la URSS‑‑ de repliegue y posterior reformulación de muchos proyectos y organizaciones de izquierda.

. Los casos más notorios fueron el Caracazo y las sublevaciones urbanas de Quito, el Alto, la Paz y Buenos Aires, que constituyeron claros presagios de lo que estaba por suceder en varias otras ciudades y países latinoamericanos.

. La crítica del legado cristiano lo llevó a exaltar el paganismo originario de los pueblos europeos.

. Ver José Pérez i Granados, Alain Benoist y la Nueva Derecha francesa, en Stormfront.org, 4 de julio de 2006.

. Ver Jordi Solé Tura, La nueva derecha europea, en El País, Madrid, 18 de junio de 2001.

. Los principales medios de comunicación quedaron en manos de Berlusconi. Las principales empresas privatizadas, en manos de allegados de Aznar. Lo que significa que al dejar el gobierno ambos seguirán reteniendo grandes cuotas de poder.

. Ver Joaquín Estefanía, Los neocons, profetas del pasado, en El País, 14 de junio de 2004. La frase remeda la consigna de la “primavera de Praga”, en 1968, de instaurar en Checoslovaquia un “socialismo con rostro humano”.

. Tanto en Estados Unidos como en Europa se ha señalado la “reconversión” de activistas de extrema izquierda en intelectuales neoconservadores, por efecto de la ofensiva neoconservadora y del desmoronamiento de la URSS. Esto explicaría el reiterado uso de categorías procedentes de León Trotsky (como la de revolución permanente) y de Antonio Gramsci (como la de la construcción de hegemonía cultural).

. Emmanuel Rodríguez e Hibai Arbide, en ¿Nueva derecha? O la reivindicación del populismo frente al vacío de la izquierda, en Cuadernos Archipiélago, Barcelona, 2006.

. Op. cit.

. Las prácticas populistas se manifestarán asimismo en la explotación de formas de conducta y de lenguaje corporal y verbal que se le atribuyen al gusto popular, según la respectiva idiosincrasia nacional y de época. Se apela a imitar conductas machistas, estilos informales o “de trabajo”, etc., que son parte sustancias de una nueva demagogia que más alude a la imitación populachera que sobrio al estilo popular.

. Según la tesis de que, anger is an energy, el disgusto o el odio son una energía que se puede recoger, agitar y canalizar contra el blanco elegido sin considerar si este es responsable por el disgusto social que se le achaca.

. Como crisis económica, financiera, alimentaria, energética, moral, del clima, de la seguridad ciudadana, del sistema político global, etc.

. Ver Immanuel Wallerstein, El caos como cosa cotidiana, en La Jornada de 2º de febrero de 2010.

. El reaccionario republicano que se alzó con la plaza de senador por Massachusetts que por varios períodos había retenido el demócrata liberal Tedd Kennedy.

. El presidente Ricardo Martinelli, de Panamá, los identifica como “los políticos de siempre, los malos empresarios y la izquierda”. Alocución televisiva reiterada durente finales de febrero e inicios de marzo de 2010.

. De esa preparación el pinochetismo dejó larga constancia. Ver “Piñera dice que el terremoto provocará cambios en su programa de gobierno”, en Argenpress del 1 de marzo de 2010.

. Ver Obama entre el Tea Party y el conservatismo constitucional (I), en Cubadebate del 22 de febrero de 2010.

. Así lo demostró su resolución de legalizar que las grandes corporaciones privadas inviertan sin limitaciones cuantitativas en las campañas electorales estadunidenses, en apoyo a los candidatos de sus preferencias, lo que acentúa el proceso de paulatina “privatización” del Congreso (y el menos gradual del Ejecutivo).

. Ver Massimo D’Alema, La via progresista contro la destra que cavalca le paure, en Il Sole, 23 de febrero de 2010.

. En particular lo predican, como hoja de parra, quienes antes desertaron de la izquierda cuando la ofensiva neoconservadora que siguió a “la caída del muro”.

. Ver Luis Bilbao, América Latina no gira a la derecha, en ALAI, América latina en movimiento, 11 de febrero de 2010.

. Argentina, Brasil y Uruguay, que empezaron más tarde a restablecer la democracia formal, completaron ese proceso antes de elegir gobiernos progresistas, mientras que en Chile esa etapa previa se estancó antes de concluir. Ese estancamiento propició el ambiente de inmovilismo que, a su vez, predispuso a votar por otras opciones, incluida la de la “nueva” derecha.

. Las izquierdas latinoamericanas no disponen de nada similar. Si bien sus encuentros pueden dar ocasión a meritorios ejercicios reflexivos, no cubren ese ambicioso espectro de homologación estratégica, formación de cuadros y coordinación operativa.

. Dante Caputo calificó ese evento como un golpe “correctivo”: los militares intervinieron para devolver el gobierno a la oligarquía tradicional, sin quedarse en el poder. Aún así, la comunidad internacional sancionó el golpe de formas que también perjudicaron los intereses de esa oligarquía; los golpistas de uniforme después fueron destituidos y el golpe, a la postre, no diluyó sino que levantó un movimiento de resistencia social capaz de defender las modestas conquistas sociales antes obtenidas por el pueblo hondureño.

. Ver Luis Bilbao, América Latina no gira a la derecha, cit.

. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, edición crítica del Instituto Gramsci, a cargo de Valentino Gerratana, Era, México, t. III, p. 82-83.
Gramsci, por supuesto, debe haber escrito estas líneas teniendo en mente a Benito Mussolini, como nosotros las releemos teniendo a la vista a Berlusconi y a sus caricaturas de ultramar, como Martinelli. ¿No decía Marx que en la historia estas cosas ocurren una vez como tragedia pero si luego se repiten lo hacen como farsa? Si bien Piñera declara que no es ese su modelo sino el de Sarkozy, cabe que lo haga para guardar las apariencias, ya que el francés goza de mejor aceptación en otros lares.

¡Mora y Cañas viven!

En Puntarenas hay un parque que no es un parque más, pues no fue construido con fines recreativos u ornamentales. Tampoco fue concebido para correteos ni fanfarrias. Está cargado de memoria y simbolismo, y es un sitio más bien para meditar y, en profundo silencio solo perturbado a veces por el rumor del mar, acercarse a la historia y al alma de la patria.

Frente a una baja muralla de piedra sobresale una columna decapitada la patria, cabe pensar, en cuyo pie una grande y hermosa placa de mármol dice: “A la memoria de los Beneméritos de la Patria, generales Juan Rafael Mora y José María Cañas, muertos en este lugar el 30 de setiembre y 2 de octubre respectivamente del año 1860. La juventud y los obreros de Costa Rica les tributan este homenaje. 8 de diciembre de 1918”. Asimismo, en los flancos izquierdo y derecho, y levemente hacia adelante, sobre sendos pedestales con grandes placas metálicas reposan los bustos de los homenajeados; éstos fueron colocados muchos años después, en 1960, por la Municipalidad de Puntarenas, en conmemoración del centenario de su asesinato.

Predio en el que antaño hubo varios grandes árboles de jobo (Spondias mombin), y denominado por ello Los Jobos, ahí se inauguró el actual Parque Mora y Cañas el 8 de diciembre de 1918, un mes después de concluida la Primera Guerra Mundial. En tan significativo acto intervino con un lúcido y conmovedor discurso el Lic. Alejandro Alvarado Quirós quien años después sería el primer rector formal de la Universidad de Costa Rica, a petición de las hijas de don Juanito; este distinguido abogado casó con doña María Eugenia Piza Chamorro, sobrina-nieta del prócer.

Así es. En Puntarenas, ese parque cercano al estero no es un parque cualquiera. Porque en ese sitio exacto, en setiembre y octubre de 1860 se enlutó la patria para siempre, cuando el arenoso suelo se tiñó con la valerosa y generosa sangre desafiante e invicta en la guerra previa contra los esclavistas filibusteros de dos de sus mejores hijos.

Desde su exilio en El Salvador tierra natal de Cañas, fueron llamados casi con un ultimátum de sus supuestos partidarios. Pero entre algunos de ellos habían calado para entonces sentimientos y vicios de la más baja ralea, como la delación, la traición y el manoseo de dinero perteneciente al movimiento morista; sus nombres constan en documentos históricos. Irónicamente, uno de ellos incluso terminó integrando el truculento tribunal que decretaría el fusilamiento de ambos.

Es decir, era un ultimátum con olor a muerte. Cañas había recomendado a su cuñado ignorar ese llamado, pero don Juanito era un hombre de palabra y sintió que era ineludible acudir. Urgía llegar. Sin más tiempo que perder abordaron el “Columbus”, un vapor comercial de bandera estadounidense que recorría los puertos centroamericanos. Iban acompañados por el general José Joaquín Mora, el abogado Manuel Argüello Mora, el coronel Francisco Sáenz guatemalteco que era miembro del ejército salvadoreño, Clodomiro Montoya, Antonio Argüello y cuatro criados.

Cuando arribaron, a eso de las ocho de la mañana del 17 de setiembre de 1860, ya Puntarenas estaba en manos de los insurgentes, liderados por el chileno Ignacio Arancibia. Recibidos con alegría por la población, que tanto los quería Cañas había sido un notable Gobernador de dicha comarca, y don Juanito le había elevado su estatus de comarca a ciudad en setiembre de 1858, pronto el alto mando establecía su cuartel en la casa del español Ceferino Rivero Ibarra.

Pero, también, muy pronto aflorarían los fracasos, los cuales están pormenorizadamente narrados en los libros “La trinchera y otros relatos”, de Argüello Mora testigo de excepción y “Dr. José María Montealegre”, de don Carlos Meléndez. De hecho, la delación permitió al gobierno actuar con presteza para evitar levantamientos en el interior del país, impedir el flujo de refuerzos hacia Puntarenas y enviar un contingente de mil soldados para aniquilar a los sublevados, que quedaron apresados en esa lengüeta de tierra que es Puntarenas.

Aislados y sin salida alguna dentro de esa “ratonera”, a los moristas no les quedaba más que resistir, en una cuenta regresiva que, con la rápida pérdida de sus posiciones en el río Barranca y el ulterior baño de sangre en la trinchera artillada que había sido construida en La Angostura, culminaría con la captura de sus líderes.

Derrotado, abatido y solitario, don Juanito buscó asilo en la casa del cónsul inglés Richard Farrer, quien se lo negó reiteradamente. Al clarear el 30 de setiembre se apersonó ahí el comisario gubernamental Francisco María Iglesias enemigo jurado suyo, con quien había accedido a conversar, persuadido por Farrer. Dialogaron a solas durante una hora de espesos silencios para, al final, aceptar la muerte en el patíbulo, pero con la condición de que ninguno de sus colaboradores fuera asesinado. Le hicieron un juicio sumario, pues urgía ultimarlo, y ya a las tres de la tarde de ese día caía acribillado frente a un árbol de jobo, al igual que Arancibia.

En el parte remitido a sus jefes, Iglesias indicó que “Juan Mora murió con dignidad y valor”. Pero olvidó consignar que también lo hizo como un hombre honorable y de buena fe, que murió engañado, pues dos días después Cañas resultaba fusilado en el mismo sitio, por orden del gobierno golpista de José María Montealegre, cuñado de don Juanito, por cierto. Deshonra y cobardía, pues, aparte de que enlutaron la patria, mancillaron la palabra empeñada y el honor.

Insatisfechos con tanto oprobio, evitaron darles un entierro respetuoso, aunque fuese modesto. Dejaron sus cadáveres tirados, para que una multitud sedienta de venganza contra los moristas los lanzara al estero y los devoraran los tiburones. El magnánimo cónsul francés Juan Jacobo Bonnefil impidió más barbarie, y los trasladó y enterró en el rústico panteón del estero, entre los manglares; años después exhumaría los restos, los conservaría consigo, y los entregaría a los deudos de ambos, para que los sepultaran dignamente en el Cementerio General de la capital.

