Categoría: Incidencia

San José, 1 de agosto de 2008.

Señores
Carlos Federspiel
Presidente
Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano

Rafael Carrillo
Gerente Financiero Molinos de Costa Rica
Expresidente
Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCAAEP)

Estimados señores:

Como es de su total conocimiento, la organización que nos honramos en representar, consciente de la crisis energética en que nos ha imbuido el modelo neoliberal vigente (del cual son ustedes distinguidos impulsores); y, a la vez, razonando acerca de los beneficios que tendría la economía nacional y los sectores sociales más desprotegidos, le planteamos, en mayo del 2006 a la Administración de los hermanos Arias Sánchez, ingresar al acuerdo energético impulsado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, conocido como PETROCARIBE.

Dos años después, el Gobierno Arias Sánchez nos da la razón y se plantea el ingreso a PETROCARIBE, cosa que aplaudimos por los beneficios que traerá para la economía nacional y para los sectores sociales, el ingreso de Costa Rica a este Acuerdo de Cooperación Energética.

Como también es de su pleno conocimiento, el rédito de este Acuerdo de Cooperación Energética, es un crédito a largo plazo en la factura petrolera; crédito que puede llagar a los 300 millones de dólares anuales, con dos años de gracia, 25 años de plazo y a un 1% de interés anual.

Además, ustedes también lo saben, a cambio de este crédito tan blando, el Gobierno Bolivariano establece como única condición que el país receptor de los beneficios de dicho acuerdo, inviertan los recursos productos del mismo en obras sociales y de desarrollo, tales como escuelas, hospitales, carreteras, vivienda, agua potable, producción de alimentos (para paliar la crisis alimentaria que nos ha impuesto el modelo neoliberal), etc.

Con todo respeto, les preguntamos: ¿En qué atenta tal condicionante contra la libertad y la democracia?… o, ¿será que para ustedes, construir hospitales, escuelas, viviendas dignas, hospitales, servicios de agua potable, caminos y carreteras, apoyo a la producción de alimentos, etc.; y, por tanto, la generación de puestos de trabajo que tales inversiones, necesariamente generarían (y que por cierto, tanta falta nos hacen), es atentar contra la libertad y la democracia?

Por otra parte, son ustedes del criterio de que PETROCARIBE es “viable” y traerá beneficios económicos,_ “siempre que no se ligue con los proyectos de intercambio comercial del ALBA”. _

El temor o mejor dicho el terror que se expresa sobre un posible ligamiento entre PETROCARIBE, y el ALBA, no lo compartimos pero lo entendemos, dado que el ALBA es un proyecto alternativo de desarrollo e integración de los pueblos, basado en la “ producción limpia, el comercio justo, la complementariedad, la solidaridad, la equidad, el respeto a la soberanía y a la continua participación del poder ciudadano.

Es claro que estos principios sustentadores del ALBA, están totalmente ausentes y son además intrínsicamente contrarios a los presupuestos de producción y comercio que defiende la ideología neoliberal, responsable de la más odiosa y orgiástica concentración de riqueza, que a su vez mantiene y lleva a la pobreza a millones de millones de seres humanos en todo el mundo.

Amen, de ser la ideología económica responsable de la crisis energética, la crisis alimentaria y la crisis climática que hoy socava y nos lleva de no contenerse, a la extinción de toda forma de vida en el planeta.

Como es fácil de notar, el ALBA y el Neoliberalismo, son antagónicos, el primero propone la producción y el comercio al servicio del ser humano y de la preservación del planeta, en el segundo el ser humano y los recursos planetarios, quedan sometidos y subyugados a las leyes del mercado.

Leyes del mercado que son producidas por un reducidísimo y orgiástico grupo de empresarios y de gobiernos, e impuestas a todos los pueblos del mundo, mediante, amenazas, compra de gobiernos y conciencias, desestabilización de gobiernos alternativos, golpes de estado, guerras e invasiones.

Realmente, el ALBA, resulta ser e una amenaza, incipiente, pero amenaza al fin, al modelo neoliberal y por tanto comprendemos, aunque no compartimos, sus temores de que la iniciativa PETROCARIBE, llegue a encontrarse con el ALBA.

Solicitamos respetuosamente a los señores Luis Alberto Muñoz, Director, Luis Valverde, Jefe de Información y Danny Canales Periodista, de La República, contestar por este importante medio, las aseveraciones y opiniones de los señores mencionados.

Atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General.

El diputado José Merino del Río del Frente Amplio denunció que en este proyecto de ley, promovido por el Movimiento Libertario, no solo se le traslada el pago de la totalidad de la licencia a la Caja, exonerando a los patronos del 50% que por ley les corresponde; también pretende eximirlos del pago de cuotas obrero patronales y demás derechos laborales derivados del salario durante este periodo.

Adjuntamos texto que de forma cínica lo titulan “ley para disminuir la discriminación contra el trabajo femenino”. Para que algunos patronos dejen de discriminar a las mujeres se les exonera de toda responsabilidad social en el pago de las licencias por maternidad. Es decir, se premia a los discriminadores para que dejen de hacerlo.
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Organizaciones de mujeres, incluído el INAMU, sindicales, ciudadanas en general deben movilizarse ante este nuevo atropello a los Derechos Humanos y Laborales de las Mujeres.

Don Eduardo Lizano, en un reciente artículo que le publica “Pagina Abierta” (como si el señor Lizano no tuviera espacio en La Nación) en la edición del 20 de mayo del Diario Extra, nos dice que hay que hacer el análisis de qué fue lo que aconteció y cómo fue que aconteció –refiriéndose a las políticas que él y sus infantes impulsaron en los 30 y más años que van desde la administración Monge Álvarez a la que padecemos, y que nos han conducido a esta crisis que ya se perfila como sin precedentes. Intenta persuadirnos el señor Lizano, que con ese análisis nunca llegaremos a conclusiones… Hay en esa introducción del artículo un mea culpa velado; intentando el autor desviar la atención sobre las responsabilidades que le caben, llamándola sobre una propuesta de agenda para el futuro.

Desde luego que ya habrá tiempo para hacer el análisis de las consecuencias de las políticas neoliberales, como si no las estuviera sufriendo ya la ciudadanía en carne propia; y no hay juez más imparcial y también más severo que el pueblo contando su propia historia.

El desmantelamiento del estado social costarricense para embarcarse en la aventura de la apertura neoliberal y el regreso a una economía decimonónica de mercado libre y la trasformación de la institucionalidad desarrollista que se construyó sobre la vieja institucionalidad de la oligarquía agroexportadora, promoviendo una institucionalidad favorable a los intereses del capital transnacional son los errores señalados por quienes comprendimos, en esos momentos, que una globalización basada en la desregulación y la apertura comercial indiscriminada, no solo perjudicaba al desarrollo nacional, sino que, en el marco de las condiciones económicas mundiales existentes, implicaba un enorme riesgo de colapso internacional (puede verse nuestra compilación “Crónica de un des-ajuste social”, Vicrc. Ac.Soc. UCR., 1995).

La situación actual, y nos referimos no solo a la económica que se ve afectada por la crisis internacional, sino la social e incluso la política, muestran con elocuencia los efectos dolorosos de la desatención del criterio público (como acción del Estado) del proceso de generación y acumulación de capital. Dejar a la mano invisible el mejor reparto de los recursos escasos y del excedente económico socialmente creado, es, a estas alturas del desarrollo de la acumulación de capital, un error de enormes proporciones. Y esto era evidente con solo echar un vistazo cuidadoso a la historia del capitalismo.

La concentración del capital en grandes consorcios que dominan una parte considerable de los mercados de sus productos hace ineficiente el mercado, que en el marco de su actividad teóricamente debía alcanzar la mejor combinación de recursos y necesidades para lograr el mayor bienestar posible. El control de la competencia que implica esta centralización del capital, abre paso al uso ineficiente de esos recursos y al manejo estratégico del mercado en razón al logro de mayores tasas de ganancia, en detrimento de los trabajadores y, en general, de la sociedad como un todo.

La regulación de este proceso por medio del criterio público, políticamente formado, por el contrario, crea nuevas condiciones de gobierno de los procesos productivo, de inversiones y del reparto del excedente, ya no azarosas como en el mercado libre, sino razonables con el logro de un bienestar democráticamente concebido.

Por eso es que la agenda que nos propone el señor Lizano sufre la misma deslegitimación que padecen los análisis de los economistas utilitaristas que aterran las páginas de la prensa nacional. Y que hay que corregir para elaborar propuestas más plausibles.

Si se es consecuente con la visión crítica que estamos levantando hay que hacerle, al menos, los siguientes comentarios a la agenda que nos propone:

1. El Estado de derecho es ante todo –ante todo, subrayamos– un estado de seguridad vital del ciudadano, no de las corporaciones. Las empresas son un medio para alcanzar ese estado de bienestar básico y vital del ser humano. Por eso los llamados a los “derechos de propiedad”, validez de contratos” (sic), que reclama prioritariamente el señor Lizano muestran la orientación mercantilista de su agenda.

2. El sistema político al que debemos aspirar es un sistema de representación de intereses amplio y abierto. Pero lo que no ve el señor Lizano es que un sistema que no pueda ejercer el poder para lograr los acuerdos políticos alcanzados con respecto a la mejor utilización de los recursos de una sociedad y al logro de un bienestar democráticamente diseñado, nunca podrá legitimarse.

3. El tema del rol del estado yo lo reclamaría como el rol de la empresa privada. En este punto es preciso recordar que el mejor empresario es aquel que produce más eficientemente en las condiciones establecidas por la sociedad –esto es algo que no debe olvidarse– y no aquél que establece las condiciones sociales para producir…, que es lo que ha venido imperando con la corporativización de las sociedades.

4. Con un sistema que ya no puede garantizar los equilibrios automáticos, el aumento de la productividad y el destino productivo de los excedentes ya no puede depender de la competencia. Para que sean socialmente eficaces ellas deben depender ahora de las decisiones políticamente tramitadas y de la determinación política de la parte de la ganancia que puede ser consumida por el capitalista.

5. Con respecto a la política fiscal podemos aceptar la propuesta del señor Lizano: “racionalizar las finanzas públicas –ingresos y gastos– es un tema de mucha trascendencia. Por ejemplo, consolidar los programas de las instituciones públicas en un presupuesto de inversiones públicas que cubra varios años representaría un avance significativo.” Porque –agregamos– el acrecentamiento del fondo público debilita la racionalidad capitalista y fortaleza la racionalidad pública.

6. La propuesta de reforma a la legislación sobre zonas francas –intención puntal y particular– muestra que el señor Lizano, paradójicamente, reconoce inconscientemente, la necesidad de la regulación social y política de la actividad de los negocios privados, pero se queda muy corta como propuesta de política de exportaciones.

7. Y finalmente el régimen cambiario… El señor Lizano desliza la propuesta consentida de los neoliberales, la “dolarización”; la que ya hemos denunciado como extremadamente peligrosa en varios artículos publicados en el Semanario Universidad.

De esta manera, la agenda sobre el futuro ya no puede ser elaborada con una racionalidad decimonónica, se requiere de imaginación, de soltura científica, de audacia innovadora, atributos intelectuales todos que el pensamiento neoliberal ya no puede ofrecer.

• Profesor de la Escuela de Sociología, UCR.

El primer proyecto es el de la diputada Maureen Ballestero, quien trata de interpretar auténticamente que los 125 metros son tierra adentro, dejando por fuera el cerro El Morro, el cerro Ventanas, los manglares de Ventanas, Tamarindo, San Francisco, el mar territorial, la isla Capitán e isla Verde, que hoy forman parte importante del Parque.

El segundo proyecto de ley fue presentado por el diputado Jorge. E. Sánchez, quien también elimina el cerro El Morro, el cerro Ventanas y los 75 metros de costa, que son de vital importancia como salvaguarda para el desove de las tortugas, argumentando que estas tierras pueden ser manejadas de forma privada supervisadas por la municipalidad local.

Al respecto Bosques Nuestros manifiesta que no hace falta modificar la ley de creación del Parque. Por lo tanto es un esfuerzo innecesario para los señores diputados, que deben atender muchas prioridades nacionales.

Razonamientos

1- La iniciativa por segregar el Parque mediante proyectos de ley, obedece a intereses de un muy pequeño grupo, en su mayoría extranjeros, con intereses económicos que se sobreponen a los intereses de las tortugas y de la sociedad costarricense.

2- La Ley de creación del Parque está bien definida. La Procuraduría y la Sala IV reconocieron que los 125 metros son tierra adentro. Es por ello que la Comisión de Alto Nivel que conformó el Gobierno para atender el “Caso Baulas“ recomienda que la mejor acción del Estado es continuar con los procesos de expropiación.

3- Los cuestionamientos de por qué dentro del Parque está El Morro, los manglares y los 125 metros de costa, son maliciosos. Eso ya fue justificado en su momento cuando se creó el Parque. Por el contrario, los que quieren segregar el Parque son los que deben demostrar, con estudios técnicos, por qué se debe sacar El Morro y los 75 metros de costa. Señores diputados insistan en pedir esos estudios. Ahí es donde se caerán por falta de argumentos.

4- Reducir el Parque va contra las iniciativas de conservación del gobierno, por lo que pone en entredicho a la Administración Arias.

5- La reducción de un Parque abre un portillo para que otros parques nacionales sean segregados.

6- La franja de 75 metros es una salvaguarda para el desove de las tortugas, que lo hacen después de la pleamar ordinaria (en los 50 metros de zona pública), esta franja sólo se puede proteger siendo propiedad del Estado.

¿Quién puede controlar que propietarios privados cumplan con las estrictas estipulaciones de protección de la tortuga baula?

En el documento adjunto vienen tres mapas; dos sobre los proyectos de ley, en donde se evidencia la pretensión de reducir el Parque y otro con las razones de por qué los 125 m son tierra adentro.

Movimiento Bosques Nuestros
bosquesnuestros@gmail.com

Por Alvaro Madrigal Castro

En el entorno en que se produjo, cuando la sociedad es invadida por la desconfianza, la sospecha y el pesimismo respecto a las actuaciones de los Supremos Poderes, de los partidos políticos y de los grupos de presión, esa negativa acelera más la corrosión que padece el régimen político.
La Corte Plena debió ordenar la investigación si en el ánimo de sus integrantes está la determinación de preservarla de la maledicencia. Aún más si confían en que Sosto no ha incumplido con ninguno de los deberes propios de su cargo (quien nada debe nada teme). Pero archivar la queja, es dejar en pie la percepción de que hay en medio algo que debe taparse. Precisamente ahí en el Poder Judicial, el mismo donde se anidaron años ha escandalosas muestras del tráfico de influencias capaces de liberar de la cárcel y de ablandar condenas a unos cuantos privilegiados; el mismo Poder donde se produjo la usurpación de funciones propias de la Asamblea Legislativa para materializar la reforma constitucional que le abrió las puertas a la candidatura presidencial de don Oscar Arias; el mismo órgano del Estado del que una de sus Salas constitutivas se le percibe expuesta a un alto grado de influencia de los partidos políticos, según encuesta realizada meses atrás por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. ¿No se percatan sus miembros de que ellos también están obligados a achicar el bote inundado de aguas negras?
El juez Luis Paulino Mora Mora, más conocido en este mundo como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, justifica el carpetazo dado a la petición de investigar las actuaciones de Sosto, al que se sumó, con el argumento de que él no es un juez ético sino de legalidad. Pero hace unos años en el Foro Corrupción e Impunidad, 18/3/97 se quejó de que al problema de la corrupción se le diera un tratamiento básicamente normativo y sermoneó que “la corrupción no es sólo un problema de la moral de las personas sino también un problema de estructuras, de sistemas organizativos que producen o facilitan los procesos de corrupción“. ¿Cómo ir a la raíz de la corrupción que mina y abate esta democracia y sus instituciones, si el juez se aferra a la rigidez de la ley y repudia ver los indicios justificativos de una investigación?.
La corrupción no siempre desafía la ley porque suele adoptar formas que no la violentan o que resultan de difícil comprobación. Pero tiene “la virtud“ de apestar. El corrupto, aunque no esté condenado por un juez, apesta. Fácil se le identifica. Y sus actuaciones hay que observarlas con la ley y con el prisma de la ética y de la ética. Estamos ante un grave problema anidado en estructuras y sistemas organizativos idóneos para producirlo o facilitarlo como lo apuntó don Luis Paulino. Debe llegársele con la ley pero a partir de la ética. Por ahí se abre paso a la investigación que precede el veredicto de legalidad o ilegalidad de la conducta cuestionada, según corresponda.