Categoría: Incidencia

San José (elpais.cr) – El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, visita Costa Rica para despedir al jefe de estado, Óscar Arias, y darle la bienvenida a la presidenta electa, Laura Chinchilla, en momentos en que Estados Unidos ha bajado el nivel a la relación diplomática con el retiro prematuro de su embajadora.

Las autoridades norteamericanas están preocupadas por el rumbo autoritario del gobernante del vecino país del sur y la forma cómo destruye la capacidad de las instituciones judiciales para combatir el crimen organizado, dijeron diversas fuentes panameñas y estadounidenses.

La concentración de poderes emprendida por el gobierno panameño es vista por esas fuentes como un blindaje para la impunidad de Martinelli Berrocal, un multimillonario de derecha cuya fortuna es de origen dudoso, se construye a la medida y que abre las puertas a la corrupción, no solo la que se teje al amparo de los jugosos contratos que otorga el gobierno sin licitaciones, sino también aquella que provendría de dinero del narcotráfico.

El arresto en México de Ramón Ricardo Martinelli Corro, primo del presidente panameño, vinculado al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, en noviembre pasado, y encarcelado en febrero último en un penal de máxima seguridad en Jalisco, complica aún más el escenario.

De acuerdo a un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Martinelli Corro y otros tres panameños, incluyendo una mujer,- “integrantes de una célula dedicada al transporte de dólares de México” hacia Panamá que “pertenecen a la organización criminal de los Beltrán Leyva y son enviados para el pago de droga, lavado de dinero y adquirir bienes inmuebles”-. fueron detenidos in fraganti con $400,000 en efectivo.

Además de la consanguinidad, Martinelli Corro fue designado en 1999 por el hoy presidente de Panamá, como Tesorero de su partido y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Con la inmunidad otorgada por el Parlacen había logrado eludir varios casos con la justicia panameña.

“La relación de Martinelli Corro con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva se remonta a cuando el panameño tenía un curul en la sede del Parlacen”, reveló el diario panameño La Estrella en su edición del 30 de noviembre pasado.

“Pitazo” abortó operación

Fuentes investigadoras independientes panameñas dijeron a Elpaís.cr que la PGR de México, conducía una operación secreta contra una red de traficantes de dinero que lo transportaba hacia Panamá, donde lo lavaban para luego ingresarlo al sistema financiero de Estados Unidos, Europa y Asia. Pero no tenían conocimiento de que en la jurisdicción panameña había una operación gemela que involucraba al primo del presidente Martinelli Berrocal.

La contraparte de cada equipo nacional era la oficina local de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Ambas pesquisas se mantenían estrictamente compartimentadas, aseguraron las fuentes, por lo que era prioritario evitar la fuga de información para no poner en peligro la operación y que no se frustrara la identificación de las empresas y bancos panameños donde se lavaban los dineros ilícitos.

La DEA sospechaba que Martinelli Corro, como tesorero del ahora partido oficial, había trasladado fondos del narcotráfico a la campaña electoral de mayo del 2009 en Panamá en la que ganó su primo Martinelli Berrocal.

Además, las sospechas apuntaban a que parte del dinero ilícito, transportado desde México, era lavado a través de una cadena de 33 supermercados y una fundación creada por el actual presidente panameño.

“El pitazo a las autoridades judiciales mexicanas fue dado por el ex fiscal de Drogas, José Abel Almengor Echeverría”, afirmaron las fuentes, porque conocía la contraparte mexicana con quien había desarrollado en el pasado una relación de trabajo.

Añadieron que “abortar la operación tenía como propósito evitar que Martinelli Corro fuera detenido en Panamá y que identificara a sus cómplices locales en la red de lavado de dinero”.

“Al ser apresado en México se evitó el escándalo en Panamá. Pero también se frustró el resultado de una operación que habría tocado al mismo presidente y figuras del actual gobierno”, concluyeron las fuentes.

Al momento de dar “el pitazo”, Almengor Echeverría era Secretario de Seguridad Nacional nombrado por Martinelli Berrocal en julio pasado. En diciembre fue promovido por el propio mandatario como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, pese al repudio generalizado por su designación.

Blindaje de Martinelli

Analistas panameños dijeron a El País que “el blindaje” de Martinelli Berrocal “también pasa por entregar la seguridad del Estado a los servicios de inteligencia de Israel, para evadir la vigilancia de Estados Unidos sobre la gestión mafiosa del gobierno” del vecino país del sur.

La presencia del Mossad israelí, y sus compañías contratistas asociadas, compromete la seguridad del canal de Panamá y su neutralidad, un compromiso avalado por las principales potencias del planeta, pero también sustrae a Panamá de la tradicional área de influencia de Estados Unidos en el continente.

Una serie de estaciones aeronavales concebidas en su momento para proteger la seguridad del transporte y el comercio marítimo panameño, particularmente con Estados Unidos, han sido convertidas por el actual mandatario panameño en bases de apoyo para operaciones militares en otras latitudes.

Sectores políticos y medios de prensa panameños han denunciado el claro objetivo de Martinelli Berrocal de involucrarse en el conflicto en Colombia y de servir de plataforma para una eventual agresión contra Venezuela.

Estados Unidos contrapeso en Panamá

Todo ese escenario despierta preocupaciones entre distintas instancias de poder en Estados Unidos.

“Altas figuras de la administración Obama, tanto en Washington como en sus visitas a Panamá, han considerado que, en este momento, Estados Unidos es el único contrapeso para el estilo dictatorial y mafioso del gobierno de Martinellli”, dijo a este medio una fuente estadounidense, consultada vía telefónica.

Pocas semanas atrás, al anunciar el final prematuro de su misión diplomática en Panamá, tras solo 21 meses en el puesto, la embajadora estadounidense, Barbara Stephenson, advirtió que “el crimen organizado está corrompiendo las instituciones judiciales” del país.

David Gilmour, quien fungirá como encargado de negocios, presumiblemente hasta cumplir el año que le faltaba en el puesto a la embajadora saliente, tiene el mandato del Departamento de Estado de “bajarle el perfil a la relación con el gobierno de Panamá”.

Antes de las declaraciones de Stephenson, el senador demócrata Christopher Dodd, uno de los líderes políticos más influyentes en Washington, tras reunirse con las autoridades panameñas, había advertido en febrero que “el crimen organizado y la falta de seguridad jurídica inquieta a Estados Unidos”.

El tema del combate al crimen organizado y la seguridad del canal es prioridad para Washington, reiteró el subsecretario de Defensa, Frank Mora, durante su reciente visita a Panamá. “El desborde del crimen organizado, podría afectar el canal de Panamá, y eso preocupa a Estados Unidos”, precisó.

Antes del viaje de este jueves y viernes a Panamá del subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, quien llevó en la agenda el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado, el embajador estadounidense retirado, John Maisto, había cuestionado al gobierno panameño.

Maisto dijo que cuando figuras económicamente poderosas dirigen un gobierno hay “corrupción”. Su fórmula para eliminar la corrupción es “instituciones que funcionen, jueces y policías no comprables, fiscales independientes y poderes separados”.

De acuerdo con el diplomático estadounidense la concentración de poder de Martinelli Berrocal conduce a la corrupción y provoca un retroceso a la agenda democrática de Panamá.

“En una democracia debe haber balance de los tres órganos. Monarquía y dictadura son otra cosa”, añadió el diplomático que jugó un papel clave en el derrocamiento del ex dictador Manuel Noriega en 1989.

Sobre la destitución por parte de Martinelli Berrocal de la Procuradora General de la Nación en Panamá, Ana Matilde Gómez Ruiloba, Maisto señaló que “las democracias deben tener sistemas de justicia confiables, y la actuación de los procuradores no puede estar politizada”.

Destitución ilegal de Procuradora

Gómez Ruiloba fue destituida abruptamente en diciembre pasado, cuando todavía le faltaban cinco años para culminar su mandato constitucional, en un ardid de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, controla por Martinelli Berrocal, por el supuesto delito de extralimitación de funciones en el caso de escuchas telefónicas contra un fiscal hallado in fraganti recibiendo coimas por vender un fallo judicial.

Fuentes judiciales panameñas consultadas por Elpaís.cr dijeron que la destitución tuvo por objeto interrumpir las investigaciones que Gómez Ruiloba avanzaba sobre el flujo de dineros ilícitos en la campaña del ahora presidente Martinelli Berrocal y el posible blanqueo de capitales a través de su cadena de supermercados y una fundación.

Las investigaciones descubrieron que quien movía esos fondos del narcotráfico era el primo del presidente, apresado en México.

En los últimos días, Gómez Ruiloba reveló que el presidente panameño la presionaba por medio de llamadas telefónicas buscando manipular el rumbo de investigaciones sensibles. Denunció que por “represalias” se le retiraron los agentes que resguardaban su seguridad y que ha recibido amenazas contra su vida, por lo que responsabilizó al mandatario panameño por cualquier atentado contra su integridad física o la de su familia.

En un acto ilegal e inconstitucional, como lo calificaron sectores políticos y medios de prensa panameños, Martinelli Berrocal nombró como Procurador General de la Nación al abogado Guiseppe Bonissi, miembro activo del partido oficial.

“La designación de Bonissi viola la Constitución y el ordenamiento jurídico panameño. Todos sus actos son ilegales, viciados de nulidad absoluta y, por lo tanto, carecen de legitimidad para desempeñar el cargo”, dijo un jurista panameño consultado por este medio.

La preocupación de las fuentes estadounidenses es que con la llegada de Bonissi, los casos de alto perfil, incluidos aquellos sensibles que a Estados Unidos le preocupan, no se investigarán y serán archivados.

Un ejemplo es el sobreseimiento que declaró recientemente la Procuraduría panameña sobre el caso del colombiano, David Murcia Guzmán, extraditado a Colombia en el 2008 donde fue condenado a 30 años de prisión por lavado de dinero producto del narcotráfico y extraditado a Estados Unidos en enero pasado para enfrentar cargos por lavado de $150 millones.

Murcia Guzmán había sido señalado, por medios de prensa panameños, de haber contribuido con $800,000 a la campaña de Martinelli Berrocal a través del ahora ministro de Turismo, Salomón Shamah, un colombiano nacionalizado panameño.

En toda esta trama, opositores panameños y diplomáticos estadounidenses ven con estupor la forma cómo han sido expulsados del sistema judicial panameño, jueces, fiscales, oficiales de inteligencia e investigadores de todos los rangos, formados tras años de cooperación interinstitucional por agencias como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA.

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)

En lo político, deberíamos obtener una curva que desciende hasta octubre de 2007. Después de esa fecha cambia su pendiente y se vuelve ascendente, si bien a partir de febrero de 2010 –con la elección de Chinchilla- se presenta un punto de inflexión, en virtud del cual la pendiente positiva de la curva se suaviza.

En lo económico, la curva es ascendente a lo largo de 2006 y 2007. Entra en una fase de meseta o estancamiento en 2008 y luego, hacia el último trimestre de este último año y a lo largo de la mayor parte de 2009, va de bajada. Al entrar al presente año, vuelve a tomar forma de meseta o bien adquiere una ruta suavemente ascendente.

En lo social, sin embargo, la curva solo tiene una orientación: hacia abajo, si bien es posible que desde los últimos meses de 2008 y a lo largo de 2009 la caída haya sido a un ritmo especialmente pronunciado.
Esa sería una especie de síntesis gráfica del reinado arista.

La faceta política

Se registra una primera etapa –que culmina con el referendo sobre el TLC con Estados Unidos en octubre de 2007- donde los Arias, no obstante su coalición con todos los poderes oligárquicos y el férreo control de la institucionalidad pública, enfrentó sin embargo un reto histórico de excepcionales dimensiones: una enorme movilización popular a nivel nacional que se alimentó de nuevas y sumamente ricas formas de organización ciudadana integradas en una enorme red de solidaridad, gestión democrática participativa y construcción de discursos alternativos.
El No estuvo a un tris de ganar el referendo –lo que habría sido la más grande derrota histórica jamás experimentada por la oligarquía criolla- y si no lo logró fue porque a último momento pecamos de ingenuidad, mientras desde la acera de enfrente, y con absoluto desparpajo y cinismo, se lanzaba una campaña de terror tan masiva como brutal.

Luego del referendo, y por razones que en otra parte he intentado analizar pero sobre las cuales querría volver, se inicia un proceso de paulatina disgregación de esa fuerza ciudadana organizada. Conforme se aproximaba el proceso eleccionario de 2010, el retroceso y la dispersión se aceleraron. Con ello los espacios políticos a disposición de la administración Arias se ensanchaban. Entonces pudieron hacer y deshacer con frescura y despreocupación: la llamada agenda de implementación del TLC, la defensora de los habitantes, el negociado del aeropuerto, JAPDEVA, el agua. Y siga usted sumando. Cada espacio que quedaba vacío conforme las fuerzas progresistas retrocedían, fue aprovechado para imponer su corrupta agenda neoliberal.

En febrero, y con la elección de Chinchilla, el dominio arista se atenúa en la medida en que se entra en una fase de transición. A la nueva presidenta le queda por delante el desafío de replicar el control de la institucionalidad pública que logró su antecesor. Por el momento –a juzgar por la feliz boda Chinchilla-Guevara- esta señora parece capaz de superar a su maestro. Pero ello depende también de qué hagan las organizaciones y partidos progresistas. Mas eso es tema para otro artículo.

La faceta económica

La administración Arias se monta sobre un movimiento ascendente que venía de atrás y el cual llega hasta 2007. En ello poco tuvo que ver el manejo de la política económica por parte de ninguna de las dos administraciones implicadas –Pacheco y los Arias- ya que esencialmente fue el efecto reflejo de un ciclo económico mundial excepcional (el de más elevado crecimiento en cuarenta años).

Luego, como sabemos, viene una crisis económica que aún no se resuelve, la cual suscita, a lo largo de buena parte de 2008 y 2009, la recesión más aguda que el mundo rico ha vivido en los últimos 75 años. La economía de Costa Rica lo resiente muy claramente, ya desde 2008 y más claramente en 2009. El efecto se vio atenuado por la débil integración dentro de la economía nacional, de una porción sustancial del sector exportador: el dominado por capital extranjero, en especial la industria de alta tecnología. Si en los “buenos tiempos” ello limita los impactos positivos, en los malos suaviza el golpe. Aún así el desempleo aumentó de forma sustancial y alcanzó los niveles más elevados registrados en el último cuarto de siglo.

Al iniciarse 2010, y en el ocaso del período arista, los flujos de capital –incluso los de tipo especulativo- podrían estarse reactivando y, con ello, la economía cobra nuevo aire. Ello posiblemente sea fruto de la relativa estabilización de los sistemas financieros en los países ricos en combinación con las bajísimas tasas de interés que por allá prevalecen. Parece entonces haber síntomas de que se estaría reeditando el auge especulativo de 2005-2007. Pero es dudoso que esa tendencia se sostenga, cuando la crisis mundial entra en una nueva fase con el derrumbe del euro y el colapso del endeudamiento público en Europa (el cual, en un plazo más o menos dilatado, podría extenderse a Estados Unidos). A Chinchilla le esperan años de vacas muy flaquitas.

La faceta social

Aquí el camino recorrido ha sido cuesta abajo. La caída se agudizó durante la fase recesiva de 2008-2009, pero, la verdad, es un proceso que ha cubierto los cuatro años. Al respecto, es por completo secundario si los índices oficiales de pobreza bajaron o subieron. Es patético que en Costa Rica se le ponga tan excesivo interés a una forma de medición de la pobreza que pareciera diseñada justo con dos objetivos: primero, fingir que la pobreza es un asunto de simple sobrevivencia biológica para de esa forma garantizar (segundo objetivo) que el mero crecimiento de la economía logre producir –si no por goteo, entonces mediante un asistencialismo vergonzante- la reducción de los índices respectivos. La pobreza tiene un componente cultural que es insoslayable y no es posible abordarla correctamente si no se la vincula con la desigualdad.

Desde ese punto de vista, el gobierno arista es, en realidad, un período de profundización de la desigualdad y la pobreza y de agudización generalizada del deterioro social. Los índices de homicidios como, en sentido amplio, el agravamiento de las manifestaciones de violencia, dan testimonio elocuente de ello. Han sido además tiempos de restricción de la democracia: la célebre “tiranía en democracia” que Arias proclamó urbi et orbi. Ello propicia un juego de retroalimentaciones perversas entre la violencia social y las propuestas fascistas de represión y conculcación de los derechos humanos.

Y, a fin de cuentas, ese es el legado más perdurable y también el más siniestro que dejan Oscar Arias y su hermano: la incansable tenacidad con que se dedicaron a socavar la democracia. En ese contexto, hechos recientes como la violencia ejercida contra la autonomía universitaria y la autonomía sindical, reflejan una atmósfera política y sicológica proclive al autoritarismo. Es algo que trasciende al gobierno arista, pero de lo cual esta ha sido promotor y actor principal. Ello ratifica cuán graves pueden ser las equivocaciones que algunas veces comete el comité Nobel.

*especial para ARGENPRESS.info

Como ilustración sobre el “infinito” arte del saqueo de los recursos naturales, este video del PAC
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“Durante la tramitación del expediente No. 08-14068-0007-CO que consta de 20 tomos, la Sala consideró pertinente solicitar, como prueba para mejor resolver, al SENARA que indicara si había sido sometido a su conocimiento y valoración el Proyecto Minero Crucitas, esto con el fin de determinar si este órgano había analizado los estudios relacionados con el proyecto”, explica la Sala en un comunicado.

“Al contestar esta solicitud de la Sala, SENARA en un escrito remitido el 4 de diciembre de 2008 (folio 1143 del tomo V del expediente) manifestó que el proyecto minero que había sido sometido a su consideración, lo era para la instalación de un tanque de combustible, pero no por las condiciones hídricas del proyecto, e indicó, además, que SENARA no había realizado estudios hidrogeológicos en el lugar por no encontrarse en una zona priorizada (ver folio 1145)”, agrega el comunicado.

Sin embargo, dice el máximo tribunal constitucional, posteriormente la empresa Industrias Infinito, que pretende extraer 700.000 onzas de oro de Las Crucitas, presentó un estudio hidroecológico, contratado por la misma compañía a la empresa Ecoambiente S.A.

Según los magistrados, tal estudio es producto de datos de investigaciones realizadas desde la época de la exploración, ya que de 1997 a 1999 se perforaron más de 150 pozos y se realizaron pruebas de permeabilidad a diferentes profundidades, que alcanzaron entre 200 a 300 metros, algunos llevados a cabo por las empresas Pitteau Associates (1998) Golders (1998-1999), y en el año 2000 por el hidrogeólogo Hugo Rodríguez, quien también lo actualizó en el año 2007.

Asegura la Sala que esta información fue avalada por la Dirección de Investigación y Gestión Hidrica, pues “se identificó el modelo hidrogeológico conceptual propuesto por la empresa desarrolladora en el marco de los compromisos asumidos por la empresa recurrida para mitigar el impacto potencial a las aguas subterráneas de la zona de interés”.

En otras palabras, lo único que existe es un estudio de la empresa interesada que ha expuesto, con base en ese estudio, sus buenos propósitos de no afectar los recursos hídricos de la zona.

Fuente de esta nota: Informa-tico.com

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Inexistente aval de SENARA a Crucitas

*Miguel Ramírez Hernández **

No existe el estudio técnico que menciona la Magistrada Calzada. n el voluminoso expediente sobre Crucitas (21 tomos) hemos buscado y no hemos encontrado en ninguna parte un estudio técnico de funcionarios de SENARA que avalen el proyecto minero ubicado en Las Crucitas.

Sorprende sobremanera que la Presidenta de la Sala IV, Ana Virginia Calzada, diga ante los medios de comunicación que el proyecto cuenta con el aval de SENARA, cuando esto es totalmente falso y no reposa sobre ningún documento técnico de SENARA.

La Sala IV fue inducida a error por una nota firmada por el señor Bernal Soto Zúniga, Gerente de SENARA, (folio 3707 tomo XI V), al firmar este funcionario un documento en el cual, como Gerente, “avala” los estudios de una empresa contratada por la empresa desarrolladora del proyecto Crucitas, sin que éstos hayan sido avalados y corroborados en visita de campo por funcionarios técnicos de la institución. Tratándose de un proyecto minero de esta importancia, que prevé además una profundidad de 67 metros, en dos tajos, sorprende que el criterio técnico de nuestra institución haya sido manejado de esta manera, en referencia a estudios de terceros.

Nunca se realizó. En nota SUB-543-2008, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, con fecha del 3 de diciembre del 2008 (ubicado en el folio 1148 del tomo V del expediente), esta Dirección indicaba:_ “El SENARA no cuenta con información que permita definir las zonas de recarga y descarga y el impacto de la actividad minera a los mantos acuíferos y las aguas superficiales. Por lo tanto, se considera que se requiere de la elaboración de estudios hidrogeológicos detallados para la valoración de los impactos que la actividad minera puede generar sobre los mantos acuíferos, para lo que se estima se requiere de un tiempo estimado de 10 a 12 meses en su ejecución”_.

Esta nota solicitaba estudios con el fin de contar con la información completa de la situación de las aguas subterráneas en la zona de Crucitas y evaluar el impacto de este proyecto minero. Esta misma nota fue tomada por la gerencia y se transmitió a la Sala Constitucional (según folio1143, tomo V del expediente). Sin embargo los recursos solicitados no se dieron para realizar dicho estudio, el cual nunca se realizó.

Debemos a este respeto recordar que la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica nunca fue directamente invitada a participar ni a la inspección realizada en el sitio el 11 de septiembre del 2009, ni a la audiencia celebrada en la Sala en noviembre del 2009, sino que el Gerente “instó” a un funcionario de dicha dependencia a acompañarlo.
Durante la inspección, incluso, los funcionarios de SENARA no pudieron ingresar a la mayoría de los sitios objetos de la inspección debido a la descoordinación con los servicios de seguridad de la Empresa Infinito Gold, por lo que los Magistrados a cargo de dicha inspección no contaron con un hidrogeólogo de SENARA para subsanar dudas en esta visita de reconocimiento. Y debemos señalar asimismo que el Gerente de SENARA, ingeniero agrónomo de profesión, fue el que contestó a la mayor parte de las dudas de los señores y señora magistrada durante la vista celebrada en noviembre del 2009.

Recomendación desatendida. Este procedimiento contraviene claramente a una recomendación de la Contraloría General de la Republica (Informe DFOE-PGAA-11-2009, del 17 de julio del 2009) la cual, al evidenciarse incongruencias entre lo expuesto por los técnicos de SENARA y la Gerencia de esta institución en el caso de acuíferos en las zonas costeras, expresamente advertía que ”a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica /…/ le corresponde comunicar por los medios y canales formalmente establecidos, los estudios, criterios y las recomendaciones a quien corresponda, sin que ello signifique que deban ser objeto de aprobación o revisión oficiosa en los aspectos técnicos por las instancias administrativas, sea en su caso la Gerencia o la Junta Directiva “ (p. 10 del informe precitado). Por tanto, como costarricense y funcionario de esta institución desdigo categóricamente lo expuesto por el señor Gerente de SENARA sobre el Proyecto minero de Las Crucitas. Afirmo sin temor alguno que en la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica no existe ningún estudio técnico realizado por esta dependencia, y que ésta nunca fue directamente llamada como Dirección a dar su opinión durante la inspección en el sitio, ni durante la vista celebrada en noviembre del 2009. Insto respetuosa y públicamente al señor Gerente a citar el número de folio en los 21 tomos del expediente de la Sala Constitucional, en que conste un estudio técnico de nuestra institución, aprobado por esta Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, que avale el proyecto minero Crucitas en su totalidad.

*Funcionario de SENARA

Fuente: Página Abierta-Diario Extra
Martes 04 de Mayo de 2010 19:58

La carta de los Congresistas, fechada el 28 de abril, dice que “entendemos que SINTRAJAP está siendo de manera flagrante ilegal e inconstitucionalmente atacada por el gobierno del país, que parece determinado a quebrar el sindicato para así acelerar forzosamente la privatización de los puertos de Limón y Moín”.

Más adelante agregan los Congresistas que_ “en una preocupante escalada, tenemos entendido que el gobierno ha emplazado en los muelles a policías visiblemente armados en lo que parece ser una medida de intimidación. Estos son signos extremadamente perturbadores”_ dice el texto.

SINTRAJAP por su parte dice en el comunicado que dio a conocer la carta que “esta acción de los Congresistas Norteamericanos es una muestra más del enorme apoyo que tenemos en la defensa del sagrado derecho al trabajo, la denuncia de la corrupción y el actuar ilegal y dictatorial del Gobierno de Costa Rica”.

Agregan que_ “no descansaremos hasta que los responsables internos y externos a JAPDEVA paguen por el daño que le están ocasionando a los trabajadores y las trabajadoras del JAPDEVA y al país”._

Ofrecemos a continuación la traducción de la carta:

Abril 28, 2010

“Querida Secretaria de Estado Clinton,”

“Como miembros de la Asamblea Internacional de Derechos de los Trabajadores nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra gran preocupación por la actual situación de los derechos laborales en Costa Rica”.

_“Respetuosamente le pedimos que analice la aparentemente deliberada destrucción de SINTRAJAP, un sindicato legítimo de trabajadores portuarios en Costa Rica. Entendemos que SINTRAJAP está siendo de manera flagrante ilegal e inconstitucionalmente atacada por el gobierno del país, que parece determinado a quebrar el sindicato para así acelerar forzosamente la privatización de los puertos de Limón y M_oín”.

“JAPDEVA, la agencia estatal que administra los puertos de Costa Rica, tomó el control del sindicato eliminando al liderato que había sido elegido democráticamente, remplazándolo por directores apoyados por el gobierno”.

“Aún más, entendemos que los nuevos directores están trabajando para transformar SINTRAJAP en un sindicato no-democrático y manejado por la patronal. Según reportes, el gobierno ha congelado las cuentas bancarias de SINTRAJAP, desviado las cuotas de membresia debidas a este legítimo sindicato, y ha tratado de sacar a SINTRAJAP del edificio que ocupa y que es de su entera propiedad, amenazando con cortar servicios esenciales como el gas y la electricidad”.

“En una preocupante escalada, tenemos entendido que el gobierno ha emplazado en los muelles a policías visiblemente armados en lo que parece ser una medida de intimidación. Estos son signos extremadamente perturbadores”.

“Estamos perturbados por los reportes de estas recientes medidas tomadas por el gobierno y pedimos que Ud. exprese su preocupación a sus contrapartes en Costa Rica”.

“Estos actos están conduciendo a un serio clima de represión y a una alarmante situación en cuanto a los derechos humanos. Este tipo de intervención estatal en el Sindicato de Trabajadores Portuarios SINTRAJAP parece ser ilegal además de inconsistente con el compromiso histórico de Costa Rica con la democracia y los derechos humanos”.

“Como miembros de la Asamblea Internacional de Derechos de los Trabajadores hallamos que estos reportes de abusos sostenidos en contra los derechos laborales y la ausencia de acciones correctivas por parte del gobierno de Costa Rica son muy alarmantes”.

“Costa Rica debe honrar sus obligaciones con los EE.UU. y con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Necesitamos ver una seria y sostenida voluntad política de parte del gobierno de Costa Rica, la cual, hasta el momento, no se vislumbra”.

“Sinceramente,”
Y firman los Congresistas: Phil Hare, Linda T Sánchez, Lynn Woolsey, Janice Schakowsky, James P McGovern, Bob Filner, Michael H. Michaud, Gene Green, Stephen F. Lynch, Boby L. Rush, Grace Napolitano, Raúl Grijalva, Pete Stark, Jhon Conyers Jr., Tammy Baldwin, Jesse L. Jackson Jr., Dale E.Kildee, Dennis Kucinich, Jerrold Nadler, Loretta Sánchez, Betty Sutton, Ivette Larke, Barbara Lee, Henry C. Johnson Jr. y Danny K. Davis

Fuente: Informa-tico.com

ANEP se solidariza y exige justicia

Mitin frente a la sede de la Embajada de México en Costa Rica

El pasado lunes 3 de mayo sde realizó un mitín en el cual se entregó a la embajada mexicana en San José, Costa Rica, la entrega de más de 200 firmas de personas y organizaciones sociales de nuestro país.

El objetivo del mitín fue protestar contra el asesinato de Bety Cariño y Tyri Antero Jaakkola, cuando la Caravana Humanitaria fue atacada por paramilitares (ver info abajo).

La carta entregada en la embajada de México en Costa Rica

San José, 2 de mayo de 2010

Sr. Zadalinda González y Reynero

Embajadora de México en Costa Rica

Señora Embajadora:

Las organizaciones y personas abajo firmantes, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestro pesar y repudio por el asesinato de Beatriz A. Cariño (Betty), directora del Colectivo CACTUS, y del observador internacional en Derechos Humanos, de nacionalidad finlandesa, Yiri Antero Jakala.

Este horrendo crimen ocurrió el pasado 27 de abril, mientras se dirigían en una Caravana de apoyo y solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copala de Oaxaca. La caravana fue emboscada por paramilitares, quienes abrieron fuego directo que ocasionó estas dos muertes y varias personas heridas. Así mismo, se reportan desaparecidos los compañeros Noe Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arellano Chávez, integrantes de VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad) quienes también iban en la caravana que fue atacada.

Lamentablemente, esta no es la primera noticia que recibimos de asesinatos de activistas de los movimientos sociales en México y en nuestra región Mesoamericana. Desde hace varios años estamos viendo venir una ola de represión, persecución y masacre contra todas aquellas personas que se enfrentan a los atropellos del capitalismo neoliberal que en contubernio entre gobiernos y empresas transnacionales pretenden saquear nuestros pueblos.

Es vergonzoso saber que las personas como Betty, activas, humildes, solidarias, preocupadas por los derechos de quienes menos tienen, las personas indígenas, campesinas y principalmente las mujeres; luchadora incansable contra todas las injusticias, sean asesinadas impunemente en el país que usted representa.

Desde Costa Rica, país al cual Betty visitó para unir esfuerzos en la solidaridad y hermandad de los pueblos y la articulación de los movimientos sociales, nos hemos consternado con esta noticia. Pero a la vez nos llenamos de su fuerza, y ejemplo para seguir alzando nuestra voz, y además de seguir luchando por las mismas causas, sumarnos a las miles de voces del mundo que hoy reclaman que se haga justicia ante este y los demás crímenes que están ocurriendo en México, y particularmente en Oaxaca.

Por eso, le solicitamos que por su intermedio manifieste a las autoridades competentes, tanto a nivel federal como regional nuestra exigencia de que:

– Se detengan todo tipo de violencia o represión contra las comunidades y organizaciones sociales de la región de Oaxaca, y de todo el país.

– El cese del asedio militar, la falta de electricidad, agua y servicios de salud, del municipio autónomo San Juan de Copala, donde se están violando sus derechos humanos esenciales.

– La investigación y castigo de los responsables directos y ocultos del crimen de Betty Cariño, Tyri Antero, y demás activistas asesinados en los últimos años.

– La aparición con vida de Noe Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arellano Chávez.

– El cese del financiamiento, armamento e impunidad del cual gozan los grupos paramilitares en la región.

Desde Costa Rica, y otras partes del mundo, nos mantendremos vigilantes de lo que ocurra en México y mantendremos la solidaridad permanente con todas las y los activistas que en cualquier rincón del pueblo mexicano se mantiene con dignidad y rebeldía en resistencia.
Firmamos:

Bety Cariño en una de sus últimas intervenciones en defensa del agua

La Agencia Estatal de Investigaciones recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño, de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por paramilitares de a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort).

La policía sigue sin localizar a varias personas desaparecidas, entre ellas varios europeos –se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos–, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas.

Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea –que está en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los 2 reporteros de esa publicación desaparecidos –, que el grupo paramilitar amenazó con atacarlos si no se retiraban. Ofrecieron que hoy, de día, volverán a incursionar en el monte, previa tregua con el grupo armado.

Badillo solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para que las autoridades recuperen el control de la zona y los desaparecidos puedan ser buscados. En la caravana participaban 25 personas, entre activistas y periodistas.

No se tiene información oficial del número de personas heridas ni muertas, porque el Gobierno local se ha negado a entrar a la zona. Por su parte, el Gobierno federal ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil y de diputados, diputadas y Senadores para ingresar a rescatar a las víctimas.

Solo se ha logrado confirmar la lamentable, triste y dolorosa muerte de nuestra compañera y hermana Bety Cariño directora de CACTUS e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y de Juri Jaakkola, observador de derechos humanos de nacionalidad finlandesa

Bety Cariño Trujillo, ees una defensora de derechos humanos desde más de 15 años, tiene un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca capacitando a los pueblos indígenas de la región y brindando solidaridad y asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos, de igual manera impulso la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades de la zona y logró junto con varias organizaciones más crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, actualmente tenía el acompañamiento de una organización internacional de protección a defensores de derechos humanos por el riesgo que enfrentaba en el ejercicio de trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Bety será recordada como una compañera y luchadora incansable que perdió la vida acompañando una caravana humanitaria que buscaba como siempre lo hizo, el beneficio de los más pobres, como una compañera confiable, comprometida e incanzable que acompañara nuestras luchas con su espíritu y que no nos dejará rendirnos hasta encontrar la justicia y el castigo de este acto estúpido de barbarie y violencia perpetrado por un grupo paramilitar que actúa bajo la complacencia del gobierno del estado de Oaxaca.

Hasta el momento de enviar esta comunicación, cuando menos 6 personas se encontraban en calidad de desaparecidas en las inmediaciones del ataque. Entre las personas desaparecidas se encuentra 1 ciudadano de Bélgica, 3 integrantes de VOCAL y 2 periodistas de la revista “Contralínea” que acompañaban la Misión humanitaria.

Las autoridades estatales se habían negado a entrar a la zona a constatar el estado físico de los integrantes de la misión, aunque según reportes de compañeros que se encuentran en Juxtlahuaca un convoy de aproximadamente 45 elementos de la policía estatal en compañía del Ministerio Público y de servicios periciales habrían realizado un operativo para ingresar a la zona del ataque a las 10 de la mañana del día de hoy, desconociendo hasta el momento el resultado de dicho operativo.

En este momento se encuentran desaparecidos:

1. Martin Sautan – Bélgica
2. David Venegas – Oaxaca – Vocal
3. Noé Bautista – Oaxaca- Vocal
4. Fernando Santiago – Oaxaca – Brigadas Indígenas
5. David Cilia – Contralínea
6. Ericka Ramírez – Contralínea

Ante esta brutal agresión en contra de los defensores, defensoras y observadores internacionales de derechos humanos, de representantes de los medios de comunicación y del horrible asesinato de nuestra compañera Bety Cariño, exigimos a las autoridades estatales y federales:

• Ingreso a la zona de la agresión, recuperación de los cuerpos, rescate de los desaparecidos o secuestrados, atención a los heridos.

• Presentación con vida de los activistas, defensores y periodistas desaparecidos.

• Establecimiento de garantías de seguridad para los heridos y para los sobrevivientes.

• Intervención de la Procuraduría General de la República en la investigación de estos hechos.

• Investigación y sanción a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos algunos de ellos habitantes de la comunidad de La Sabana Copala, pues desde las casas de este lugar se perpetro el ataque y que presumiblemente pertenecen a la organización paramilitar denominada Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT)

• Investigación imparcial, expedita y certera a cargo de la Procuraduría General de la República para castigar a los asesinos de este grupo paramilitar.

• Destitución inmediata del Secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, de la Procuradora del Estado y del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.

Solicitamos la intervención de las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional para denunciar estos hechos, de los medios de comunicación para darlos a conocer y de toda la sociedad en su conjunto para exigir su esclarecimiento.

Fuentes: Varias agencias Alternativas de Información

Aunque posteriormente la despidió, la trabajadora interpuso la denuncia ante los Tribunales de Justicia que se negaron a hacerlo debido a “su inmunidad como diputado”.

En setiembre de 2006, la asistente de Tinoco lo demandó porque el diputado liberacionista la besó a la fuerza durante una gira de trabajo en la zona atlántica.

Aún así el Tribunal Superior de Trabajo continuó con el proceso que concluyó el día de hoy, casi cuatro años después, con la sentencia al pago de ¢10 millones por daños y perjuicios.

Recordemos la nota que en su momento nuestro sindicato, por medio de nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, expuso ante la opinión pública y en la cual se hace referencia también a aquellos diputados y diputadas (casualmente del mismo Partido) que encubrieron a Tinoco.

Diputado Federico Tinoco debe renunciar a su curul
Encuesta de www.anep.cr en el año 2006

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EL ACOSO SEXUAL EN EL PARLAMENTO
Diputada Antillón Guerrero y diputado Pacheco Fernández deben ser investigados. Fracción parlamentaria del PLN está en deuda con las mujeres de Costa Rica.

Nota publicada el 21 de abril de 2010, 13:15:07