Categoría: Noticias

Los representantes de las organizaciones y gremios de transportistas (traileros), taxistas, agricultores, sindicalistas del Sector Público y de otras entidades sociales y cívicas, unidos en el Movimiento Cívico Nacional; nos apersonaremos mañana lunes 23, a las 11:30 a.m., en las afueras de la Casa Presidencial, con la idea de entregar, oficialmente, a las autoridades de Gobierno, nuestro pliego petitorio que motiva la promoción de una gran protesta nacional para el próximo lunes 23 de agosto, desde las 4 de la mañana.

Básicamente, se le pedirá al Gobierno de la República, tres cosas: a) Un alto en la cadena de alzas que han encarecido enormemente el costo de la vida para el pueblo trabajador; b) Abolición del monopolio privado de la revisión técnica vehicular; c) reapertura de la discusión sobre el incremento salarial del Sector Público, dado el rechazo generalizado a la imposición del 4.5 %.

Además, se hará una indicación explícita de que todas las entidades firmantes de dicho pliego, han constituido una férrea unidad de oposición y lucha contra el denominado tratado de “libre” comercio (TLC), que le quieren imponer a Costa Rica con los Estados Unidos de América.

El Movimiento Cívico Nacional pretende ser recibido por el propio Presidente de la República, así como por los ministros Toledo, Pacheco, Chaves y Dent; respectivamente de las carteras de Presidencia, Trabajo y Seguridad Social, Obras Públicas y Transportes y Hacienda.

San José, 16 de agosto de 2004.

El deterioro de la situación salarial de la clase trabajadora del Sector Público, empeorará seriamente el próximo año 2005. Informes extraoficiales obtenidos por la ANEP, indican que el próximo presupuesto de la República que habrá de debatir la Asamblea Legislativa en noviembre próximo, únicamente tiene previsiones de incremento salarial del 2 % por cada uno de los dos semestres del próximo 2005. Así lo impuso el Ministerio de Hacienda.

De comprobarse tal situación, prácticamente estaríamos al borde de una situación social insostenible, porque a la indicada severa restricción salarial, también ha habido una directriz severa para un recorte drástico en las solicitudes financieras de los diferentes ministerios y otras entidades que se nutren del Presupuesto General de la República.

Tales “tijeretazos” en varios anteproyectos presupuestarios llegan hasta el 50 %. Indudablemente que habrá colapso total en muchos programas con un potencial riesgo de despidos, incluso.

Como todavía está sin resolverse el conflicto salarial del presente semestre y ante la injusticia del 4.5 % que ya ha sido impuesto por decreto, la ANEP formula, vehementemente, un respetuoso llamado a todas las demás organizaciones, gremios y sindicatos de la Administración Pública, para actuar en unidad de acción, poniendo por encima de todo los intereses de nuestros representados: los trabajadores acosados por la estrechez económica.

Respetuosamente, ANEP insta para impulsar, todos juntos, con fuerza, el movimiento cívico de protesta para el lunes 23 de agosto; junto a los gremios de transportistas, taxistas, agricultores y de otros sectores sociales, en unión de esfuerzos contra el alza en el costo de la vida y contra el monopolio privado de la revisión técnica vehicular.

En esta acción social de protesta cívica está incluida, como uno de las demandas principales, la reapertura de la discusión salarial del Sector Público, porque es generalizado el rechazo al reciente decretazo salarial del 4.5 %.

San José, 12 de agosto de 2004.

La reunión, que se desarrollará a partir de la 1 de la tarde, tendrá lugar en la sede de UPANACIONAL, cuya dirección es: De la Municipalidad de Tibás, 100 m. al Norte, 800 m. al Oeste y 100 Norte, casa esquinera, a mano derecha.

Como se ha explicado, la protesta nacional, con carácter de movimiento cívico tiene como ejes fundamentales mostrar un profundo repudio contra el alza en el costo de la vida; expresar una demanda social contra el monopolio privado de la revisión técnica vehicular, exigiendo su rompimiento; así como exigir la reapertura de la discusión salarial del Sector Público. Además, dejar visible una disposición unitaria de lucha contra el denominado “TLC”.

La ANEP agradece, profundamente, el espíritu democrático, de justicia y de equidad informativa, de absoluto comportamiento ético y objetivo, de todos aquellos medios de comunicación colectiva que atendieron la conferencia de prensa de ayer martes 10 sobre este particular; así como la cobertura de las distintas fases de este movimiento, como la reunión de mañana.

San José, 11 de agosto de 2004.

Hoy hacemos público nuestro compromiso conjunto, honrado con nuestra firma en este acto, de vincular, estratégicamente, nuestras aspiraciones y demandas del momento, lo cual pasamos a detallar a continuación; pues a pesar de la diversidad de nuestra lucha cotidiana para solventar nuestras propias necesidades económico-sociales y las de nuestras familias, creemos que en la actual situación del país, nos encontramos enfrentando desafíos de naturaleza similar.

El Poder Ejecutivo ha ignorado las demandas populares y algunos de sus ministros se han burlado, reiteradamente, de las peticiones de los representantes de asociaciones, empresas y sindicatos, atendiéndolos a todos con desprecio y arrogancia.

PRIMERO: La revisión técnica Vehícular ha sido entregada al monopolio RITEVE, que expolia y abusa de todos los conductores y propietarios de vehículos, bajo la protección especial de los Ministros de Obras Públicas y Transportes y de la Presidencia, quienes han irrespetado a los costarricenses que claman por eliminar este monopolio privado e ilegal. RITEVE constituye serias violaciones al Estado de Derecho de nuestro país; tales como, atropello a la Constitución Política, violación a la Ley de Tránsito, irrespeto a la Ley de la Contratación Administrativa, además de violentar toda la jurisprudencia nacional en materia administrativa.

SEGUNDO: Estamos convencidos de que Costa Rica está siguiendo una política económica errática, que propicia la concentración del ingreso y la injusticia social; generando pobreza salarial y poniendo en peligro actividades productivas de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, como las que se desenvuelven en el sector transportes. Esta política económica equivocada está generando una elevación inmisericorde en el alza del costo de la vida, afectando por igual a consumidores y a productores; razón por la cual, exigimos un alto en tales alzas, tanto de servicios como de productos básicos. En medio de constantes y exageradas alzas en el costo de la vida, el Poder Ejecutivo cobra altos impuestos al combustible para reparar las carreteras y retiene los fondos correspondientes; mantiene impuestos altos a los vehículos y a los repuestos, obligando a los costarricenses a incurrir en descomunales costos de mantenimiento, alzas tarifarías y en el pago de revisiones y reinspecciones arbitrarias al monopolio de RITEVE.

TERCERO: Las equivocadas directrices de esa política económica de corte neoliberal, provocan un deterioro en los salarios de las personas que conforman la clase trabajadora costarricense; lo cual indica la imperiosa necesidad de una variación sustancial en la política de salarios del actual Gobierno de la República. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la más reciente fijación salarial del Sector Público. El Ministro Dent se ha burlado de las negociaciones con los representantes sindicales, sin poner atención seria a las peticiones de los trabajadores del Sector Público, recetándoles un aumento unilateral, por vía del decreto y no de la negociación.

> Tal actitud muestra con toda claridad que el empobrecimiento salarial no es la ruta adecuada para ayudar a la dinamización de la economía; considerando que el deterioro del poder de compra de los salarios de la clase trabajadora, incide en el bienestar productivo del país; dado que el 90 % del mismo se genera por actividades empresariales de carácter micro, pequeño y mediano que basan su existencia en la capacidad de consumo del mercado interno. Tampoco es tolerable una orientación gubernamental para revertir conquistas laborales, plasmadas en derechos consolidados por importantes segmentos de trabajadores.

PETITORIA. La dejadez y la arrogancia del Poder Ejecutivo en el manejo de los asuntos a su cargo, ha ido cerrando cada vez más el espacio para la negociación seria y las acciones robustas en favor de la razón y la honestidad. Exigimos del Poder Ejecutivo la inmediata atención de los siguientes asuntos, antes del gran paro nacional del día 23 de agosto, que hoy dejamos convocado:

1. Aplicar la Ley de Tránsito en sus Artículos 19 y 20 para abrir el monopolio de RITEVE y detener los cobros por reinspección. Iniciar las acciones administrativas para exigir que RITEVE devuelva a quienes han pagado, los cobros de la tarifa ilegal y los cobros por la reinspección. Colateralmente, es imprescindible considerar con urgencia las demandas planteadas por las respectivas entidades gremiales de transportistas, que les garantice un trato justo en su actividad empresarial.
2. Detener los aumentos en el costo de vida causados por la propia acción y omisión del Poder Ejecutivo por mal manejo de los asuntos públicos y el compadrazgo con ciertos empresarios y sectores vividores de los fondos públicos. Girar los fondos cobrados en los impuestos al combustible para que se usen íntegramente en la reparación de vías; lo cual no está sucediendo hoy en día porque los fondos se destinan para otros fines que no son los que indicó la ley.
3. Restaurar de inmediato la mesa de negociaciones con los representantes sindicales del sector público, para definir por vía de una negociación respetuosa con quienes son legítimos representantes, el aumento salarial de los empleados del Sector Público.

Finalmente dejamos indicación de que estamos convencidos de que a nuestra querida Costa Rica no le conviene, bajo ninguna circunstancia, el denominado tratado de “libre” comercio que nos quieren imponer con los Estados Unidos de América. No estamos en contra del comercio con esta gran potencia y sabemos la importancia que el mismo reviste para nuestro país; pero lo que fue negociado va más allá de lo estrictamente comercial, por cuanto, entre otros graves perjuicios, se decidió la extinción de lo poco que queda de la actividad agropecuaria nacional, así como se entregó lo mejor del patrimonio nacional que nos fue heredado y que contribuyó tanto en el logro de un desarrollo nacional de equidad y de justicia social, pese a las grandes dificultades del momento. Por tanto, dejamos constancia pública de nuestra voluntad de unión de fuerzas en tal sentido para los momentos patrióticos que vendrán.

Hacemos un humilde pero vehemente llamado a las diferentes instancias de agrupamiento gremial, empresarial, laboral y social para que impulsemos un Acuerdo Nacional en esta hora crucial de la historia de nuestra querida Costa Rica y procedamos a trabajar todos juntos, en gran articulación social y patriótica, en la promoción, organización y desarrollo de un gran movimiento cívico unificado, de acción social, para las actuales circunstancias de alto deterioro de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población costarricense; que ponga coto a la actual orientación que lleva la política económica dominante, generadora de grandes injusticias y de enorme exclusión social.

Particularmente, exponemos esta propuesta para la consideración de las siguientes entidades sociales, entre otras:

* Comisión Nacional de Enlace.
* FIT-ICE.
* Coordinadora de Unidad Sindical y Magisterial (CUSIMA).
* Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
* Federaciones estudiantiles, tanto de Secundaria como de Enseñanza Superior.
* Entidades de los sectores agropecuarios.
* Instituciones eclesiales y pastorales.
* Movimientos comunales.
* Movimientos de mujeres.
* Sindicatos independientes.
* Movimientos ecologistas y ambientalistas.
* Entidades cívicas y patrióticas.
* Cámaras empresariales.
* Ciudadanos y ciudadanas.

En fe de lo anterior, firmamos a las diez horas del día diez de agosto del año dos mil cuatro, en la Ciudad de San José.

Organización y sigla
Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios
Nombre representante
Luis Alberto Coto Salas
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación de Talleres Integrales Costarricenses
Nombre representante
Eddy González Sánchez
Firma y Cédula

Organización y sigla
Federación Nacional de Organizaciones de Taxis
Nombre representante
José Rojas Hernández
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación de Transportistas de San Carlos
Nombre representante
Rafael Quesada Solís
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación de Taxis Independientes de Heredia
Nombre representante
Eligio Luna Vargas
Firma y Cédula

Organización y sigla
Sindicato Costarricense de Taxistas
Nombre representante
Hugo Chaves Miranda
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Nombre representante
Albino Vargas Barrantes
Firma y Cédula

Organización y sigla
Sindicato de Estudiantes Universitarios de Costa Rica
Nombre representante
Carlos G. Zúñiga F.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Instituto Defensoria Ciudadana
Nombre representante
Célimo Guido Cruz
Firma y Cédula

Organización y sigla
Cooperativa de Industrialización y Comercialización del Pacifico Sur
Nombre representante
Eliecer Hernández P.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Cooperativa de Transportistas del Valle R.L.
Nombre representante
Evelio Quesada G.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Unión Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores
Nombre representante
Jorge Mario Hidalgo Román
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación de Equipos Especiales Graneleros
Nombre representante
Luis Peraza D.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Sindicato de Traileros
Nombre representante
Quírico Alpizar H.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Cámara Sindical de Taxistas
Nombre representante
Luis Fernando Coto Morales
Firma y Cédula

1. El creciente y abrumador incremento en las tarifas de los servicios públicos y productos de consumo básico, angustian y socavan la estabilidad de la familia costarricense.

2. La política de salarios decrecientes impulsada por la actual administración, profundiza la desestabilización familiar, provocada por el alto costo de la vida.

3. La total ausencia de políticas públicas para el desarrollo e impulso de la pequeña y mediana empresa, en el agro, el transporte y la industria, amenaza con la desaparición de importantes sectores productivos.

4. Los abusos del monopolio privado e ilegal de la revisión técnica tienen en vilo a todos los propietarios y conductores de vehículos del país, por los constantes aumentos en controles bastantes cuestionables y subida de tarifas.

5. Esta amenaza se potencia a la luz de los “acuerdos” contenidos en el TLC, tratado que de ratificarse por la Asamblea Legislativa, no solamente entrega nuestra institucionalidad al capital privado; sino que además condena a la desaparición del mercado, de un importante número de pequeñas y medianas empresas, sobre todo la dedicadas a la agro industria, así como otras de fármacos y de transporte.

Instamos a toda la comunidad nacional, y sobre todo a todos los grupos laborales, sociales y productivos, para mejorar las articulación de nuestros esfuerzos y acciones, con el fin de realizar una gran jornada de movilización nacional, con el afán de detener el avance de estas políticas neoliberales y exigir del Gobierno de la República, que sean atendidas de urgencia las demandas más sentidas de la comunidad nacional y sus organizaciones sociales.

Atentamente,

Edgar Morales Quesada
Coordinador PSCC – C.R.

San José, 9 de agosto del 2004.

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c.c. Casa Presidencial
c.c. Organizaciones Sociales de C.R.

Mañana jueves 5 de agosto, a las 9:30 de la mañana, los trabajadores del servicio público de emisión de licencias de conducir, desean hablarle a la opinión pública acerca del problema surgido en las últimas horas y que ha paralizado el importante servicio que brindan a la ciudadanía.

Esta Conferencia de Prensa tendrá lugar en la sede de este servicio, ubicado en las inmediaciones de la Plaza González Víquez.

Anticipadamente, agradecemos la valiosa cooperación de los distintos medios de comunicación colectiva para poder explicarle a la ciudadanía sobre los inconvenientes de los últimos días.

San José, 4 de agosto de 2004.

Efectivamente, su máximo titular, el Lic. José Manuel Echandi Meza, reconoció en entrevista periodística que acaba de publicarse que “El 46 % del impuesto de ventas no se paga y esto representa 188.000 millones que se dejan de recaudar por año, …”.

Con semejante dato y con la credibilidad que le asiste a quien lo ha dado a conocer, el Gobierno de la República, particularmente su Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón, quedan en el más absoluto y profundo descrédito, sin la más mínima autoridad; para seguir argumentando que no se puede hacer un incremento salarial justo para la clase trabajadora del Sector Público, “porque no hay plata”. Esto es absolutamente falso.

Es más, El Ministro Dent le debe explicaciones serias al país. La Ley de Contingencia Fiscal le autorizó 5 mil millones de colones para fortalecer la Administración Tributaria, específicamente en el campo de la recaudación y no lo hizo. Esa ley le permitió la contratación de entre 250 y 300 profesionales para tal efecto y no lo hizo. Con esos recursos pudo comprar equipo de cómputo, de transporte y otros para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y no lo hizo.

El Ministro Dent no tiene autoridad moral para hablar del problema fiscal del país. El Ministro Dent tiene pendiente explicaciones profundas sobre el carácter de su gestión como responsable máximo de la administración tributaria costarricense. Es más, el Ministro Dent debe irse del Gobierno porque se ha convertido en un provocador de la confrontación social.

Ya no hay duda de cuánto repudio genera la imposición de un nuevo decretazo salarial. La propuesta del 4 % es humillante, totalmente injusta, senci-llamente inhumana. Ya se generaron las condiciones para una acción laboral de gran arti-culación, en medio de la diversidad gremial que se ha estado manifestando desde el 29 de junio a la fecha, contra la política salarial de la presente Administración. Grandes acontecimientos estarían por venir en los próximos días.

San José, 30 de julio de 2004.

Hacia fines de abril del presente año, a Caja Costarricense del Seguro Social (CSSS) nos convocó (junto a otras organizaciones sociales y productivas), para discutir la sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La comisión se compone de representantes empresariales, sociales y laborales puestos a analizar, discutir y hacer recomendaciones que mejoren la sostenibilidad financiera de IVM. Participan de esta comisión 16 representantes con voz y voto: 4 del Poder Ejecutivo (incluyendo la propia CCSS, el Instituto Nacional de las Mujeres INAMU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); 4 empresariales; 4 sindicalistas; 2 cooperativistas y 2 solidaristas). Además, 3 representantes con voz pero sin voto: Defensoría de los Habitantes, Superintendencia de Pensiones (SUPEN), y organizaciones de mujeres.

El objetivo de esta comisión es elaborar recomendaciones a la Junta Directiva de la CCSS, en un plazo de 4 a 6 meses. Este plazo se dividió en dos fases: Una de nivelación de información acerca de cuál es la situación que se enfrenta, y otra de elaboración e intercambio de propuestas para el fortalecimiento del régimen.

En CONACOOP y en ANEP se tiene plena claridad de que las pensiones son esenciales para una vida digna, entre quienes por alguna razón carecen de capacidades o posibilidades de generar ingresos propios durante o al final de la vida laboral activa.

En Costa Rica, la enorme mayoría (96,5 %) de las personas que contribuyen o gozan ya de una pensión, dependen del Régimen de IVM de la Caja. Este brinda pensiones por vejez (al final de la vida activa de quienes han cotizando); pensiones por invalidez (cuando un accidente interrumpe la capacidad de generar ingresos a una edad temprana); y pensiones por muerte (ante el fallecimiento de personas aseguradas que generaban los ingresos del hogar).

Las pensiones de IVM se financian con el aporte obligatorio de las personas asalariadas y con el aporte voluntario (aunque en proceso de volverse obligatorio), de las personas independientes. Del fondo común que se nutre con estos recursos, se van pagando y se pagarán las pensiones del 45 % de la población ocupada actualmente cubierta por el régimen de IVM. De acuerdo a la Caja, el sistema de pensiones enfrenta un grave problema.

Con las condiciones actuales, este fondo comenzaría a reducirse para llegar al año 2040 con mayores egresos que ingresos. Habría, por lo tanto, problemas para que las personas reciban las pensiones para las que cotizaron a lo largo de su vida. La pregunta es, ¿qué pasaría si cambiaran las condiciones actuales y qué condiciones habría que cambiar?

Según datos procesados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); carecen actualmente de todo aseguramiento 657,450 personas ocupadas, es decir, un 39% de la población ocupada. De éstas, casi la mitad, 300,000 personas, son trabajadores y trabajadoras independientes y el resto asalariadas. De todas las personas excluidas del sistema, 282.000 tienen capacidad contributiva plena (un 17% de la población ocupada) y 364.000 tienen capacidad contributiva parcial (un 19,5% de la población ocupada) y por lo tanto requieren de una mayor participación estatal.

Carecen, además, de una pensión propia, 720,000 personas que realizan trabajo no remunerado, en su mayoría mujeres, entre las cuales sólo el 13% tienen una pensión y sólo el 3% cotizan, a pesar de que muchas viven con hogares cuyos ingresos sería suficiente para contribuir a su seguro. En síntesis, estamos frente a dos Costa Rica: una incluida y la otra excluida de lo que la Constitución Política, en su Artículo 73, define como un derecho universal, equitativo y obligatorio.

Desde el CONACOOP y desde la ANEP consideramos que el dilema principal para enfrentar la reforma de IVM, es si debemos cambiar los principios que orientan el régimen de IVM; o si debemos cambiar los instrumentos de política que lo hacen posible.

A nivel de primer pilar, la Ley de Protección del Trabajador (LPT) aprobó medidas que más bien permitieran lo segundo, a través de la ampliación de las pensiones de IVM, en particular a los trabajadores y las trabajadoras independientes, como el próximo paso para inclinar la balanza hacia una y no hacia dos Costa Rica.

El principal dilema actual es proteger las pensiones de IVM para quienes ya están dentro, haciendo el ajuste entre las personas recién ingresadas y minimizando el esfuerzo de ampliación de cobertura (posición que sostienen algunos altos jerarcas de la CCSS); ó mejorar las pensiones de IVM para todas las personas, incluyendo nuevas pensiones para los que están fuera. ¡Desde CONACOOP y desde ANEP es en esto último en lo que estamos!

El 8 de julio de 2004, la Junta Directiva de la CCSS tomó un acuerdo en el cual definió los criterios que la Gerencia de Pensiones y la Comisión Social deben seguir para reformas el sistema de pensiones. Estos criterios son:

1. “Construir un escenario de reformas del IVM que cumpla con el mandato constitucional que define y orienta la CCSS; es decir, cumpliendo con los principios de universalidad, solidaridad y contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores.

2. Construir una reforma que parta de la plena implementación de las medidas contenidos en Ley de Protección al Trabajador y las complemente con medidas creativas e integrales acordes a los principios del sistema.

3. Construir una reforma que sea responsable con la sostenibilidad financiera de IVM, en función de los siguientes elementos:

1. Debe tratarse de una solución integral y, por lo tanto, incorporar un conjunto amplio de medidas que mejoren los ingresos del régimen y armonicen la relación entre ingresos y egresos.
2. Debe ser una solución estructural, para el mediano y largo plazo.
3. Debe proteger montos de pensiones robustos que permitan a las personas mantener niveles de vida adecuados, aunque carezcan de fondos complementarios de segundo o tercer pilar.
4. Debe buscar el fortalecimiento de la capacidad del régimen de IVM de integrar tanto sectores de altos recursos como sectores de escasos recursos. Comuníquese a la Gerencia de Pensiones y a la Comisión de Análisis de la Reforma al Régimen de Invalidez., Vejez y Muerte (IVM). Acuerdo firme.”

Desde el CONACOOP y desde la ANEP compartimos esos criterios.

En las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes nuestras propuestas para ser coherentes con estos criterios.

San José, 26 de julio del 2004

Albino Vargas Barrantes
ANEP

Víctor Hugo Morales Zapata
CONACOOP

Mañana miércoles 21 de julio, el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Ovidio Pacheco Salazar, recibirá en su despacho a representantes sindicales del Sector Municipal, para discutir el tema de la vigencia de las Convenciones Colectivas de Trabajo en este importante sector de la Administración Pública. Dicha cita será a las 10 de la mañana.

Para los empleados de las municipalidades de Costa Rica, es vital la existencia de tales convenciones, pues les da cierta garantía de estabilidad laboral, ante los embates electoreros de cada cuatro años, con las elecciones de alcalde y de los concejos.

Los lideres municipales necesitan saber la posición del Gobierno de la República al respecto y para eso han pedido la audiencia al jerarca de Trabajo y Seguridad Social, quien los recibirá mañana en su despacho.

No se descarta que en el futuro cercano, la defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo del Sector Municipal se hagan en las calle; sin embargo, se consideró necesario agotar todas las vías del diálogo antes de llegar a tales extremos.

San José, 20 de julio de 2004.

La actividad se iniciará a las 10 a.m., frente a la sede central de la Universidad Nacional (UNA), para culminar, luego de recorrer varias calles, en el Palacio de los Deportes.

Esta manifestación es organizada por el MOVIMIENTO CIVICO “HEREDIA POR MEDIA CALLE”, el cual aglutina a las fuerzas vivas de la comunidad florense: sectores cívicos, juntas de Salud, estudiantado, representaciones laborales y diversas agrupaciones comunales. La ANEP está integrando tal movimiento, en la persona de la señora Ligia Solís Solís, Directiva Nacional de esta agrupación y vecina de Barreal de Heredia.

La manifestación del MOVIMIENTO CÍVICO “HEREDIA POR MEDIA CALLE”, da continuidad a un proceso de manifestaciones de diversa naturaleza, en fechas sucesivas, hasta lograr que la Caja hable claro con relación al tema de la construcción del nuevo Hospital San Vicente de Paúl y se defina, conjuntamente con dichas fuerzas vivas, su futuro; especialmente en momentos en los cuales, está emitida una orden sanitaria de cierre de sus actuales instalaciones.

San José, 9 de julio de 2004.