Tras su vil asesinato, con los días sobrevendría el dolor de sus familias, agravado porque tanto doña Inés como doña Guadalupe estaban encintas. Dos meses y medio después, a mediados de diciembre nacían en San Salvador Juana Rafaela (Juanita) Mora Aguilar y su prima Adelaida (Adela) Cañas Mora. ¡Curiosidades del destino! Ello ocurrió con dos días de diferencia, es decir, el mismo intervalo entre la muerte de sus respectivos progenitores. Además, en ese crudo diciembre de padres ausentes, murió el general José Joaquín Mora; a pesar de que hizo rendirse a William Walker, su bravío corazón no pudo soportar tanta pena.

Este año, para conmemorar el sesquicentenario de la muerte de estos libertadores de Centro América, es un deber cívico honrar su memoria y su legado. Algunos estamos involucrados en varias acciones que serán anunciadas pronto, pero es importante que desde ahora se planeen actividades en las escuelas, colegios y municipalidades del país, que ojalá culminaran con un magno evento nacional en el Parque Mora y Cañas. Así, en el propio sitio en que cayeron, 150 años después les reafirmaríamos cuán vivos siguen en el corazón de un pueblo agradecido.

Fuente: elpais.cr | 15/03/2010

Socialdemocracia, fin de ciclo

¿Quién se acuerda en Europa, por ejemplo, del Radicalismo? Una de las fuerzas políticas (de centro-izquierda) más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, que los vientos de la historia se llevaron… ¿Qué fue del Anarquismo? ¿O del Comunismo estaliniano? ¿Qué se hicieron aquellos formidables movimientos populares capaces de movilizar a millones de campesinos y obreros? ¿Qué fueron sino devaneos? (1)

Por sus propios abandonos, abjuraciones y renuncias, a la socialdemocracia europea le toca hoy verse arrastrada hacia el sepulcro… Su ciclo de vida parece acabarse. Y lo más incomprensible es que semejante perspectiva se produce en el momento en que el capitalismo ultraliberal atraviesa uno de sus peores momentos.

¿Por qué la socialdemocracia se muere, cuando el ultraliberalismo se halla en plena crisis? Sin duda porque, frente a tantas urgencias sociales, no ha sabido generar entusiasmo popular. Navega a tientas, sin brújula y sin teoría; da la impresión de estar averiada, con un aparato dirigente enclenque, sin organización ni ideario, sin doctrina ni orientación… Y sobre todo sin identidad: era una organización que debía hacer la revolución, y ha renegado de ese empeño; era un partido obrero, y hoy lo es de las clases medias urbanas acomodadas.

Las recientes elecciones han demostrado que la socialdemocracia europea ya no sabe dirigirse a los millones de electores víctimas de las brutalidades del mundo postindustrial engendrado por la globalización. Esas multitudes de obreros desechables, de neo-pobres de los suburbios, de mileuristas , de excluidos, de jubilados en plena edad activa, de jóvenes precarizados , de familias de clase media amenazadas por la miseria. Capas populares damnificadas por el shock neoliberal… Y para las cuales, la socialdemocracia no parece disponer de discurso ni de remedios.

Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2009 demostraron su descalabro actual. La mayoría de los partidos de esa familia en el poder retrocedieron. Y los partidos en la oposición también recularon, particularmente en Francia y en Finlandia.

No supieron convencer de su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales planteados por el desastre del capitalismo financiero.

Si faltaba un indicio para demostrar que los socialistas europeos son incapaces de proponer una política diferente de la que domina en el seno de la Unión Europea, esa prueba la dieron Gordon Brown y José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyaron la bochornosa elección a la Presidencia de la Comisión Europea del ultraliberal José Manuel Duraõ Barroso, el cuarto hombre de la Cumbre de las Azores…

En 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la Unión Europea. Hoy, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado el impasse moral, social y ecológico del ultraliberalismo, ya sólo gobiernan en cinco Estados (España, Grecia, Hungría, Portugal y Reino Unido). No han sabido sacar provecho del descalabro neoliberal. Y los Gobiernos de tres de esos países España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la “crisis de la deuda” se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la Unión Europea y sus principales cancerberos.

Repudiar sus propios fundamentos se ha vuelto habitual. Hace tiempo que la socialdemocracia europea decidió alentar las privatizaciones, estimular la reducción de los presupuestos del Estado a costa de los ciudadanos, tolerar las desigualdades, promover la prolongación de la edad de jubilación, practicar el desmantelamiento del sector público, a la vez que espoleaba las concentraciones y las fusiones de mega-empresas y que mimaba a los bancos.

Lleva años aceptando, sin gran remordimiento, convertirse al social-liberalismo. Ha dejado de considerar como prioritarios algunos de los objetivos que formaban parte de su ADN ideológico. Por ejemplo: el pleno empleo, la defensa de las ventajas sociales adquiridas, el desarrollo de los servicios públicos o la erradicación de la miseria.

A finales del siglo XIX y hasta los años 1930, cada vez que el capitalismo dio un salto transformador, los socialdemócratas, casi siempre apoyados por las izquierdas y los sindicatos, aportaron respuestas originales y progresistas: sufragio universal, enseñanza gratuita para todos, derecho a un empleo, seguridad social, nacionalizaciones, Estado social, Estado de Bienestar… Esa imaginación política parece hoy agotada.

La socialdemocracia europea carece de nueva utopía social. En la mente de muchos de sus electores, hasta en los más modestos, el consumismo triunfa, así como el deseo de enriquecerse, de divertirse, de zambullirse en las abundancias, de ser feliz sin mala conciencia… Frente a ese hedonismo dominante, machacado en permanencia por la publicidad y los medios masivos de manipulación, los dirigentes socialdemócratas ya no se atreven a ir a contracorriente. Llegan incluso a convencerse de que no son los capitalistas los que se enriquecen con el esfuerzo de los proletarios, sino los pobres quienes se aprovechan de los impuestos pagados por los ricos… Piensan, como lo afirma el filósofo italiano Raffaele Simone, que “el socialismo sólo es posible cuando la desgracia sobrepasa en exceso a la dicha, cuando el sufrimiento rebasa con mucho el placer, y cuando el caos triunfa sobre las estructuras” (2).

Por eso quizá, y en contraste, está renaciendo hoy con tanta pujanza y tanta creatividad, un nuevo socialismo del siglo XXI en algunos países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Mientras en Europa, a la socialdemocracia le llega su fin de ciclo.

Notas:
(1) Jorge Manrique, “Coplas a la muerte de su padre” (1477).
(2) Raffaele Simone, “Les socialistes proposent toujours le sacrifice”, en
Philosophie Magazine , n° 36, febrero de 2010, París.

Fuente: * Le Monde diplomatique
Marzo 2010. Numero 173

Elecciones 2010: Debatir y analizar lo acontecido sobre bases críticas y racionales

Hoy la Costa Rica políticamente consciente y crítica se duele con amargura del resultado de las elecciones. El triunfo aplastante de las derechas y del oscurantismo religioso; los tristes resultados obtenidos por el PAC; la manifiesta imposibilidad del Frente Amplio para posicionarse como una fuerza política de peso nacional. Y, sin embargo, nada de esto debería sorprender. Es algo que estaba escrito en el devenir político del período posterior al referendo de octubre 2007. De nada sirve hoy llorar sobre la leche derramada. La realidad está ahí y tan solo queda una cosa: enfrentarla de la mejor forma posible.

Es obligatorio trascender las lamentaciones. Ojalá podamos también superar algunas trabas en nuestra forma de razonar que tiende a limitar gravemente nuestra capacidad para la crítica racional. Me refiero, entre otras, a la tendencia –tan usual en las izquierdas al razonamiento principista y abstracto (que deviene agudamente descalificante por parte de algunos sectores), como también el refugiarse en tesis conspirativas que tienen un efecto tranquilizante –justo porque ofrecen una respuesta simple, geométrica y lineal pero que son engañosas pues tan solo enmascaran las complejidades de la realidad entre manos.

Esas son trampas metodológicas que, sugiero, debemos evitar. Lo acontecido este 7 de febrero debería ser asumido como una lección y un aprendizaje a partir de lo cual volver a construir. Pero, a su vez, ello demanda un esfuerzo por analizar la realidad con auténtico sentido crítico, es decir, sin concesiones ni maquillajes, incluyendo una buena dosis de autocrítica. He ahí, a su vez, una postura epistemológica que deberíamos observar con meticulosidad.

Propongo, para empezar, un recuento de hechos. Seguramente no será completo. Refleja, además, énfasis que me son propios, y que no necesariamente otras personas comparten. También hay de por medio un esfuerzo de interpretación que es debatible. Pero, a fin de cuentas, justo de eso se trata: hay que empezar por debatir y analizar lo acontecido y hacerlo sobre bases críticas y racionales. Si no somos capaces de tal cosa, tampoco lograremos aclarar estas tinieblas que hoy nos rodean y difícilmente podremos generar en el futuro respuestas mejores que las muy lamentables que hemos visto emerger durante el reciente proceso electoral.

Parto de una premisa que me parece muy básica, y que intento sustentar a lo largo de este artículo: la de que, más que un triunfo de las derechas, esta ha sido una derrota auto infligida del progresismo político nacional. En adelante, hablaré de progresismo considerando que es un término más amplio que podría incluir a quienes prefieren autodenominarse de centro

He aquí ese recuento que les propongo:

En perspectiva, el desenlace en las elecciones de 2006 y en el referendo de 2007, daban para pensar en la existencia de una importante fuerza política de oposición al neoliberalismo, que, a lo más, solo en parte era de izquierda, la cual tendía a confluir alrededor de ciertas tesis progresistas básicas. La significación que esa fuerza alcanzó, se realza a la luz de las condiciones tan desventajosas bajo las cuales se enfrentaron ambos procesos –en especial el del referendo-, más aún al considerar las irregularidades que en ambos casos se dieron.

El PAC y Solís atrajeron hacia sí el respaldo de esa fuerza socio-política progresista en las elecciones de 2006, pero no necesariamente porque se percibiese que ese partido representaba satisfactoriamente sus aspiraciones. En realidad, el PAC ha sido como al modo de un mínimo común denominador que, ante la amenaza neoliberal –y en especial la amenaza del arismo-, terminaba por ganarse adherencias que, de otra forma, habrían buscado un destino diferente. Creo que el comportamiento electoral observado ratifica tal cosa: el porcentaje de quienes se reconocen a sí mismos como seguidores o militantes del PAC resulta ser, consistentemente, tan solo una fracción de quienes finalmente votan por el PAC, siendo notable el hecho de que este partido crece justo en las últimas semanas y día antes de las elecciones. Es en ese momento cuando, no teniendo otra salida atractiva a mano, el progresismo nacional se moviliza y activa a favor de la única opción que –aunque limitadamente asume y representa algunas de sus aspiraciones y preocupaciones fundamentales.

El proceso del referendo sobre el TLC tuvo características muy distintas de las propias de un torneo electoral. Superó ampliamente los límites de lo partidario y dio lugar a novísimas formas de organización y participación. Nunca como entonces el progresismo nacional debatió y disintió con respeto, dialogó en búsqueda de acuerdos y trabajó y cooperó construyendo alternativas organizacionales y nuevas formulaciones ideológicas. Es indudablemente cierto que el TLC introducía un factor coagulante –quizá irrepetible que facilitaba establecer acuerdos. Pero también es verdad que en el proceso creció y se diversificó un tejido organizacional que, en principio, podría haber sobrevivido –al menos en una parte significativa más allá de la coyuntura TLC.

La derrota en el referendo provocó desmoralización y retraimiento y, por lo tanto, ocasionó una desmovilización relativa. También alimentó algunos de los comportamientos autodestructivos que, bajo ciertas circunstancias, tienden a aflorar en el progresismo nacional, sobre todo en algunos de los segmentos situados más a la izquierda, en este caso en la forma de una andanada de ácidas recriminaciones. A fin de cuentas, falló el debate racional en procura de dilucidar las causas de lo acontecido, y arrestos para, entonces, enfrentar la realidad generando respuestas novedosas. Eso es lo que no deberíamos dejar que se repita con motivo del lamentable resultado electoral que en este momento tenemos entre manos.

La posibilidad de construir una amplia unidad socio-política de oposición al neoliberalismo aportaba el criterio fundamental desde el cual construir esas nuevas respuestas. Esa unidad debía tratar de aprovechar los tejidos organizacionales y las redes de cooperación construidas durante la lucha contra el TLC y, a la vez, debía aportar la fuerza impulsora que permitiera, no solamente mantener vivas tales potencias organizacionales, sino insuflarles nueva vida, nuevas motivaciones y energías.

En los meses –y finalmente años posteriores al referendo, esa posibilidad fue malograda de forma lamentable, conforme reiterábamos –aquí y allá errores de la más variada naturaleza.

En sentido cronológico, un primer error surgió de algunos sectores de las bases ciudadanas organizadas, que se mostraban reacios a reconocer cualquier liderazgo que proviniera de los partidos. No hablo de los grupos que sustentan un rechazo radical al mecanismo electoral y convocan a no votar, sino que me refiero a grupos que sí aceptan como válida la participación electoral, pero en los cuales tendió a prevalecer un criterio democratista a ultranza que perdía de vista lo que, a mi juicio, es una exigencia insoslayable de la realidad: que los grandes problemas colectivos en una sociedad compleja como la de la Costa Rica actual, no pueden ser resueltos desde asambleas u organizaciones ciudadanas autónomas, cuando, en realidad, ello requiere de una articulación sistémica que trascienda lo local o sectorial, siendo ella la razón –creo que muy básica en virtud de la cual, los partidos siguen siendo un instrumento necesario (y solo eso, por cierto: un instrumento, ya que jamás deberían ser un fin en sí mismos). Lo anterior no niega que, en su nivel, la organización ciudadana autónoma constituya un instrumento muy poderoso de participación y construcción democrática.

Este criterio democratista tuvo también otra manifestación, distinta pero relacionada con la mencionada en el párrafo anterior: la de negarse a razonar en una perspectiva que incluyera las elecciones 2010. Entonces, el incorporar esto último dio lugar a que algunos sectores descalificaban tales propuestas como electoralistas. En realidad, me parece, 2010 debió haber sido observado y trabajado como una meta importante dentro de un camino de más largo alcance, que deseablemente debía moverse más allá –incluso mucho más allá de ese específico proceso electoral.

Un segundo error –pero de efectos, creo, muchísimo más importantes, realmente decisivos*vino de la negativa que desde un principio emitió el PAC en relación con cualquier posible diálogo conducente a la construcción de alguna unidad socio-política suficientemente amplia e inclusiva. En la etapa pos-referendo, y con miras al proceso electoral de 2010 (y, ojalá, más allá de este), se hacía inevitable que los partidos asumieran un liderazgo. Debían hacerlo, aún si, como he indicado, algunos sectores de la ciudadanía organizada se mostraban reacios a tal posibilidad. Debía ser un liderazgo muy democrático, respetuoso y dialógico, tal cual lo demandaban las extraordinarias experiencias de construcción organizativa y participación ciudadana gestadas durante la coyuntura de la lucha contra el TLC.

Pero, insisto, no veo quién ni cómo podía sustituir ese liderazgo, si este no era asumido por los propios partidos. Pero, entonces, el papel del PAC devenía ahí crucial: por razones obvias, ningún otro partido podía asumir la responsabilidad de convocar y conducir los necesarios procesos de diálogo. Porque, insoslayablemente, la convocatoria debía construirse como una invitación al diálogo. En primera instancia, el PAC debería haber convocado a ese diálogo a los demás partidos, incluso a los que no tenían representación parlamentaria, para, una vez construido un liderazgo político-partidario sólido y unificado, convocar a procesos más amplios de diálogo con la ciudadanía. La historia, sin embargo, es bien conocida: el PAC declinó asumir ese liderazgo.

Esto último generó un enorme vacío y propició que creciera la confusión y, con el tiempo, la fragmentación. En ese contexto surgieron múltiples iniciativas, en su mayoría desde organizaciones civiles. Aquí, sin embargo, emergió y se reiteró otro error: la prevalencia –al menos en algunos sectores de una tesis maximalista según la cual la unidad o alianza debía construirse exclusivamente con base en convenciones abiertas donde, sin restricciones de ningún tipo, debían elegirse todas las candidaturas: desde regidores hasta la presidencia.

Subrayo que, en general, esta propuesta reflejaba una noble inquietud democrática. Sin embargo, me parece que, a poco andar, fue mostrándose como una opción muy poco realista, y ello por una multitud de razones: desde el hecho de que no se estaban tomando en cuenta adecuadamente algunos intereses –en general perfectamente legítimos*de los partidos, hasta razones operativas y logísticas, atinentes a los plazos y recursos disponibles. Emergía aquí de nuevo una visión democratista que, no obstante sus buenas intenciones y honestidad, resultaba inapropiada frente a los problemas que la realidad planteaba. Esto complicó gravemente el establecimiento de acuerdos básicos, al menos entre aquellos sectores que, fuera del PAC, intentaban construir alguna alianza.

Así, con el pasar de los meses, y conforme se cerraban los canales de entendimiento entre los partidos, la gente que se había conjuntado y organizado contra el TLC tendió a disgregarse según el partido de sus preferencias. El proceso se agudizó cuando el PAC se negó incluso a considerar la posibilidad de construir alianzas cantonales. Muchas otras personas políticamente activas, que no tenía una adscripción partidaria específica, se sintieron defraudadas ante la incapacidad de los partidos para construir un liderazgo que convocara y aglutinara. Ello provocó mayor alejamiento y agudizó la dispersión.

Este proceso de descomposición simplemente ratificaba –por negación la importancia del liderazgo que debió haber sido ejercido por los partidos y, en especial, por el PAC. En ausencia de tal liderazgo, las fuerzas disgregantes se desataron libremente.

Luego, y para terminar de profundizar este proceso de descomposición, el PAC tomó una decisión que, de alguna manera, vino a ser la cereza sobre el pastel: buscó afanosamente romper la alianza –la cual se había profundizado considerablemente durante la coyuntura TLC con los sectores de izquierda y centro izquierda. Procuró, entonces, posicionarse en una suerte de centro derecha. Quizá haya sido ese un intento por reconciliarse con sectores de la oligarquía, devenidos acérrimos enemigos del PAC.

Quizá haya sido la respuesta generada a partir de un diagnóstico equivocado, según el cual para ganarse el electorado era preciso mostrarse “moderado” y lejano de las izquierdas. No se tomó en cuenta que esas izquierdas, en sus múltiples expresiones, dieron un aporte sustantivo al movimiento contra el TLC, sin el cual este difícilmente hubiese alcanzado la fuerza –y la convocatoria electoral que llegó a lograr. El caso es que ello profundizó el extrañamiento y lejanía respecto de sectores del progresismo nacional, de los cuales el PAC necesita para una más eficaz movilización electoral.

Otros partidos no lo hicieron mucho mejor que el PAC. El Frente Amplio fue capaz de ofrecer notables –incluso excelentes*candidatos y candidatas a las diputaciones, pero tendió a quedar atrapado en un voluntarismo simplista, que le hacía imaginar una realidad maleable y le infundía un cierto aire redentorista, en vez de asumir con criticidad las terribles limitaciones dentro de las cuales debía moverse. Haber entendido esto último quizá hubiera propiciado establecer oportunamente procesos más amplios de diálogo y entendimiento, que trascendieran las coaliciones cantonales que –justo es reconocer fueron promovidas activamente por el FA.

De tal forma, el progresismo nacional entra al proceso electoral habiendo dilapidado el acervo organizacional que le diera una fuerza impresionante en la lucha contra el TLC. Aquellos tejidos sociales y redes organizacionales estaban en jirones y lo poco que aún quedaba, terminó de ser desbaratado con el transcurrir de los primeros meses de la campaña electoral, en la cual el PAC jamás logró tener iniciativa. La coalición PAC-Alianza Patriótica-PIN, firmada en enero, como la lluvia de adhesiones de personalidades muy notables recibidas por el PAC en los últimos días previos a las elecciones, simplemente venían a ratificar la enorme confusión que incubó y condujo al desastre. Se creyó que de esa forma, y como por ensalmo, podía sustituirse la base organizacional y la movilización ciudadana destruidas.

Lo demás es una historia bastante trillada. Quizá la única sorpresa -muy relativa la dio el impacto provocado por la agresivísima campaña libertaria. Lo demás no tenía un gramo de novedad: los millones dilapidados por los partidos oligárquicos; la estupidez como marca distintiva de su campaña; el boicot sistemático de los medios; la irresponsabilidad, ligereza y arrogancia del Tribunal de Elecciones; la maquinaria clientelar. Ni siquiera la operación de asfixia financiera que los bancos aplicaron resulta sorprendente ¿No son estos, acaso, los tiempos de la tiranía en democracia? ¿O es que alguien podría ser tan iluso para pensar que el neoliberalismo se la querría poner fácil a sus opositores?

Quedan pendientes muchas preguntas, algunas de las cuales se relacionan directamente con el PAC: ¿Es el suyo un problema subsanable o nace estructuralmente de su misma base y concepción partidaria? ¿Podría el PAC ser en el futuro el eje sobre el cual construir una amplia alianza social y política progresista, o ha de intentarse tal cosa –algo bien difícil sin contar con este partido?

Podemos especular sobre posibles respuestas. De momento, diré que me parece que lo que ocurra en los próximos meses dentro de ese partido, podría ser decisivo para ir avizorando cuál podría ser su papel en el futuro.

La oligarquía neoliberal soñaba con aplastar a sus opositores y, por esta vez, lo logró. Pero esto es menos un triunfo del neoliberalismo que una derrota de la oposición progresista. No fueron sus aciertos, sino principalmente nuestros errores. Entender tal cosa podría marcar una diferencia sustantiva si en verdad aún abrigamos la esperanza de construir un futuro distinto.

Haití: «El viejo terror aún no ha desaparecido»

Ejemplo: el terremoto de Haití, de magnitud 7,0 en la escala de Richter, ha ocasionado más de cien mil muertos, mientras que el de Honshu (Japón), de idéntica fuerza (7,1), acaecido hace seis meses, apenas provocó un muerto y un herido.

“Los países más pobres y los que tienen problemas de gobernabilidad están más expuestos a riesgos que los otros”, confirma un reciente informe de la ONU (1). En una misma ciudad, el impacto humano de una calamidad puede ser muy distinto según las características de los barrios. En Puerto Príncipe, el seísmo se ensañó con las desvencijadas barriadas populares del centro. En cambio, los distritos privilegiados de la burguesía mulata comerciante apenas padecieron estragos.

Tampoco son iguales los pobres ante la adversidad. La Federación Internacional de la Cruz Roja sostiene que, en caso de desastre, “las mujeres, los discapacitados, los ancianos y las minorías étnicas o religiosas, víctimas habituales de la discriminación, son más castigados que los demás” (2).

Por otra parte, aunque un país no sea rico, si se dota de una política eficaz de prevención de catástrofes puede salvar muchas vidas. En agosto de 2008, el ciclón Gustav , el más violento de los últimos cincuenta años, azotó el Caribe con vientos de 340 kilómetros por hora. En Haití mató a 66 personas. Sin embargo, en Cuba no causó ninguna víctima mortal…

¿Es Haití un país pobre? En verdad, no hay países pobres; sólo existen “países empobrecidos”. No es lo mismo. En el último tercio del siglo XVIII, Haití era la Perla de las Antillas y producía el 60% del café y el 75% del azúcar que se consumía en Europa. Pero, de su gran riqueza sólo se beneficiaban unos 50.000 colonos blancos, y no los 500.000 esclavos negros que la producían.

Invocando los nobles ideales de la Revolución Francesa, esos esclavos se sublevaron en 1791 al mando de Toussaint Louverture, el Espartaco negro . La guerra duró trece años. Napoleón envíó una expedición de 43.000 veteranos. Triunfaron los insurrectos. Fue la primera guerra racial anticolonial y la única rebelión de esclavos que desembocó en un Estado soberano.

El 1 de enero de 1804, se proclamó la independencia. Sonó como un aldabonazo en el continente americano. Los esclavos negros demostraban que, por su propia lucha, sin la ayuda de nadie, podían conquistar la libertad. Afro-América emergía en la escena política internacional.

Pero el “mal ejemplo” de Haití así lo calificó el Presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson aterrorizó a las potencias que seguían practicando la esclavitud. No se le perdonó. Y nadie reconoció, ni ayudó a la nueva república negra, pesadilla del colonialismo blanco. Aún hoy, el viejo terror no ha desaparecido. Pat Robertson, telepredicador estadounidense, ¿no acaba acaso de afirmar: “Miles de hatianos han muerto en el seísmo porque los esclavos de Haití hicieron un pacto con el diablo para obtener su libertad” (3)?

El nuevo Estado independiente fue boicoteado durante decenios con la idea de “recluir la peste” en ese país. Haití cayó en guerras civiles que arrasaron su territorio. Se perdió la necesaria etapa de construcción de un Estado-nación. Institucionalmente, a pesar de la gran calidad de sus numerosos intelectuales, el país quedó estancado.

Después vino el tiempo de la ocupación por Estados Unidos que duró de 1915 a 1934. Y de la guerra de resistencia. El héroe de la rebelión, Charlemagne Péralte, fue crucificado por los marines , clavado en la puerta de una iglesia… Washington acabó por ceder Haití a nuevos dictadores, entre ellos: Papa DocDuvalier, uno de los más despóticos.

En los años 1970, aún gozaba Haití de soberanía alimentaria, sus agricultores producían el 90% de los alimentos que consumía la población. Pero el Plan Reagan-Bush, impuesto por Washington, obligó a suprimir los aranceles sobre la importación de arroz, producto básico del cultivo local. El arroz estadounidense, más barato porque estaba subvencionado, inundó el mercado local y arruinó a miles de campesinos que emigraron en masa a la capital, donde el seísmo los ha atrapado…
La única experiencia de gobierno realmente democrático, fue la de Jean-Bertrand Aristide, dos veces Presidente (1994-1996 y 2001-2004). Pero sus propios errores y la presión de Washington lo empujaron al exilio. Desde entonces, de hecho, Haití se halla bajo tutela de la ONU y de un conglomerado de ONGs internacionales. El Gobierno de René Préval ha sido sistemáticamente privado de medios de acción. Por eso resulta absurdo reprocharle su inoperancia ante los efectos del seísmo. Hace tiempo que el sector público fue desmantelado y sus principales actividades transferidas, si eran rentables, al sector privado, o a las ONGs cuando no lo eran. Antes de convertirse en el Ground Zero del planeta, Haití ya era el primer caso de “colonialismo humanitario”. La tragedia reforzará la dependencia. Y por consiguiente las resistencias. El “capitalismo de choque”, descrito por Naomi Klein, hallará una nueva ocasión de reclamar en nombre de la eficacia la privatización integral de todas las actividades económicas y comerciales ligadas a la reconstrucción.

Estados Unidos está en primera línea, con sus Fuerzas Armadas desplegadas en una ofensiva humanitaria de gran envergadura. Resultado sin duda de un generoso deseo de socorrer. Pero también de indiscutibles intereses geopolíticos. Washington prefiere invadir Haití de ayuda que ver invadidas sus costas por decenas de miles de boat people haitianos. En el fondo, se trata de la misma vieja obsesión: “recluir la peste”…

Notas:
(1) Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para un mañana más seguro , Naciones Unidas, Nueva York, mayo de 2009.
(2) Informe Mundial sobre los desastres 2009 , Cruz Roja Internacional, Ginebra, julio de 2009.
(3) Christian Broadcasting Network, 14 de enero de 2010.

10 de febrero de 2010

10º Foro Social Mundial: Los síntomas de decadencia

ALAI AMLATINA. Los síntomas son bien conocidos: debatir hasta el cansancio si lo que se está haciendo tiene sentido, si debe continuarse el mismo camino o torcer el rumbo en alguna dirección que permita encontrar soluciones a los males y malestares que se perciben. En efecto, tanto el seminario “10 años después” realizado en Porto Alegre, como el Foro Temático, con sede en Salvador, dedicaron buena parte de su tiempo a constatar la pérdida de vitalidad de un movimiento que pretendió ser la alternativa a la globalización neoliberal.

Este año, el Foro Social Mundial no contó con un evento central sino que realizó actividades en una veintena de ciudades de diferentes partes del mundo, entre ellas las dos capitales estatales brasileñas. La opción por la descentralización es un indicador de que los grandes eventos de decenas de miles de personas jugaron un papel importante en su momento, a comienzos de la década, pero en esta etapa no tendría sentido repetirlos ya que, según se pudo constatar en las últimas ediciones, el formato se fue desgastando.

El evento de Porto Alegre, a partir del 25 de enero, consistió en un conjunto de debates entre intelectuales y miembros de ONGs, con escasa participación de los movimientos sociales que son, en los hechos, la razón de ser del Foro. Por cierto, no era la intención de los organizadores apostar por la masividad que arrastró a más de 150 mil personas en las ediciones anteriores, pero los debates atrajeron ahora a menos del diez por ciento del anterior pico de participación.

En Salvador, por el contrario, en el Foro Temático realizado entre el 29 y el 31 de enero, la presencia de los movimientos era esperada con cierta expectativa. La opción por descentralizar el evento, con mesas de debates en hoteles de la ciudad y las actividades de los movimientos relegadas al recinto de la Universidad Católica, tuvo un efecto negativo para la participación social. A diferencia de lo que sucedía en Porto Alegre años atrás, cuando la ciudad giraba por unos días en torno al Foro, en la capital de Bahía la gente no se enteró del evento altermundialista.

Buscando nuevos rumbos

El viraje en la situación política mundial y en América Latina, parece estar en la base de un cierto desconcierto que se plasma en la aparición de propuestas notoriamente divergentes. En las primeras ediciones de los Foros, se registraba un fuerte ascenso del conservadurismo comandado por George W Bush, a caballo de las invasiones a Irak y Afganistán. En este continente, se estaban estrenando los gobiernos del cambio y se registraba aún una oleada de movilización social que desembarcó con sus múltiples colores en los eventos multitudinarios de Porto Alegre.

La crisis mundial, el ascenso de Barack Obama a la Casa Blanca, el otoño de los gobiernos progresistas y de izquierda de la región y la creciente desmovilización social, pautan una coyuntura bien distinta. El tono de la Carta de Bahía, documento final aprobado por una asamblea de movimientos, delata el nuevo clima. La declaración enfatiza en el rechazo a “la presencia de bases extranjeras en el continente sudamericano”, la defensa de la soberanía y de los grandes yacimientos de petróleo descubiertos en el litoral brasileño.

La Carta hace una defensa cerrada del gobierno de Lula. “En Brasil, muchos avances fueron conquistados por el pueblo durante los siete años del gobierno Lula”. Menciona que aún falta realizar reformas estructurales, pero llama a apoyar a los diversos oficialismos “en este período de embate político que se aproxima”, en clara alusión a los procesos electorales venideros.

En este punto, aparecen fuertes divergencias. El Movimiento Sin Tierra, muy crítico con Lula por no haber hecho la reforma agraria prometida, no movilizó sus bases hacia el Foro como en ocasiones anteriores. En Salvador, el movimiento más potente es el de los Sin Techo, que en diferentes talleres mostró claras distancias tanto con el gobierno federal como con el estatal, comandado por el petista Jacques Wagner.

La distancia, social antes que política, entre movimientos y gobiernos fue una de las características del Foro de Salvador. Uno de los “intercambios” con los movimientos se realizó en un hotel de cinco estrellas, con la participación del gobernador Wagner, el ministro de Desarrollo Social Patrus Ananias y el Secretario Especial para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Samuel Pinheiro. No era ese el mejor ambiente para movimientos de base que, como los de Salvador, están integrados en su inmensa mayoría por negros pobres que viven en favelas, que son sistemáticamente rechazados en esos espacios.

En la visita que realizamos a tres ocupaciones urbanas de los Sin Techo, pudimos comprobar que las bases de esos movimientos no tenían la menor idea de lo que sucedía en el centro de la ciudad, ni mostraban intención de asistir cuando se les informaba que debían registrarse en otro hotel, también de cinco estrellas, ubicado en el corazón elitista de la ciudad racista. Si alguna vez los foros fueron un genuino encuentro de movimientos sociales, en los hechos se convirtieron en encuentros de elites, intelectuales, miembros de ONGs y representantes de organizaciones sociales.

En palabras de Eric Toussaint, miembro del Consejo Internacional del FSM, un dato central es que el encuentro “fue patrocinado por Petrobrás, Caixa, Banco do Brasil, Itaipú Binacional y con fuerte presencia de gobiernos”. O sea, grandes multinacionales que están también en el encuentro empresarial de Davos, donde Lula fue proclamado “estadista global”. En su opinión, el núcleo histórico de fundadores del Foro, donde tienen especial presencia brasileños vinculados al gobierno, son los más reacios a buscar otros formatos, que “se apoyen en fuerzas militantes voluntarias y se alojen en casas de activistas”.

Cuestión de Estado

En cuanto al formato, las propuestas son muy variadas. El portugués Boaventura de Sousa Santos, cree que el Foro fracasó en Europa, Asia y África al no haber conseguido “conquistar la imaginación de los movimientos sociales y los líderes políticos” como sucedió en América Latina. Cree que el FSM debería haber acudido con una posición propia a la cumbre de Copenhague y que el próximo encuentro, a realizarse en Dakar (Senegal), deberá “promover algunas acciones colectivas” en la dirección de buscar “una nueva articulación entre partidos y movimientos”.

Toussaint va más lejos y aspira a que los movimientos recojan la propuesta lanzada por Hugo Chávez de crear una Quinta Internacional, que sería un “instrumento de convergencia para la acción y para la elaboración de un modelo alternativo”. En el otro extremo, el sociólogo brasileño Emir Sader cree que el Foro ya fracasó porque al no estrechar vínculos con los gobiernos progresistas, “quedó girando en el vacío”.

Dos temas siguen estando en el centro de los debates, como estas posturas manifiestan: la relación entre gobiernos y movimientos y el grado de centralización y de organización que debe dotarse el Foro. Hay quienes, como Toussaint, defienden un modelo tradicional, que se resume en “un frente permanente de partidos, movimientos sociales y redes internacionales”, porque es la mejor forma de impulsar la movilización.

Cree, por añadidura, que el golpe de Estado en Honduelas se consolidó porque la movilización “fue totalmente insuficiente”.

De Sousa Santos echa más leña al fuego al abordar el otro tema en debate. Sostiene que “ahora existe un novísimo movimiento social que es el propio Estado”. Defiende su tesis señalando que si al Estado se lo deja librado a su lógica, “es capturado por la burocracia y por los intereses económicos dominantes”. Pero si los movimientos, que siempre han trabajado por fuera de los estados, lo toman en cuenta como “un recurso importante”, ese Estado “puede ser apropiado por las clases populares como está ocurriendo en el continente latinoamericano”.

En su comunicación al seminario_ “10 años después”_, Immanuel Wallerstein presentó una perspectiva que incluye una variante más, estirando las diferencias entre los militantes. Sostuvo que los impactos mayores de la crisis vendrán en los próximos cinco años, con un posible default de la deuda de los Estados Unidos, la caída del dólar y la aparición de regímenes autoritarios, incluyendo algunos países de América Latina, y la creciente demonización de Obama en Estados Unidos. Cree que se están formando varios bloques geopolíticos que excluyen a Washington: Europa Occidental-Rusia; China-Japón-Corea del Sur; Sudamérica liderada por Brasil.

En ese escenario, opina que en las dos próximas décadas la izquierda social y la política irán percibiendo que_ “la cuestión central no es poner fin al capitalismo, sino organizar un sistema que lo suceda”_. En ese lapso, la confrontación entre derechas e izquierdas, cuyas fuerzas se han expandido a todo el mundo, será inevitable, pero no será una batalla entre estados sino “entre las fuerzas sociales mundiales”. Y cree, además, que a las izquierdas y a los movimientos “les falta una visión estratégica de medio plazo”. Esto último se ha mostrado enteramente cierto, por lo menos en el último Foro Social Mundial.

[Publicado por ALAI AMLATINA, el 05/02/2010]

– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.

7 de febrero: Siete aspectos a considerar para un voto crítico y conciente

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lanza un fuerte y vehemente llamado a toda la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo formal como la que está desempleada y/o en la informalidad trabajando por cuenta propia, para que este domingo 7 de febrero acuda masivamente a las urnas y deposite el voto crítico y más consciente de las últimas décadas.

La ANEP insta a la clase trabajadora para que en la soledad de la urna y en medio de la alta majestad del sagrado acto del sufragio, a la hora de votar este domingo 7 de febrero, tenga presente los siguientes 7 aspectos:

1) El más grave problema nacional es la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad. La violencia social y criminal y la inseguridad ciudadana responden a la disminución de oportunidades para miles de compatriotas y debido al crecimiento sostenido de la pobreza.

2) La carga tributaria del país, proporcionalmente hablando, descansa sobre las espaldas del pueblo trabajador asalariado, particularmente la golpeada clase media sufre altísimos niveles de endeudamiento por esa injusticia tributaria galopante.

3) La evasión fiscal es abusiva y atenta contra la estabilidad social y contra los servicios públicos de cobertura universal.

4) Las políticas económicas de los últimos tiempos han golpeado duramente el poder adquisitivo de los salarios, llevando gran congoja, estrechez, incertidumbre e infelicidad a miles de hogares de familias trabajadoras asalariadas.

5) A una de cada tres personas trabajadoras asalariadas ni siquiera se le paga el salario mínimo de ley, el cual, ya de por sí, es insuficiente para enfrentar el altísimo costo de la vida y totalmente indigno para un nivel de calidad de vida relativamente decoroso; negándosele a estos miles de personas trabajadoras el derecho constitucional de libre sindicalización.

6) Un tercio de la niñez costarricense está sumido en un ambiente de carencias, miseria y de exclusión social. Un millón de costarricenses vive en la pobreza.

7) El grupo político-económico dominante en los últimos gobiernos ha venido promoviendo escandalosos negocios privados con los servicios públicos, atentándose seriamente contra la institucionalidad democrática basada en la promoción del bien común.

Por tanto, la ANEP insta a todas las personas electoras, especialmente a quienes integran la clase trabajadora costarricense (en su amplia concepción), para que consideren los anteriores elementos a la hora de decidir su voto presidencial, su voto diputadil y su voto municipal.

San José, viernes 5 de febrero de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Memoria histórica: Para nunca olvidar

La Corporación Latinobarómetro, basada en Santiago de Chile, publica todos los años un informe resumiendo sus investigaciones comparativas sobre el estado de la opinión pública en dieciocho países de América Latina y el Caribe.[1] Para estupefacción del lector el Informe 2009 se abre, en su página 3, con una cita que dice textualmente lo siguiente: “En el año 2009, América Latina sufre por primera vez un golpe de estado después de 31 años, desde que se inaugurara la democracia en lo que ha sido llamado ‘la tercera ola de democracia’ ”.

¡El primer golpe en 31 años! Esta increíble afirmación no es tan sólo un notable error historiográfico sino un síntoma de algo mucho más profundo, revelador de las insanables limitaciones de la concepción teórica y metodológica hegemónica en las ciencias sociales de nuestros días, de inspiración anglosajona. Las páginas que siguen tienen por objeto traer a la memoria lo que el saber convencional aparta convenientemente a un lado. En este caso, los golpes de estado. A los efectos de corregir tan distorsionada visión de la realidad política regional ofrecemos a continuación un breve racconto sobre los golpes de estado que se perpetraron en América Latina y el Caribe en estos últimos 31 años.

11 de Abril del 2002: golpe de estado en la República Bolivariana de Venezuela

Luego de que se mintiera a la población anunciando que Chávez había renunciado (cosa que también se hizo en el caso de Mel Zelaya durante el golpe hondureño), siendo que, en verdad, aquél se rehusó valerosamente a firmar la carta de renuncia que los golpistas le habían preparado, se convocó de urgencia a una reunión en el Palacio de Miraflores para ungir como presidente de Venezuela al líder de la organización empresarial Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga (alias “Pedro el Breve”). Allí se procedió a dar lectura al Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, nombre tan pomposo como mendaz con el que se pretendía disimular al golpe de estado presentándolo como una rutinaria sucesión institucional ante la misteriosa ausencia del primer mandatario. Ese despótico engendro, pergeñado por los inmaculados custodios de la democracia venezolana y aplaudido por Bush, Aznar y compañía, ponía en manos del efímero usurpador amplísimos poderes que no demoró en llevar a la práctica: de un plumazo Carmona derogó la constitución bolivariana, disolvió al Poder Legislativo y destituyó a todos los diputados a la Asamblea Nacional, suspendió a los magistrados del Poder Judicial, al Fiscal General, al Contralor y al Defensor del Pueblo y concentró la suma del poder público en sus manos.

Una vez que fuera leído tan ignominioso documento se invitó a los concurrentes a refrendar el triunfal retorno a la democracia. Entre los firmantes sobresalen los nombres –hundidos para siempre en irredimible deshonor- del Cardenal Ignacio Velasco, santo varón que para desgracia de los cristianos presidía los destinos de la Iglesia Católica en Venezuela; Carlos Fernández, vicepresidente de Fedecámaras; Miguel Angel Capriles, en representación de los medios de comunicación privados (que engañaron a la población desinformando sistemáticamente lo que estaba ocurriendo, con total impunidad); José Curiel, secretario del la democracia cristiana venezolana (COPEI); Manuel Rosales, por ese entonces Alcalde de Maracaibo (prófugo de la justicia acusado de numerosos delitos de fraudes y estafas, amparado y protegido en estos días por el gobierno de Alan García en el Perú); Julio Brazson, presidente de Consecomercio; Ignacio Salvatierra, presidente de la Asociación Bancaria; Luis Henrique Ball, presidente del Consejo Empresarial Venezuela-Estados Unidos; el general retirado Guaicaipuro Lameda, ex presidente de Pdvsa. Luego de la firma se procedió a tomar juramento a Carmona Estanga, dándose así por constituido el nuevo gobierno robustecido por el pleno respaldo de la “sociedad civil”, supuestamente congregada en la sede del gobierno venezolano y representada por ilustres personeros como los arriba nombrados.

Es decir, allí hubo un golpe_ “con todas las de la ley”_ que, tiempo después y con Chávez ya repuesto en el Palacio Miraflores, fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia en una insólita decisión en la que se señalaba que Carmona Estanga había asumido el cargo debido a que en Venezuela se había producido un_ “vacío de poder”._ Claro que esta curiosa teoría tenía un efecto práctico nada desdeñable: gracias a ella se eximía a los implicados de ser procesados por su participación en el golpe de estado, su impunidad consagrada gracias a una sentencia emitida por el más alto tribunal de justicia del país. Por otra parte, si la palabra “golpe” no apareció en el discurso político de esos días fue por otras dos muy convenientes razones. Primero, porque siempre y en todo lugar los golpistas rehúsan a reconocerse como tales, como violadores de la legalidad institucional y la legitimidad política: prefieren autocalificarse como “gobiernos provisorios” surgidos de la necesidad de restaurar un orden supuestamente destruido (o amenazado) por un líder demagógico o por la movilización popular. En la Argentina de 1955 el golpe de estado que acabó con el gobierno de Juan D. Perón se autoidentificó como “Revolución Libertadora”; por su parte, la dictadura genocida de 1976 se refería a sí misma con el pomposo nombre de “Proceso de Reorganización Nacional.” En otros casos, los golpes se ocultan bajo nobles y patrióticas consignas como “Gobierno de Reconciliación Nacional”, “Gobierno de Salvación Nacional” u otras por el estilo. En segundo lugar, porque si se caracterizaba a lo ocurrido como un golpe se erigía un serio obstáculo para lograr el reconocimiento internacional del nuevo gobierno, debido al repudio generalizado que los golpes de estado suscitan en las nuevas democracias latinoamericanas y, en menor medida, al peso que había adquirido en nuestra región la Carta Democrática Interamericana. O sea, se optó por montar una farsa (como luego se haría en el caso hondureño) al hablar de un “gobierno de transición” o un_ “interinato”_, eufemismos utilizados para no llamar al golpe de estado por su verdadero nombre.

De hecho, esta tergiversación semántica facilitó que el nuevo gobierno fuese inmediatamente reconocido por George W. Bush y José María Aznar, dos personajes que, parafraseando a George Bernard Shaw, tienen tanta relación con la democracia como la música militar con la música. No sólo eso: apenas producido el golpe el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, señaló que la causa de la crisis era la polarización política y la conflictividad social inducida por las políticas de Chávez y que en las semanas previas al golpe funcionarios estadounidenses se habían reunido con Pedro Carmona (_“el empresario que sucedió a Chávez”,_ según la tramposa caracterización de Fleischer) y con numerosos conspiradores civiles y militares para conversar sobre este asunto. El colofón de todas estas artimañas se conoció el mismo 12 de Abril, apenas unas horas luego de concretado el golpe, cuando Bush y Aznar dieron a conocer una insólita declaración conjunta en la que sostenían que_ “los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo”_. Ambos mandatarios además manifestaban “su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas” a la vez que expresaban “su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela y su deseo de que la excepcional situación que experimenta ese país conduzca en el plazo más breve a la plena normalización democrática”. Es más, poco antes de que Carmona prestara juramento, la Presidencia española de la Unión Europea anteponiendo sus afinidades con los golpistas a los principios democráticos de los que la Unión Europea se reclama fiel representante emitió una declaración oficial en la que_ “manifiesta su confianza en el gobierno de transición en cuanto al respeto de los valores e instituciones democráticos, con el fin de superar la crisis actual”_.[2] Este autor, asesor parlamentario de Izquierda Unida en España, también asegura que Madrid y Washington habían reconocido que sus representantes en Caracas mantuvieron contacto continuo y una estrecha coordinación en los días previos y durante el golpe. El 13 de abril, el embajador de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, junto al embajador de Estados Unidos, Charles S. Schapiro, acudieron juntos para entrevistarse personalmente con el presidente del así llamado “gobierno provisional” después que éste disolviera la Asamblea y avasallara la Constitución. Fueron los únicos diplomáticos que se entrevistaron con Carmona, avalando sin tapujos todo lo actuado por los golpistas.

El golpe ahora desaparecido de la vista de los lectores del Informe Latinobarómetro 2009 no sólo contó con el apoyo de Estados Unidos y España. También obtuvo la aprobación de algunos otros gobiernos: Colombia, presidido entonces por Andrés Pastrana, y El Salvador, por Francisco Flores. El golpe se produjo mientras tenía lugar en San José, Costa Rica, la XVI Cumbre del Grupo de Río. Los presidentes allí reunidos consensuaron una tibia declaración en donde se condenaba la “interrupción del orden constitucional” (falaz argumento que años después utilizaría la Secretaria de Estado Hillary Clinton para referirse a lo ocurrido en Honduras) cuidándose con esmero de emplear la expresión “golpe de estado”.

Si no se esperaba otra cosa de Bush y Aznar, la desagradable sorpresa la produjo la reacción del gobierno chileno ante los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Venezuela. El presidente Ricardo Lagos declaró en San José que “lamentamos profundamente los hechos de violencia y la pérdida de vidas humanas. Instamos también a la normalización de la institucionalidad democrática, pero al no tener el cuadro completo de situación le pedimos a la OEA que sea la encargada de hacer una evaluación del asunto”, al paso que agregaba que “tal como se ven las cosas hasta el momento “sería apresurado hacer declaraciones concluyentes”. [3] Pero la Canciller chilena, Soledad Alvear, de rancia prosapia demócrata cristiana, vio las cosas de otra manera y atolondradamente emitió un venenoso comunicado que, siguiendo puntualmente la línea establecida por la Casa Blanca, acusaba de los hechos de violencia y alteración de la institucionalidad al depuesto presidente Hugo Chávez. De este modo, el supuesto “gobierno modelo” de las transiciones democráticas de América Latina reprendía a la víctima y se alineaba claramente con el victimario. El vergonzoso mensaje de Alvear –¡jamás repudiado o desautorizado por Lagos!- decía textualmente que “el gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática con un alto costo de vidas humanas y de heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”.

En otras palabras, la cancillería chilena culpaba al gobierno de Chávez de violar la institucionalidad democrática y cargaba las tintas sobre un pasaje de la declaración del Grupo de Río que condenaba la “interrupción del orden institucional en Venezuela generada por un proceso de polarización”, proceso que se atribuía exclusivamente al gobierno bolivariano. El propio Lagos declaró, todavía en San José, que “se condena el hecho porque hubo una interrupción del orden constitucional. Ese es un hecho. Pero, por otra parte, nos parece muy importante la capacidad que tengamos de colaborar con las nuevas autoridades para salir adelante”, una manera muy sutil de reconocer a los golpistas. Y ese era el otro hecho: el golpe de estado. Pero de ese hecho Lagos no habló. Obediente a ese llamado a la colaboración formulado por su presidente, el embajador de Chile en Venezuela, Marcos Álvarez, no se demoró en hacer explícito su respaldo a los golpistas destacando que “el nuevo Presidente tiene una excelente relación con Chile”. En línea con las declaraciones de sus superiores se negó a calificar a la destitución de Chávez como un golpe de estado. Apenas unas horas después del arresto de Chávez dijo textualmente a varios medios de su país que “aquí no se ha hablado de golpe de estado. No lo ha habido (…) Hoy me asombra la tranquilidad y civilidad de este pueblo empapado de democracia durante 40 años. Las democracias, sabemos, también son imperfectas, pero son democracias al fin y al cabo”. Tiempo después Santiago procuraba despegarse de los dichos de su embajador y le solicitaría a Álvarez su renuncia al cargo. Pero el daño ya estaba hecho. [4]

Cabe preguntarse: ¿por qué los redactores de Latinobarómetro pasaron por alto un golpe de estado como el que efímeramente triunfara en Venezuela? No tenemos elementos para dar una respuesta definitiva aunque sí podemos arriesgar una conjetura, que es la siguiente: porque en la visión ofuscada e ideológicamente sesgada del pensamiento convencional de las ciencias sociales, pensamiento al cual adhieren los redactores del Informe, en Venezuela no hubo un golpe de estado sino una breve escaramuza institucional que fue resuelta en 48 horas. Claro que esta opción no es inocente porque al interpretar las cosas de esta manera se vela el accionar de la derecha, los golpistas, y la coalición reaccionaria que no vaciló en engañar al pueblo, asesinar a inocentes en la masacre de Puente Llaguno y quedar a un paso de producir un magnicidio, con las imprevisibles consecuencias que esto podría haber acarreado para la sociedad venezolana. Se oculta también un hecho que la historia confirma una y otra vez: que si la democracia logró consolidarse fue siempre y en todas partes a pesar de la oposición –a veces pacífica pero en muchos casos violenta- de la burguesía y la derecha política. Y que cuando aquella amenaza desbordar los muy estrechos límites de la democracia burguesa aún la derecha “más institucional y legalista” caracterización que con harta ingenuidad se le atribuía a la derecha chilena a comienzos de los años setentas no vacila en arrojar por la borda todos sus escrúpulos y apuesta todas sus cartas a la recomposición violenta del orden amenazado. Tal como Marx lo apuntara en un célebre pasaje de El 18 Brumario de Luis Bonaparte , la burguesía siempre preferirá “un final con terror al terror sin fin” materializado en el constante avance de los plebeyos y la amenaza a sus riquezas y privilegios. Esa fue la opción de la derecha chilena (incluyendo, obviamente, a la hipócritamente centrista y legalista Democracia Cristiana) el 11 de Septiembre de 1973 y esa fue también la opción de la derecha venezolana el 11 de Abril del 2002. Sólo que en este último caso la reacción popular le quebró la mano a los golpistas. Cosas como estas no pueden ser dejadas de lado en ningún análisis riguroso sobre la vida política de nuestros países. En estos casos, el silencio tiene un insoportable olor a complicidad.

La larga saga del golpismo latinoamericano

Pero, ¿fue el que se produjo en la República Bolivariana de Venezuela el único golpe que ignoraron los redactores del informe? Un breve recuento, sumario in extremis, indica que no. Que en realidad en los últimos 31 años hubo varios más.[5] Entre ellos, sobresalen los siguientes, también olvidados, y que apenas mencionaremos aquí.

El Salvador 1979

El 15 de Octubre de 1979 se produce el golpe de estado que depone al gobierno conservador del general Carlos Humberto Romero e instala una autotitulada Junta Revolucionaria de Gobierno. La creciente represión del depuesto presidente no lograba contener el impresionante crecimiento de la protesta social que a falta de canales institucionales de expresión se inclinaba cada vez con mayor decisión hacia la lucha armada, engrosando los cuadros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ante ello la respuesta oficial fue intensificar las operaciones represivas y dar rienda suelta a los paramilitares de la ultraderecha. Esto produjo el estallido de una guerra civil que se prolongaría entre 1980 y 1992 y que enfrentaría a las fuerzas armadas salvadoreñas con el FMLN hasta que, ante la imposibilidad de que alguna de las dos partes pudiera triunfar, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec en Enero de 1992. En los meses iniciales de la guerra civil se produjo el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ultimado mientras celebraba misa por un comando paramilitar de ultraderecha. Cabe señalar que el proceso político salvadoreño estuvo fuertemente influenciado por lo que estaba ocurriendo en otros países del área, muy especialmente Nicaragua, donde la prolongada lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional acababa de derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Julio de 1979.

Bolivia 1978, 1979, 1980

El 24 de Noviembre de 1978 un golpe de estado comandado por el general David Padilla derrocó al también general Juan Pereda Asbún. El golpe declaraba su intención de democratizar la vida política del país convocando a elecciones generales, mismas que se efectuaron en Julio de 1979 consagrando el triunfo de Hernán Siles Zuazo. Dados los antecedentes del candidato y su gestión presidencial en 1956-1960 en la fase final de la Revolución Boliviana de 1952, tanto Estados Unidos como las dictaduras del Cono Sur presionaron fuertemente para evitar que el Congreso lo designara como presidente dado que en las elecciones no había alcanzado la mayoría absoluta de los votos. Ante la imposibilidad de lograr una mayoría parlamentaria que lo instalara en el Palacio Quemado el Congreso optó por designar provisoriamente a Walter Guevara Arce con el mandato de convocar a nuevas elecciones presidenciales en 1980.

No obstante, el 1º de Noviembre de 1979 un sangriento golpe militar que dejó por lo menos un centenar de muertos y más de treinta personas desaparecidas derrocó al gobierno. No obstante, la enconada resistencia popular hizo que el jefe de los golpistas, Alberto Natusch Busch, tuviera que presentar su renuncia un par de semanas después, ocasión en la que el Congreso designó como presidenta interina a Lidia Gueiler, fijándose además la fecha de la próxima elección presidencial el 29 de Junio de 1980. Realizadas las elecciones, luego de un fracasado intento de asesinar a Siles Zuazo mediante la voladura del pequeño avión que debía transportarlo durante su campaña electoral, el resultado de la misma lo consagró una vez más como ganador. Esto precipitó un nuevo golpe de estado, perpetrado el 17 de Julio de 1980, liderado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez, dos políticos estrechamente vinculados al narcotráfico y a la dictadura militar argentina. El régimen encabezado por García Meza hizo del terrorismo de estado su principal instrumento de gobierno, dejando un luctuoso saldo de víctimas en todo el país. Acosado por las grandes movilizaciones populares debió ceder el poder el 4 de Agosto de 1981, abriéndose un período de transición que culminaría el 10 de Octubre de 1982 con la asunción de Hernán Siles Zuazo a la presidencia de la república, reconociéndose como válido el resultado de los comicios que tuvieran lugar en 1980.

Paraguay 1989

Un golpe de estado perpetrado el 3 de Febrero de 1989 bajo el liderazgo del general Andrés Rodríguez puso fin a la dictadura del general Alfredo Stroessner que había gobernado durante 34 años con mano férrea y haciendo gala de un rabioso anticomunismo que le valió el constante apoyo de Washington. Entre las principales medidas tomadas por Rodríguez se cuentan la legalización de los partidos de oposición (antes el único reconocido legalmente era el Partido Colorado), el encarcelamiento y posterior exilio de Stroessner, la abolición de la pena de muerte y la derogación de la ley marcial, en vigencia durante unos treinta años. Poco tiempo después convocaría a elecciones y su candidatura triunfaría por estrecho margen sobre sus competidores, dando inicio a un proceso de institucionalización democrática que, pese a sus limitaciones, continúa hasta el día de hoy. Las razones profundas que pudieron haber motivado su golpe en contra de quien era no sólo su socio comercial sino también su consuegro son aún desconocidas, pero con el derrocamiento del stroessnismo se abrió una nueva página en la vida política del Paraguay.

Haití 1988, 1990, 1991, 2004

Es bien conocida la inestabilidad que caracteriza la vida política de la primera nación en conquistar su independencia en América Latina y el Caribe. Haití pagó muy cara su osadía: emanciparse del yugo francés y abolir la esclavitud desencadenó una serie de represalias de su antigua metrópolis y sus aliados en el “mundo libre” que convirtieron a una de las más valiosas joyas coloniales del Caribe en el país más pobre del hemisferio occidental.

En Junio de1988, un golpe de estado derrocó a Leslie F. Manigat, quien había triunfado en las primeras elecciones libres del país organizadas una vez concluida la dictadura de Jean-Claude Duvalier. El autor del golpe fue a su vez derrocado por otro golpe, perpetrado por Prosper Avril en Septiembre de ese mismo año. En Marzo de1990 Ertha Pascal-Trouillot es designada presidenta provisional, para ser a su vez derrocada por un golpe en Febrero de 1991. Jean-Bertrand Aristide, que había triunfado en las elecciones es derrocado el 30 de Septiembre de 1991. Exiliado por unos años, regresa en 1994 para concluir su mandato. Re-electo en 2001, un nuevo golpe lo desaloja del poder en 2004.

Conclusión

El pensamiento hegemónico en el mundo de las ciencias sociales idealiza no sólo los procesos económicos al proponer falsas y absurdas teorías sobre el “efecto derrame”, por ejemplo, según la cual en un cierto momento la acrecentada riqueza de los más ricos tropezaría con un límite que haría que proporciones crecientes de aquélla comenzaran a “derramarse hacia abajo” aliviando de este modo la pobreza de los más pobres. El saber convencional también hace lo propio con la política, al postular una concepción igualmente errónea de la democratización que nada tiene que ver con los violentos y complejos procesos que en el mundo real hicieron posible que un reducido grupo de naciones construyeran un estado y una sociedad democráticas.

Entre otras cosas el paradigma hegemónico en la ciencia política convencional persuade a sus cultores que sólo lo que se puede contar cuenta, y que se puede hacer un buen análisis político prescindiendo del estudio de los condicionantes estructurales y el influjo de los factores históricos. Errónea visión que, dado el colonialismo cultural que prevalece en la periferia del imperio, va de la mano con la aceptación acrítica de los presuntos “desarrollos teóricos y metodológicos” procedentes de la academia norteamericana a la vez que rechaza, con similar enjundia, los aportes que el pensamiento crítico ha realizado para el análisis de los grandes temas de la realidad latinoamericana

Esta radical distorsión ocasionada por una teoría que es poco más que la codificación de las ideas dominantes en la sociedad actual que, como Marx y Engels lo señalaran en La Ideología Alemana, son las ideas de la clase dominante ha propiciado la proliferación de visiones idílicas sobre los “avances democráticos” en América Latina y el Caribe, concebidos como una flecha ascendente e irreversible hacia la democracia liberal definida según el ejemplo del bipartidismo norteamericano. Componentes centrales de este modelo democrático son el presuntamente virtuoso “corrimiento hacia el centro” del espectro político y la exaltación de la buena gobernanza entendida, claro está, como la congruencia entre las políticas públicas del estado “democrático” y las preferencias de los amos del mercado. Se comprende que a la luz de estas premisas ideológicas fenómenos como el chavismo o la experiencia gubernativa de Evo Morales y Rafael Correa, para no hablar de la Revolución Cubana, no sean otra cosa que aberrantes desvíos o francos retrocesos del “correcto” rumbo de la historia.

Una concepción como esa no puede sino ignorar los grandes conflictos sociales y la violencia que signaron los progresos democráticos en el mundo desarrollado, conflictos y violencia que también se despliegan en los países de la periferia como producto de la tenaz resistencia que las clases dominantes oponen a las luchas populares por la democracia. Una visión idílica, que concibe a la democracia como el terso despliegue de una voluntad democratizadora al margen de reacciones, restauraciones y contramarchas es decir, al margen de la lucha de clases es igualmente inepta para dar cuenta de las reiteradas tentativas de revertir los avances democráticos, por imperfectos que sean, y para restaurar por la vía autoritaria del golpe de estado un orden predemocrático congruente con los intereses dominantes. [6] Al idealizar a las muy imperfectas “democracias realmente existentes” de la región (repetimos: en su mayoría, plutocracias travestidas) el golpe de Honduras apareció ante los ojos de los redactores del Informe Latinobarómetro 2009 como un insólito rayo caído luego de treinta y un años de cielos serenos. Los golpes de estado en Bolivia, El Salvador, Haití, Paraguay y Venezuela tanto como las turbulentas sucesiones presidenciales experimentadas por varios países fueron ignorados en medio del desaprensivo entusiasmo generado por los avances de lo que Samuel P. Huntington (paradojalmente, uno de los teóricos más enconadamente adversarios de la democracia) denominara la “tercera ola democrática”. Con esas anteojeras teóricas los numerosos golpes de estado de las tres últimas décadas simplemente se invisibilizaron, y los redactores del Informe cayeron víctimas de este engaño.

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Notas:

1] Cf. Informe Latinobarómetro 2009, http://www.latinobarometro.org/

2] José Manuel Fernández , “Sobre la participación de España y de EEUU en el golpe de estado de Venezuela”, en http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Documentacion/Documentos/GolpeParticipEsp.htm

3] Luis Moreiro, “Condenó el Grupo Río la ruptura democrática”, en La Nación (Buenos Aires) Sábado 13 de Abril de 2002.

4] Cf. Sergio Ramírez S., “Plena coincidencia con los golpistas venezolanos”, 22 Abril 2002, en http://www.rodelu.net/ramirez/ramire82.htm

5] Conste que estamos excluyendo de esa caracterización de “golpe de estado” a los recambios presidenciales que tuvieron lugar como consecuencia de grandes movilizaciones populares que se resolvieron al interior de los mecanismos de sucesión institucionalmente establecidos. Casos de De la Rúa, Argentina 2001; Sánchez de Lozada y Mesa, en Bolivia 2003 y 2005; Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, en Ecuador en 1997, 2000 y 2005; Collor de Mello, en Brasil 1992; Carlos Andrés Pérez, Venezuela 1993 y Cubas, en Paraguay 1999 entre otros. Tampoco tomamos en cuenta casos como los del “autogolpe” de Alberto Fujimori, ocurrido el 5 de Abril de 1992 en el Perú. Si tuviéramos que contar todos estos casos la cronología de la inestabilidad política en esta “tercera ola democrática” en América Latina sería mucho más extensa de lo que el saber convencional de la ciencia política está dispuesto a reconocer.

6] Sobre las “democracias realmente existentes” en América Latina ver nuestro Aristóteles en Macondo. Notas sobre el fetichismo democrático en América Latina (Córdoba: Espartaco, 2009) y “La verdad sobre la democracia capitalista”, en Socialist Register en Español (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación y CLACSO, 2006), pp. 45-78. El hilo conductor de estos trabajos es un análisis crítico del uso (y abuso) del término “democracia” para referirse a gobiernos que, salvo contadas excepciones, son apenas oligarquías o plutocracias apenas disimuladas bajo los ropajes exteriores de la democracia.

Rodolfo Silva: Concesiones han sido un fiasco

Esto es parte del “fiasco” que ha sido la concesión de obras y servicios públicos, sostiene el Exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva, quien fue también Director Ejecutivo y Gerente del Banco Interamericano de Desarrollo y Vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración. Junto a un grupo de ciudadanos ha denunciado una “danza de millones, engaños y complacencias” que favorecen a las empresas concesionarias en perjuicio del interés público, sobre todo en el Aeropuerto Juan Santamaría.

Don Rodolfo, ¿realmente son un fiasco o es prejuicio ideológico criticar las concesiones, como dicen en el Gobierno?

La concesión de obras y servicios públicos, en su mayoría, ha sido un fracaso en nuestro medio. Hay razón para preguntar si se justifica la millonada que se está gastando en ellas. Preocupa que, en varios proyectos, los concesionarios han duplicado o triplicado los costos, o han incumplido el contrato, sin recibir por ello sanciones ni multas. Parece que la concesión se ha convertido en un negocio, con la complacencia de los gobiernos. Se impone enderezar el rumbo para que se utilice solo cuando realmente es necesaria y se den costos razonables, con rigurosa protección del interés público y los criterios éticos. La ideologización más bien viene del gobierno, que promueve entregar a concesionarios puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, cárceles, refinería, playas, en perjuicio de instituciones y empresas nacionales, que se están fosilizando al quitarles funciones y presupuesto. Solo faltó dar en concesión la platina del puente del Virilla…
Se aduce que concesionar es la vía para obras que el país no haría por falta de recursos.

La concesión se justifica si vienen empresas al país con capital y con tecnología, pero aquí se ha convertido en moda, aun si existen los recursos. En varios casos los concesionarios no han traído el financiamiento necesario y lo buscan en los bancos locales, haciendo su agosto con nuestros recursos humanos y de capital, sin que tampoco haya aporte tecnológico. Este fallido modelo aumenta nuestra dependencia para que empresas extranjeras nos vengan a hacer proyectos que perfectamente pueden llevar a cabo las instituciones y empresas nacionales, que comienzan a esclerotizarse por falta de utilizarlas. Mientras, perdemos experiencia gerencial y se refuerza el complejo del “no se puede” en que hemos caído de un tiempo para acá, cuando en el pasado nuestros profesionales y empresarios construyeron obras de gran magnitud.

¿Ejemplos?

Aeropuertos: se va a pagar a Alterra $1.100 millones de 2009 a 2026, encima de más de $200 millones que ya recibió por manejar el Santamaría durante los últimos ocho años. El socio mayoritario de Alterra, Bechtel, sacó buena ganancia al pagar Alterra sobreprecios, comisiones, gastos no autorizados, y paralizar las obras cuatro veces mientras que seguía devengando los ingresos del Aeropuerto. Bechtel, muy cercana a la Casa Blanca de GW. Bush, acaba de vender sus acciones a HASDC de Houston y de marcharse muy campante dejando inconclusas las obras y sin pagar multas ni deudas. Mil cien millones de dólares al Gestor que sigue siendo Alterra aunque le cambien nombre es una suma muy elevada por manejar el aeropuerto hasta el 2026, donde se requiere unos $10 millones anuales para operación y mantenimiento, y terminar de construir obras por unos $100 millones que la empresa tenía que haber entregado en 2004.

Por otro lado, el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia fue concesionado imprudentemente por el Gobierno durante 20 años hasta 2029 a un grupo liderado también por HASDC, que solo construirá un modesto edificio estimado inicialmente en $17 millones, pero ya aumentó a $35 millones. Una concesión innecesaria y un inconveniente cuasimonopolio.

Carreteras. Autopistas del Sol, concesionaria española de la vía a Orotina y Caldera que se estimó hace cuatro años en $118 millones, dice haber invertido unos $370 millones y aun no termina, pero ya elevó el costo al triple, tiene pendiente corregir numerosas fallas o no conformidades, incluyendo calidad de materiales y aspectos ambientales, así como controversias sobre los peajes.

La rehabilitación y ampliación de la ruta San José–Aeropuerto-San Ramón, calculada en $150 millones y adjudicada en 2005 a la concesionaria Autopistas del Valle, de la misma empresa española, ni siquiera ha comenzado los trabajos después de cuatro años, y no ha logrado conseguir financiamiento, aunque el Consejo Nacional de Concesiones anuncia que ya se negoció un paquete de $400 millones con el Banco Popular, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, y “solo falta obtener poco más de $100 millones” (La Prensa Libre). Quiere decir que costará entonces en exceso de $500 millones más del triple de lo estimado lo que aumentará los peajes a pagar. Pretenden usar recursos de los bancos nacionales, que nunca fue la idea.

Pero también está la concesión de puertos, que las autoridades proclaman exitosa…

Puerto Caldera fue entregado hace tres años a un gestor colombiano y no se le han hecho las mejoras previstas ni tampoco se ha construido el indispensable muelle granelero, cuyo costo ya lo triplicaron a unos $65 millones. Se quiere entregar también la operación del muelle de Moín a otro gestor privado, pero hay desacuerdo del sindicato y una propuesta de la Cámara de Exportadores para invertir en su lugar unos $80 millones en modernizar las instalaciones y equipos. El Gobierno insiste en que los trabajadores dejen el campo libre para que se otorgue a un operador privado, y les ofrece $137 millones a manera de “indemnización” a los trabajadores. Se les critica por la onerosa convención colectiva vigente que debería renegociarse, pero no se censura a los jerarcas del gobierno que fueron los responsables de aprobarla.

Vea también lo ocurrido con los ferrocarriles. El Incofer licitó en agosto 1997 el manejo de los ferrocarriles nacionales, con las consiguientes inversiones para su modernización. Varias empresas adquirieron el cartel, pero poco después la Contraloría General (CGR) ordenó suspender el proceso, por realizarse con la Ley de Contratación Administrativa y no la de Concesión. Debió el Incofer echar marcha atrás y devolver a las empresas el canon de participación. Apelada la decisión, la Contraloría admitió su error y aceptó, siempre que se hiciera un reglamento con normas y procedimientos que se hizo, pero no había tiempo para otra licitación al entrar un nuevo gobierno en 1998. Las nuevas autoridades decidieron posponerla por dos años para revisar lo hecho, y cuando se licitó en 2000 como “un nuevo proyecto” solo entró una empresa de la India que no incluyó las inversiones y la licitación se declaró desierta. Desde entonces se viene estudiando qué hacer.

El Incofer ha propuesto rehabilitar los ferrocarriles metropolitanos a un costo de unos $100 millones; mientras, el MOPT propone darlos en concesión, que podría costar $350 millones. Para aumentar la confusión, La Nación acaba de denunciar un tráfico de influencias que involucra a funcionarios y a una empresa española que se interesa por el ferrocarril y también por el puerto. No se espera una pronta decisión.

Hay otros casos…

No hay que olvidar la fallida concesión de una cárcel en Guácimo, promovida por la Ministra de Justicia en 2001 y adjudicada a una empresa usamericana en $70 millones. Una prisión “de cinco estrellas” que hubiera consumido casi todo el presupuesto anual del Ministerio para pagar al concesionario, pero hubo de anularse por defectos legales y el Estado debe responder a una demanda de más de $20 millones por daños y perjuicios, planteada por un político abogado de un bufete capitalino.

¿De cuántos millones estamos hablando?

Solo la suma de los montos cuantificados arroja un total de unos $2.800 millones, que a la tasa de cambio actual y sin descontar a valor presente, resulta en unos ¢1,700.000,000.000 (¢1,7 billones). Una alta autoridad consideró que aunque se pague más de lo que valen, “lo importante es que se hagan las obras…”. Lo malo es que tampoco se hacen.

Además del costo exorbitante de estos esquemas, unos financiados con ingresos fiscales como el caso de los aeropuertos, otros con préstamos de los bancos nacionales, como la carretera a San Ramón, y otros con recursos presupuestarios, como es la indemnización a pagar en Moín, en todos los casos se trata de traer empresas extranjeras en detrimento de la acción de instituciones nacionales como el MOPT y las entidades portuarias, que están siendo desmanteladas. Es una política suicida, al aumentar la dependencia del país de las empresas transnacionales, retrocediendo a tiempos ya superados de la United Fruit, de la Northern Railway y de la Electric Bond and Share. Deberíamos aprender la lección del Canal de Panamá, que por un siglo usufructó Estados Unidos como concesión, pero en virtud de un acuerdo político, el 1º enero de 2000 los panameños se hicieron cargo. A pesar de los escépticos que decían que no podrían manejar la operación, ni la seguridad, ni las finanzas del Canal, ya llevan una década haciéndolo satisfactoriamente y reciben el beneficio de sus ingresos, mientras que aquí se trasladan a las empresas extranjeras junto con empleos bien remunerados, y Costa Rica pierde la experiencia empresarial necesaria para que podamos valernos por nuestros propios medios.

Usted ha sido especialmente crítico del manejo del aeropuerto Juan Santamaría…

El caso del aeropuerto es patético, llegando al colmo de extenderle el plazo de contrato a Alterra por cinco años más hasta el 2026, que representan unos $300 millones de ingresos extra al Gestor. Así Alterra se redondea $1.100 millones provenientes de ingresos fiscales del aeropuerto, además de $200 millones que ya recibió y un préstamo bancario de $90 millones que no pagó. Solo en los últimos dos años, mientras tenía paralizadas las obras y no construyó un solo metro cuadrado, Alterra recibió entre $50 y $60 millones, en tanto gastaba en operación y mantenimiento unos $10 millones anuales.

Eso se denunció ante la Contraloría, pero ésta resolvió que el análisis realizado “supone que todos los pagos efectuados al Gestor se encuentran asociados a obras construidas y servicios brindados, todo lo cual se deja bajo la responsabilidad de la Administración”. La credulidad de la CGR asombra al “suponer” tal cosa, ya que ha determinado que Aviación Civil no sigue procedimientos adecuados de fiscalización, y concluye en su Informe que el órgano a cargo “desconoce cuánto dinero se ha invertido en los planes de mantenimiento de la terminal aérea y qué obras realizaron entre enero 2008 y junio 2009” (La Nación 11-09).

Este señalamiento viene a agregarse a lo dicho por la misma CGR en un informe de 2004 respecto al Consejo de Aviación Civil: “Se ha actuado en forma irresponsable, en abierto incumplimiento a órdenes giradas, mediante el uso de subterfugios legales y de recursos infundados, dirigidos a incumplir órdenes del órgano contralor”. Ante la inacción del Gobierno, la CGR reiteró: “El informe establece hechos que podrían ser generadores de tipificación penal”. Nada ocurrió. Sorprende aun más la confianza de la Contraloría en una administración que no ha cumplido sus funciones fiscalizadoras.

Similar acto de fe hace la CGR con el tema de las multas que deberían haberse cobrado por cinco años de atraso de Alterra en concluir las obras. En setiembre 2006 se presentó denuncia de que las multas acumuladas por Alterra ya ascendían a más de $40 millones. Pero nada ocurrió y ahora la Contraloría dictaminó en su oficio DCA-1507: “el cobro de multas es un aspecto de mera responsabilidad del CETAC”.

Es sabido que el Consejo rebajó las multas a una cuarta parte –$9.8 millones-, tal vez por la imposición de los bancos acreedores de Alterra, de que no aceptarían un arreglo si las multas excedían ese monto, a la vez que advertían que, en caso de una resolución anticipada del contrato habría severas repercusiones para futuras inversiones en infraestructura. ¿Cómo puede tener credibilidad Aviación Civil para calcular y cobrar las multas si no ha cumplido con sus obligaciones básicas de fiscalización del Contrato?

Ahora se anuncia que una nueva empresa asumió el manejo del aeropuerto…

No hay tal “nueva empresa”, no se ha dado una cesión del contrato. Lo que hubo fue una simple sustitución del accionista Bechtel por la HASDC de Houston, amadrinada por el Gobierno, que en un nuevo addendum 5 adujo ante la Contraloría que debía dársele “continuidad al servicio” –y por ende al contratista, a pesar de sus incumplimientos y abusos-. Alegaron que “un ente privado presumiblemente es más eficiente y efectivo… cuenta con mayores fortalezas que el operador público al no estar limitado por procedimientos burocráticos y administrativos”. Un curioso argumento “ideológico” ante el desastre del gestor Alterra y su atraso de cinco años, después que el gobierno hizo construir eficientemente la moderna terminal de pasajeros en 2 años (1998-2000).

Recurre además el MOPT a una salida por la tangente que recomendó un “comité técnico” de Aviación Civil, el cual arguyó que si no podía demostrarse un desequilibrio financiero alegado por Alterra, se podría usar la figura de un “mutuo acuerdo entre partes, por causas imprevisibles
y para satisfacer el interés público” –ahí cabe hasta un elefante-. Sobre esa base, y a pesar de que en resolución previa la CGR rechazó un addendum suscrito por el Presidente de la República y su Ministra de Transportes en junio de 2006, porque “la pretensión básica era restituir un equilibrio financiero sustentado en condiciones que nunca formaron parte del Contrato…y aumentaba los ingresos del Gestor más allá de lo previsto”, ahora la CGR compró el argumento del Gobierno, de darle continuidad al servicio y al contrato con Alterra, “para una mejor satisfacción del interés público”, aprobando la ampliación del plazo del contrato por cinco años más –que aumenta los ingresos del Gestor en unos $300 millones- y aceptando la sustitución del accionista mayoritario Bechtel por Houston.

Este fuerte aumento de los ingresos al Gestor –que vino a revertir criterios previos- no se hubiera dado si se decide la resolución del contrato, conforme procedía, pero les tembló la mano y ganaron las presiones de Alterra, de sus empresas asociadas y de sus bancos acreedores.

En definitiva el fallo dado por la gerencia de Contratación Administrativa de la CGR estableció que “más allá de los meros estudios jurídicos y financieros, continuar el Contrato de Gestión Interesada es la vía que mejor satisface el interés público”, fallo no impugnable. Así que habrá Alterra por 17 años más, con otro nombre para despistar, pero manteniendo la mayoría de los encargados que fueron parte de los problemas. No hay un “nuevo Gestor”, como pretenden algunos medios que tratan de confundir, inducidos por la hábil propaganda de Alterra. Como se esperaba, van a tramitar el cambio de nombre (razón social) para tratar de borrar los malos recuerdos que suscita el nombre de Alterra, pero como dice la fábula, “aunque se vista de seda, la mona, mona se queda”.

Una década perdida para Costa Rica en su desarrollo aeroportuario, donde han creado el funesto precedente de que contratistas pueden usar sus conexiones políticas para variar un contrato en su beneficio, sin licitación, y lograr que se les perdonen sus incumplimientos y abusos a base de subterfugios, recursos infundados y complacencias.

Se impone enderezar el rumbo para que las concesiones mantengan costos razonables, prime el interés público y la ética.

Fuente: Página Abierta

Parque Nacional Manuel Antonio, una lucha sin fin 1972-2009…

En el proceso cabe destacar los siguientes aspectos:

1. La Voluntad Legislativa. El legislador siempre ha tenido voluntad desde la fundación del Parque Manuel Antonio de dotarlo de los recursos para su ”desarrollo y consolidación”, la cual quedó expresada en el artículo tercero de la ley 5100, y en la modificación de ésta en dos oportunidades a través de la leyes 7793 en 1998 y la ley 8133 en el 2001. Estos logros legislativos podrían desaparecer de aprobarse el proyecto de ley expediente Nº 17.211, que está en trámite en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el cual pretende eliminar la Junta Directiva y el Fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio. La intervención oportuna y coordinada de los sectores locales, permitió mantener la Junta; pero sigue existiendo la amenaza sobre los recursos del fideicomiso del PNMA, provenientes de sus ingresos. De aprobarse el texto referido al financiamiento de áreas Protegidas Estatales la totalidad de los ingresos del Parque Nacional Manuel Antonio pasarían a formar parte de un fideicomiso único administrado nuevamente por SINAC a nivel Central.

2. Omisiones del Ejecutivo. La vida del PNMA ha estado caracterizada por omisiones, incumplimientos de las funciones propias y excesos del ejecutivo que han atentado contra su estabilidad, y que han sido resueltas a favor del Parque por la Sala Constitucional. Entre esas omisiones señalamos las siguientes:

a. No se han aplicado los mandatos de ley desde su fundación, relacionados con el destino de los recursos que le corresponden al Parque para su desarrollo, consolidación, operación y establecimiento (artic. 3 de la ley 5100, modificado por el artíc.1 de la ley 8133). Este incumplimiento constitucional, resuelto, en forma parcial, por la Sala IV, en la Sentencia No. 2009-011959 del 01 de julio del 2009, fallo que ordena aportar de inmediato el 50% de los ingresos del PNMA de años anteriores, al Fideicomiso del Parque Nacional Manuel y que deben destinarse al pago de tierras.

b. Decisión ejecutiva de segregar terrenos dentro del PNMA mediante el decreto No.25701 (¿inconstitucional?) de enero de1997; ante este decreto la reacción local y legislativa se plasmó en la Ley 7793, que estableció el Fideicomiso y el posterior desacato a esta ley, que a su vez generó la ley 8133en el 2001.

c. Incumplimiento, entre otras, de funciones propias del ejecutivo, que han propiciado disposiciones de la Sala IV como la del voto 4495-03, que ordena al Ministro de Seguridad: “que de inmediato gestione los trámites necesarios para que brinde al Ministerio de Ambiente y Energía la colaboración que requiere, a efecto de ejecutar coordinadamente el desalojo de las personas que ocupan en precario la Playa El Rey, dentro del Parque Nacional Manuel Antonio.”

3. La Defensa local del Parque. La defensa realizada por los sectores locales y nacionales del PNMA, concretizadas en su Creación y la reacción a diferentes acciones contrarias a la consolidación del mismo; entre las que destacan la segregación de terrenos, la ampliación del PNMA hasta el Portalón, la gestión en primera instancia de la ley 7793 que crea el Fideicomiso y posteriormente de la ley 8133 (que reafirmó el destino de los recursos de ingreso del Parque y creó la Junta Directiva del Parque), así como la intervención firme y decidida en hacer cumplir esta ley en los últimos años, lo que ha permitido el pago del 97% de las tierras, que durante 33 años no habían sido canceladas a sus propietarios. Sin embargo, no se tiene el mismo avance en el desarrollo y operación del parque, como se evidencia a continuación.

4. El crecimiento de la visitación sin inversión. La inversión en infraestructura, logística y recursos humanos, fue casi nula, pese a que el PNMA pasó de una visitación de 20 000 personas en 1980 a 270 000 en el 2008, y que el área continental pasó de 460 has en 1981 hasta cerca de 2100 has en la actualidad, a lo que hay que sumarle 50000 has marinas que prácticamente no se atienden. La falta de inversión llegó al punto crítico con la orden Sanitaria orden sanitaria Nº ARSA-JVC-01-2009 emitida por el Ministerio de Salud, en febrero del 2009.que ordeno solventar, entre otras irregularidades, la contaminación producida por las aguas negras y servidas dentro del Parque
Situación actual y retos:

Producto de la crítica situación y después de múltiples gestiones se están ejecutando ¢160 millones aportados por el Instituto Costarricense de Turismo y se han presupuestado y aprobado ¢700 millones por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), para infraestructura en el Sector de Manuel Antonio, quedando por asumir las necesidades propias del Sector Playa El Rey. Este aporte de MINAET, de ejecutarse, representa un 20% de los recursos que deberían haberse invertido para desarrollo y operación del Parque, desde la aprobación de la ley7793 en 1998.

Queda en la agenda de los diferentes sectores de la sociedad local y nacional, el continuar la lucha por la consolidación y desarrollo del Parque Nacional Manuel Antonio que tantos beneficios ha aportado a la zona y al país en general, y mantener los logros de la ley 5100 y sus reformas, expresión de la voluntad de los legisladores que siempre le dotaron de los recursos para su establecimiento, desarrollo, operación y consolidación.

*Presidente Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio
matteyjo@ costarricense. cr