Grecia: desmantelar el Estado para pagar la deuda

Atenas, 24 mar (EFE).- Grecia estudia privatizar numerosos bienes y empresas estatales, como el aeropuerto internacional de Atenas, para recaudar unos 50.000 millones de euros en los próximos años con el objetivo de reducir su abultada deuda pública, según informaron hoy fuentes oficiales.

Tras una reunión del Gobierno, el primer ministro, el socialista Yorgos Papandréu, destacó la necesidad de aumentar los ingresos para recortar el déficit público (15% en 2010) a menos del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014.

Como primer paso, el consejo de ministros aprobó estudiar la venta del 20 por ciento en manos públicas del aeropuerto “Eleftherios Venizelos” como primer paso en ese programa.

Además, se buscarán nuevos inquilinos para el recinto del antiguo aeropuerto internacional de Atenas (Hellinikó).

Según anticipó esta semana el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantinu, el Gobierno ha hecho un recuento hasta ahora de unos 8.000 millones de euros en propiedad inmobiliaria del Estado que se podría privatizar.

Además, se planea la venta total o parcial de las empresas de ferrocarriles, correos, carreteras, lotería, casinos, electricidad, agua y telefonía, según informaron fuentes financieras a Efe.

En todo caso, el gobierno griego no tiene intención por ahora de vender tierras públicas sino alquilarlas, mientras prepara una legislación que prohíba vender suelo estatal griego.

Grecia recibió un préstamo trianual en mayo de 2010 de 110.000 millones de euros de parte de la zona del euro y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar la bancarrota.

Un grupo de expertos de la zona euro y del FMI tienen previsto una visita a Atenas en abril para comprobar si Grecia ha avanzado en su programa de privatizaciones a fin de reducir la deuda pública que supera ya los 340.000 millones de euros.

Honduras: Una “democracia” con mucho de dictadura

Y sintetizada por Carolina Sierra, del Foro de las Mujeres por la Vida, red que trabaja principalmente en el norte de su país.

Sierra llegó a Ginebra para observar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras.

Honduras bajo la lupa de la comunidad internacional

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, inició una primera fase del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras en noviembre del 2010.

En ese momento definió una larga lista de recomendaciones para corregir las violaciones de derechos fundamentales.

El 17 de marzo evaluó el estado actual de la situación. Presentaron sus informes tres expositores oficiales designados por el Consejo, representantes de Tailandia, el Reino Unido y la Federación Rusa.
Una nueva comparecencia voluntaria de Honduras en el Consejo se realizará en dos años.

Ana Pineda, Ministra de Justicia y de Derechos Humanos de Honduras, fue la portavoz oficial de su Gobierno. Insistió en su comparecencia en mejorías efectivas y que sobre las 129 recomendaciones formuladas por el Consejo a la intención de Honduras, “un cierto número de medidas están en curso de aplicación”.

Cada representante de la sociedad civil hondureña presente en Ginebra pudo expresar su mirada crítica, en minúsculos balances de 2 minutos cada uno.

Trece representantes oficiales y portavoces de organizaciones internacionales tomaron la palabra en los debates posteriores. Algunas de ellos reconocieron avances formales parciales. La mayoría reiteró críticas sustanciales.

Las ponencias más críticas fueron de la Organización Mundial contra la Tortura señalando un 92 % de impunidad sobre las violaciones; la Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre que contabilizó 200 homicidios en 2010 con impunidad total; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, afirmando que Honduras “no respetó ninguna recomendación para mejorar el sistema institucional y judicial”.

“Violaciones permanentes”

“El Gobierno de Porfirio Lobo Sosa implementó una campaña muy intensa para convencer a la comunidad internacional, enarbolando un mensaje de respeto de los derechos humanos”, explica Carolina Serra, joven periodista y comunicadora social.

Sin embargo “los que padecemos las violaciones y la represión, sabemos perfectamente cuál es la verdadera realidad”, subraya. “Es paradójico, por ejemplo, que el mismo 17 de marzo cuando Honduras pasaba su Examen en el Consejo en Ginebra, se diera una represión muy fuerte contra un paro convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)”.

A raíz de lo cual la Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse (FIAN), publicó en Tegucigalpa un comunicado denunciando acciones “bestiales contra los manifestantes”. Y solicitando a la comunidad internacional continuar con la “presión para parar la represión… que sufren grandes sectores sociales de la población hondureña”.

En paralelo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), desde México, dio a conocer un crítico documento denunciando que “la libertad de expresión sigue en retroceso a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno (de Porfirio Lobo) ante las Naciones Unidas”.

Dicha organización registró en 2010 diez casos de muertes violentas de periodistas, una de las cifras más altas de todo el continente latinoamericano.

“Además de dichos asesinatos hay que sumar la persecución contra las radios comunitarias y medios alternativos”, enfatiza Carolina Serra. Y si se trata de identificar las violaciones, Serra avanza una lista de
ejemplos: “casi a diario hay dirigentes sociales y de la Resistencia amenazados; se reprime toda manifestación ciudadana contra el régimen; se da una política de exclusión permanente y con violencia de la gestión de recursos naturales estratégicos, incluso contra la voluntad de las comunidades locales”.

El “Lobo” sigue matando

Un último caso que conmocionó a la opinión pública hondureña fue el asesinato durante las manifestaciones de la tercera semana de marzo de la profesora Ilse Velásquez.

El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADEH, lamentó la muerte de esta defensora de derechos humanos y militante social. Hermana de Manfredo Velásquez, desaparecido en los años ochenta y primer caso de esta naturaleza en ese país conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el cual Honduras fue condenada en su momento.

Estos dramáticos ejemplos “no nos hacen olvidar otros temas muy de fondo que se convierten ya en dramas, como los asesinatos de mujeres.
Registramos 64 casos en los dos primeros meses del 2011, lo que representa una media de un asesinato diario”.

Con el agravante, insiste Sierra, que “para esos crímenes como para las violaciones de todo tipo de derechos humanos, no hay ningún seguimiento jurídico, y todo cae en la impunidad más profunda. Sólo un 13 % de los asesinatos contra mujeres se convierten en investigaciones o procesos jurídicos”, subraya.

“Las organizaciones de la sociedad civil debemos apropiarnos del Examen periódico que realiza el Consejo de Derechos Humanos. Es un mecanismo nuevo que puede permitirnos también contrarrestar los argumentos oficiales de grandes mejorías que en la realidad no existen”, reflexiona Serra.

Somos conscientes que desde Honduras mismo “necesitamos mantener en el imaginario colectivo de todos los compatriotas del mundo, y de la sociedad civil internacional, el llamado a que no nos olviden”.

Aunque, tal vez, en una coyuntura tan compleja, “Honduras no es un tema prioritario de la agenda internacional… es fundamental que los Gobiernos, las ONG y los movimientos asociativos y de derechos humanos sigan presionando para que se visualice realmente lo que padecemos en Honduras”, insiste Sierra.

Quien recuerda que luego del Golpe de Estado de junio del 2009, se dieron elecciones con proscripción que facilitaron la llegada al Gobierno en enero del 2010 al actual presidente Porfirio Lobo Sosa.

“Representa la continuidad de esa fractura democrática y por eso no es reconocido por una parte importante de la comunidad internacional, especialmente países latinoamericanos”, concluye.

[Publicado en ALAI AMLATINA, 23/03/2011]
Sergio Ferrari, desde la ONU en Ginebra, Suiza

Acción de protesta contra Represión en Honduras

Miércoles 30 de Marzo, de 10 a.m. a 1:00 p.m., frente a la Cancillería.

Rechazamos la ilegal y brutal represión ejecutada por los antimotines y cobras en contra de los universitarios –estudiantes,sindicalistas y docentes- que se manifestaban pacíficamente,en demanda de la NO privatización de la educación y el respeto al derecho de manifestación libre y pacífica de las/os maestras/os.

Convocan: Feministas en Resistencia contra el Golpe de Estado-Costa Rica, Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Coordi del Beso Diverso, CEFEMINA.

Acompaña la convocatoria: Frente Amplio

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Honduras: Aumenta la represión y muerte contra el pueblo

Carlos Zelaya Herrera *

Denuncia de represión y graves violaciones de derechos humanos.

Nuevo salvajismo policial contra pueblo y magisterio hondureño.

Tegucigalpa. Honduras. Decenas jóvenes heridos, centenares de trabajadores, padres de familia, vendedores ambulantes y transeúntes fueron atacados con unas 500 bombas lacrimógenas lanzadas por uniformados de la Policía Preventiva y del Ejército que este mediodía invadieron los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La represión policial-militar del régimen sucesor del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, abarcó la sede del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), la sede de los colegios magisteriales PRICMAH, COLPROSUMAH, COPEMH y COLPEDAGOGOSH, localizados cerca del INPREMA.

En la UNAH la policía detuvo al estudiante Gilberto Exequiel Valladares y fue remitido a un lugar no identificado. Marlen Cruz, procuradora de DDHH del CODEH, informó del traslado de una jovencita que vomitaba sangre. Los jóvenes, Nancy Aguilar y Vicente Pineda, agredido en su escritorio por policías y fueron llevados de emergencia por la Cruz Roja.

“Hubo pánico, terror y zozobra en el campus universitario; los estudiantes no encontraban dónde refugiarse; la rectora es cómplice de la violación de la rectoría universitaria, los estudiantes defienden la autonomía universitaria”, eran algunos de los testimonios desgarradores de estudiantes y periodistas.

El Director de Radio Globo, David Romero, señaló que “estas situaciones son iguales o peores a la época del golpe de Estado”.

“Este día hemos presentado requerimiento fiscal para que la Policía presente a los que atentaron contra mi vida y la vida de Lidieth Díaz”, (colega periodista y esposa de Romero), la noche del día anterior cuando atendían la denuncia de profesores refugiados en la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH).

La Policía es injusta porque lanzó unas 500 bombas lacrimógenas a estudiantes que no tienen nada que ver en esta situación; rociaron a estudiantes y a vendedores ambulantes con un líquido rojo, declararon un estudiante y un despachador de taxis colectivos.

Un fuerte piquete de policías y militares, con el rostro cubierto y armados hasta los dientes, invaden el Campus Universitario lanzando decenas de bombas lacrimógenas y da persecución a toda persona que encuentran en el interior de la Alma Mater.

Estudiantes que estaban en clases o en examen, padres de familia que esa mañana asistían a una ceremonia de graduación en el anfiteatro universitario y vendedores ambulantes, casi todos mujeres y niños, huyen aterrorizados del Campus Universitario, algunos se defienden lanzando piedras y botellas.

Sin embargo, no cesa el lanzamiento de bombas lacrimógenas, mientras la Policía rodea edificios, invade el estacionamiento, edificios, aulas y oficinas, mientras se escuchan gritos desgarradores de los afectados.

En tanto, la dirigencia magisterial rechazó hoy la participación de una comisión mediadora nombrada por Porfirio Lobo Sosa, integrada por el Ministro Director del Instituto Nacional Agrario (INA), Cesar Ham Peña; y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, a quienes cuestionan la falta de solución en el conflicto de tierras en el Bajo Aguán y las mentiras del avance en materia de derechos humanos expuesto por Pineda en la revisión de 126 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas .

Pasado el mediodía, David Romero, Director de Radio Globo, daba cuenta que el ataque con bombas lacrimógenas continuaba en la UNAH, donde unos cinco mil estudiantes no podían abandonar la instalación ante el impedimento impuesto por los uniformados.

Andrés Pavón, de la Plataforma de Derechos Humanos, denunció la agresión y confirmó que varias personas resultaron heridas, por lo que se coordinó su envío a hospitales públicos. En ese momento, un grupo de estudiantes, apostados en el portón uno de la UNAH, salió corriendo ante otra embestida de policías que continuaban tirando más bombas lacrimógenas.

Al filo de las dos de la tarde la Policía se quedó sin bombas lacrimógenas. La Cruz Roja reporta 36 personas golpeadas, un detenido, Gilberto Valladares y Perla Paola Fernández. Nueva toma de accesos al boulevard a Suyapa, frente a la UNAH, por estudiantes de todos los frentes estudiantiles.

Esta crisis es la savia del Humanismo Cristiano, la represión, el odio social y la insensibilidad nutren mentes desquiciadas y son el horizonte de su gestión.

* Periodista

DATO:
LA POLICÌA TIENE UNA RESERVA DE DOS MILLONES DE BOMBAS LACRIMÒGENAS PARA CONTINUAR LA REPRESIÒN, DIJO UNA FUENTE POLICIAL NO IDENTIFICADA

El derecho al agua y al saneamiento tiene que hacerse efectivo

Los gobiernos miembros de la Asamblea General de la ONU votaron el 28 de julio de 2010 en apoyo de esa resolución, que declara derecho humano fundamental el acceso al agua y al saneamiento. Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, expresa un consenso mundial.

Es imperativo que los gobiernos destinen los recursos necesarios para garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento. La mayoría de los gobiernos pueden hacerlo, y sin embargo optan por no hacerlo. Es un problema político, no de mercado.

De los trabajadores/as y sindicatos, conjuntamente con la sociedad civil y otras fuerzas progresistas, depende que se aplique la presión política necesaria.

Además debemos hacer presión en forma organizada sobre instituciones internacionales como el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, a fin de que dejen de utilizar recursos financieros públicos para imponer la privatización.

Algunos gobiernos e instituciones siguen orientándose a la dinámica y a los actores del mercado, al parecer en la creencia de que convirtiendo el agua en artículo que se venda y compre en el mercado, mejorará su destinación a los sectores más productivos.

Es una visión del problema que los sindicatos de la ISP rechazan categóricamente.

Consideramos que los servicios de agua y saneamiento son de responsabilidad fundamental de los gobiernos y no deben externalizarse como fuente de lucro. Son Servicios Públicos de Calidad de los que dependen nuestras familias y comunidades.

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Ya no hay agua para todos

Ollantay Itzamná

ALAI AMLATINA. Desde hace 19 años atrás la comunidad internacional, por decisión de la Asamblea General de la ONU, celebra cada 22 de marzo el día mundial del agua. Fecha que, no en pocas ocasiones, en varios países, pasa completamente silenciada por los acontecimientos coyunturales. Pero el agua, como derecho universal, hoy, se constituye en una cuestión de vida o muerte. Mañana será peor.

Si bien el planeta Tierra es azul porque está compuesto de 71% de agua, sin embargo, sólo el 2.5% de esa agua es dulce. Y del total del agua dulce, sólo el 0.4% se encuentra en la superficie en estado líquido. El resto está en los glaciales y el subsuelo.

Este pequeño porcentaje de agua dulce disponible se va agotando a causa de la contaminación, mala distribución y la “cultura” del despilfarro.
Sí, aunque Ud. no lo crea, ésta nuestra conducta inmoral e irresponsable hace que cada 20 segundos muera un niño/a en el mundo a falta de agua limpia. En la actualidad, más de mil millones de personas ya padecen sed, y más de 2.5 millones (40% de la población mundial) carecen de saneamiento básica. Para 2025, 2 de cada 3 personas en el mundo pasaremos sed.

En la actualidad cerca de 30 países tienen serios problemas de agua.
Entre ellos Kuwait, Libia, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, etc. En los EEUU cerca del 40% de las reservas de agua dulce se encuentran contaminadas. Los 10 principales ríos del planeta están contaminados.
Ante la imposibilidad humana de aumentar las reservas de agua dulce, y ante la imparable contaminación de las pocas reservas que quedan, se plantean dos posturas filosóficas y políticas para la administración de este recurso vital:

La primera, promovida por los promotores del libre mercado (BM, FMI, BID, CAF, etc.) que consideran el agua como un simple recurso mercantil y que para su eficiente administración y asignación debería pasar a manos de empresas privadas, porque consideran que el Estado es el principal responsable del despilfarro de este recurso.

La segunda, promovida por la ONU, ONGs y pueblos conscientes del mundo que consideran y defienden el agua como un derecho universal, requisito para la satisfacción de los demás derechos fundamentales. Destinado a satisfacer las necesidades de todos los seres vivos. El agua es un derecho, no una mercancía. Por tanto, son las comunidades organizadas quienes deben administrar y cuidar el agua y los bosques. Por eso, en 2010, el acceso al agua potable y saneamiento básico fue declarado como un derecho humano fundamental por la ONU.

Honduras, país bendecido por la Madre Tierra por sus reservas hídricas, asumió, de manera irresponsable e irreflexiva, la primera postura. Los servicios de agua y saneamiento, que históricamente fueron asumidos, de forma espontánea, por las organizaciones comunales (juntas de agua), desde inicios de la pasada década (2003) están siendo trasferidos a los municipios para su inmediata privatización (como está ocurriendo en la ciudad de San Pedro Sula). Casi simultáneamente, se transfirieron y transfieren los ríos a las empresas privadas para la producción de hidroeléctricas. Y, ahora último, hasta los bosques están siendo vendidos “para el mercado de carbono”. Así, sin servicios de agua, sin ríos y sin bosques, el pueblo hondureño va camino seguro a su calvario infernal. Y todo, en nombre del “Humanismo Cristiano”.

Si no le conmueven los niños/as que murieron en los minutos que leyó o escuchó esta editorial, quizás porque sean del África o Asia, piense en sus hijos y nietos. Ellos padecerán el calvario de la sed y se enfrascarán en guerras de exterminio por unas moléculas de agua. Y, entonces, sólo quedará lamentos y maldiciones por cómo usamos el agua, y nuestra indiferencia ante la mercantilización de ríos y bosques. Ahora es el momento para que Ud. y yo alcemos nuestras voces y defendamos la sangre y los pulmones de nuestra Madre Tierra.

[Publicado en ALAI AMLATINA, 22/03/2011]
Más Información: http://alainet.org

JPS: Sillas de ruedas y automóviles de lujo

San José, 21 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1432-11

Honorable señor
MAE Francisco Ibarra Arana
Gerente General
Junta de Protección Social (JPS)
Su despacho

Distinguido señor Gerente General:

Como siempre, es para la organización que nos dignamos en representar, un honor expresarle el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Ha llegado a nuestra entidad una preocupación-denuncia ciudadana que estamos haciendo de su conocimiento por esta vía y que tiene que ver con la reciente adquisición de dos vehículos completamente nuevos; uno valorado en 23.070.000.oo millones de colones y el otro en 21.140.000.oo millones. Ambos, libres de impuestos, son de marca Toyota, estilo Fortuner SRV, categoría automóvil.

Al respecto llama poderosamente la atención tal adquisición por dos razones. La primera es que hablamos de una compra en momentos en los cuales el discurso del honorable Gobierno de la República habla de déficit fiscal y de restricción severa del gasto según directriz presidencial al efecto, recientemente emitida. La impresión que queda con este tipo de situaciones es que la prédica oficialista al efecto pierde credibilidad.

La segunda razón tiene que ver con una de las misiones más sensibles y humanitarias a cargo de la benemérita Junta de Protección Social (JPS), en su noble misión legendaria en nuestro país a favor de la justicia y la inclusión social. Hablamos de la dotación de sillas de ruedas para personas con discapacidad; indicándosenos al efecto de que hay una lista aprobada de concesión de 100 pero que, presuntamente, por “problemas presupuestarios” no han podido ser compradas y/o entregas, aunque, se nos indica, la lista de solicitudes al respecto es mayor.

Al respecto, con base en el artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, le estamos solicitando indicarnos si ambas situaciones son efectivamente reales.

Se nos ha indicado que el valor unitario de esas sillas de ruedas anda por los 130 mil colones y si fuese cierto que hay 100 aprobadas que nos se entregarían por “problemas presupuestarios”, estaríamos hablando de una cantidad de 13 millones de colones; cantidad ésta que sería, prácticamente, una tercera parte del valor conjunto de los dos automóviles recién adquiridos. Es decir, que con los casi 42 millones de colones invertidos en la adquisición de ambos carros, y si ese tipo de silla, efectivamente, tuviese un valor unitario de 130 mil colones, entonces se pudieron haber adquirido 300 sillas y así satisfacer aún más las necesidades de la gente humilde que, con toda seguridad, no tiene dinero para adquirir un aparato así.

Quedamos en espera de su imprescindible y relevante respuesta, reiterándole la mayor consideración y respeto de nuestra parte.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Honorable Junta Directiva, Junta de Protección Social (JPS).
Honorable Junta Directiva Comité Seccional ANEP-JPS.
Honorable Junta Directiva Nacional de ANEP.
Personal de la JPS.
Medios de comunicación colectiva.
Archivo.

ONG debe retractarse de ofenzas al personal del PANI

San José, 16 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1429-11
¡URGENTE!

Honorable señora
Rocío Rodríguez García
Directora Ejecutiva
Alianza Por Tus Derechos
Fax No. 2524 1109
Correo electrónico: rocio@ alianzaportus derechos.org
Su despacho

Estimada señora:

En primer término, reciba usted el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte, deseándole muchos éxitos en la misión social que anima a su representada

Un importante número de personas trabajadoras asociadas a la organización que nos honramos en representar, y quienes laboran para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), han quedado consternadas y sumamente indignadas por sus manifestaciones públicas, en el programa televisivo “7 Días”, de Televisora de Costa Rica-Canal 7, correspondiente a la edición del pasado lunes 7 de marzo; ocasión en la cual su digna autoridad, al ser entrevistada, indicó (y citamos casi que textualmente), “que el 75 % del personal del PANI debía irse porque le hacen más daño a la niñez que a favor de ella” (subrayado y sobresaltado nuestro); situación que como usted comprenderá conlleva un elevada carga de acusaciones implícitas en varios órdenes que, por supuesto, resulta imposible dejarlas pasar desapercibidamente.

En ANEP que, como le indicamos, representamos los intereses económico-sociales y gremiales reivindicativos de muchas de esas personas trabajadoras asalariadas del PANI que hoy sienten una severa lesión a su honor laboral, ético y profesional, producto de sus desafortunadas manifestaciones, honorable señora Rodríguez; queremos que usted nos reciba en su despacho, en fecha a convenir por las partes, con la representación institucional de la Junta Directiva Seccional ANEP-PANI, no solamente para conocer cuáles serían los_ “fundamentos”_ que le llevaron a usted a afirmar que “el 75 % del personal del PANI le hace más daño que beneficio a la niñez atendida por tal entidad”, fundamentos que a lo mejor ignoramos; sino que, si no existiesen, necesitamos entregarle una petición formal de retractación por dichas afirmaciones suyas que, como le indicamos, tienen una profunda carga contra la dignidad, la honorabilidad, la ética, el honor y la vocación de servicio público que caracteriza al personal del Patronato Nacional de la Infancia.

Indudablemente que al recibirnos usted en su despacho, no desaprovecharemos la ocasión para puntualizarle cuáles son las características socio-ocupacionales y presupuestarias en que le toca al PANI atender a una creciente población en riesgo social, en momentos en los cuales la desigualdad creciente que azota a nuestro país, no guarda relación proporcional con la dotación de los recursos necesarios (humanos, financieros, infraestructurales) que se le dan al PANI en estos momentos.

Así las cosas, damos el plazo de ley usual en estas situaciones para recibir de parte de su estimable autoridad, las satisfacciones del caso ó, en su defecto las “contundentes pruebas” que en su poder estén para sustentar tan temeraria afirmación.

Aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Deiby Porras Arias
Responsable ANEP-PANI
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) ANEP

cc.: Honorable señora, Licda. María de los Ángel Hernández Corella, Presidenta Ejecutiva, Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
cc.: Lic. Jorge Urbina Soto, Gerente Técnico, PANI.
cc.: Lic. Geovanny Leiva Navarro, Jefe de Recursos Humanos, PANI.
cc.: Señora Pilar Cisneros Gallo y señor Ignacio Santos Pasamontes, Co-Directores, Telenoticias de Canal 7.
cc.: Honorable trabajadoras y trabajadores, Personal del PANI
cc.: Honorable Junta Directiva Sindicato SEPI.
cc.: Honorables juntas directivas, asociaciones profesionales del PANI: Trabajo Social y Psicología.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), Sección Penal, ANEP.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-PANI
cc.: Archivo.

Celeridad de ejecución de la politica social y observancia de controles y procedimientos: ¿Riesgos para el personal del IMAS?

San José, 14 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1417-11

Doctor
Fernando Marín Rojas
Ministro, Ministerio de Bienestar Social y Familia
Presidente Ejecutivo
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS
Su despacho

Estimado señor:

Antes que todo, deseamos expresarle el más atento saludo de nuestra parte y dejar constancia por esta vía del gran respeto que sentimos por su digna autoridad.

Las consideraciones siguientes son producto de un conjunto de inquietudes que, de una manera u otra, han estado llegando hasta la organización que nos dignamos en representar; consideraciones que transmitimos a su digna autoridad con el mayor respeto, a sabiendas de que, por su trayectoria político-profesional en la política social, podrá usted entender la sana intención que nos anima a escribirle lo siguiente y hasta lo mejor, abrir un espacio respetuoso para ampliar sobre el particular.

En primer término es importante anotarle que, según nuestro leal entender y visión, dentro del conjunto de problemas graves que están afectando nuestra convivencia social resaltan tres sin que el orden en que se citan esté definiendo prioridades. Uno: la incontenible ola de violencia contra la integridad física de las personas y sus bienes, la inseguridad ciudadana con su impresionante cadena de delitos penales (robos, asaltos, estafas, asesinatos, violencia doméstica y similares). Dos: la corrupción galopante, pública y privada y el deterioro de valores. Y, tres: la creciente, sistemática, sostenida y hasta tolerada penetración del narcotráfico y del crimen organizado que nos amenaza hasta llevarnos a la penosa situación de “Estado fallido”, como ya lo muestran varias naciones hermanas latinoamericanas. Sin embargo, desde nuestra visión, hay otro problema que supera a esos tres: es el crecimiento de la desigualdad y su contraparte, la concentración abusiva de la riqueza.

Comprendemos así cuál es el rol estratégico que debe jugar una institución como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en tal marco de condiciones y en una época como la actual signada, como indicamos en el párrafo anterior, por el crecimiento de la desigualdad como el problema número uno del país.

Podríamos estar de acuerdo o no en cuáles, en tal sentido, deben ser las políticas públicas generales y, en lo específico, los programas que cada administración gubernamental decidiera impulsar al respecto. En esto existe mucha polémica y visiones críticas. También debemos admitir que existe buena fe y convicción al impulsar determinada política pública y determinado programa social, considerando de nuestra parte que éste es su caso, don Fernando, con su desvelo para apuntalar, para llevar a buen término, para obtener logros sustantivos en lo que el Gobierno, a través del IMAS y de su propia conducción político-jerárquica, está promoviendo en el campo social.

Probablemente si entráramos en detalle acerca de la naturaleza de la institucionalidad jurídica imperante, se sorprendería usted de que podríamos generar un amplio abanico de coincidencias, en cuanto a los desafíos de la eficiencia, de la eficacia, de la oportunidad de respuestas prontas. No hay duda de que los y las costarricenses en posición de severa desventaja económica (e incluso, población migrante en igual sentido), ansían de la política pública solidaria las más alentadoras soluciones, integrales y sostenidas, pero rápidas y eficaces.

Hay aquí un importante ámbito de discusión y de diseño de gestión que se presta para estructurar propuestas en la dirección apuntada. Sin duda alguna, el IMAS que tiene un personal extraordinariamente profesional y con una experiencia incontrastable, puede enseñarnos muchísimo.

Es aquí, don Fernando, donde queremos aterrizar sobre el contenido central de estas consideraciones que, como le indicamos, llevan la más sana intención y se plantean con todo respeto; pues existe un sentimiento de que el despacho a su cargo, inspirado en el noble afán que acabamos de describir y que por su trayectoria le anima, podría estar creando, sin darse cuenta, una serie de conjunción de elementos administrativo-jurídicos que, sumados en el tiempo, darían pie a la configuración de un cuadro de procedimientos impropios y hasta rayando en la ilegalidad, al gestarse y promoverse directrices, indicaciones, órdenes para, por ejemplos desembolsos requeridos que llevan un “ritual procedimental” que tal institucionalidad jurídico-administrativa tiene establecido.

Al parecer, concatenado con lo anterior, estaría en desarrollo una especie de clima de ansiedad, de preocupación y hasta de estrés, en algunas de las instancias intervinientes en procesos de tal naturaleza; o, al menos, algunas personas funcionarias estarían valorando que, quizás, el IMAS podría estarse metiendo en “terreno movedizo”.

¿Por qué? Al impulsarse procesos que, en aras de la eficiencia, de la eficacia y de la oportunidad (todo bien intencionado), podrían rozar con el estado legal de las cosas que, en no pocas situaciones, muchas personas estiman como “exasperante” por los pasos a respetar en aras de observar, en todo momento, ese estado legal que, por supuesto, es una preocupación necesaria y completamente correcta.

Nosotros hemos recibido la especie de que, en aras de una compresión cabal de su desvelo, legítimo y oportuno, para salir avante en el delicado empeño que la señora Presidenta de la República le encomendó; se están obedeciendo las directrices impartidas pero en una atmósfera de creciente reserva, con algún ingrediente de “miedo”, si se trata de hacer visible y de verbalizar como corresponde, objeciones en desarrollo a la, probablemente, tendencia de invisibilización de rigurosos procedimientos y sistemas de pasos administrativos en los impulsos a la implementación de las decisiones que se presuponen derivan de las políticas públicas sociales que desde el IMAS el Gobierno desea impulsar, como, por ejemplo, las redes de cuido.

Valga indicarle que con ocasión de la precampaña electoral para las elecciones generales de 2010, el día 14 de abril de 2009, en el Hotel Ambassador, un conjunto de organizaciones sociales, dentro de las cuales está la ANEP, presentamos a las precandidaturas presidenciales conocidas en ese momento y a otras personalidades políticas ligadas a las mismas, el documento “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, estando presente, honrándonos con su asistencia, la hoy primera mandataria de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. Precisamente, una de esas diez medidas fue la propuesta social de la Red de Cuido, algo que le llamó poderosamente la atención a ella, comentándonos precisamente que su equipo de campaña tenía la idea en gestación-desarrollo.

Comprenderá usted, don Fernando que, en tal sentido la gran sensibilidad que en la ANEP tenemos por este tema ahora ya como política pública, de tal suerte que siendo usted la principal autoridad política en el impulso de la misma, hemos de comprender su empeño en sacarla delante de la manera más exitosa posible. Esto es completamente comprensible y necesario.

Obviamente que, reiteramos, comprendemos que la celeridad en su impulso podría no ir en correspondencia con la celeridad del funcionamiento del sistema de gestión ejecutivo-administrativa, precisamente por la necesidad institucionalidad jurídico-procedimental que debemos observar; pero, pareciera que las reglas del juego son las que están y no necesariamente las deseadas.

Finalmente, la aprehensión que hemos logrado detectar está asociada a factores como una medición del riesgo a correr por la persona funcionaria de carrera, en el sentido de que la celeridad deseada por la gestión política a su cargo, podría no solamente estar generándole riesgos a la misma, sino a quienes reciben órdenes de ejecución. De ahí pues, la llegada a la ANEP de tales preocupaciones que estamos transmitiéndole por esta vía y que, si usted lo tiene a bien, nos gustaría planteárseles directamente.

Quedando a sus órdenes, aprovechamos para reiterarle nuestra máxima consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Honorable personal trabajador, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-IMAS.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Honorable compañero Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto, ANEP.
cc.: Archivo.

MINAET-FONAFIFO: ANEP aboga por personal presuntamente al margen de la ley

San José, 16 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1428-11

Ingeniero
Teófilo de la Torre Argüello
Ministro

Doctor
Andrei Bourrouet Vargas
Viceministro

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)
Sus despachos

Honorable y estimados señores:

Con gran respeto para sus dignas autoridades, les expresamos el más atento y respetuoso saludo de parte de la organización que nos honramos en representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Con base en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la ANEP apreciará mucho vuestras prontas respuestas con respecto al Dictamen 352 del 02/10-07, fechado 2 de octubre de 2007, emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), en la persona del señor Julio César Mesén Montoya, Procurador General Adjunto y Procurador de Hacienda para tal efecto; documento que, con relación a la condición laboral del personal contratado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), concluyó que:

“Las personas contratadas por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), por medio de los fideicomisos a que se refiere el artículo 49 de la Ley Forestal, para realizar funciones públicas al amparo de atribuciones y competencias encomendadas por ley a FONAFIFO, pueden ser consideradas como funcionarios públicos, por lo que deben estar sometidas a una relación de empleo público, y cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

Las personas a que se refiere el punto anterior deben ser catalogadas como funcionarios públicos desde el momento en que iniciaron el ejercicio de funciones públicas.

El mecanismo para incluir a ese personal dentro del Régimen de Servicio Civil, es el previsto en el artículo 11 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil”.

Vistas así las cosas, reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración, en atención a diversas consultas recibidas por parte de integrantes del personal de FONAFIFO y en atención a las responsabilidades legales que son en correspondernos en cuanto organización sindical tutelante de derechos laborales y sociales con base en el vigente régimen de Derecho imperante en el país; solicitamos se nos indique lo siguiente:

Primero: ¿Cuál es el número actual de plazas de que se dispone en el FONAFIFO?

Segundo: ¿Cuántas de ellas están ocupadas?

Tercero: Si cada una de las personas trabajadoras ocupantes de esas plazas tiene su situación laboral acorde con el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), desde el momento mismo en que inicio la relación laboral, luego de emitido el mismo.

Cuarto: Si todavía quedan personas trabajadoras al servicio de FONAFIFO sin que tengan la condición establecida en el dictamen procurador mencionado.

Quinto: Si todas las personas trabajadoras en el FONAFIFO están cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

Sexto: Si el personal de FONAFIFO está percibiendo las diversas estipulaciones salariales que se reconocen como Derechos Laborales en el sector Público, independientemente o no de que se dé la cobertura del Régimen de Servicio Civil; ejemplo: Anualidades, Dedicación Exclusiva, Prohibición, Peligrosidad u otros.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Deiby Porras Arias
Responsable ANEP-MINAET
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) ANEP

cc: Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República.
cc.: Lic. Julio César Mesén Montoya, Procurador General Adjunto.
cc.: Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General, Dirección General de Servicio Civil.
cc.: Ing. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, Director Ejecutivo, FONAFIFO.
cc.: Personal de FONAFIFO, MINAET.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-IMN.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-MINAET-ACOSA
cc.: Archivo.

CGTB – Brasil: ¡No a la injerencia extranjera en Libia!

CGTB Central Geral dos Trabalhadores do Brasil

¡Sem a interferência estrangeira na Líbia!

No son los derechos humanos, ni mucho menos la democracia, lo que los Estados Unidos y la OTAN defienden.

El objetivo de la “Operación Libia” es tomar posesión de las reservas de petróleo de ese país, desestabilizar la Corporación Nacional de Petróleo de Libia y, finalmente, privatizar su industria petrolera. Es decir, lo que quieren es transferir el control y la propiedad del petróleo de Libia a manos extranjeras.

El Pentágono decidió “reubicar” fuerzas navales y aéreas en la región del Mediterráneo y el norte de África. El portaaviones USS Enterprise pasó por el Canal de Suez pocos días después del inicio de las acciones de los grupos mercenarios en la región este de Libia, y están también desplegados por el Mediterráneo buques de guerra anfibios estadounidenses: el USS Ponce y el USS Kearsarge.

Las Fuerzas Armadas de EEUU tienen una presencia regular en la zona y mantienen la Quinta Flota de la Marina en Bahréin. La Casa Blanca quiere imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia, corredores militares desde ese país hacia Egipto y Túnez, bajo el pretexto de hacer “un corredor humanitario” para los refugiados.

No nos engañemos, lo que ocurre en Libia no es un movimiento de protesta como en Egipto, en Túnez o como los que crecen en Arabia Saudita y en el propio Bahréin. La insurgencia armada en el Este de Libia está directamente apoyada por potencias extranjeras. La “insurrección” en Bengasi enarboló inmediatamente la bandera roja, negra y verde con la media luna y la estrella: la bandera de la monarquía del Rey Idris, que simbolizaba el dominio de los antiguos poderes coloniales.

La “Conferencia Nacional de la Oposición Libia”, con amplio destaque en los medios de los monopolios, es una “Coalición” formada por el “Frente Nacional de Salvación de Libia” (NFSL por su sigla en inglés) y la Unión Constitucional Libia (LCU), cuya Web llama al pueblo libio a reiterar un juramento de lealtad al rey Idris y usa la bandera de la monarquía, como se observa en todas las fotos de las “manifestaciones de la oposición”.

La tan elogiada NFSL, fundada en 1981, es financiada por la CIA, tiene oficinas en Washington y mantiene una fuerza militar compuesta por mercenarios, auto-denominada Ejército Nacional Libio, que se posiciona en Egipto cerca de la frontera.

Libia es un país rico en petróleo (uno de los 10 más ricos del mundo), tiene las mayores reservas probadas de petróleo en África, por lo menos 44.000 millones de barriles. Ha estado produciendo 1,8 millones de barriles de petróleo por día – crudo ligero considerado de máxima calidad y que necesita menos refinación que la mayor parte del petróleo. Libia también tiene grandes depósitos de gas natural fácil de canalizar a los mercados europeos. Es un país de gran superficie con una pequeña población de 6,4 millones de personas.

Cuando Kadafi llegó al poder, sólo 9% de la población sabía leer y escribir. Hoy, es más de 90% la tasa de alfabetización. Las mujeres conquistaron muchos derechos que antes se les negaban, pueden estudiar y conseguir un empleo. La educación y la salud son totalmente gratuitas; la vivienda, los alimentos, y los combustibles están al alcance de toda la gente. Libia conquistó el mayor Índice de desarrollo Humano (medida de la ONU) de toda África.

En materia de derechos y de democracia, los Estados Unidos no tienen nada para enseñarle a nadie: empujaron a más de 20% de la población economicamente activa al desempleo, son 43 millones de personas en la miseria, 41 millones amenazados por el hambre (1 de cada 5 niños se encuentra en esta angustiante situación), 51 millones sin asistencia médica. Son muchos millones de desalojados de sus casas por la especulación de los bancos y brilla por su ausencia la previdencia pública, que deja a los ancianos sin cualquier cuidado.

Las elecciones en EUA no son directas. El presidente es electo en un Colegio Electoral y dos por tres la Suprema Corte cambia el resultado de la votación popular (todos se acuerdan de la última victoria de W. Bush, cuando miles de votos fueron robados del demócrata Al Gore por irregularidades en las listas de votantes; y a pesar de Bush haber recibido 539.898 votos menos que su adversario, la Suprema Corte validó el fraude que lo llevó a la Casa Blanca).

No hay libertad sindical en los EUA. Al contrario, la lucha sindical es reprimida. Los trabajadores que buscan sindicalizarse son despedidos y tienen los derechos cortados. El total de trabajadores sindicalizados en los Estados Unidos en 2010 sufrió una drástica disminución, el menor índice en más de 70 años: son apenas 11,9% de la fuerza de trabajo del país.

El Estado norteamericano es totalmente controlado por un grupo pequeño de monopolios como los Morgan y los Rockefeller que, además de dominar la economía del país, provocan el hambre en el mundo entero a través de la especulación con los precios de los alimentos y de las materias primas, y aplicando la “guerra del tipo de cambio”. Son estos monopolios que, para aumentar más y más sus superlucros y seguir con la especulación, están dispuestos a volver a la barbarie colonialista del siglo XIX para controlar las riquezas del mundo.

Las amenazas a Libia fueron respondidas por el líder Muamar Kadafi, advirtiendo que si los EUA intentan invadir el país y robar su petróleo habrá “miles de muertos”. Después de pedir a la ONU y otras organizaciones internacionales que envien misiones de reconocimiento para testimoniar in loco la verdadera realidad que ocurre en su país, Kadafi volvió a negar el llamado “baño de sangre” y afirmó que los ataques contra su país partieron de “pandillas armadas y de fuera de Libia”.

La revolución libia, inspirada por Nasser en Egipto, es parte del levante nacionalista árabe contra las monarquías controladas por los intereses imperialistas.

El pueblo libio no quiere el retorno de la época en que 90% del petróleo iba para empresas americanas y 10% se quedaba con el país. Ahora, 90% se queda con el país y apenas 10% va para las empresas extranjeras.

¡La afirmación de la soberanía sobre sus riquezas, sobre el petróleo y su economía es el camino para la redención del pueblo árabe!

¡Fuera los Estados Unidos de Libia y del Maghreb!

São Paulo, 12 de abril de 2011
Ejecutiva Nacional de la CGTB

Rebelión en Wisconsin

Pese a ser considerada una de las ciudades estadunidenses con mayor calidad de vida y con tasas de desempleo entre las más bajas, el Capitolio permanece rodeado de trabajadores y estudiantes de Madison, incluso lo tomaron durante más de tres semanas y miles de profesores se declararon “enfermos” y sus alumnos los acompañaron, en una tenaz y meticulosa construcción de su propia plaza Tahir (El Cairo, Egipto). Ello con el silencio de Televisa y Tv Azteca, en contraste con la atención de las grandes televisoras estadunidenses que no están en manos de un duopolio, pero debido a las implicaciones tanto para el sindicalismo —con apenas una tasa de 12 por ciento de la fuerza laboral sindicalizada y sólo 7 por ciento del sector privado—, como para la llamada clase política, que detectaron los alcances de un gran conflicto obrero-patronal que ya tiene versiones particulares en Indiana, Ohio, Iowa y otros estados de la Unión Americana.

Todo comenzó cuando el novel gobernador Scott Walker y la mayoría legislativa republicana armaron iniciativas de ley que afectan severamente los derechos de 175 mil trabajadores estatales, por ejemplo: reduce los contratos colectivos sólo a asuntos salariales, impone un techo a la tasa de inflación –en la que ya no se incluyen las pensiones y otros beneficios—, eleva el pago por seguro de salud, obliga a una votación sindical anual para verificar la afiliación y anula la recolección de cuotas por el gobierno.

Justamente en la cuna que hace medio siglo aportó al país los contratos colectivos de trabajo en el sector público. Por lo anterior, el líder de los legisladores demócratas sintetizó: “En 30 minutos, 18 senadores estatales lograron deshacer 50 años de derechos civiles en Wisconsin”.

Y ésa es justamente la lectura que hacen dirigentes y actores del movimiento y sus aliados nacionales que no deben ser pocos, sobre todo en la víspera de una disputa por la Casa Blanca, el Capitolio y varias gubernaturas, porque ubican la rebelión de Wisconsin como epicentro de una batalla por los derechos democráticos frente a lo que leen como “una ofensiva conservadora sobre los trabajadores” de Estados Unidos.

Los argumentos de Walker son familiares para los mexicanos. Los altos salarios de los trabajadores y las prestaciones muy superiores a los del sector privado causan déficit presupuestal, mismo que padecen gran número de gobiernos estatales. Y aliados los gobernadores republicanos se lanzaron sobre los derechos laborales en una arremetida sin precedente en décadas, pero también con una resistencia social y política del mismo corte.

Mas la interpretación de los que protagonizan incesantes y creativas movilizaciones, ahora para destituir a legisladores y, acaso, también al mismo gobernador, es diametralmente opuesta y en la voz de Michael Moore se escuchó así: “Hoy día sólo 400 estadunidenses controlan más riqueza que la mitad de todos los estadunidenses”.

El país, continuó el extraordinario cineasta, está inundado de riqueza “sólo que no está en nuestras manos. Ha sido trasladada, en el mayor hurto de la historia, de los trabajadores y consumidores a los bancos y portafolios de los súper ricos”.

Fuente: argenpress.info