¿Qué nos depara el 2011?

Este mundo de dos pistas plantea algunos riesgos inusuales. Mientras que la producción económica de Asia es demasiado pequeña para impulsar el crecimiento en el resto del mundo, puede bastar para hacer subir los precios de las materias primas.

Mientras tanto, los esfuerzos de parte de Estados Unidos por estimular su economía a través de la política de “alivio cuantitativo” pueden fracasar. Después de todo, en los mercados financieros globalizados, el dinero busca las mejores perspectivas en todo el mundo, y estas perspectivas están en Asia, no en Estados Unidos. De manera que el dinero no irá adonde se lo necesita, y gran parte de ese dinero terminará donde no se lo quiere, causando mayores incrementos en los precios de los activos y las materias primas, especialmente en los mercados emergentes.

Dados los altos niveles de desempleo en Europa y en Estados Unidos, es poco probable que el “alivio cuantitativo” suponga un brote de inflación. Podría, en cambio, aumentar las ansiedades sobre la futura inflación, derivando en tasas de interés más altas a largo plazo, precisamente lo contrario del objetivo de la Reserva Federal.

Este no es el único riesgo de impacto negativo, ni siquiera el más importante, que afronta la economía global. La mayor amenaza surge de la ola de austeridad que arrasa al mundo, mientras los gobiernos, particularmente en Europa, afrontan los grandes déficits originados por la Gran Recesión y mientras la ansiedad sobre la capacidad de algunos países para cumplir con sus pagos de la deuda contribuye a la inestabilidad de los mercados financieros.

El resultado de una consolidación fiscal prematura está casi anunciado: el crecimiento se desacelerará, los ingresos impositivos disminuirán y la reducción de los déficits será decepcionante. Y, en nuestro mundo globalmente integrado, la desaceleración en Europa exacerbará la desaceleración en Estados Unidos, y viceversa.

En una situación en la que Estados Unidos puede pedir prestado a tipos de interés bajos sin precedentes, y frente a la promesa de altos beneficios por las inversiones públicas después de una década de negligencia, resulta claro lo que se debería hacer. Un programa de inversión pública a gran escala estimularía el empleo a corto plazo, y el crecimiento a largo plazo, lo que al final redundaría en una deuda nacional menor. Pero los mercados financieros demostraron su miopía en los años que precedieron a la crisis, y lo están volviendo a hacer, al ejercer presión para que se realicen recortes del gasto, incluso si eso implica reducir marcadamente las inversiones públicas necesarias.

Es más, el atasco político asegurará que sea poco lo que se haga respecto de los otros problemas acuciantes que tiene ante sí la economía estadounidense: las ejecuciones hipotecarias probablemente sigan con toda su furia (dejando de lado las complicaciones legales); es probable que las pequeñas y medianas empresas sigan privadas de fondos, y es posible que los bancos pequeños y medianos que tradicionalmente les ofrecen créditos sigan luchando para sobrevivir.

En Europa, mientras tanto, es poco probable que las cosas vayan mejor. Europa finalmente logró salir al rescate de Grecia e Irlanda. En las vísperas de la crisis, ambos países estaban regidos por gobiernos de derecha marcados por un capitalismo de connivencia o peor, lo que demostraba una vez más que la economía de libre mercado no funcionaba en Europa mejor de lo que lo hacía en Estados Unidos.

En Grecia, como en Estados Unidos, la tarea de limpiar el desorden recayó sobre un nuevo gobierno. Tal vez como era de esperar, el Gobierno irlandés que alentó un préstamo bancario imprudente y la creación de una burbuja inmobiliaria no fue más apto para manejar la economía después de la crisis que antes.

Dejando la política de lado, las burbujas inmobiliarias dejan tras de sí un legado de deuda y de sobrecapacidad productiva en el mercado de bienes raíces que no se puede rectificar fácilmente, sobre todo cuando bancos políticamente conectados rechazan reestructurar las hipotecas.

En mi opinión, intentar discernir las perspectivas económicas para el 2011 no es una cuestión particularmente interesante: la respuesta es sombría, con escaso potencial alcista y mucho riesgo bajista. Más importante es: ¿cuánto tiempo les llevará a Europa y a Estados Unidos recuperarse y pueden las economías de Asia aparentemente dependientes de las exportaciones seguir creciendo si sus mercados históricos languidecen?

Mi mejor apuesta es que estos países mantendrán un crecimiento rápido en la medida en que viren su foco económico hacia sus mercados internos, vastos e inexplorados. Esto exigirá una reestructuración considerable de sus economías, pero tanto China como India son dinámicas y dieron pruebas de resiliencia en su respuesta a la Gran Recesión.

No soy tan optimista respecto de Europa y EE.UU. En ambos casos, el problema subyacente es una demanda total insuficiente. La máxima ironía es que existen simultáneamente una capacidad productiva excesiva, vastas necesidades insatisfechas y políticas que podrían restaurar el crecimiento si usaran esa capacidad para satisfacer las necesidades.

Tanto Estados Unidos como Europa, por ejemplo, deben adaptar sus economías para encarar los desafíos del calentamiento global. Hay políticas factibles que funcionarían en el contexto de limitaciones presupuestarias de largo plazo. El problema es la política: en Estados Unidos, el Partido Republicano preferiría ver fracasar al presidente Barack Obama antes que ser testigo de un éxito económico. En Europa, 27 países con diferentes intereses y perspectivas tiran en direcciones diferentes, sin suficiente solidaridad para compensar. Los paquetes de rescate son, desde esta perspectiva, logros impresionantes.

Tanto en Europa como en Estados Unidos, la ideología de libre mercado que permitió que crecieran las burbujas de activos de manera descontrolada –los mercados siempre saben más, así que el gobierno no debe intervenir– ahora les ata las manos a los responsables de formular las políticas a la hora de articular respuestas efectivas a la crisis. Uno podría haber pensado que la crisis en sí misma socavaría la confianza en esa ideología. Por el contrario, ha vuelto a salir a la superficie para arrastrar a gobiernos y economías por el sumidero de la austeridad.

Si la política es el problema en Europa y Estados Unidos, sólo cambios políticos probablemente los vuelvan a colocar en el sendero del crecimiento. De lo contrario, pueden esperar hasta que la amenaza de sobrecapacidad productiva disminuya, los bienes de capital se vuelvan obsoletos y las fuerzas restauradoras internas de la economía pongan a funcionar su mágica gradual. En cualquiera de los casos, la victoria no está a la vuelta de la esquina.

*La Vanguardia.es

Vamos a un nuevo estallido de la crisis, sin recuperación económica

Los capitales especulativos del neoliberalismo son una forma de lo que Marx definió como capital ficticio (por ejemplo, letras de cambio o valores de Bolsa con los que se especula sin respaldo real, es decir, sin ser expresión del valor de ninguna mercancía producida), pero que aportan un rasgo de cualidad de mucho calado: debido a la disminución de la tasa de ganancia a partir de los años 80 del siglo pasado, grandes masas de capital salen del proceso productivo y se dedican simplemente a la especulación, en operaciones que, en definitiva, sirven para trasvasar renta de los trabajadores a los capitalistas. Los beneficios del capital especulativo, pues, se hacen, a fin de cuentas, a costa del proceso productivo y forman parte de la plusvalía general que se extrae a la masa de trabajadores.

El gráfico de la evolución de la tasa de ganancia de los Estados Unidos desde la crisis del 1929 a la antesala de la crisis de 2007 es muy elocuente:…

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2011: La lucha debe crecer por más democracia, más igualdad, más libertad

1. En América Latina “ hay una tendencia generalizada hacia la reducción de la pobreza, con la excepción de Costa Rica”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, al presentar en Chile el informe sobre el Panorama Social de América Latina 2010. A los pocos días la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirmaba el aumento de la pobreza en nuestro país: 1 millón 103 mil 522 compatriotas viven en condición de pobreza, con ingresos que no les permite alcanzar el umbral de una vida digna.

Si al aumento de la pobreza que afecta hoy al 21.3% de los hogares costarricenses, le agregamos el crecimiento incesante de la desigualdad social que alcanzó los mayores niveles en el año 2010, y que de acuerdo al INEC indica que los ingresos del 20% más rico superan en 10.6 veces los ingresos del 20% más pobre, podemos afirmar que Costa Rica es una sociedad cada día más insolidaria, atravesada por graves carencias de justicia e igualdad.

Recordemos también que se ha incrementado la ofensiva patronal contra el mundo del trabajo, que explica que más de 600 mil trabajadoras y trabajadores, alrededor del 33% de la población ocupada del país, no reciban ni siquiera el salario mínimo de ley.

La articulación del triángulo pobreza-desigualdad-explotación, resume la naturaleza de la lucha de clases en nuestro país y el desplazamiento progresivo de las rentas del trabajo a las rentas del capital, a través de diversas expresiones que es necesario conocer mejor para comprender y explicar la dinámica del capitalismo global en Costa Rica, en un contexto que sigue marcado por la crisis como se desprende de la brutal ofensiva en escala internacional contra los derechos sociales y laborales de las mayorías.

“O mandamos a los banqueros a la cárcel o la economía no se recuperará”, acaba de recomendar una persona poco sospechosa de radicalismo, el Nobel de economía Joseph Stiglitz, reflejando el estado de ánimo de mucha gente que ve con una mezcla de estupor, rabia e impotencia, como se sigue llenando los bolsillos de los ricos con el dinero que los gobiernos elegidos en las urnas le roba todos los días a sus pueblos.

¿Cómo estimular en nuestro país la energía contestaria? ¿Cómo organizar la movilización? Desde la resistencia cotidiana hay que continuar la batalla por otro modelo, otra alternativa, pues se trata de una crisis de fondo que como señala un reciente informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), pone en evidencia las limitaciones de la estrategia de crecimiento centrada en las exportaciones y en la restricción salarial, estrategia no sostenible para un gran número de países y durante largo tiempo, por la simple razón de que no todos los países pueden seguir con éxito esa estrategia al mismo tiempo. La guerra de divisas emprendida por los Estados Unidos, para devaluar el dólar de manera encubierta y exportar la crisis al resto del mundo, no sólo constituye un nuevo paso en la desintegración del sistema monetario internacional, sino que concretamente para nuestra economía es un torpedo dirigido a la línea de flotación de la estrategia de los tratados de libre comercio que sigue impulsando con devoción digna de mejor causa el gobierno de Laura Chinchilla: nuestras exportaciones perderán competitividad, a la par que se estimulan y abaratan las importaciones, y se deterioran consiguientemente las industrias orientadas al mercado interno.

2. La ofensiva neoliberal que se manifiesta en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la explotación, continúa apoyándose en el trípode doctrinario: privatización, desregulación, liberalización, que a pesar de sus lamentables consecuencias y de estar en la base de la crisis, se sigue aplicando en Costa Rica con fuerza desde el gobierno y desde los sectores más vinculados a los intereses del capital transnacional.

Son los mismos que hace unos cuantos años hicieron sus maletas para ir corriendo y con la boca abierta de admiración a observar y aprender las lecciones del modelo irlandés. Regresaron a Costa Rica cantando loas al milagro irlandés, y todavía están calientes los discursos del señor Arias en defensa del TLC que nos llevaría por el jubiloso camino de desarrollo de Irlanda. “Quisiera hacer del país una pequeña Irlanda”, dijo en 2006. El modelo de Irlanda era el recetario neoliberal clásico, adaptado a un país de la Unión Europea: moderación sindical, impuestos bajos para atraer inversión, estímulos fiscales y otros a las transnacionales, disminución del Estado, liberalización total del comercio, legislación social y ambiental flexible, privatizaciones, etcétera. Todavía a comienzos del 2008 el FMI ponía a Irlanda como ejemplo. Hoy sabemos que es un país en bancarrota, humillado y empobrecido. Arias y sus correligionarios callan sobre Irlanda, pero siguen bregando para que Costa Rica aplique el modelo.

