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El Diputado José María Villalta Florez-Estrada, saludó el acuerdo de las fracciones legislativas que permitirá avanzar reformas en la Constitución de la República, para proteger el agua. A continuación la moción de consenso, que recoge las posiciones que ha mantenido el Frente Amplio en esta materia:

MOCIÓN
ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO

EXPEDIENTE No. 14.757 “Reforma del inciso 14) del artículo 121 de la Constitución

DE VARIOS DIPUTADOS
HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el texto adjunto sea tomado como texto sustitutivo del proyecto de reforma constitucional del expediente 14.757.
“REFORMA DEL ARTÍCULO 50 Y DEL INCISO 14) DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 1.- Adiciónase al artículo 50 de la Constitución Política cuatro nuevos párrafos finales; Los textos dirán:
Artículo 50.-
[…]
El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Toda persona tiene derecho al agua potable y a su saneamiento, con arreglo a la ley.
Es deber del Estado y de toda persona velar por la defensa, protección y restauración del recurso hídrico. El abastecimiento del agua a las poblaciones será prioridad.
Las normas y las políticas nacionales relacionadas con el agua deberán garantizar la gestión sostenible del agua y la solidaridad con las futuras generaciones.”

ARTÍCULO 2.- Adiciónase un penúltimo párrafo al inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política; El texto dirá:
“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
[…]
14)
[…]
Las aguas son un bien de dominio público que pertenecen a la Nación y no podrán salir definitivamente de su dominio; su uso y explotación se regirá por lo que establece la ley.
[…]”.-

TRANSITORIO ÚNICO.- Adiciónase un nuevo transitorio a las Disposiciones transitorias del Título XVIII, Capítulo Único de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50 y el penúltimo párrafo del inciso 14) del artículo 121; El texto dirá:
Se mantienen en vigor las leyes existentes, así como las concesiones vigentes y los permisos de uso actuales otorgados conforme a derecho, mientras no sea dictada una nueva ley sobre la materia del agua.
Rige a partir de su publicación.

__________________________________________________________

POSTERGADA VOTACION

El día de ayer no se votó en el plenario de la Asamblea Legislativa la moción de consenso, de seis bancadas parlamentarias, para declarar el acceso al agua como derecho humano y evitar su privatización.

Finalmente el presidente Luis Gerardo Villanueva y la fracción del PLN, cedieron y pospusieron la decisión, en aras de lograr supuestamente un mayor acuerdo, pero en realidad pareciera que asustados o impresionados, por las consecuencias de lo que estaban diciendo los del Movimiento Libertario.

En todo caso, habrá que ver si su Asamblea Nacional del PLN, del fin de semana, apostará por la moción consensuada y mantendrán la convocatoria del proyecto a sesiones extraordinarias, lo que les permitiría aplacar la creciente crítica interna, en momentos donde hasta las Naciones Unidas han rubricado el apoyo al acceso al agua como derecho humano.

Algunos de los “argumentos” de los libertarios, fueron los siguientes:

DIPUTADO VÍCTOR DANILO CUBERO CORRALES:
(…) Villalta Florez-Estrada se acercó a la jefatura de fracción y me dijo: Danilo, la verdad vengo a conversar con usted, porque sí, no conversamos el tema con usted, y le dije: lo entiendo y lo acepto Villalta, en realidad estás ganando la pelea y la vas ganando, porque llevás de cola al Partido Liberación Nacional por una inmediatez que tienen de cara a poder resolver un asunto interno, pero, sin embargo, ¡diay, Villalta, bien jugado, bien jugado!

DIPUTADA MIREYA ZAMORA ALVARADO:
Bueno, es poquito lo que… es poquito lo que voy a hablar, y conciso: Villalta, te felicito, te saliste con la tuya. Eso es lo que quería Villalta, tomar a toda la fracción de Liberación y hacerla del Frente Amplio, eso es lo que Villalta quería, y te felicito, Villalta, vas… vas muy bien.

DIPUTADO CARLOS HUMBERTO GÓNGORA FUENTES:
i>(…) Y, hoy, Liberación se pliega a la voluntad del Frente Amplio, y, hoy, con la mordaza del PAC, con el silencio del Partido Acción Ciudadana están conjugándose en mayorías (…)

Los “argumentos” del PUSC fueron en otra dirección, pero eso sí más folclóricos:

DIPUTADO WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR:
(…) Villalta se ha periqueado demasiado, está periqueado, y eso es, y deja a los sindicatos y a la Universidad, que voy a hablar con ellos y con muchos sindicatos, porque perdió el norte el sindicalismo en este país representado aquí en la Asamblea Legislativa con Villalta, y está perdiendo el norte con el PAC, el PAC no tenía por qué hacer este juego a Liberación Nacional (…)

Después de la presentación, por parte del Frente Amplio, de varias propuestas de redacción para salvar la reforma constitucional sobre el agua, finalmente se ha logrado casi un consenso en la Asamblea Legislativa, comentó el Diputado José María Villalta Florez-Estrada.

“Para nosotros lo importante es que la Constitución tiene que proteger el agua y decir, como mínimo: 1) Que el agua es un bien público, de uso colectivo, que no puede privatizarse; y 2) Que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental. No una mercancía”, agregó el legislador del Frente Amplio.

“Además, hemos promovido que expresamente se incluya que el abastecimiento de agua a las poblaciones será siempre la primera prioridad. Que esta prioridad prevalecerá sobre cualquier otro uso del agua. Para nunca más tener comunidades con sed mientras se llevan el agua para regar canchas de golf”, dijo el Diputado Villalta.

Para el diputado frenteamplista es una feliz coincidencia que el mismo día que la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró como derecho humano el acceso al agua y al saneamiento, la Asamblea Legislativa en Costa Rica alcance casi un consenso sobre una reforma constitucional con similar propósito.

José María Villalta saludó la participación en esta coyuntura de las organizaciones ecologistas y ambientalistas, y en general el papel positivo de la presión popular, que ha permitido evitar el entierro de esta reforma por ocho años más, así como la voluntad de las fracciones legislativas que han permitido, en principio, salvarla tras un acuerdo que evita la privatización del agua.

Está circulando en el seno del Sistema Penitenciario Nacional la versión de que dada la situación de riesgo de derrumbe que se está presentando en la infraestructura del centro de internamiento para mujeres, la cárcel de El Buen Pastor, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados; se estaría disponiendo en próximos días del traslado de, sino todas las actuales 600 privadas de libertad de, al menos, 200 de ellas, a las instalaciones del actual Complejo Juvenil Zurquí, ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia.

Esta posible decisión de las máximas autoridades penitenciarias del país, encabezadas por el Ministro de Justicia y Paz, Hernando París Rodríguez, ya está desatando una fuerte controversia al interior de la institución penitenciaria por razones como las siguientes:

El desalojo de las personas menores de edad internadas en el Complejo Juvenil Zurquí, representaría una severa involución en los avances que el país ha logrado al respecto; dado que el proceso de atención que con estos y con estas jóvenes se realiza, obedece a una planificación estratégica de varios años, dentro de la cual el conjunto de las condiciones físicas de las instalaciones de tal centro, forma parte integral de su preparación para una inclusión social positiva.

En tal sentido, tal centro no es un simple espacio de encierro, sino que está conceptuado para que la interacción intramuros permita generar las condiciones integrales de desarrollo de estas personas en formación; condiciones de las cuales carecieron en su crecimiento inicial y que les llevaron a la infracción legal.

El traslado pensado, que no sólo contempla a las personas menores de edad privadas de libertad, sino además a toda aquella población que presenta una sanción alternativa, misma que recibe atención en dichas instalaciones y que proceden de todo el territorio nacional, a un centro como El Buen Pastor (con ratas incluidas); es una situación de altísimo riesgo y significaría un menosprecio total a una labor que, dentro del conjunto de la cuestión penitenciaria costarricense, es lo único que el país puede exhibir en el plano nacional e internacional, como un logro en tal campo.

Como sabemos, está en desarrollo una crisis del Sistema Penitenciario Nacional y este asunto representaría un nuevo episodio de la misma, en ruta a su profundización. Como de costumbre, la solución en la institución penitenciaria es desvestir a un santo para vestir a otro; y, no es la primera vez que el Programa Penal Juvenil es el que debe sacrificarse y ser desplazado de todas las condiciones óptimas para una atención especializada e integral. Tampoco es casual que esto se dé en los gobiernos en que Liberación Nacional está en el poder.

Nuestras fuentes denunciantes indicaron a la ANEP, que hay molestia por cuanto la principal persona impulsadora de tan descabellada idea es, presuntamente, la actual directora de El Buen Pastor, Licda. Marielos Chaves; la cual, curiosamente, reside en las cercanías del Complejo Juvenil Zurquí. En tal sentido, se manifiesta ya un profundo rechazo a que, por una aparente cuestión personal, se atrofie irreparablemente, un esfuerzo colectivo de muchos años, el cual a partir del compromiso de las funcionarias y de los funcionarios del Programa Penal Juvenil, y con gran tesón de su parte, así como de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha logrado la captación de recursos externos para el éxito hasta ahora obtenido en el abordaje de la problemática de la población penal juvenil.

Además, este traslado afectaría la actividad espiritual de la comunidad más aledaña al Complejo Juvenil Zurquí, la cual se vería afectada dado que la capilla católica ubicada en su seno que, históricamente, le ha brindado servicios religiosos, al estar ahí ubicada una población adulta privada de libertad serían suprimidos, pues los vecinos ya no podrían ingresar a esas instalaciones carcelarias por razones obvias.

Finalmente, se cuestiona que tal idea ni siquiera se ha discutido con las fuerzas vivas de la citada comunidad herediana, la cual tiene una profunda convivencia armónica con base en los principios rectores y la filosofía de abordaje aplicada a la población menor de edad ubicada o atendida en ese centro juvenil; lo que contrasta con los grandes vacíos de política pública que presenta el abordaje de la política penitenciaria con relación a la población adulta privada de libertad, mujeres y hombres; uno de los factores que, precisamente, más dramatiza la crisis que vive en estos momentos el Sistema Penitenciario Nacional.

La ANEP alerta a la comunidad potencialmente afectada, para que se le brinden las explicaciones oficiales y se discuta con la misma la propiedad de una transformación abrupta tan radical de su entorno carcelario.

Además, la ANEP le exige, respetuosamente, al señor Ministro París una reunión urgente con todo el personal del Complejo Juvenil Zurquí, pues él debe conocer la naturaleza del proceso que ahí se desarrolla y para que tenga información de primera mano; dado que no son pocas las situaciones en que la estructura jerárquica penitenciaria tradicional toma decisiones altamente contraproducentes que, precisamente, han generado la crisis en desarrollo.

San José, sábado 17 de julio de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Está circulando en el seno del Sistema Penitenciario Nacional la versión de que dada la situación de riesgo de derrumbe que se está presentando en la infraestructura del centro de internamiento para mujeres, la cárcel de El Buen Pastor, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados; se estaría disponiendo en próximos días del traslado de, sino todas las actuales 600 privadas de libertad de, al menos, 200 de ellas, a las instalaciones del actual Complejo Juvenil Zurquí, ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia.

Esta posible decisión de las máximas autoridades penitenciarias del país, encabezadas por el Ministro de Justicia y Paz, Hernando París Rodríguez, ya está desatando una fuerte controversia al interior de la institución penitenciaria por razones como las siguientes:

El desalojo de las personas menores de edad internadas en el Complejo Juvenil Zurquí, representaría una severa involución en los avances que el país ha logrado al respecto; dado que el proceso de atención que con estos y con estas jóvenes se realiza, obedece a una planificación estratégica de varios años, dentro de la cual el conjunto de las condiciones físicas de las instalaciones de tal centro, forma parte integral de su preparación para una inclusión social positiva.

En tal sentido, tal centro no es un simple espacio de encierro, sino que está conceptuado para que la interacción intramuros permita generar las condiciones integrales de desarrollo de estas personas en formación; condiciones de las cuales carecieron en su crecimiento inicial y que les llevaron a la infracción legal.

El traslado pensado, que no sólo contempla a las personas menores de edad privadas de libertad, sino además a toda aquella población que presenta una sanción alternativa, misma que recibe atención en dichas instalaciones y que proceden de todo el territorio nacional, a un centro como El Buen Pastor (con ratas incluidas); es una situación de altísimo riesgo y significaría un menosprecio total a una labor que, dentro del conjunto de la cuestión penitenciaria costarricense, es lo único que el país puede exhibir en el plano nacional e internacional, como un logro en tal campo.

Como sabemos, está en desarrollo una crisis del Sistema Penitenciario Nacional y este asunto representaría un nuevo episodio de la misma, en ruta a su profundización. Como de costumbre, la solución en la institución penitenciaria es desvestir a un santo para vestir a otro; y, no es la primera vez que el Programa Penal Juvenil es el que debe sacrificarse y ser desplazado de todas las condiciones óptimas para una atención especializada e integral. Tampoco es casual que esto se dé en los gobiernos en que Liberación Nacional está en el poder.

Nuestras fuentes denunciantes indicaron a la ANEP, que hay molestia por cuanto la principal persona impulsadora de tan descabellada idea es, presuntamente, la actual directora de El Buen Pastor, Licda. Marielos Chaves; la cual, curiosamente, reside en las cercanías del Complejo Juvenil Zurquí. En tal sentido, se manifiesta ya un profundo rechazo a que, por una aparente cuestión personal, se atrofie irreparablemente, un esfuerzo colectivo de muchos años, el cual a partir del compromiso de las funcionarias y de los funcionarios del Programa Penal Juvenil, y con gran tesón de su parte, así como de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha logrado la captación de recursos externos para el éxito hasta ahora obtenido en el abordaje de la problemática de la población penal juvenil.

Además, este traslado afectaría la actividad espiritual de la comunidad más aledaña al Complejo Juvenil Zurquí, la cual se vería afectada dado que la capilla católica ubicada en su seno que, históricamente, le ha brindado servicios religiosos, al estar ahí ubicada una población adulta privada de libertad serían suprimidos, pues los vecinos ya no podrían ingresar a esas instalaciones carcelarias por razones obvias.

Finalmente, se cuestiona que tal idea ni siquiera se ha discutido con las fuerzas vivas de la citada comunidad herediana, la cual tiene una profunda convivencia armónica con base en los principios rectores y la filosofía de abordaje aplicada a la población menor de edad ubicada o atendida en ese centro juvenil; lo que contrasta con los grandes vacíos de política pública que presenta el abordaje de la política penitenciaria con relación a la población adulta privada de libertad, mujeres y hombres; uno de los factores que, precisamente, más dramatiza la crisis que vive en estos momentos el Sistema Penitenciario Nacional.

La ANEP alerta a la comunidad potencialmente afectada, para que se le brinden las explicaciones oficiales y se discuta con la misma la propiedad de una transformación abrupta tan radical de su entorno carcelario.

Además, la ANEP le exige, respetuosamente, al señor Ministro París una reunión urgente con todo el personal del Complejo Juvenil Zurquí, pues él debe conocer la naturaleza del proceso que ahí se desarrolla y para que tenga información de primera mano; dado que no son pocas las situaciones en que la estructura jerárquica penitenciaria tradicional toma decisiones altamente contraproducentes que, precisamente, han generado la crisis en desarrollo.

San José, sábado 17 de julio de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP