Categoría: Incidencia

La Superintendencia de Telecomunicaciones se asesora con bufete que representa la firma interesada en concesión de bandas.

El mismo bufete que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) contrató para llevar a cabo el proceso de licitación de las bandas de telefonía celular: BLP Abogados, representa legalmente a la compañía Digicel, una de las interesadas en obtener una concesión del espectro radioeléctrico costarricense.

Debido al conflicto de interés que se genera con esta relación entre la SUTEL y el despacho de abogados BLP, algunos diputados –como José Merino y Sergio Alfaro- presentarían esta semana una denuncia ante la Procuraduría de la Ética y la Contraloría General de la República, con el fin de anular el cartel.

La acusación estaría dirigida contra la SUTEL, por supuestas violaciones a varias normativas, entre ellas la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y la Ley general de la administración pública.
De acuerdo con el presidente del consejo directivo de la SUTEL, George Miley Rojas, ese organismo contrató a la empresa estadounidense Telecommunications Management Group Inc. (TMG) y al bufete BLP Abogados, para la preparación del concurso público “Concesión de frecuencias para la operación y explotación de servicios de telecomunicaciones-telefonía móvil”.

La convocatoria oficial para sacar a licitación varias bandas del espectro radioeléctrico para telefonía celular, arrancó el pasado 18 de enero, y forma parte del proceso de apertura al sector privado de las telecomunicaciones del país, exigido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El proceso de apertura de las telecomunicaciones ha enfrentado la oposición de diversos sectores del país e incluso el Poder Ejecutivo debió ejercer una fuerte presión sobre las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para que devolviera las bandas de telefonía en sus manos y así sacar a concurso público dichas frecuencias.
Dicha devolución a cambio de $7 millones, se hizo a partir de un acuerdo del Consejo Directivo del ICE, el cual ha sido calificado como ilegal por especialistas en derecho (véase “Afirman que devolución de bandas para celulares sería ilegal”, en UNIVERSIDAD del 13 de enero), al estimar que esas frecuencias las recibió el ICE por medio de una ley, y por eso para quitárselas se debió hacer por esa vía y no a través de un simple acto administrativo.

El malestar por ese acuerdo motivó al exdirectivo del ICE –Elías José Lizano Jarquín-, a presentar el pasado 11 de enero, una acción de inconstitucionalidad contra lo acordado en la sesión 5758 del 25 de setiembre del 2006, cuando se autorizó el contenido de la actual Ley general de telecomunicaciones (véase recuadro “Medidas perjudican al ICE”.)

De igual manera, Lizano Jarquín impugnó el decreto ejecutivo 35646 de los ministerios de la Presidencia, y de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), mediante el cual se instruye a la SUTEL a iniciar el proceso de licitación que trasladaría las bandas telefónicas a empresas privadas mediante concesión.

PROCESO DE LICITACIÓN

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, para impulsar la modernización de este sector firmaron un convenio de cooperación con el Banco Mundial, en el cual se utiliza una donación por $639.300 del gobierno de Japón.

En este contexto, a la empresa Telecommunications Management Group Inc. con la asesoría de BLP se le encargó desarrollar el proceso de licitación del espectro radioeléctrico. A TGM se le contrató por su experiencia en telecomunicaciones e información tecnológica, mientras que al mencionado bufete por sus conocimientos en contratación administrativa.

Para el presidente de la SUTEL, George Miley, las firmas contratadas obtuvieron en el proceso de selección las notas más altas,_ “dada su experiencia en procesos similares y conocimiento regulatorio”_. Fueron invitadas a concursar seis empresas, de las cuales solo tres presentaron ofertas.

Miley explicó que la adjudicación de las tres bandas es responsabilidad del Poder Ejecutivo, basada en la recomendación previa del consejo directivo de la SUTEL, debidamente asesorado en lo técnico y legal.
Interrogado acerca de cuál será el monto base que se cobrará por las frecuencias, dijo que eso está por definirse, al igual que las potenciales concesionarias, de las cuales hay cinco que ya han manifestado interés: América Móvil, Cable & Wireless, Digicel, Millicom y Telefónica.

El especialista en telecomunicaciones Gerardo Fumero, asegura que en el mercado internacional cada megahercio de las frecuencias se puede cotizar en $1 millón.

Desde su aparición en el mercado en el 2001, Digicel asegura en su página en Internet (www.digicelgroup.com) que “se ha convertido en el operador de telecomunicaciones móviles de más rápido crecimiento en el Caribe y ha ingresado recientemente al mercado de la telefonía móvil de América Central”.

Al 31 de marzo del 2009, Digicel reportaba 8.2 millones de suscriptores en 26 mercados del Caribe y América Central, e inversiones por más de $3.400 millones. En Costa Rica es patrocinador de la selección mayor de fútbol.

Recientemente la encargada de relaciones públicas de Digicel, Antonia Graham, manifestó públicamente el interés de obtener una concesión del espectro radioeléctrico costarricense, y los representantes de esta transnacional estuvieron presentes en la audiencia pública que realizó la SUTEL el 18 de enero, para dar a conocer la metodología de la licitación y su cronograma tentativo.

La subasta de las frecuencias será de tipo híbrida; es decir, en una oferta técnica se evaluarán los criterios de elegibilidad, y en la oferta económica resultará ganadora la propuesta con el precio más alto.

CONTRATACIÓN CUESTIONADA

En relación con la contratación de BLP Abogados por parte de la SUTEL, cabe indicar que en su página de Internet, aparece Digicel en su portafolio de clientes, entre los cuales también están Scotiabank, Lehman Brothers, J.P. Morgan, Dole, BID, Merrill Lynch, General Electric, y otros.
Para el diputado del Frente Amplio, José Merino, es cuestionable que un bufete como BLP, que participó en la preparación del cartel licitatorio, al mismo tiempo sea asesor de una de las empresas interesadas en participar en la adjudicación de frecuencias.

“A mi juicio, esto afecta de manera gravísima la transparencia del proceso licitatorio y por eso se está denunciando la situación, para que se aclare todo y se suspenda el proceso, hasta tanto la SUTEL no le garantice al país que es honesto y transparente, y que no se haya filtrado ya información sobre este cartel, para favorecer a determinados intereses”, detalló el legislador.

Además criticó la prisa del mandatario Óscar Arias, por dar concesiones privadas para telefonía celular antes de que termine su gobierno el 8 de mayo próximo.

“Se le está metiendo el acelerador a un tema donde están en juego miles de millones de colones y al ICE –a mi juicio de manera ilegal- lo obligaron a entregar por una suma ridícula, $7 millones, a entregar prácticamente el 50% del espectro radioeléctrico”, agregó.

Cabe indicar que según el cronograma diseñado por la SUTEL para otorgar las concesiones, la firma de la adjudicación por parte del Poder Ejecutivo está prevista para el 5 de mayo, tres días antes de que finalice el gobierno de Arias.

Merino cree que_ “podemos estar a las puertas de uno de los mayores escándalos financieros en Costa Rica. Se sabe que hay empresas transnacionales que están combatiendo fieramente, para ver quién obtiene estas frecuencias”_. Por eso, no descarta llevar la denuncia incluso al Ministerio Público.

La denuncia ante la Procuraduría de la Ética y la Contraloría General, enfatiza en la posible violación de la Ley general de la administración pública y de la Ley contra el enriquecimiento ilícito (No.8422), que en su artículo 3 impone a todo funcionario público el deber de probidad y demostrar que “las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña” (…).

Vale mencionar que esta última ley en su artículo 2, deja claro que sus alcances_ “serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas”_ (…), como es el caso de BLP Abogados, que brindan asesoría a la SUTEL.

Por otro lado, la Contraloría General de la República ha dicho que puede generarse conflicto de intereses, cuando alguien con acceso a la función pública puede hacer un uso privilegiado de información reservada, lo cual llevaría a la nulidad de un proceso.

Al Presidente de la SUTEL se le envió el 25 de enero un correo electrónico con tres preguntas, por medio de la periodista Carolina Mora. Sin embargo, al cierre de esta edición no había respondido.

Las preguntas para Miley Rojas eran: “La contratación por parte de la SUTEL del bufete BLP, para la confección del cartel de licitación de frecuencias para telefonía celular, ¿representaría algún conflicto de intereses, al tener esta firma entre sus clientes a la empresa Digicel, interesada en participar en el mercado de las telecomunicaciones costarricense? ¿Cree que este eventual conflicto de intereses podría implicar la anulación del proceso licitatorio de dichas frecuencias? ¿Participará el bufete BLP en la apertura y análisis de las ofertas que harán las empresas interesadas en estas concesiones, así como en la escogencia y recomendación de las potenciales operadoras telefónicas?”

La denuncia del diputado Merino plantea la suspensión inmediata del proceso licitatorio, incluida la apertura del cartel prevista para el 5 de febrero, hasta que no se aclaren los hechos cuestionados.

Exdirectivo: Medidas perjudican al ICE

Al presentar el 11 de enero una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que abre el proceso de licitación de frecuencias de telefonía y contra el acuerdo que autorizó el contenido de Ley general de telecomunicaciones, el exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) –Elías José Lizano Jarquín-, argumentó que estas medidas perjudican a la entidad.

Para Lizano Jarquín, el decreto 35646 del Poder Ejecutivo para iniciar el proceso licitatorio de las bandas de telefonía “en un porcentaje altamente sustancial y mayoritario”, es perjudicial para el ICE y “despoja a toda la ciudadanía de un patrimonio que por naturaleza es un derecho difuso”.
En alegato, el exdirectivo cuestiona el respaldo que le dio el Consejo Directivo del ICE al plan gubernamental de entregar las frecuencias para sacarlas a concurso público.

A su parecer, el cuerpo directivo_ “tomó el acuerdo de apoyar todos los extremos y derivaciones de la apertura en telecomunicaciones, sin hacer un análisis pormenorizado cuantitativo y cualitativo del proyecto, sin poseer un plan de negocios creíble, y menos localizar financieramente la tasa interna de retorno o tasa efectiva que le convenía al país defender”._

Sustentado en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (OJ-076-2009), Lizano aduce que las bandas telefónicas que tenía el ICE solo podía serles enajenadas por medio de una ley, pues así le fueron otorgadas.

Respecto del otro aspecto que reclama como inconstitucional, recordó que “la Junta Directiva del ICE, en su sesión 5758 de 25 de setiembre del 2006, aprobó por acuerdo firme, el trámite de la Ley General de Telecomunicaciones, sin tener a la mano ningún estudio técnico, financiero, económico, legal, y de conveniencia corporativa como manifestamos antes, que alertara sobre todas las inconveniencias de una apertura y/o privatización del mercado de las telecomunicaciones, y que presuntamente sólo se hizo con el ánimo de cumplir con las exigencias políticas-empresarias-globales”.

Fuente: Semanario Universidad
Escrito por EDUARDO RAMÍREZ FLORES

San José, 28 de enero de 2010.
S.G. 09-11-0365-10
¡URGENTE!

Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Candidata a la Presidencia de la República
Partido Liberación Nacional (PLN)
Su despacho

Asunto: Carta abierta a doña Laura: ¿Habrá despidos en el sector Público en una eventual administración Chinchilla Miranda?

Estimada señora:

Con respeto, le expresamos atento saludo de nuestra parte.

Hemos leído y analizado con sumo cuidado los contenidos de la entrevista periodística que a usted le hiciera el diario_ “La Nación”_ (al cual, por cierto, un competidor suyo en la carrera electoral hacia la Presidencia de la República, lo acusa de posicionarla, patrocinarla, apoyarla y respaldarla a usted en tal sentido); entrevista aparecida el pasado jueves 21 de enero de 2009 (páginas 7A y 8A).

A la siguiente pregunta: “¿Cuántas plazas hay que cerrar para hacer eficiente el Estado?”, usted respondió lo siguiente:

“No estamos pensando en eso ahora, no a lo (Ricardo) Martinelli, que recortó 19.000 plazas en Panamá. En un momento en el que la economía no está absorbiendo el empleo, sería muy desconsiderado con la gente. Tenemos que avanzar con cautela, ver cómo se va comportando la economía y si podemos apostar más al empleo del sector privado, porque tampoco vamos a inflar el sector público con planilla adicional”.

Al respecto y considerando que:

Primero: Su candidatura presidencial ha sido posicionada como una de las más “relevantes” por una combinación de factores que no viene al caso mencionar (entre ellos, firmas encuestadoras de dudosa reputación y varia connivencia mediática), que pretenden ubicarla como de las más cercanas a alcanzar la Presidencia de la República.

Segundo: La ANEP es una institución laboral de amplio reconocimiento ciudadano y depositaria legítima de la tutela de los derechos laborales de una importante cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; así como depositaria de la confianza de una serie de gremios laborales que, junto a la ANEP y en coordinación constante, cumplen la misma misión tutelar. Dentro de tales derechos laborales, la preservación del empleo y la estabilidad en el mismo, son factores estratégicos de nuestro trabajo sindical, al amparo de la Constitución y de la Ley, así como la normativa de las convenciones obligantes para el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por tanto, respetuosamente y de manera pública, por medio de esta carta abierta, le formulamos las siguientes interrogantes:

1- Considerando el estilo “ético” del indicado periódico, la primera pregunta que le formulamos es si lo que pusieron como su respuesta a la pregunta de_ “¿cuántas plazas hay que cerrar para hacer eficiente el Estado?”_, realmente fue consignado debidamente, recogiendo a plenitud su pensamiento al momento de responder tal interrogante.

2- Usted indicó que “no estamos pensando en eso ahora…”, “en cuanto a cuántas plazas hay que cerrar para hacer eficiente el Estado”, según la tesis de_ “La Nación”_ (es decir, “cerrar plazas” es hacer “eficiente” al Estado). De ello interpretamos que “ahora” no; pero, ¿qué pasará luego si llega usted a la Presidencia de la República?; ¿pensará usted en “cerrar plazas?…

3- ¿Qué es_ “cerrar plazas”_ para usted?… ¿Eliminar plazas vacantes?; ¿despedir personal?… Es realmente relevante una aclaración suya al respecto, con la más absoluta contundencia.

4- Su respuesta (si en verdad esa fue), incluye la frase “no a lo Martinelli, que recortó 19.000 plazas en Panamá”. Efectivamente, el señor Ricardo Martinelli, de ideología neoliberal similar a la suya, no más llegando a la Presidencia de la hermana República de Panamá, propició un despido masivo de personal, de una manera abrupta y totalitaria.

5- Si usted piensa “cerrar plazas” y/ó despedir personal, ¿cómo sería hacerlo que no fuera “a lo Martinelli”?… ¿Pagando “indemnizaciones” (mordidas, sobornos), como se pretende en el caso de JAPDEVA?… ¿de manera paulatina?… ¿fomentando otras “movilidades laborales”?… ¿_”adelantando”_ pensión?…; en fin, repetimos, ¿cómo es “cerrar plazas” “no a lo Martinelli…”.

6- Supuestamente indicó usted en su respuesta que “cerrar plazas”, “sería muy desconsiderado con la gente”, pues estamos “en un momento en el que la economía no está absorbiendo el empleo”. Dos interrogantes saltan aquí. Por un lado, ¿hay una admisión suya, explícita, del fracaso de las medidas “anticrisis” del actual Gobierno en cuanto a la generación de empleo? Por otro, ¿se “cerrarán” plazas en el Estado cuando la economía “sí” esté absorbiendo el empleo?… ¿Qué pueden esperar los empleados públicos y las empleadas públicas con relación a su estabilidad en el empleo, si habrá “cierre” de plazas cuando la economía lo esté absorbiendo (el empleo)?…

7- Usted habría indicado en esa respuesta a “La Nación” lo siguiente:_ “Tenemos que avanzar con cautela, ver cómo se va comportando la economía y si podemos apostar más al empleo en el sector privado,…”_. ¿Cuánta cautela se ha de requerir y cómo se ha de medir la misma, antes de “cerrar plazas” en el Estado, si se determina un “buen” comportamiento de la economía como para proceder al respecto?…

8- No nos calza su pensamiento de que (según la mencionada respuesta), “_…tampoco vamos a inflar el sector público con planilla adicional”._ Entonces, ¿en qué quedamos?, porque usted ha indicado que la seguridad ciudadana será prioridad en su eventual Gobierno y eso es contratar más personal; usted habla de una red de cuido para niños y para niñas y para las personas adultas mayores, y eso es contratar más personal; usted habla de “vigilar” al empresariado para que respete el salario mínimo y hasta llegó a plantear “duplicar” el número actual de inspectores de Trabajo. Para solamente citar tres ejemplos de énfasis en política pública que habrán de requerir más personal en el sector Público.

9- Finalmente, no podemos dejar desapercibido su comentario a la pregunta periodística que se le formuló, pues “cerrar plazas” es una alternativa macroeconómica cuando no hay suficientes recursos en las arcas públicas y dado que usted ha renunciado, ad portas, a la promoción de una reforma tributaria de carácter progresivo (a pesar de que su par político el actual Presidente Arias dice que ello es necesario), tenemos que alertar a las conciencias laborales del personal del Estado sobre los desafíos por venir en cuanto a su propia estabilidad en el empleo, en caso de una Administración Chinchilla Miranda; máxime que, el periódico que le planteó el tema a usted, y que le ha dado a su aspiración un gran respaldo político, tiene posiciones fundamentalistas y dogmáticas al papel del Estado en la economía y, por ende, a la reducción sustancial del sector Público en los procesos de política pública tendientes a la igualdad, a la equidad, a la movilidad social y a una mejor distribución de la riqueza.

Como verá usted, distinguida aspirante presidencial, tenemos razones para empezar a pensar de que en un eventual gobierno encabezado por usted, el empleo público estaría amenazado. Ojalá usted pueda respondernos con la contundencia y con la prontitud obvias de las fechas en curso.

Nuevamente, con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Integrantes, Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
c.: Juntas directivas, seccionales ANEP-Sector Público.
c.: Personal afiliado a la ANEP en el Sector Público.
c.: Gremios laborales del Sector Público.
c.: Directiva Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
c.: Movimiento Sindical Costarricense.
c.: Personas candidatas a la Presidencia de la República.
c.: Honorable Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
c.: Honorable Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).
c.: Grupo sectorial “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.
c.: Movimientos cívicos y patrióticos.
c.: Internacional de Servicios Públicos (ISP).
c.: Organizaciones sindicales y sociales, Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC).
c.: Confederación Sindical de los Trabajadores y de las Trabajadoras de las Américas (CSA).
c.: Región América, Federación Sindical Mundial (FSM).
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Archivo.

CONSEJO UNIVERSITARIO
COMISIÓN DE ATENCIÓN DE TEMAS INSTITUCIONALES

En defensa de la Educación Pública y la Autonomía Universitaria, la Comisión de Atención de Temas institucionales del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, manifiesta:

Considerando que:

1. Históricamente, la educación pública en Costa Rica ha sido una de las fortalezas nacionales que ha marcado una diferencia sustancial en el devenir democrático de nuestro país, ha posibilitado la democracia política y económica, ha contribuido a la movilidad social ascendente de los sectores menos favorecidos y sin duda alguna al desarrollo relativo de nuestra sociedad. En este marco, en particular las universidades públicas han sido el pilar fundamental sobre el que se sustenta la propuesta educativa nacional, el papel que ha desempeñado y seguirá jugando será estratégico para el desarrollo que anhelamos tener.

2. En nuestro país, el principio constitucional de la Autonomía Universitaria constituye el eje fundamental sobre el cual gira el funcionamiento integral de nuestro quehacer. La visión crítica, propositiva e independiente de los gobiernos de turno constituye el mayor logro alcanzado por esta histórica reivindicación. Este es el mayor de los derechos obtenido por los universitarios y es deber de todos preservarla y remozarla, por lo tanto su defensa ocupa un lugar privilegiado en las luchas universitarias.

3. El derecho de todas y todos los ciudadanos costarricenses de expresar libremente, en lo personal, sus preferencias ideológicas, religiosas y político-electorales, entre otras, como una forma de hacer efectiva la diversidad de criterios que debe de acompañar la democracia política en este país y particularmente en nuestra Universidad.

4. Lo inadecuado de hacer uso de la investidura propia, de un puesto de autoridad, que transitoriamente se ocupa en la Universidad Nacional, para dar apoyo, respaldo y la adhesión a cualquiera de los candidatos en la presente contienda electoral. La Universidad Nacional es de todos y todas, nos trasciende en el tiempo y está por encima de los intereses particulares de quienes ocupan los puestos de poder actualmente. Esta actitud es éticamente inaceptable, violenta la autonomía universitaria y le causa un grave daño a la Institución.

5. La publicación aparecida en los diferentes medios de comunicación escritos, en los que las siguientes personas con puestos de autoridad en nuestra institución dan la adhesión pública a la candidata del partido Liberación Nacional: Olman Segura Bonilla en su condición de Rector, Randall Gutiérrez en su condición de Vicerrector de Vida Estudiantil, Carlos Álvarez en su condición de Director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, Shirley Benavides en su condición de Directora Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa, Maribel Quirós en su condición de Directora de la Oficina de Comunicación y Juan Carlos Gutiérrez en su condición de Director de la Escuela de Ciencias del Deporte.

6. El debate organizado por la Universidad Nacional, el Colegio de Periodistas de Costa Rica y Extra TV Noticias, con los candidatos a la presidencia de la República, a realizarse los días 26 y 27 de enero, en el Campus Universitario, debe ser una actividad objetiva, en el marco de una entidad académica, seria y crítica.

SE ACUERDA:

A. Reafirmar la importancia de la educación pública como pilar básico y fundamental para la creación y desarrollo de una sociedad más equitativa, justa y humana.

B. Repudiar por inconveniente, la actitud asumida por las autoridades universitarias mencionadas y particularmente la del señor rector Olman Segura, quien sin sustento válido para la tradición universitaria ha puesto en riesgo la autonomía y la credibilidad de nuestra Institución.

C. Solicitarle al señor rector Olman Segura Bonilla que se abstenga de participar en los actos protocolarios y en la dirección del debate organizado con los candidatos a la presidencia de la República a realizarse en nuestras instalaciones, esto con el propósito de garantizarle al país y a los candidatos a la presidencia de la República, independencia y la máxima objetividad en la actividad a realizarse.

D. Solicitar a la Asesoría Jurídica realizar un estudio para determinar si existen responsabilidades jurídicas de los funcionarios mencionados y presentar el informe al Consejo Universitario en la segunda sesión de este Órgano, (11 de febrero) para tomar las acciones correspondientes.

E. Publíquese

Miembros del Consejo Universitario:

Francisco Sancho Mora, Coordinador
Ada Cartín Brenes
Fabio Chaverri Fonseca
Edwin Chaves Esquivel
Cristóbal Fonseca Romero
Carmen Méndez Navas
Patricia Ortiz Calderón
Belisa Torres Pérez

Biografía

Monge; nació en San José, en el año 1926) Político costarricense, fue presidente de la Confederación de Trabajadores en 1944 y miembro de la Asamblea Constituyente . Dirigente del Partido Liberación Nacional, ministro presidencial, diputado y embajador, fue elegido presidente del país en 1982 y desarrolló una prolífica labor.

Contando con una economía precaria, redujo la inflación e intentó combatir el elevado nivel de desempleo. Sus iniciativas incluyeron la reducción del gasto público y reforma de la Ley de la Moneda; la promoción de la agricultura y la exportación, y la supresión de algunos impuestos. Entre sus proyectos cabe citar la construcción de carreteras y caminos vecinales. A pesar de haber recibido el país en una grave situación económica, Luis Alberto Monge supo llevar al país hacia una lenta pero constante recuperación fiscal y monetaria.

Apoyo reflejado en el discurso:

¡Me atrevo a decirles que José Figueres, Daniel Oduber y Francisco Orlich estarían hoy otra vez con el pueblo de Costa Rica, dando esta gran batalla por el pueblo de Costa Rica, por la democracia de Costa Rica, por la decencia en Costa Rica, contra la corrupción en Costa Rica!

Mis queridos compatriotas:

Algunas de mis amistades me recomiendan no hablar de mis quebrantos de salud en público, respeto esa opinión que es cariñosa. Pero como yo le debo todo, absolutamente todo lo que he sido al pueblo de Costa Rica, no puedo tener ni siquiera el derecho al secreto, de que he tenido quebrantos de salud bastante serios en el 2009; así que lo confieso, que estoy desobedeciendo órdenes médicas, aún cuando se dice que estoy en recuperación, pero ocurre que mi recuperación es como la de la economía mundial, no es en línea recta, es en zigzag. No podía faltar a esta cita, que no es solo con Ottón Solís, con Rolando Araya, y con Walter Muñoz; esta para mí es una cita con Costa Rica y una cita con la historia.

Nunca en mi larga trayectoria política de tantos años, porque me involucre en las luchas sociales y políticas en mi propia adolescencia, había visto tan desgarrada el alma nacional, como la he visto en estos últimos años. Por eso, la unión de estas tres agrupaciones, la posibilidad de un Gobierno de Conciliación Nacional me ha abierto, otra vez, la ventana de la esperanza, en recuperar a la Costa Rica, a esa Costa Rica que paso a paso había ido construyendo una institucionalidad democrática muy sólida, y que ahora esa institucionalidad democrática ha sido resquebrajada, perturbada, atropellada por las constantes violaciones a la Constitución Política, y por la concentración de poder, que nunca se había dado en nuestra historia, del poder político, del poder económico y el poder mediático en manos de un solo individuo, que es un verdadero dictador en Costa Rica.

No estamos, mis queridos compatriotas, no estamos viviendo en democracia, estamos viviendo una falsa democracia, estamos viviendo una dictadura indecente y corrupta como nunca en la vida ha tenido nuestra Patria.

Sólo un Gobierno de Conciliación Nacional como el que se está anunciando después de esta unión puede sacar a Costa Rica del abismo, de la corrupción, del crecimiento de la pobreza, del crecimiento de la desigualdad, como lo indican todos los índices, no solo los índices falsos, oficiales y de las encuestas, sino los índices de los organismos internacionales, sólo un Gobierno de Conciliación Nacional en donde estén representadas las distintas corrientes políticas con sus mejores hombres y sus mejores mujeres, y en donde estén representados los diferentes sectores sociales componentes de la nacionalidad costarricense. Una inmensa responsabilidad histórica está cayendo sobre los hombros de Ottón Solís. Y el me dijo al abrazarme aquí, porque no he sido su partidario, él me dijo “yo no le fallaré” y yo le comunico al pueblo de Costa Rica que creo que Ottón Solís no nos fallará.

En las listas de diputados de las tres agrupaciones políticas hay magníficos ciudadanos y ciudadanas que merecen el apoyo popular, todos vamos a escoger libremente con cuál lista de esas nos vamos. Yo con todo el respeto para las otras listas voy a votar por Alianza Patriótica en la lista de diputados.

Hace unos cuantos meses, en una batalla interna todavía, dentro del Partido Liberación Nacional, dije que pedía perdón al pueblo de Costa Rica por no haber podido participar más activamente en la lucha que el pueblo ha venido realizando en los últimos años frente a esta barbarie que estamos viviendo. Hoy vuelvo a repetir la frase pido perdón al pueblo de Costa Rica, porque por razones de salud no he podido estar con la actividad que debiera ayudando al pueblo de Costa Rica a vencer la corrupción, a vencer el atropello a las instituciones democrática, a vencer ese poder mediático, económico y político en manos de un solo individuo en nuestra Patria como nunca había ocurrido en nuestra historia. Pido perdón al pueblo de Costa Rica porque mi salud no me ha permitido hacerme presente como hubiera querido hacerlo.

Y quiero cerrar estas palabras de apoyo a este arranque, a esta emoción del pueblo de Costa Rica, a este partido de acción costarricense, como ha dicho Walter Muñoz haciendo una evocación que me sale del alma, me sale del alma:

De los cuatro fundadores del Partido Liberación Nacional, que pudimos llegar a la Presidencia de la República, por el favor popular, solo yo quedo. Don José Figueres, Don Francisco Orlich, Don Daniel Oduber emprendieron el camino de la eternidad. Por eso me atrevo a decirles que José Figueres, Daniel Oduber y Francisco Orlich estarían hoy otra vez con el pueblo de Costa Rica dando esta gran batalla, dando esta gran batalla por el pueblo de Costa Rica, por la democracia de Costa Rica, por la decencia en Costa Rica, contra la corrupción en Costa Rica.

Fuente: elpregon.org
27 enero | karla espinoza.

“Lo nuevo no es la corrupción, sino el debate sobre ella”, afirma un autor. Igualmente, uno de los más destacados estudiosos de la corrupción, Robert Klitgaard, señala en uno de sus escritos, que hace unos 2300 años, un alto funcionario de la India escribió una lista de “por lo menos cuarenta formas” para obtener dinero del Gobierno de modo fraudulento.

En efecto, de acuerdo con la literatura especializada, la corrupción es “alterar y trastocar la forma de alguna cosa”, o sea, cambiar la naturaleza de algo, echarlo a perder. Desde esta perspectiva, la corrupción se manifiesta de múltiples formas. Lo novedoso en las sociedades contemporáneas es la magnitud de ese cáncer y la toma de conciencia que de él se adquiera en las últimas décadas del siglo anterior, especialmente por el costo económico de prácticas corruptas como los sobornos que las grandes empresas pagaban ¿ha acabado eso? a funcionarios públicos en todo el mundo para poder concretar sus negocios.

Así, desde el punto de vista económico, la corrupción es perniciosa pues se considera que es el principal obstáculo al desarrollo para los países pobres. En lo que se refiere a lo social, se asegura que agrava la inequidad del ingreso y la riqueza; reduce la eficiencia de los servicios públicos y carcome la moral.

Respecto al ámbito político, se sostiene que la corrupción es motivo de ingobernabilidad, produce pérdida de credibilidad en el sistema democrático y reduce la efectividad de las políticas públicas.

Además, propio de la corrupción es la extraordinaria capacidad de contagio, lo que técnicamente se ha denominado la Ley de Gresham de la Interacción Social; esto es, que la mala conducta expulsa a la buena, y paulatinamente más y más personas son inducidas a adoptar comportamientos torcidos.

Crisis moral. Sin pretender hacer una reseña histórica de la corrupción en Costa Rica, es fundamental recordar que tradicionalmente se ha dicho que durante la década de 1940, la sociedad costarricense atravesaba una crisis moral y humana de tal magnitud, que hizo necesaria que toda una generación de jóvenes idealistas terminara en los campos de batalla en 1948 para iniciar una nueva era de rectificación y hasta de saneamiento moral.

Desafortunadamente, un cuarto de siglo después, Daniel Oduber lanzó su famoso lema de campaña: “Alto a la corrupción”. Pese a ello, las prácticas viciosas siguieron adelante con gran energía, de tal manera que en 1987, por iniciativa del Colegio de Abogados, surgió la Comisión Nacional de Rescate de Valores. La misión de este órgano era muy clara: “Aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y los demás antivalores que corroen la sociedad costarricense”.

Como una de las causas que, a su juicio explicaban “los flagelos que doblegaban a buena parte de los habitantes de nuestro país”, señalaban la aparición de “un nuevo orden en donde el poder económico y el poder político llegan a confundirse” (Fruto de la perseverancia: el sistema nacional de comisiones de valores en Costa Rica, Editorial U.C.R, 2001). A propósito, ¿qué conocen los estudiantes de secundaria del papel de esa Comisión?

Prédica en el desierto. Pese a las buenas intenciones de ese organismo, su actuar ha sido, desde esa fecha, una prédica en el desierto, pues las prácticas corruptas continuaron, sin que los “capitanes” ni los altos oficiales” de ese barco llamado Costa Rica mostraran la mínima firmeza para frenar la “deformación moral” que carcomía a la comunidad nacional.

Más aún, en esa misma época, personajes como Ricardo Alem se convertían en “famosos” y, el orgulloso “choricerito” seguía adelante con el único propósito de ganar las elecciones.

Lo cierto es que la gama de manifestaciones de la corrupción se ha multiplicado. Así, en los últimos tres años y nueve meses, de acuerdo con una recopilación basada en información periodística, se han producido más de una veintena de formas de corrupción en la función pública.

Entre ellas cabe resaltar las siguientes: nombramientos de parientes; encubrimiento de funcionarios cuestionados; uso de fondos públicos para hacer politiquería; festín de consultorías; nombramiento politiquero de policías, docentes y choferes; festín con fondos públicos y gastos discrecionales; secretismo en las Relaciones Exteriores, etc.

Es indudable que se puede ser corrupto por acción u omisión. Se comprueba que para seguir adelante con ese “orden” denunciado por la Comisión Nacional de Rescate de Valores, se recurre a varias estrategias. Por ejemplo, a quienes denuncian esa descomposición moral, los partidarios asalariados, lo mismo que los autores de columnas humorísticas y panegiristas disfrazados de analistas los acusan de ver para el pasado, de querer “volver a los felices tiempos de la carreta“. Los llaman resentidos sociales, obstruccionistas, fundamentalistas y talibanes.

No obstante, no todo está perdido. Todavía hay tiempo para rectificar, sin que alguien piense en terminar en los campos de batalla como lo hicieron en su tiempo los que eran jóvenes en 1948.

* Historiador, Catedrático U.C.R.

Fuente: http://informa-tico.com

“Nunca en mi larga trayectoria política vi tan desgarrada el alma nacional como lo he visto en estos últimos años, por eso la unión de estos tres partidos y la posibilidad de un gobierno de conciliación nacional me abre la ventana de esperanza de recuperar a Costa Rica, cuya institucionalidad democrática ha sido atropellada, desquebrajada por las violaciones a la Constitución Política y la concentración del poder político, mediático y económico en manos de un político; no vivimos en democracia, sino en una dictadura indecente, sólo el gobierno de coalición podrá sacarnos del abismo”, dijo Monge.

Reconoció que sus padecimientos de salud, agravados en 2009 y de los cuales se encuentra en recuperación, le han impedido actuar ante la situación política nacional, pero señaló que espera participar en algunas actividades de cierre de esta contienda electoral que ya casi finaliza.

“Apoyo a este Partido de Alianza Costarricense evocando a cuatro fundadores del PLN que logramos la Presidencia; de ellos (don Pepe, Orlich y Oduber) sólo quedo yo, pero los tres hoy estarían otra vez con el pueblo dando esta gran batalla contra la corrupción”.

Junto a Monge, otros 21 personajes políticos dieron su adhesión al proyecto de alianza que conforman el PAC, PIN y AP. Se trata de: María Eugenia Dengo, Rodolfo Silva, Arturo Lizano, Mireya Hernández, Guido Miranda, Helio Fallas, Sonia Martha Mora, Gonzalo Gómez, Rodrigo Madrigal Montealegre, Manuel Sáenz, Carlos Manuel Obregón, María Enriqueta Guardia. También Laureano Albán, Manuel Larios, Julio Chávez, Clotilde Obregón, Rodrigo Cuesta. Juan Rafael Quesada, Rufino Gil y Arnoldo Mora.

Por su parte, Solís aprovechó el espacio para hacer un llamado a los militantes del PLN y del PUSC para que se unan al movimiento de coalición que lidera, además de solicitar a sus seguidores que redoblen esfuerzos para motivar al resto de la población en este esfuerzo, miras a lograr una victoria el próximo 7 de febrero.

Fuente: Diario Extra
Marcela Villalobos Ramírez
Foto: Gesline Anrango

Los dirigentes se reunieron ayer con Álvaro González, ministro de Trabajo, a quien demandan el compromiso firme de rechazar cualquier trámite que busque el reconocimiento de los acuerdos de esa asamblea, a la que catalogan como espuria, y contemplan la destitución de la actual cúpula sindical.

“La respuesta del Ministro no satisface la petición de la autonomía de los sindicatos frente al gobierno y los patronos. Él nos entregó un documento que no deja suficientemente claro que no van a prestarse para recibir documentos de asambleas espurias que lo que buscan es darles un golpe de estado a las direcciones sindicales legítimamente constituidas”, indicó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

PROTESTA INDEFINIDA

Los sindicalistas acordaron mantener la protesta ante el Ministerio de Trabajo de manera indefinida. “Hay una presencia indefinida de todas las dirigencias sindicales, vamos a amanecer aquí y si quieren sacarnos tendrán que sacarnos con la policía porque voluntariamente no vamos a salir”, advirtió Vargas.

Luis Castillo, secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), enfatizó que están cansados de la actitud del gobierno.

“El gobierno está haciendo actos corruptos, violando la ley, la democracia y la institucionalidad, y está utilizando instrumentos como el Ministerio de Trabajo para encubrir estos actos”, dijo Castillo en tono molesto.

Otro de los gremios que asistieron al Ministerio de Trabajo es el Sindicato de la Educación Costarricense. Su presidente Gilberth Díaz reiteró que no se irán de ahí hasta obtener el compromiso del Ministro de Trabajo.

Fuente: Diario Extra
mespinoza@ diarioextra. com
Foto: Oldemar Siles