Para entender los desafíos a los que nos enfrentamos en diversos ámbitos de la vida nacional, podemos centrarnos, como ejemplo, en lo que está sucediendo en torno al ICE, a la Caja y a las concesiones en general.

La catástrofe que amenaza al ICE y al país

Tras la aprobación del TLC y las leyes de implementación concernientes al ICE, sabíamos perfectamente que sufrimos una grave derrota, que podría ser de dimensiones catastróficas teniendo en cuenta el peso del ICE en el conjunto de la vida institucional y económica de Costa Rica. Sin embargo, también somos conscientes de que las catástrofes anunciadas, no tienen que convertirse fatalmente en profecías autocumplidas, pues al final se trata de decisiones políticas que obedecen a cambiantes correlaciones de fuerza.

En relación con el ICE los neoliberales y las mafias que están detrás de los negocios de las telecomunicaciones y de la energía, sin duda pretenden ir más allá todavía del TLC.

El modelo de apertura de las telecomunicaciones que se pretende imponer vía SUTEL es completamente ruinoso para el ICE, y a muy corto plazo si se logra concretar la conspiración. La captura de la SUTEL por el gobierno y las transnacionales que pretenden apoderarse del negocio, explica que se le quiera imponer al ICE tarifas de interconexión para tráfico celular y para tráfico fijo, muy inferiores al promedio latinoamericano. Para tráfico internacional la tarifa promedio en América Latina es de 60 colones por minuto, y SUTEL pretende obligar al ICE a que permita la interconexión de los operadores privados por 17.95 colones; el promedio para tráfico fijo ronda los 8 colones, y SUTEL propone 3.63 colones.

Significa que el país, por medio del ICE, tendría que subsidiar a los Slim, a la Telefónica española o a las transnacionales estadounidenses que ingresen al mercado nacional de las telecomunicaciones. Un bien público levantado con las inversiones que ha hecho el país durante 50 años, sería entregado a intereses extranjeros, con pérdidas para el país superiores a los 30 mil millones de colones anuales.

La situación es tan escandalosa que obligó a las autoridades del ICE a demandar a la SUTEL acusando a esta Superintendencia de “provocar la transferencia de recursos públicos a privados, acto ilegal y penado por la ley”. De manera vergonzosa el gobierno de Chinchilla respondió presionando al ICE para que retirara la demanda, cosa que finalmente logró. Doryan y la jerarquía del ICE cedieron. Una vez más se traiciona el interés nacional y la soberanía.

Si muy grave es lo que está sucediendo en la industria de telecomunicaciones, más preocupante es todavía lo que se trama en la industria energética.

El proyecto de electricidad que se discute en la Asamblea Legislativa, a pesar de ser un poco más moderado que el presentado originalmente por la Administración Arias, de prosperar supondría el desmembramiento del modelo eléctrico que ha funcionado muy bien en Costa Rica, a pesar de sus limitaciones.

El balance histórico es uno de los más positivos en América Latina y en el mundo. La cobertura eléctrica alcanzó el 99 por ciento del territorio, y el 90 por ciento de la energía es generada con fuentes limpias. Las tarifas son bajas y competitivas en relación con la región, a pesar de que siempre hemos manifestado que podrían ser más favorables para nuestro pueblo si los gobiernos neoliberales no hubieran sometido al ICE a políticas restrictivas, y si no hubieran puesto al frente de la institución a directivos incompetentes y corruptos, con las honrosas excepciones que conocemos y valoramos.

Trasladar al sector privado una actividad estratégica como la electricidad, con fines de lucro, sería un error histórico que debemos impedir.

Debemos explicar a nuestro pueblo que la ley de electricidad que se pretende aprobar debilita y casi aniquila al ICE; protege y exime prácticamente de regulación a los grandes consumidores eléctricos; libera, promueve y desregula a los generadores privados; crea costosísimos e innecesarios organismos y procedimientos burocráticos; termina convirtiendo a la ARESEP en un mero garante y árbitro de la competitividad al servicio de los intereses privados.

El Frente Amplio debe contribuir a forjar un frente de rechazo a esta nueva vuelta de tuerca para asfixiar y despedazar al ICE. Se trata de luchar por la defensa y la refundación de una institución clave en el desarrollo nacional, como lo han propuesto los sindicatos que integran el Frente Interno de Trabajadores y otros sectores patrióticos del país.

La Caja y las pensiones del IVM bajo el fuego

La privatización de la salud ha sido una constante de las políticas neoliberales de las últimas décadas. Las ganancias del sector privado son multimillonarias, y buena parte de ese dinero sale de los bolsillos de decenas de miles de asegurados que no encuentran atención debida y oportuna en la Caja Costarricense del Seguro Social.

Es muy preocupante lo que sucede con el régimen de Vejez, Invalidez y Muerte. Primero salió a la luz las negociaciones secretas con el Banco Mundial, para que esa institución que ha impulsado la privatización de la salud en muchos países de América Latina administre parte de las reservas del IVM. Después hemos sabido que sin ningún estudio técnico que avalara la medida, el señor Eduardo Doryan, ex presidente ejecutivo de la institución, redujo las tasas de interés de los préstamos hipotecarios, ocasionando perdidas cercanas a los dos mil millones de colones al régimen de pensiones. A continuación se destapó que las autoridades de la Caja echaron mano de las reservas del IVM para pagar los aguinaldos, por una suma de 28 mil millones de colones. Finalmente se ha denunciado las tropelías del Gerente de Pensiones, que obligó recientemente a la Caja a suspender al jerarca y a intervenir esa Gerencia encargada de la administración del régimen del IVM.

Hoy el país no sabe a ciencia cierta cuál es el estado de salud del IVM, su estabilidad y sostenibilidad, lo que podría desembocar en una auténtica tragedia social si llegara a producirse una crisis que pusiera en riesgo el derecho a una vejez digna para muchos trabajadores y trabajadoras. Esa crisis también arrastraría al conjunto de servicios que presta la Caja.

No se trata de alimentar falsas alarmas, pues sabemos que también hay intereses espúreos que pretenden desestabilizar permanentemente a la institución en el marco de una estrategia privatizadora, pero sí hay que mantener en alto la vigilancia y la crítica, exigir responsabilidades y cuentas claras.

Si agregamos, como ejemplo, la vergüenza con el estado de los aceleradores lineales que impidió a la Caja atender en sus hospitales al 67 por ciento de los pacientes con cáncer, tenemos sobradas razones para movilizarnos en defensa de una institución que sigue siendo la columna vertebral de lo que queda de Estado social en Costa Rica. Aquí se junta la negligencia con presuntos actos de corrupción, pues ese 67 por ciento de pacientes, fueron remitidos a una empresa privada a la que la Caja pagó once millones de dólares. Con ese dinero se podrían haber comprado tres aceleradores, suficientes para atender las necesidades de los asegurados.

El Frente Amplio debe animar la constitución de un frente nacional por la defensa y la refundación de la Seguridad Social y del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte. Nuestro pueblo quiere a la Caja y tiene en alto aprecio sus servicios, pero también es notorio el creciente descontento con los servicios que presta. Ha habido siempre muchos intentos para levantar ese frente, pero nunca terminan de consolidarse. Ahora es urgente y necesario, y nuestro partido puede y debe jugar un papel importante para lograrlo.

Concesiones: el asalto que no cesa

El gobierno y el conjunto de la derecha política, empresarial y mediática, tratan de desviar la atención del país sobre la corrupción y el entreguismo que envuelve el proceso de concesión de los servicios públicos bajo responsabilidad del Estado.

El Frente Amplio fue el único partido que presentó una oposición firme y fundamentada a la nefasta ley de concesión de obra pública, y seguimos siendo el partido que no sólo saca a la luz los trapos sucios, sino que reivindica también la derogación de esa ley y el regreso del Estado al cumplimiento de sus deberes constitucionales.

La serie de actos ilegales y corruptos en torno de la carretera a Caldera es impresionante y todavía habrá más revelaciones. Hay que mantener viva la denuncia y exigir responsabilidades civiles y penales, tanto a la empresa como a los responsables políticos.

Se ha abierto de nuevo el frente privatizador de JAPDEVA, tras el golpe que se llevaron en la Sala Constitucional. Enero será un mes decisivo con la celebración de la Asamblea General de SINTRAJAP. Como lo hemos hecho siempre, debemos estar al lado de los defensores de JAPDEVA, y activar la denuncia sobre los intereses vendepatrias que están detrás de los intentos de privatización de los muelles de Limón.

En el aeropuerto se siguen fraguando negocios en contra del país y de los usuarios. RITEVE presiona para una subida de tarifas y para la renovación del contrato monopólico que pronto vencerá. Hemos comentado lo que ocurre con la licitación del espectro radio-eléctrico, y con las concesiones de la fuerza hídrica en el proyecto de electricidad.

La concesión se ha convertido en el instrumento privatizador por excelencia. Combatir esta política es necesario para parar la hemorragia del ahorro nacional y de los bienes públicos al sector privado con fines de lucro. El Frente Amplio debe desnudar la falacia neoliberal que publicita la concesión como un elemento de desarrollo nacional, y defender también sin complejos la necesaria restauración del Estado en responsabilidades entregadas sin fundamento y sin beneficio para las mayorías al lucro y a la especulación de ciertos intereses particulares.

Citamos estas tres situaciones como ejes para levantar campañas respectivas de resistencias y de propuestas alternativas, susceptibles de concitar amplias convergencias de lucha. Sin olvidar otros hechos que hemos venido analizando y denunciando en anteriores reuniones de la Comisión Política, como la ofensiva conservadora contra los derechos de la mujer y de las minorías, la crisis agraria que debilita cada vez más las políticas de seguridad alimentaria, el sistemático ataque contra el medio ambiente, la criminalización de la protesta social o la peligrosa deriva autoritaria del poder.

El Frente Amplio debe animar campañas de organización y movilización de la protesta, que encuentren concreción en las condiciones de cada territorio. Debemos aprender a construir la defensa del territorio: condiciones de vida, de trabajo, recursos, producción, servicios públicos, cultura, etcétera, en el marco de un plan nacional de lucha que se alimente de las situaciones concretas que se viven en las distintas regiones y localidades del país.

3. Los graves problemas que afectan las condiciones de vida de las mayorías nacionales y que debilitan la institucionalidad democrática y la ética pública, se ven opacados por la crisis en las relaciones con Nicaragua.

Reiteramos hoy la posición asumida por la Comisión Política del Frente Amplio el pasado seis de noviembre.

Somos un partido patriota e internacionalista. Patrióticas son todas nuestras luchas en defensa de la soberanía y de los derechos de nuestro pueblo. Somos internacionalistas, aquí y ahora combatimos la xenofobia y luchamos porque se reconozcan todos los derechos a las hermanas y hermanos nicaragüenses que viven en nuestro país. No nos plegamos a ninguna campaña que pretenda utilizar un conflicto para llevar el odio o la guerra contra ningún otro pueblo o país. Precisamente es la extrema derecha la que quisiera monopolizar demagógicamente la condición patriótica, cuando son los verdaderos vendepatrias. La bandera del patriotismo nadie nos la va a arrebatar, así como nuestra condición de demócratas y defensores de la libertad. Eso nos da autoridad y legitimidad ante nuestro pueblo para luchar por los ideales socialistas e internacionalistas.

Costa Rica tiene legítimos intereses y derechos de soberanía e integridad territorial, que cuando son justos no lesionan los derechos de ningún otro pueblo. Son los neoliberales lo que desprecian hasta la palabra soberanía, y el gobierno también cuando permite que fuerzas militares extranjeras como las del Comando Sur y la IV Flota, permanezcan en territorio nacional no para combatir el narcotráfico, sino en el marco de sus proyectos hegemónicos en el Continente. La soberanía no es un derecho que pueda acomodarse a las circunstancias ni al tamaño de territorio afectado. El gobierno de Nicaragua, en el dragado del San Juan fue más allá de sus derechos soberanos sobre el río. ¿Por qué un incidente que podría haberse parado y canalizado por diálogos bilaterales inmediatos, adquiere después las connotaciones que conocemos? Aquí se han producido errores de ambas partes, cálculos de política interna tanto en Nicaragua como en Costa Rica, fuerzas extraregionales atizando el fuego con los riesgos de intervención de terceros.

Estamos en contra de las amenazas y de la fuerza, vengan de donde vengan, nos pronunciamos por salidas dialogadas y pacíficas. Para ello abogamos por el diálogo bilateral y por las instancias diplomáticas que permitan canalizar por la vía de la negociación pacífica la salida al conflicto. Estamos absolutamente en contra de que se invoque el TIAR o cualquier otro instrumento de intervención militar. Tenemos la esperanza de que en la Corte Internacional de Justicia de la Haya se encuentre una solución definitiva aceptada y respetada por las dos partes, y se restablezcan así relaciones respetuosas y de cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos.

Apoyamos al gobierno de Costa Rica en todas las gestiones que lleve a cabo en defensa de los intereses nacionales, por las vías acordes con nuestra tradición de país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional. Partimos que hay incursión y permanencia en el territorio nacional de personal militar de otro país y daños ambientales que no deberían haberse producido ni prolongarse. Se puede hablar legitimamente de un interés nacional. Si el conflicto es con el gobierno de otro país, le corresponde al gobierno de Costa Rica intervenir, como lo establece la Constitución, la costumbre arraigada y toda la normativa internacional al respecto. Nos pronunciamos por el interés estratégico de los pueblos de Costa Rica y de Nicaragua de no dejarse dividir y construir juntos otro futuro de cooperación, solidaridad y paz. Denunciamos a quienes utilizan groseramente el conflicto para sus propósitos reaccionarios de ataque a las fuerzas progresistas y antiimperialistas de nuestro país y de América Latina, a estos vendepatrias no les importa en realidad la soberanía que mancillan y entregan todos los días; su fin es atacar a las fuerzas progresistas de nuestra patria e impedir que se produzca el cambio que desaloje a la derecha neoliberal del poder y abra las puertas a la liberación y a la integración de Nuestra América, como lo soñaron Bolivar, Martí, Sandino y Juanito Mora.

4. A la Asamblea Legislativa han llegado nuevas solicitudes de permiso de ingreso al territorio nacional de buques y militares de los Estados Unidos, con el pretexto de combatir al narcotráfico. En realidad la presencia de esa fuerza militar permanente en Costa Rica, en violación de nuestra soberanía y de la Constitución de la República, forma parte del impresionante despliegue militar estadounidense en América Latina con el propósito de defender sus intereses geopolíticos y económicos, y de amenazar a los gobiernos y fuerzas progresistas del Continente. Mientras se esgrime como razón oficial de ese despliegue la lucha contra el narcotráfico, seguimos constatando que cada vez es más la droga que se produce y que ingresa al mercado estadounidense, lo que demuestra el fracaso de esa estrategia. Hoy sabemos, con la carga de tragedia que puede significar para nuestra patria, que los carteles del narcotráfico están sólidamente instalados en el país, con la negligencia o la complicidad de los mismos poderes que debían combatirlos.

Como lo revelan los documentos publicados por Wikileaks, los gobiernos de Estados Unidos conspiran en América Latina contra nuestros pueblos y contra los gobiernos progresistas, y supeditan la lucha contra el narcotráfico a otros objetivos políticos, militares y económicos para controlar la región y sus inmensos recursos humanos y naturales. Queda cada vez más claro el apoyo de los Estados Unidos al golpe de Estado en Honduras y al gobierno dictatorial de Lobo, así como la permanente desestabilización y amenazas contra los países y gobiernos del ALBA y otros gobiernos progresistas de América Latina.

Mientras despliegan una fuerza militar gastando miles de millones de dólares, permanecen pasivos y cómplices de la situación trágica que se vive en Haití.

El Frente Amplio volverá a esgrimir ante el parlamento y ante el país las razones para oponernos decididamente al ingreso de estas fuerzas militares a nuestro territorio, por considerar que no es cierto que su función principal sea para combatir el narcotráfico, y porque constituyen una amenaza a nuestra soberanía y a la paz en la región.

5. La cumbre que se celebró en Cancún ratificó la hipocresía de muchos países ricos. Se aprueban tibias declaraciones de buenos propósitos, pero continúan las políticas depredatorias de los recursos del planeta y se torpedean las políticas efectivas para hacerle frente a la creciente crisis ecológica que amenaza la vida en nuestro planeta.

El Frente Amplio hace suyas las manifestaciones y propuestas de los movimientos sociales de lucha presentes en Cancún: “Frente a un modelo civilizatorio capitalista y patriarcal que pone en el centro la ganancia privada por encima de cualquier cosa, impulsamos una civilización naciente en la que el centro sea la vida en todas sus formas.

La crisis climática es el fruto de la civilización de la ganancia y de la depredación de la naturaleza. Sus verdaderas y profundas soluciones están en promover la civilización de la vida y no en el mercado. Muchos gobiernos siguen pensando que sólo se puede detener la crisis climática si hay ganancias con ello, en consecuencia, promueven “soluciones de mercado”, que son sólo negocios para tratar de solucionar lo que han provocado con sus mismos negocios depredadores. Nosotros, como parte del pueblo que aspiramos a movilizar, no tenemos negocios que hacer con el clima, buscamos cambiar el sistema como única forma de superar la crisis climática y seguir viviendo bajo el cobijo de nuestra Pacha Mama, durante las próximas generaciones.”

6. En este mes transcurrido desde la última reunión de la Comisión Política, se han producido también hechos que celebramos, y que demuestran la pujanza del movimiento patriótico y popular, en medio de las adversidades y de la ofensiva permanente de la derecha neoliberal.

En primer lugar celebramos la contundente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo contra el proyecto minero en Crucitas. Es un triunfo indiscutible de nuestro pueblo que ha mantenido de manera ejemplar una resistencia y una movilización durante muchos años. La sentencia anula el decreto de la vergüenza de los Arias, así como la concesión y todos los permisos de la transnacional minera, incluyendo la viabilidad ambiental otorgada ilegalmente por la SETENA. Además se condena a reparar los daños ambientales causados y se ordena abrir una investigación penal contra Arias, Dobles y los jerarcas de SETENA.

Es un gran triunfo del movimiento popular costarricense. Desde el Frente Amplio felicitamos a las comunidades que resistieron durante 20 años las presiones, los chantajes y las amenazas. A todas las personas que desfilaron, caminaron, protestaron, presentaron recursos ante los tribunales, escribieron, hicieron huelgas de hambre. Felicitamos especialmente a nuestro compañero Edgardo Araya, que junto a otros abogados y líderes ambientalistas y patrióticos, defendieron con brillantez y valentía los argumentos contra el nefasto proyecto minero. Debemos seguir en vigilia y con las luces de alerta siempre prendidas, pues la empresa seguirá defendiendo sus intereses con uñas y dientes, pero tenemos derecho a celebrar y a sacar provecho de las grandes lecciones que nos deja la exitosa lucha librada hasta ahora.

Como lo ha señalado el compañero José María Villalta, con esta sentencia adquiere todavía más valor la lucha que nuestra fracción parlamentaria dio tesoneramente para que se aprobara la ley que prohíbe la minería a cielo abierto en Costa Rica. Esta ley, entre otras cosas positivas, cierra las puertas a cualquier intento de Infinito Gold para subsanar su concesión ilegal o solicitar una nueva. Hay que felicitar a nuestro diputado y a las compañeras y compañeros del equipo de trabajo de la fracción, por todo lo que hicieron para hacer posible la aprobación de esa ley que prohíbe definitivamente la minería a cielo abierto en nuestro país.

El excelente trabajo de nuestra fracción, reconocido por tirios y troyanos y que nos llena de orgullo a todos y todas los frenteamplistas, se vio compensando en estos días por otro gran triunfo: la aprobación de nuestro proyecto de ley para combatir la morosidad patronal y fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social. La ley aprobada le da herramientas a la Caja para cobrar la deuda vergonzosa y multimillonaria que tanto el Estado costarricense como patronos inescrupulosos mantienen con la institución. La ley del Frente Amplio impedirá a patrones morosos contratar con el Estado, tramitar licencias u obtener beneficios como exoneraciones de impuestos.

También es de celebrar la caída, por cuarta vez, del proyecto de marinas turísticas en la Sala IV, con la participación siempre descollante de nuestra fracción, así como la aprobación en primer debate del proyecto de ley que reestablece los artículos de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que sanciona el maltrato físico y la violencia emocional, en un contexto donde siguen produciéndose vergonzosos actos de maltrato, discriminación y violencia contra las mujeres de nuestro país.

Felicitamos asimismo a los compañeros y compañeras de nuestra Juventud, por su aporte al triunfo de fuerzas estudiantiles progresistas en las elecciones de la FEUNA y de la FEUCR. Sin duda estos triunfos fortalecerán la lucha por los derechos de los estudiantes, por la defensa y el fortalecimiento de la educación superior pública y los compromisos de nuestras universidades públicas con las luchas populares y nacionales.

Nos solidarizamos también con los pueblos de Sardinal y de las comunidades que luchan en defensa del agua y de los territorios costeros, el Frente Amplio seguirá a su lado permanentemente. También debemos respaldar a los compañeros de Puntarenas en su lucha por organizar y movilizar a los pescadores y campesinos, y prestar atención a sus denuncias del saqueo permanente de nuestras riquezas marinas.

Un partido como el nuestro debe comprometerse de manera más efectiva con el mundo del trabajo. Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras viven sin derechos en las fábricas, en las plantaciones, en los comercios y oficinas. Crece la precarización laboral y una sostenida degradación de los derechos y condiciones laborales, sin que se produzca ningún debate público al respecto. ¿Qué es el trabajo diario para cientos de miles de personas? Hay un ambiente creciente de descontento, hostilidad y humillación, que el Frente Amplio debe entender para actuar en la medida de sus posibilidades.

Resaltamos algunos triunfos obtenidos, como prueba fehaciente de que la lucha merece la pena y que rinde frutos cuando se libra con inteligencia, coraje y unidad. Somos también conscientes con la necesaria dosis de autocrítica de las carencias y deficiencias de nuestro trabajo, y de las debilidades del conjunto del movimiento popular y patriótico. Precisamente el Congreso del Frente Amplio que está en marcha y cuyas labores se intensificarán a partir de enero, debe ayudarnos a fortalecer nuestra reflexión, nuestra organización y nuestra lucha, y a buscar los caminos para que desde nuestro partido contribuyamos con la mayor eficacia posible a la articulación y convergencia de todas y todos los costarricenses que nos oponemos a este modelo que todos los días fabrica más pobres, más desigualdad y más exclusión en Costa Rica.

Los resultados de las recientes elecciones municipales, que analizamos preliminarmente en otro documento presentado para el debate por el compañero Rodolfo Ulloa, deben ayudarnos también a profundizar en el conocimiento crítico de la coyuntura política presente.

Este documento debe discutirse en conjunto con los documentos anteriores aprobados por la Comisión Política, para darle continuidad a un ejercicio permanente de análisis de la realidad cambiante y compleja en la que nos movemos.

Ha sido un año intenso para el Frente Amplio, hemos luchado y afrontamos los retos que tenemos por delante con esperanza y con fe en un mejor destino para nuestro pueblo y para todos los pueblos del mundo. En el 2011 daremos testimonio de la vitalidad de nuestro partido. Será un año de crecimiento, consolidación y lucha por más democracia, más igualdad, más libertad.

Partido Frente Amplio
Diciembre-2010

¿Justicia para quién?

DIPUTADO JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-ESTRADA:

Compañeras y compañeros diputados, en el día contra la corrupción, que no es lo mismo que el día de la corrupción, que, lamentablemente, podría ser cualquier día en Costa Rica, hay bastantes cosas que decir, más si estamos aquí discutiendo el funcionamiento del Poder Judicial, la ratificación o no del nombramiento de un magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que, precisamente, es la Sala que ve los asuntos sociales, los asuntos laborales y de familia. Tenemos mucho que hablar. Un día de estos, en la reunión de jefes de fracción, el presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora, nos dijo que, efectivamente, a ellos les preocupa mucho los juicios laborales, reconoció que en Costa Rica un juicio laboral tiene un promedio de duración de seis años. Yo sé que hay juicios largos en muchas materias, pero imagínense ustedes lo que es en la materia laboral, un trabajador que lo despidieron y no le pagaron las prestaciones, una trabajadora embarazada que la despidieron por estar embarazada, un dirigente sindical que lo echaron por intentar hacer una seccional en la empresa, estar hasta seis años esperando a que a se resuelva si tienen derecho o no tienen derecho a prestaciones, seis años esperando a que se diga si hay que reinstalarlos o no.

DESPIDO DE DIRIGENTES SINDICALES

Yo conozco casos de dirigentes sindicales despedidos que han tardado más de diez años en resolverles. Cuando les han resuelto en los Tribunales de Justicia, por supuesto que su derecho había sido ya totalmente negado, sencillamente la empresa que los despidió ya no existe, cerró la razón social, abrió otra sociedad con otro nombre o se fue del país y nunca se les pudo ejecutar esa sentencia. Eso pasa todos los días en Costa Rica. La materia laboral es una materia de las más sensibles y, sin embargo, la mora judicial en el Poder Judicial es de las materias más preocupantes.

Aquí tenemos en discusión un proyecto de reforma procesal laboral, que ha sido concebido para intentar agilizar los procesos judiciales, ojalá que ese proyecto ayude. Pero hay una responsabilidad en la Corte también, no puede ser que los juicios sobre derecho del trabajo tengan esta duración y se les esté denegando justicia a los sectores más vulnerables de la población, porque otros sectores con capital, con recursos, pueden esperar una sentencia varios años, perderán un poco de plata, pero los trabajadores que requieren de esas indemnizaciones para comer, ¿qué pasa con ellos?

LIBERTAD SINDICAL SOLO EN EL PAPEL

Ese es el problema, esa es la realidad de los juicios laborales en Costa Rica, y si hablamos de los reclamos para la protección de derechos, como la libertad sindical, todavía el problema es mucho mayor en este país. Conozco casos recientes de este año, trabajadores que intentaron formar un sindicato en una empresa bananera, una finca de Matina, por ejemplo, de una empresa asociada a la trasnacional del Monte, su único pecado fue constituir la seccional, la filial del sindicato Sitrap de trabajadores agrícolas y de plantaciones; le notificaron al empleador que habían constituido el sindicato, ese mismo día estaban las cartas de despido de todos, violando los convenios internacionales, violando la ley laboral de este país; fueron al Ministerio de Trabajo, un plato de babas el Ministerio de Trabajo, ya tienen la demanda laboral presentada. ¿Cuánto va a durar esa demanda laboral?, varios años. La empresa puede tener abogados retrasando el juicio varios años, mientras tanto, ¿qué van a hacer esos trabajadores? Los metieron en listas negras, porque es lo que se hace en la zona Atlántica de este país, no pueden ir a buscar trabajo en ninguna otra plantación, están despedidos a pesar de que la ley prohíbe el despido antisindical, no les pagaron sus prestaciones, ¿qué van a hacer durante todo este tiempo?

Cuando los Tribunales de Trabajo fallen este juicio, probablemente la empresa que los despidió ya cambió de nombre, ya se fue del país, no les van a poder pagar. Pero, además, ¿de qué sirve que ordenen la reinstalación cuatro o cinco años después, si el objetivo del despido era destruir la organización autónoma de los trabajadores, si el objetivo del despido era destruir el sindicato?

LA DENEGACION DE JUSTICIA ES EVIDENTE

En estos casos, el Sistema Judicial funciona tan mal y la denegación de justicia es tan evidente que cuando los tribunales resuelven ya el daño está hecho, ya se negó el derecho de organización, pasaron cuatro, cinco o seis años y se destruyó la organización de los trabajadores. Y eso a algunos aquí les parece bien, a algunos aquí en Costa Rica les parece bien hablar de libertad de comercio, de libertad de empresa, como derechos humanos, pero cuando aquí les planteamos la defensa de otras libertades no les importa.

Aquí hay algunos demócratas de pacotilla, liberales de pacotilla o no sé si serán liberticidas, como la palabra que acuñó la Ministra de Deporte, no sé si serán “liberticios”, ¿ah?, como la ministra Goyenaga, pero aquí hay algunos que defienden la libertad de empresa, la libertad de comercio, aquí hay algunos “liberticios”, pero a la hora de hablar de la libertad sindical, la libertad de los trabajadores a organizarse en las empresas privadas sin ser perseguidos, despedidos, o hablar del derecho de las trabajadoras embarazadas a que no las despidan, o hablar de los trabajadores a no ser discriminados en el empleo, como está pasando en este país.

PRACTICAS DISCRIMINATORIAS

En Sardinal, por ejemplo, están amenazando a la gente las hoteleras, todo el que sea del pueblo de Sardinal va para afuera, no importa si participó o no participó en la protesta del agua, todos los del pueblo de Sardinal van despedidos para amedrentar a la comunidad que protestó, defendiendo su derecho al agua. Eso es una práctica discriminatoria, está prohibida, pero no hay en este país mecanismos para hacer respetar ese derecho. Y los “liberticios”, como la ministra Goyenaga y otros más, se rasgan las vestiduras en Costa Rica hablando de democracia y de libertad, ¡libertad para la billeteras!, ¡libertad para los choriceros! Hoy, en el día contra la corrupción, qué no podemos hablar, de las libertades que aquí se le dan a los choriceros, pero a los trabajadores humildes, que quieren organizarse, a pesar de que es un derecho que está en la Constitución, a esos no hay ninguna libertad, a esos garrote.

Esa es la democracia que algunos quieren aquí, y de esas cosas tenemos que hablar ahora que aquí se discute el nombramiento o la ratificación de un magistrado de la Sala Segunda, porque la Corte Suprema de Justicia tiene mucha responsabilidad en esto.

Cada vez que un trabajador despedido en una empresa privada presenta un recurso de amparo para que se cumplan los convenios de la OIT, el Convenio 135, el Convenio 87, el Convenio 98, que este país ha firmado y que son tratados de derechos humanos, pero para los gobiernos valen menos que los tratados de libre comercio y cualquier tratado comercial.

VUELVEN A VER PARA OTRO LADO

Cada vez que un trabajador humilde presenta un recurso de amparo para que la Sala Constitucional los proteja, se lo rechazan ad portas, y lo mandan a la jurisdicción laboral, a pesar de que la Ley de la Sala dice que cabe el recurso de amparo contra sujetos privados cuando los remedios judiciales comunes sean insuficientes y tardíos para garantizar el derecho y, sin embargo, cuando es un asunto de libertad sindical, sistemáticamente la Sala Cuarta vuelve a ver para otro lado, el Ministerio de Trabajo vuelve a ver para el ciprés, los tribunales de justicia también, todos se hacen de la vista gorda, todos los “liberticios” de este país sencillamente ignoran esta situación, y qué bonito, vayan los trabajadores, cuatro, seis, ocho años a esperar a que se les haga justicia.

Esto tiene que cambiar, aquí hemos hablando muchas cosas que están mal en la Corte Suprema de Justicia, la viajadera, las consultorías, pero tenemos que hablar también de esto, señores de la Sala Constitucional, ¿qué pasa?, ¿qué es, que los trabajadores no tienen derechos humanos?, señores de la Sala Segunda y los tribunales de Trabajo, ¿qué pasa, por qué no pueden aplicar una medida cautelar?, cada vez que despiden a un trabajador en una bananera tiene que ir ocho años a morirse de hambre, sin trabajo, sin que nadie le dé trabajo, ¿eso no es discriminación? ¿Para eso no debería de haber un recurso eficaz, expedito, como ordenan los tratados internacionales? pero no, aquí a algunos nada más les preocupa…

(Interrupciones)

…En el día contra la corrupción, y hablando de la “liberticia” en este país hay mucho que decir, voy a hablar un poquito más todavía. Lástima que haya diputados que no quieran oír estos temas, porque de estos temas nunca se habla en este Parlamento.

Compañeras y compañeros diputados; efectivamente, como hay algunos diputados y diputadas que amenazan con romper el quórum para que el Magistrado de la Sala Segunda quede automáticamente reelecto sin votación, vamos a suspender aquí nuestra intervención, para permitir que haya votación y que no vayan a romper el quórum.

DEMOCRATAS DE PACOTILLA

No sin antes concluir diciendo que ese término que acuñó nuestra genial Ministra de Deportes en Mónaco, la “liberticia”, podría ser la libertad sin justicia, para qué libertad sin justicia, y en algunos casos sin libertad tampoco, porque lo que está pasando en las plantaciones bananeras de este país es que no hay libertad, ni tampoco justicia, en este país hay libertad de comercio y libertad de empresa, pero no tienen, los trabajadores, libertad para organizarse tranquilamente en las empresas sin ser despedidos, acosados, despedidos y perseguidos, humillados y discriminados impunemente.

Y aquí hay demócratas de pacotilla que se rasgan las vestiduras porque alguien le quiere poner un impuesto a un banco privado, porque eso afecta la libertad de comercio, pero ni vuelven a ver a los trabajadores y trabajadoras que todos los días son despedidos y perseguidos impunemente sin que se respete su libertad más básica de todo ser humano a organizarse libremente, y la Corte tiene mucha responsabilidad en eso, la Sala Segunda, la Sala Cuarta, la “Sala Quinta” y todos los tribunales de justicia que están permitiendo que esto pase.

2010: Asesinados101 sindicalistas, 89 en las Américas

El Informe, publicado el día de hoy, expone además la creciente presión que pesa sobre los derechos fundamentales de los trabajadores de todo el mundo debido al impacto, cada vez más profundo, de la crisis económica global en el empleo.

De las 101 víctimas, 48 fueron asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en la República Dominicana, tres en Filipinas, una en la India, una en Iraq y una en Nigeria. Veintidós de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes sindicales, y cinco de ellos mujeres, lo que mantiene la acometida registrada en años anteriores. La escalada de la violencia en Guatemala y Honduras también sigue una tendencia que se ha venido desarrollando en los últimos años.

“Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario. El empeoramiento de la situación en Guatemala, Honduras y varios otros países es también motivo de extrema preocupación”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

Otras violaciones siguen sin ser registradas debido a que mujeres y hombres trabajadores se ven privados de los medios necesarios para hacer oír sus voces, o bien prefieren no hablar por miedo a las consecuencias que ello pudiera implicar para sus empleos o incluso para su seguridad física. Junto con la abrumadora lista de asesinatos, el Informe proporciona documentación detallada de acosos, intimidaciones y otras formas de persecución antisindical.

Se ha tenido además noticia de otros 10 intentos de asesinatos y 35 amenazas de muerte, una vez más en Colombia y Guatemala principalmente. Por otro lado, numerosos sindicalistas permanecen en prisión, y en 2009 se sumaron a ellos un centenar más. Muchos otros fueron arrestados en Irán, Honduras, Pakistán, Corea del Sur, Turquía y Zimbabwe concretamente. La situación general con respecto a los derechos sindicales continuó deteriorándose en numerosos países, entre ellos Egipto, la Federación Rusa, Corea del Sur y Turquía.

Las fuerzas antidemocráticas han seguido tomando como blanco de sus ataques la actividad sindical, conscientes de que los sindicatos suelen situarse en primera línea a la hora de defender la democracia. Esto quedó patente en Honduras, durante los episodios de violencia que siguieron al Golpe de Estado; y en Guinea, durante una manifestación de protesta contra la Junta en el poder que desembocaría en una terrible matanza el 28 de septiembre.

Reina la impunidad entre los peores violadores de los derechos sindicales

La situación de los sindicalistas no mejora en el continente americano, sin lugar a dudas a causa de la impunidad de que disfrutan los responsables de las violaciones cometidas contra los derechos sindicales. No es de extrañar que este continente siga siendo el más mortífero para los sindicalistas, destacando en particular Colombia, donde 48 activistas sindicales perdieron la vida.

El continente americano es desde hace varios años teatro de numerosos asesinatos, principalmente en Colombia, Guatemala (16) y Honduras (12), así como secuestros, amenazas de muerte y agresiones o incluso allanamiento de domicilios de sindicalistas. Por otro lado, la crisis económica y financiera mundial ha tenido profundas repercusiones sobre la economía real de América Latina, a pesar de que mostrase una mayor resistencia que otras regiones del mundo a la inestabilidad financiera. El informe anual de la CSI explica que algunos Gobiernos, como el de Costa Rica, utilizaron la crisis como pretexto para debilitar aún más los derechos sindicales y de los trabajadores/as imponiendo medidas de flexibilidad laboral.

Colombia no sólo ha sido el país más peligroso de mundo para los sindicalistas (60% de los asesinatos perpetrados a causa de las actividades sindicales en todo el mundo tuvieron lugar en Colombia), sino que además el clima antisindical endémico desde hace años parece haberse asentado aún más firmemente. A los asesinatos mencionados hay que sumar otros muchos casos no registrados, así como los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres está también en aumento: de los 48 sindicalistas asesinados, cinco eran mujeres. El Informe de la CSI establece una clara constatación: la impunidad de que disfrutan los autores intelectuales de estas violaciones impide la erradicación del clima antisindical que prevalece en Colombia.

La agricultura ha resultado particularmente afectada en Brasil, donde el Informe de la CSI ha registrado un aumento significativo de la violencia contra los trabajadores de este sector.

América Central ha sido igualmente testigo de una recrudescencia de las violaciones de los derechos sindicales, particularmente en Guatemala, país que se ha sumado desde hace algunos años a Colombia en términos de peligrosidad para los sindicalistas.

La actos de represión contra miembros del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) se han intensificado considerablemente. Podemos realmente hablar una guerra sucia contra los sindicalistas, donde los asesinatos, las amenazas de muerte, la detención y la tortura se han convertido en la terrible realidad cotidiana para los trabajadores y trabajadores. ´

En México, tal como explica el Informe de la CSI, el Gobierno viene desplegando desde hace varios años una auténtica estrategia antisindical. Cuatro miembros del sindicato nacional de mineros resultaron muertos durante el transcurso de una larga acción de huelga.

El informe de la CSI destaca que la tendencia generalizada en América es oponerse a la sindicalización. (…) Aunque siguen existiendo obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales en Estados Unidos y en Canadá, no se recurre sino de manera marginal a la violencia.

Otras herramientas empleadas para contrarrestar la sindicalización en América Latina son las negociaciones directas con trabajadores no sindicalizados, el solidarismo (establecimiento de asociaciones dependientes de la empresa) y los contratos de protección (simulacros de convenios colectivos creados por la patronal), principalmente presentes en México, Costa Rica, Ecuador o Panamá.

En América Central, los trabajadores y trabajadoras siguen sin disfrutar de derechos sindicales en las zonas francas industriales (maquila) y prácticas de empleo como la subcontratación de mano de obra mediante la tercerización siguen constituyendo un importante obstáculo a la sindicalización y la negociación colectiva.

El Informe de la CSI demuestra que, en algunos casos, la legislación vigente en ciertos países se ha convertido en una herramienta antisindical. Varias leyes imponen demasiadas restricciones, y en Estados Unidos, México o Ecuador, millones de trabajadores y trabajadoras, como los funcionarios públicos o los trabajadores/as agrícolas, se ven privados de sus derechos fundamentales.

En la mayoría de los casos, cuando las disposiciones legales no resultan lo bastante firmes, los empleadores se niegan a negociar convenios colectivos, como ha sido el caso en Trinidad y Tobago. Pero incluso cuando la ley es adecuada, una aplicación ineficaz o inadecuada hace que resulte inoperante

El Informe de la CSI incluye también notas positivas, como es el caso en El Salvador, donde algunas medidas del nuevo Gobierno facilitan el ejercicio del derecho a la sindicalización, particularmente en el sector público, o en Bolivia, donde la Constitución de 2009 mejora la protección de los derechos sindicales, pese a que persisten determinadas restricciones. También en Argentina, donde una sentencia de la Corte Suprema extendió a los representantes de todos los sindicatos registrados la protección que anteriormente se acordaba únicamente a los líderes de los sindicatos con personería gremial.

Según la CSI, la violencia recurrente y las permanentes violaciones de los derechos sindicales en numerosos países, son consecuencia evidente de la flagrante impunidad que prevalece. “La persistencia de la impunidad descrita en el Informe Anual de la CSI pone en entredicho la auténtica voluntad de determinados Gobiernos para proteger los derechos sindicales y prevenir eficazmente las violaciones”, declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

“Ha de hacerse todo lo posible para que el movimiento sindical pueda ejercer su legítimo papel en tanto que contrapeso y representante de la clase obrera”, añadió. En muchos casos de violaciones de los derechos sindicales están incluso implicadas las fuerzas de seguridad y la policía, y apenas una mínima fracción de los responsables de esos actos ha sido llevada ante la justicia.

Abolición del Ejército: La verdad imborrable

Saludos Don Rodrigo

Espero que esté muy bien. Leí su comentario de hoy, y más allá del tema nicaragüense, me llama la atención de que una persona como Usted repita el trillado mito de la abolición del ejército.

Algunos datos: luego de la guerra civil, Figueres estableció de mínima un gobierno autoritario, y de máxima una dictadura. El mismo Rodrigo Facio así lo reconocío en las sesiones de la constituyente.

Y es que si bien la justificación del alzamiento en armas había sido las arbitrariedades y abusos de autoridad por una parte, y la anulación de las elecciones para presidencia, una vez en habiendo derrotado al gobierno con las armas, el ejército de Figueres a fuerza de las armas, desconoció la elección de Ulate y cometió iguales o peores abusos que los cometidos en años anteriores por el gobierno.

El punto es que la coalición opositora del gobierno de Picado, era una coalición de reaccionarios y de progresistas, de políticos tradicionales y de gente que quería las cosas distintas, de demócratas y de terroristas, de social demócratas y de oligarcas.

Cuando se gana por las armas, y el grupo de Figueres, armas de por medio se coloca en el gobierno, empieza a desarrollar un programa tremendamente autoritario, con asesinatos políticos, encarcelamientos, cierre del periódico la Tribuna, cierre del congreso, desconocimiento de las elecciones legislativas que nadie había anulado, derogatoria de la Constitución Política que nadie había cuestionado, disolución de las organizaciones sindicales opositoras y persecusión de líderes sindicales, prohibición del partido VP y persecusión de sus líderes, asume parte del poder judicial creando tribunales especiales de carácter político que no soportan el menor análisis jurídico, etc.

Pero también desarrolla medidas de profunda transformación económica que rompen el frágil ligamen con sus antiguos aliados (nacionalización bancaria y expropiación de bancos, impuesto al capital, mantiene impuesto sobre la renta y garantías sociales, etc.).

En ese marco se producen varias cosas:

– Cardonazo dirigido por militares que desarrollaron actividades terroristas auspiciadas por Figueres en los años añteriores y durante el conflicto armado. Estos eran principalmente parte de los alemanes encarcelados y expropiados 8 años antes por Calderón. Figueres se da cuenta de que el Ejército es un problema grave en el marco de la ruptura de esa alianza

– Por el contrario Figueres tenía su mejor aparato militar en la Legión del Caribe, con sus distintos grupos, sobre todo el de Rosendo Arguello

– Somoza lo sabe y lo teme. Conoce el pacto de la legión del caribe y sabe que se intentará derrocarlo desde Costa Rica, por lo que hace creer a Calderón que apoyará una invasión desde ese país, con la única finalidad de que los EEUU presionen a Figueres.

– Los EEUU habían aceptado a Figueres como mal menor frente al calderocomunismo en el marco de la guerra fría, pero sabían que tenían que presionarlo para evitar que avanzara la aventura de la Legión del Caribe, entre otros con gobiernos útiles como el de Somoza, o con los proyectos guatemaltecos que poco después producirían el derrocamiento de Arbenz en Guatemala.

– Para ese efecto EEUU presiona a Figueres cuando la Junta le pide que levante el embargo de armas que le había impuesto a Teodoro y que mantenía. El mensaje, es claro: las armas no pueden fomentar la actividad bélica de Figueres y mucho menos ser usadas para la invasión o golpes en el resto de centroamérica. El mismo día en que el Departamento de Estado le dice esto a Figueres, la Junta abole el ejército y se inicia un proceso de desmovilizaicón del la Legión del Caribe.

– El resultado es el acceso a armas proveídas por los EE.UU que equiparon la naciente policía nacional mucho más de lo que el escuálido ejército de Costa Rica jamás había estado.

En definitiva, Figueres abolió el ejército para conseguir más armas y equiparse frente a las agresiones del exterior de Calderón.

Además abolió el ejército porque esto le permitió desmovilizar a los militares que habían cometido asesinatos, abusos de autoridad, actos terroristas, etc., y que eran aliados a grupos ex-aliados de Figueres. Grupos que no tolerarían el desarrollo del plan social demócrata.

Así que lejos de la historia cándida del bueno corazón de Figueres y el acto pacifista de abolición del ejército, al menos en aquel momento, la abolición fue parte de una estrategia bélica de defensa.

Por supuesto, de todo lo anterior hay pruebas con los documentos desclasificados de EEUU, y con las actas de la junta.

Creo don Rodrigo, que es hora que dejemos de repetir estereotipos y reconozcamos las virtudes pero también las miserias de nuestros próceres.

Saludos,

Mauricio Castro Méndez

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El artículito en mención

Nuestros vecinos y la abolición del Ejército

Deberíamosseriamente pensar en una reserva de la Fuerza Pública

Rodrigo Cabezas Médico 09:03 a.m. 07/12/2010

Con orgullo celebramos que hace 62 años en un acto sin precedentes nuestro país aboliera el Ejército. Se fundamentó esa decisión en que un gobierno democrático no necesita un ejército para su control interno; si fuera agredido por otro país del continente, existe un mecanismo entonces llamado Tratado de Río y hoy TIAR, en el cual los países signatarios se comprometen a defender al país agredido.

Ese concepto ya se probó en 1955 cuando un grupo de costarricenses, apoyado por el Ejército de Nicaragua, invadió Costa Rica por la frontera norte, con el fin de derrocar al gobierno constitucional de don José Figueres Ferrer.

Como un muy joven voluntario de la Cruz Roja destacado en La Cruz, Guanacaste, pude ver tanquetas de ese ejército abandonadas allí. Los guardias civiles rápidamente fueron a defender la soberanía, en días se formó un ejército de voluntarios, países amigos nos defendieron y en semanas terminó el conflicto, no obstante que hubo muertos y heridos.

Para que esta filosofía funcione, se supone un mínimo de decencia de los Gobiernos vecinos. Tristemente, hoy vemos que esa decencia no existe. Por esta razón, deberíamos reevaluar nuestra dependencia en la defensa de otros.

Tal vez deberíamos seriamente pensar en una reserva de la Fuerza Pública, compuesta por civiles con entrenamiento militar, con equipo bélico adecuado guardado por la Fuerza Pública y cada uno de ellos en sus casas, con entrenamiento periódico para estar capacitado para disuadir aventuras de los cobardes que pudieran gobernar países vecinos. Otros han probado este esquema con éxito, como Suiza.

Finaliza 1er Módulo de Capacitación

Final del Primer Módulo, Video de AnepTV

Con la entrega de diplomas y otros reconocimientos finalizó el primer módulo de capacitación para las bases de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP.

20 personas aprobaron este primer módulo y se espera que continuen con los siguientes cursos de capacitación. En esta oportunidad pudieron renovar o adquirir nuevos conocimientos del derecho laboral básico, en temas como procesos administrativos, calculos salariales y de costas, entre otras muchas cosas. El primer módulo contó con 8 sesiones de trabajo con un promedio de 3 horas en cada sesión.

Pronto la ANEP estará abriendo la convocatoria para repetir este primer módulo y para iniciar también la segunda fase de la capacitación. La compañera Susan Quirós Diaz, coordinadora a.i. de la Unidad de Asesoría Jurídica es quien tiene a cargo el reclutamiento para estos cursos. Pueden contactarla al 2257-8233 o al correo susanquiros@anep.or.cr

Congreso Ideológico de ASDEICE: Un aporte desde nuestra perspectiva

1. El 7 de octubre de 2007 nuestra patria vivió uno de los momentos de mayor intensidad político-cívica de toda su historia republicana, prácticamente con un único episodio cercano de similar naturaleza, si lo vemos por la alta polarización política alcanzada: los hechos bélicos de 1948.

2. Dos visiones de país se confrontaron en las urnas en una impresionante disparidad de condiciones, pero mostrando la gigantesca posibilidad política que una convergencia amplia de fuerzas por el bien común es capaz de lograr, luego de un período de acumulación de fuerzas de, al menos, casi veinte años a esa fecha.

3. Somos del criterio de que en ese día, 7 de octubre de 2007, se marcó un punto de inflexión en nuestra vida como nación; y, si bien es cierto las fuerzas del capital siempre han tenido la hegemonía política a lo largo de nuestra historia republicana, lo real es que, de un modo u otro, políticas públicas de inclusión social e inspiradas en la promoción del bien común, han marcado esa historia nuestra, particularmente a partir de los años 40 del siglo anterior.

4. Evidentemente los factores externos de naturaleza geopolítica también estuvieron jugando un papel en nuestra trayectoria institucional republicana y, hasta 1989, la presencia global de un bloque socialista (entiéndase como se entienda), creaba condiciones para la atenuación de la esencia explotadora del capital, consustancial a su existencia misma. Es decir, había espacio político para amplias acciones de política pública con énfasis en lo social.

5. No vamos a detallar qué fue lo Costa Rica logró en todas estas décadas que, integralmente, hemos conceptuado como “modelo social”; “modelo solidario de Estado”, “Estado Social de Derecho”… La sensación de que todo su significado era lo que se jugaba con el asunto del TLC con Estados Unidos, provocó esa admirable y titánica acción del Movimiento Patriótico del No al TLC, del cual fuimos partes activísimas desde las organizaciones sindicales con sentido patriótico y con visión de país.

6. Lo que ha venido ocurriendo con el deterioro de ese modelo, por una causalidad diversa que no viene al caso como por ejemplo, la inducción del país en los postulados del neoliberalismo clásico (el “Consenso de Washington); nos lleva a afirmar que el principal problema que tiene Costa Rica en la actualidad, el más grande desafío de la agenda nacional de hoy y la más preocupante incertidumbre de cara al futuro, es el crecimiento sostenido y sistemático de la desigualdad y su correspondiente producto: la concentración abusiva de la riqueza.

*7. *Es decir, que ni la inseguridad ciudadana y la violencia criminal, ni la inserción del narcotráfico y del crimen organizado en nuestro tejido social, ni la ascendente corrupción; ya de por sí problemas mayúsculos que deterioran nuestra convivencia; se igualan a lo que representa el desdibujamiento de un perfil de país centrado en sus capas medias con una institucionalidad de servicio público que facilitó la movilidad social y con importantes niveles de equidad distributiva (aunque con fuertes injusticias por el lado de la renta), como lo fuimos hasta hace algunos años, pese a que se conservan importantes patrimonios sociales que gracias a su fortaleza institucional, han impedido la consolidación total del modelo neoliberal y la entronización irreversible de la hegemonía del capital que lo sustenta.

8. En tal estado de cosas y mostrando un nivel altísimo de simplificación del análisis sociopolítico, psicosocial y económico que supone una caracterización de nuestra sociedad en el día de hoy; esa hegemonía del capital neoliberal que sigue en ascenso hacia su consolidación del control total del poder, requiere que nos planteamos el desafío de cerrarle el paso a su avance, detenerlo y hacerlo retroceder, tal y como lo han mostrado posible, varias experiencias políticas en nuestra querida Latinoamérica.

9. Si aceptamos que estamos a la defensiva desde un punto de vista estratégico y que la promoción del bien común tiene una materialización concreta en crear las condiciones para superar la creciente desigualdad-concentración de la riqueza, de forma tal que nuestro desafío estratégico es la recomposición de los contenidos del modelo solidario de Estado en el marco de los tiempos de TLC’s; entonces es preciso reflexionar sobre lo siguiente:

10. Para qué el esfuerzo; a quiénes nos corresponde esa inmensa tarea; cómo; cuándo. Cuatro medulares preguntas para las que las respuestas pueden ser tan diversas, como diversas las fuerzas necesarias para lograr tal propósito.

11. Para qué el esfuerzo: ¿La toma del poder?; ¿ganar el Poder Ejecutivo en elecciones?; una fuerte bancada progresista en el parlamento?; ¿poder ciudadano ganando alcaldías y concejos municipales?…

12. Quiénes: ¿Los sindicatos a la “vanguardia”?; ¿un partido progresista/revolucionario o grupos de ellos?; ¿un líder carismático de vocación progresista y/o revolucionaria?; ¿complejo articulado de fuerzas cívico-patrióticas de amplísima diversidad con programa común?…

13. Cómo: ¿El “asalto” al poder vía un proceso revolucionario profundo?; ¿ganando las elecciones?; ¿una asamblea constituyente con fuerzas progresistas dictando los nuevos preceptos de un cambio de Estado?; ¿incidiendo en las futuras políticas públicas de gobiernos de la derecha en sus diferentes matices?; ¿construyendo poder desde “abajo”?; ¿una articulación estratégica multisectorial-política con vocación de poder?…

14. Cuándo: ¿En el marco electoral venidero (2014)?; ¿2018?; ¿en el corto plazo?; ¿en el mediano plazo?; ¿cuándo “maduren” las condiciones?; ¿empezamos ya?…

15. Demasiado complejo. ¿O demasiado simple el planteamiento?… Algunas ideas personalísimas al respecto nos indican lo siguiente, aclarando que no estamos planteando “nada” original, cual si fuésemos” iluminados” dueños de la verdad.

16. Es necesario compenetrarnos en el esfuerzo de construcción de la nueva hegemonía empezando desde “abajo”; en los espacios de convivencia cotidiana que ayudarían a germinar la base de tal hegemonía; fijarnos en lo horizontal que representa esa convivencia en un marco de creciente exclusión que tiende a unificar molestias y frustraciones pero también sueños y esperanzas.

17. La articulación social-intersectorial y multipartidista de este lado de la acera es más que necesaria porque lo impone nuestra propia situación de diversidad en estos momentos. No vemos en el horizonte que el surgimiento de una fuerza nueva con vocación de poder surja desde una parte en específico de esa diversidad. Pareciera que hay que descifrar la “magia” de la articulación, como lo mostró el magistral momento histórico de la coyuntura del No al TLC.

18. La actividad sindical exige un replanteamiento profundo para sacarla del “gueto intramuros” y posicionarla en el corazón del pueblo trabajador, más allá del centro laboral. Pareciera que las potencialidades de construcción desde abajo podrían tener algún nivel de realización concreta con lo que algunos hemos dado en llamar el “Sindicalismo Ciudadano”; esfuerzo de proponer un punto para la búsqueda de tal replanteamiento.

19. Los contenidos que debe llevar la estrategia de recomposición del modelo solidario de Estado están sobrados. Diagnósticos hay a montones, hay una intelectualidad “pensante” dispuesta a conceptuarse como orgánica, hay una soberana cantidad de propuestas de política pública en el marco de “otra Costa Rica es posible” y cuestiones similares. No hay que “quemar” más neuronas en proponer; lo que sigue en “quemárselas” en construir.

20. Sin duda alguna aquí va a entrar a jugar cuáles son las mejores y más apropiadas políticas de alianzas para el potenciamiento, ascenso y posicionamiento de nuestra aspiración contrahegemónica. Aquí se impone las mentes más abiertas, las flexibilidades tácticas más impensadas, los caminos sinuosos no en línea recta, y los desprendimientos de dogmatismos, esquematismos y las autoproclamaciones de propiedad de la verdad.

21. Estos y otros componentes de “laboratorio” socio-político deberían tener una finalidad estratégica de corto y de mediano plazo: frenar el avance de la consolidación de la hegemonía del capital neoliberal y, en el poco a poco, en el día a día, en la lucha constante (local, regional y nacional), imprimirle ese sesgo del desarrollo de la vocación de poder hacia el emerger de la contrahegemonía que será la que salga desde este lado de la acera.

22. Concluimos reiterando lo siguiente: Nuestro desafío estratégico es la lucha por la recomposición de los contenidos del modelo solidario de Estado en el marco de los tiempos de TLC’s; que nos permita crear las condiciones para la superación de la creciente desigualdad social y la concentración abusiva de la riqueza, a través del surgimiento de la contrahegemonía que es necesario construir para confrontarla con la del capital neoliberal.

* Sindicalista
Secretario General de la ANEP
Jueves 25 de noviembre de 2010
Aporte para el
Congreso Ideológico de ASDEICE

Nicaragua-Costa Rica: Érase una vez un río

Arrasada por calamidades naturales, golpes de estado, luchas armadas, guerras sucias e invasiones gringas, lo menos que necesita la región son conflictos fronterizos, amenazas de guerras e intervenciones. El único ganador que pudiera haber en el contencioso entre Costa Rica y Nicaragua es el que no ceda a la provocación y haga más por evitar la escalada y contribuya a la solución de un diferendo que nunca debió retornar.

En un ambiente en el que por primera vez desde que existe la memoria, no hay dictadores en Centroamérica y gobiernan líderes legítimos, no sólo no debieran existir conflictos de naturaleza tan primitiva, sino que tampoco haría falta acudir a la OEA, a la Corte Internacional ni invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca y muchos menos al Consejo de Seguridad para que emitan resoluciones salomónicas que estorban más de lo que ayudan.

Daria vergüenza que a estas alturas se repitieran las historias de cuando en 1886 estos mismos países acudieron al presidente norteamericano Grover Cleveland quien el 22 de marzo de 1888, desde su imperial altura decidió que:

“… Es válido el Tratado de Límites… Conforme a dicho Tratado… no tiene derecho la República de Costa Rica de navegar en el Rio San Juan con buques de guerra; pero puede navegar en dicho Rio con buques de servicio fiscal… ” “… La República de Costa Rica no puede impedir a la República de Nicaragua la ejecución, a sus propias expensas y dentro de su propio territorio, de tales obras de mejora; con tal que dichas obras de mejora no resulten en la ocupación o inundación o daño de territorio costarricense… ”

Por otra parte la experiencia enseña lo peligroso que resulta la intervención de los Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos.

En 1912 un dictador llamó a los marines y tuvieron que pasar 21 años para que la soldadesca norteamericana saliera de Nicaragua y cuando lo hicieron en 1933, dejaron en el poder a Anastasio Somoza, cuya familia gobernó dictatoríamente durante casi 50 años sembrando la geografía nicaragüense de muerte y dolor, convirtiendo al país en un feudo y en uno de los estados más pobres del mundo, hasta ser desalojados del poder por el triunfo de la revolución Sandinista en 1979.

Otra experiencia antológica es la de Panamá donde, en 1864 Estados Unidos negoció derechos para la construcción de un ferrocarril interoceánico que pronto se transformó en la aspiración de construir un canal, concesión impuesta en 1903 y que incluyó derechos a perpetuidad sobre la llamada “Zona del Canal que tuvo vigencia hasta que en 1977, año en que Omar Torrijos logró los acuerdos con el presidente Carter, que devolvieron el canal a su legítimo dueño y la salida de las tropas norteamericanas.

Todavía los norteamericanos regresarían otras tres veces a Centroamérica: en los años ochenta, ocasión en que la administración de Reagan y Bush desataron la Guerra Sucia, en 1989 cuando con 22 000 marines invadieron a Panamá y más recientemente porque, en una injustificada e irresponsable acción, con el pretexto del combate al narcotráfico, el gobierno de Costa Rica ha autorizado la presencia de buques y militares norteamericanos en su territorio.

Entre las tareas históricas de las vanguardias latinoamericanas de hoy figura consolidar las tendencias progresistas en la región. La unidad de Centroamérica, la cooperación entre sus gobiernos democráticos y la solidaridad entre sus pueblos figuraron entre las metas originales más queridas por la Revolución Sandinista, propósito que una nefasta coyuntura pone hoy a prueba.

En cualquier caso las partes deben recordar que es mucho más fácil soliviantar los ánimos que sanar las heridas de conflictos de esta naturaleza. Muchas veces ocurre que cuando nadie recuerda a quienes los instigaron, iniciaron o no pudieron impedirlos, sus consecuencias siguen cobrando víctimas y generando recelos y odios. Allá nos vemos.

ANEXO

LAUDO DEL PRESIDENTE DE LOS EE. UU. MR. GROVER CLEVELAND, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A quienes corresponda: Salud.

Habiéndose conferido las funciones de Arbitro al Presidente de los Estados Unidos, en virtud de un Tratado firmado en la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el que se convino en someter el arbitramento del Presidente de los estados Unidos de América, la cuestión pendiente entre los Gobiernos contratantes respecto a la validez de su Tratado de Límites, de quince de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, que si el Laudo del Arbitro declarase que el Tratado era válido, el mismo Laudo declarase que también si Costa Rica tiene derecho a navegar en el Río San Juan con buques de guerra o del servicio fiscal; y del mismo modo que, caso de ser válido el Tratado, el Arbitro resolviese sobre todos los otros puntos de dudosa interpretación que cada una de las partes encontrase en el Tratado, y comunicase a la otra parte dentro de treinta días contados del canje de las ratificaciones de dicho Tratado de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Y habiendo la República de Nicaragua comunicado debidamente a la República de Costa Rica, once puntos de dudosa interpretación encontrados en dicho Tratado de Límites de quince de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho; y no habiendo la República de Costa Rica comunicado a la República de Nicaragua punto alguno de dudosa interpretación, del Tratado últimamente aludido.

Y habiendo ambas partes presentado debidamente al Árbitro, sus alegatos y documentos y debidamente presentando enseguida sus respectivas contestaciones a los alegatos de la otra parte como se dispone en el Tratado de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Y habiendo el Arbitro, de su conformidad con la cláusula quinta del Tratado que acaba de citarse, delegado sus facultades al Honorable George L. Rivas, Sub- Secretario de estado, quien después de examinar y considerar dichos alegatos, documentos y contestaciones, ha dado acerca de todo su informe por escrito al Árbitro.

Por tanto, yo Grover Cleveland, Presidente de los Estados Unidos de América, doy por las presentes la siguiente sentencia y laudo:

Primero.
Es válido el Tratado de Límites arriba referido, firmado el quince de Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho.

Segundo.
Conforme a dicho Tratado y a las estipulaciones contenidas en su artículo sexto, no tiene derecho la República de Costa Rica de navegar en el Rio San Juan con buques de guerra; pero puede navegar en dicho Rio con buques de servicio fiscal relacionados con el goce de los objetos de comercio que le está acordado en dicho artículo, o que sean necesarios para la protección de dicho goce.

Tercero.
Respecto a los puntos de dudosa interpretación comunicados, como queda dicho, por la República de Nicaragua, resuelvo como sigue:

1.- La línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el lado del Atlántico, comienza en la extremidad de Punta de Castilla, en la boca del Rio San Juan de Nicaragua, como se hallaban la una y la otra el quince de Abril de 1858. La propiedad del acrecidomiento que haya tenido dicha Punta de Castilla debe gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto.

2.- El punto céntrico de la Bahía de salinas debe fijarse tirando una línea recta a través de la boca de la bahía y determinando matemáticamente el centro de la figura geom0trica cerrada, que forme dicha línea recta, y la playa de la Bahía marcada por la vaciante.

3.- Por punto céntrico de La Bahía de salinas debe de entenderse el centro de la figura geométrica formada como queda dicho. El límite de la bahía hacia el Océano es una línea recta tirada de la extremidad de Punta Arranca Barba, casi al sur derecho a la porción más occidental de la tierra por Punta de Sácate.

4.- La República de Costa Rica no está obligada a concurrir con la república de Nicaragua a los gastos necesarios para impedir que se obstruya la bahía de San Juan del Norte, para mantener libre y desembarazada, la navegación del Río o puerto o para mejorarla en beneficio común.

5.- La república de Costa Rica no está obligada a contribuir con parte alguna de los gastos que haga la República de Nicaragua en cualquiera de los referidos objetos.

6.- La República de Costa Rica no puede impedir a la República de Nicaragua la ejecución, a sus propias expensas y dentro de su propio territorio, de tales obras de mejora; con tal que dichas obras de mejora no resulten en la ocupación o inundación o daño de territorio costarricense, o en la destrucción o serio deterioro de la navegación de dicho Río o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tenga derecho de navegar en el mismo. La República de Costa Rica tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan en la ribera derecha del Río San Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento, y por los terrenos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de cualquiera otro modo a consecuencia de obras de mejora.

7.- El brazo del Río San Juan conocido con el nombre de Río Colorado, no debe considerarse como límite entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica en ninguna parte de su curso.

8.- El derecho de la república de Costa Rica a navegar en el Rúo San Juan con buques de guerra o de servicio fiscal, queda determinado y definido en el Artículo Segundo de este Laudo.

9.- La República de Costa Rica puede negar a la república de Nicaragua el derecho de desviar las aguas del Río San Juan en caso de que esa desviación resulte en la destrucción o serio deterioro de la navegación de dicho Río, o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tiene derecho a navegar en el mismo.

10.- La República de Nicaragua permanece obligada a no hacer concesiones de canal en su territorio, sin pedir primero la opinión de la República de Costa Rica, conforme a lo dispuesto en el artículo VIII del Tratado.de Límites de quince de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho. Los derechos naturales de la República de Costa Rica aludidos a dicha estipulación , son los derechos que, en vista de la línea fronteriza fijada por dicho Tratado de Límites, posee en el suelo que allí se reconoce por de su exclusiva pertenencia; los derechos que posee en los puertos de San Juan del Norte y Bahía de Salinas; y los derechos que posee en aquella parte del Río San Juan que se encuentra a más de tres millas inglesas abajo del Castillo Viejo, medidas desde las fortificaciones exteriores de dicho Castillo, como existían el año de 1858, y quizás otros derechos no especificados aquí con particularidad. Estos derechos deben considerarse perjudicados en cualquier caso en que se ocupe o inunde el territorio perteneciente a la República de Costa Rica; o cuando haya alguna intrusión en cualquiera de dichos puertos, dañosa a Costa Rica o cuando haya tal obstrucción o desviación del Río San Juan que se destruya, o seriamente deteriore la navegación de dicho Río o cualquiera de sus brazos en cualquier punto donde Costa Rica tenga derecho a navegar en el mismo.

11.- El Tratado de Límites de quince de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho, no da a la República de Costa Rica a ser parte en las concesiones que Nicaragua otorgue para canales interoceánico; aunque en los casos en que la construcción del canal envuelva daño a los derechos naturales de Costa Rica su opinión y consejo, de que habla el artículo VIII del tratado, debiera ser más que de consejo o consultativo. A lo que parece en tales casos su consentimiento es necesario, y ella puede en consecuencia exigir compensación por las concesiones que se le pidan; pero no es acreedora a participar como derecho en los beneficios que la República de Nicaragua pueda reservarse como compensación de los favores y privilegios que, a su vez, pueda conceder.

En testimonio de lo cual lo he firmado de mi mano, y hecho sellar con el Sello de los Estados Unidos.

Dado por triplicado en la Ciudad de Washington, el día veintidós de Marzo del año de mil ochocientos ochenta y ocho, y ciento doce de la Independencia de los Estados Unidos, (L.S. ) (f) GLOVER CLEVELAND, Por el Presidente.- (f) T.F. BAYARD, Secretario de Estado.

*especial para ARGENPRESS.info

La histórica Huelga General de AyA generó beneficios mas allá de las fronteras institucionales

Comentarios del Secretario General de la ANEP

1- El 15 de noviembre de 2005, hace cinco años, culminaba uno de los conflictos laborales de mayor impacto en la Administración Pública de Costa Rica: la histórica Huelga General del personal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A); cuyos resultados salariales, fuertemente criticados en ese momento, por algunos sectores internos, generarían transformaciones estructurales para la Administración Central del Estado (Régimen de Servicio Civil y sistemas institucionales conexos al mismo).

2- 36 históricos días de unidad, de solidaridad, de organización, de movilización; junto a sentimientos de ansiedad, dudas, miedos, esperanzas, sueños y valentías jamás vistas; 35 de los cuales el movimiento se hizo bajo la calificación jurídica de Huelga Legal; le señalaron al país que existía un colectivo laboral de enorme importancia estratégica pero cruelmente invisibilizado: el abnegado personal de A y A, pésimamente mal pagado al punto de que, en general, ni siquiera recibía, gran parte del mismo, el salario mínimo de ley.

3- Con el criterio en mente de que no hay verdades absolutas, de que nadie tiene el monopolio de la verdad, de que las construcciones sociales son un hervidero de diversidades que, por lo general, no permiten los avances estratégicos necesarios con la celeridad que uno quisiera; emitimos unas reflexiones a propósito de este histórico movimiento laboral, en el día de su quinto aniversario de finalización.

4- Intentamos (con una perspectiva subjetiva, por supuesto), aportar algo a la preservación histórica de la Memoria Obrera (así, con mayúscula), pues los sindicatos, por lo general, no formulamos recuento histórico de nuestras hazañas y de nuestros fracasos, lo que le facilita a la ideología del sistema dominante llevar la hegemonía en el registro de las evoluciones históricas de la sociedad, del país, de la nación, de la Patria.

5- Tenemos el honor de, todavía, estar al frente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización que (y lo decimos con muchísimo respeto para las entidades laborales internas de A y A) , se insertó en el conflicto cuando éste había apenas arrancado pero que a lo largo de su desenvolvimiento, asumió una gran responsabilidad conductual, de incidencia política, de proyección mediática, de táctica organizativa y de soporte financiero de mucho impacto para las arcas de la agrupación.

6- En total, la ANEP invirtió en esta lucha obrera, unos 14 millones de colones, lo que podemos demostrar gracias al sistema de controles internos que se poseen para registrar, con total transparencia, como se gasta la plata que aportan las miles de personas trabajadoras asalariadas afiliadas.

7- Si bien es cierto no se pudo evitar el rebajo de los días holgados en el acuerdo de finalización de la Huelga General de A y A, visto éste ya en perspectiva, resultó altamente provechoso para un altísimo porcentaje de la población laboral institucional y más allá de la misma.

8- Recordemos que el movimiento fue declarado legal en su momento, sentando un precedente completamente inusual en huelgas de este tipo. Pero, después, hubo enormes presiones políticas en las altas e íntimas esferas del poder para que los jueces variaran la calificación inicial de Huelga Legal, lo cual obtuvieron, final y lamentablemente.

9- Recordemos, al respecto, la presión mediática de un medio de prensa escrita que es virulentamente antisindical y que pretende ser la “voz” de “la nación”. Su insidia en contra de nuestro movimiento le llevó a plantear casi que se boicotearía el suministro de agua a la población, algo que jamás estuvo en nuestras mentes, ni en nuestros planes, pues este movimiento fue redireccionado por la ANEP bajo los conceptos filosóficos de la No Violencia, buscando mantener su carácter de justeza ante la sociedad, para lograr la comprensión y la simpatía de la ciudadanía.

10- Aparte del logro estratégico que significaba un nuevo manual de puestos para A y A que hiciera completamente visible las especificidades ocupacionales de la institución (negadas por mucho tiempo por el propio Servicio Civil), y con lo cual se obtendrían importantes incrementos salariales ulteriores luego de su implementación; el inicial porcentaje de 9.81 logrado como incremento a las bases salariales del personal técnico y operativo de A y A, se expandió al resto del personal de la Administración Central del Estado (los ministerios y entes adscritos a los mismos, básicamente); sin que tal personal moviera un solo dedo en acciones solidarias con la gente en huelga de A y A. Ni siquiera sus propios sindicatos gremiales-ministeriales se movieron por este movimiento. Se quedaron “viendo para el ciprés”.

11- Honrosas y dignas excepciones las hubo como las del valiente colectivo laboral de la Imprenta Nacional que, en masa, en paro, se desplazó hasta la sede institucional de Pavas, a darnos solidaridad.

12- A las personas oficinistas, choferes, de mantenimiento, técnicas y de otros puestos del Estado central, el 9.81 % les tomó de sorpresa, les llegó sin arriesgar nada, a sus escritorios. En esos duros momentos de huelga, especialmente en los instantes difíciles del acuerdo, quien estaba en lucha en la institución no tenía idea de que lo hacía por otros y por otras que ni siquiera conocía o conocería jamás; en un acto lindísimo de solidaridad táctica con los y con las iguales de su clase, pero sin tener la menor conciencia de tal trasfondo; aunque ni siquiera los sindicatos, en ese momento, teníamos la perspectiva estratégica tan clara como se ve ahora.

13- Pero más impactante aún sería lo que le ocurriría a los sectores profesionales de A y A, que tuvieron la paciencia de esperar su propia reivindicación salarial sujeta al estudio de puestos que contenía el arreglo de finalización de la huelga. Igual que en el caso anterior, la profundidad del impacto de este movimiento, dislocó toda la estructura salarial conservadora y restrictiva del Servicio Civil, que hacía que las personas trabajadoras adscritas a su régimen, profesionales o no, fueran de las más mal pagadas de todo el aparato estatal costarricense.

14- La gente trabajadora de A y A con su histórica Huelga General de 36 días, con sus profesionales y sus sectores obreros y técnicos, en lucha firme y decidida, con las consecuencias luego de los días holgados rebajados; jamás imaginó que, gracias a su propio sacrificio y gran valentía, en miles de hogares de otras personas trabajadoras del sector Público, habría una mejora sensible de sus propias economías salariales.

15- Hoy, a cinco años, el sector profesional del sector público central, tiene salarios cercanos o superiores al millón de colones, pues la histórica Huelga General de A y A, pulverizó la esencia restrictiva del sistema salarial del Servicio Civil, vigente por unos veinte años, los duros años del ajuste estructural neoliberal reflejado en la política salarial de los sucesivos gobiernos para con su propia gente trabajadora del sector público de la administración central del Estado.

16- El percentil 50 se alcanzó plenamente para los y las profesionales del Servicio Civil, gracias, únicamente, exclusivamente, a la lucha histórica de los 36 días de Huelga General del personal de A y A.

17- En la anterior administración gubernativa, la de Oscar Arias Sánchez, se materializó en resoluciones sucesivas del Servicio Civil, en acuerdos con los principales sindicatos integrantes (ANEP incluida), de la denominada “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”, el tránsito paulatino hacia ese percentil 50.

18- En tal contexto, cierto grupo minúsculo pretendió “vestirse con ropa ajena”, apropiarse indebidamente de un sacrificio colectivo histórico y de una gran acción sindical, como la de la ANEP, y “vanagloriarse” del logro del percentil 50 para el indicado sector profesional del Estado.

19- Por suerte, para la memoria obrera en construcción, estas acciones oportunistas no pasaron a más; y hoy, a cinco años de la histórica Huelga General de A y A, cada profesional, hombre ó mujer, que trabaja en los ministerios y en los entes adscritos a los mismos, debe saber cómo llegó a ganar lo que gana ahora, ahora que tiene un poco más de justicia salarial: lo obtuvo por la lucha obrera, por la lucha laboral, por la acción de un movimiento de profunda esencial sindical, en 36 días de huelga del personal de A y A. Punto. Y la ANEP estuvo ahí, en primerísima línea.

20- Queda mucho camino por recorrer a lo interno de A y A. Lastimosamente, en lo que respecta a las clasificaciones de puestos derivadas de los acuerdos de la huelga, ha habido muchas injusticias, muchas manipulaciones, mucho tráfico de influencias, compadrazgos y oportunismos.

21- La estructura tradicional de poder que siempre se les ingenia para acomodarse a las máximas jerarquías políticas cuatrienales, generó muchas injusticias, ofensas a la dignidad laboral, discriminaciones en un importante número de casos de personas trabajadoras de A y A que, todavía, a cinco años de este glorioso movimiento, se les recalificó mal, se les ubicó en categorías inferiores a las que justamente tenían derecho jurídico, moral y ético; simplemente porque, en no pocos casos, no son afines o no le rinden pleitesía a esta estructura tradicional de poder y porque se trata de personas trabajadoras honestas que no están afiliadas al estilo sindical interno de acomodarse a patroncito, de entregarse a la administración, de mirar en perspectiva personalista de cortísimo plazo el verdadero significado de la acción sindical.

22- Dentro de otros problemas pendientes por incumplimiento de los acuerdos de la huelga, es el pago de la jornada de 48 horas para un sector laboral importante, con lo cual les ha sido negado el derecho de obtener reajustes salariales del orden del 16 %, por ejemplo.

23- Con la venia del poder, una sola visión sindical se “apoderó” de las condiciones políticas creadas por este movimiento de todos y de todas, a fin de instaurar una negociación colectiva de “mentirillas”, insulsa, completamente “light”, que no arroja nada sustantivo al crecimiento cualitativo de las condiciones laborales, ocupacionales, profesionales, de reivindicaciones salariales de uno de los colectivos laborales más estratégicos de toda la Administración Pública de Costa Rica: el personal de A y A.

24- Pudiéramos vivir sin luz y sin teléfonos, sin computadoras y sin carros; pero no podemos vivir sin agua y esa nos la da, al pueblo, al pueblo trabajador, el trabajo de la gente de A y A.

25- A cinco años de la histórica Huelga General de A y A, ANEP agradece, profundamente, a todas aquellas personas trabajadoras de la institución que continúan siendo asociadas de nuestra organización; que todavía creen en nuestra propuesta pese a nuestros errores, deficiencias y burocracias, porque seguimos conservando una gran independencia con respecto a la administración y al Gobierno, a los gobiernos de turno; y porque seguimos manteniendo una actitud de diálogo y de negociación pero sin entreguismos, con dignidad y con decoro, sin arrodillarnos.

26- Hoy más que nunca, nuestro convencimiento es profundo en cuanto a que cada trabajador y cada trabajadora de A y A, especialmente quienes son anepistas, ostentan una responsabilidad histórica de gigante magnitud para con el pueblo de la querida Patria que nos vio nacer: defender la institucionalidad de A y A, defender su concepción de empresa pública, defenderla de las intentonas privatizadoras, parciales o totales; preservarle su carácter de servicio público esencial, imprescindible para la justicia social y para la propia democracia.

27- Defenderla también de las mediocridades y de los oportunismos internos, del facilismo burocratizante que le genera desprestigio ante el pueblo; defenderla de todas las formas de corrupción, en todos los niveles; defenderla de sus propios enemigos internos, incluso hasta en algunos casos con ropaje sindical. Y, hoy más que nunca, estamos convencidos de que el movimiento sindical de A y A ocupa de una transformación estratégica y de un radical cambio en su concepción organizativa.

28- Nosotros mismos, como ANEP, confesamos nuestras propias debilidades, nuestras propias ausencias de visión estratégica, nuestras propias mediocridades y desatenciones. Aprovechamos la circunstancia para hacernos la autocrítica que debemos hacernos porque, efectivamente, podemos hacer mucho más con las potencialidades de gente trabajadora de A y A que espera de la ANEP más intensidad y sistematicidad en su accionar sindical.

29- Proyectos como una eventual ley del Recurso Hídrico, o la autorización legislativa para que AyA venda agua embotellada; o los ajustes estructurales que ocupa la institución ante los desafíos de las emergencias, ocupan de la acción sindical; tanto como ésta debe seguir en constante actividad para que el personal, en todos sus sectores, reciba plena dignidad laboral, justicia salarial y posibilidades de realización personal y profesional, en ambiente institucional donde no prive ni el miedo, ni la docilidad, ni el oportunismo.

30- En el quinto aniversario de la histórica Huelga General de AyA, queremos hacer un esfuerzo por una introspección interna organizacional, para relanzarnos como alternativa sindical de seriedad, de profesionalismo, de militancia constante y consecuente; de ser el espacio sindical que, por excelencia, articule estratégica y armónicamente, los desafíos reivindicativos y laborales para mejores condiciones de empleo; con la imperiosa necesidad de que el colectivo laboral institucional asuma, introyecte profundamente, su responsabilidad patria de defender a A y A de todos los peligros que le siguen amenazando.

San José, lunes 15 de noviembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP