Categoría: Opinión

Debilidades y complicidades, tácitas o explícitas, parecen conjurarse en esta difícil problemática del tráfico internacional de cocaína y otras drogas que pasan por el territorio costarricense ó que se quedan en él. Pero aún así, con toda la gravedad que esta delicada situación está representando, este no es el principal problema nacional.

Asaltos, robos, hurtos, asesinatos, estafas, violencia física en todas sus expresiones (doméstica, intrafamiliar, colegial, juvenil); en bares, fiestas, casas, centros laborales, carreteras, en la calle); intolerancias, abusos de toda naturaleza… Todo esto nos acongoja, nos hace sentirnos inseguros, tememos por nuestras personas queridas, salimos de la casa y no sabemos si volveremos a ella ó cómo volveremos (sin plata, asaltados, con una puñalada, golpeados, agredidos verbalmente, etc.). Hay una espiral de violencia, potenciada, por cierto, por el sensacionalismo mediático y la nota periodística roja. Pero aún así, con toda la gravedad de esta espiral de violencia en ascenso, la violencia criminal y similar no es el principal problema nacional.

Chorizos, corrupciones de toda laya (con concesiones sin transparencia, con consultorías fantasmas), tráfico de influencias, compra de conciencias, mordidas y sobornos (como las ofrecidas en el caso de los muelles de Limón); reparto de plata, comida y materiales de construcción entre la gente más pobre para ganar votaciones; etc., etc. Sentimos que toda esta corrupción, que pareciera no detenerse, lesiona la democracia, deteriora la legitimidad republicana, golpea la confianza ciudadana en las instituciones. Pero aún así, con toda la gravedad que esto representa, la corrupción no es el principal problema nacional.

¡No! Ni el narco, ni la violencia, ni la corrupción, gravísimos problemas en sí mismos, son el principal problema nacional. El principal problema nacional es el crecimiento de la desigualdad producto de una concentración abusiva de la riqueza; producto de un sistema tributario que tritura a “los de abajo” y que beneficia a “los de arriba; producto de actividades de micro, pequeña y mediana empresa dejadas “a la mano de Dios”; producto de políticas salariales restrictivas que han empobrecido y/o han dejado a la gente asalariada con altísimos niveles de endeudamiento; producto del deterioro de la calidad de los servicios públicos sociales afectados por restricciones presupuestarias que reducen su cobertura; en fin, producto de las políticas neoliberales altamente fracasadas en los propios Estados Unidos y en países de la Unión Europea (UE), como Portugal, Irlanda, Grecia, España… La desigualdad creciente, no la pobreza, es el principal problema nacional.

Que ahora no venga ningún cro-magnon en vela, con condena judicial incluida por violar derechos laborales, a descalificar la acción social de lucha sostenida durante todos estos años por amplísimos sectores (incluyendo sectores productivos y empresariales), a fin de evitar el deterioro de nuestra legendaria convivencia basada en el bien común; de la sociedad de relativa inclusión y de movilidad social que se había venido construyendo; de una patria de oportunidades que había sido ejemplo global, especialmente para Latinoamérica. Gigantesca lucha cívica tenemos por delante: volver a la senda de la promoción del bien común, de la integración social, de la equidad… y en tiempos de TLC’s.

Nada más trágico para el país que ni siquiera podamos, técnica y científicamente, auscultarnos de cuántos somos, de cómo estamos, de qué carecemos, de qué debemos planificar en el mediano y en largo plazo; si, verdaderamente, es sincero el discurso oficial de la política pública que debe centrarse en la búsqueda y en la promoción del bien común.

Consideramos que es un grave error estratégico cercenar el presupuesto necesario que para esos efectos ha solicitado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cifrado en la cantidad de 5 mil 372 millones de colones. Pero en la cartera de Hacienda le han aplicado un inmisericorde machetazo y han indicado que solamente podrán otorgar 2 mil 500 millones de colones.

Es decir que por una miopía política que, al final, pagaremos caro, se le quita al presupuesto para los censos nacionales del año entrante, unos 2 mil 800 millones de colones; cantidad ésta que fácilmente puede asignarse sin que nos “hundamos” más en el “precipicio” del déficit fiscal. ¿Es que en verdad nos estamos “hundiendo” por tal razón como dice el discurso oficial?

Esto de los censos nacionales previstos para el año entrante 2011, no es un asunto improvisado, que el INEC se sacó de la manga de la noche a la mañana. El altísimo profesionalismo, la solidez técnica y la gran solvencia moral que caracteriza al personal de esta importantísima institución de servicio público, ha estado trabajando desde hace mucho tiempo para que con los datos que se van a obtener, Costa Rica, puede pensarse a sí misma: qué va a hacer en materias de política pública tan sensibles como educación, seguridad, salud, infraestructura, asistencia y movilidad social, medio ambiente y otras.

Como país, promocionamos ante el mundo que le llevamos muchísima ventaja a otras naciones del orbe que tienen desafíos parecidos o perfiles más o menos similares al nuestro; nos damos el lujo de vanagloriarnos de que, en algunos campos, tenemos estándares sociales similares a los países más desarrollados, como los del norte de Europa. Es más, hasta pontificamos y les decimos a otros (teniendo ya como tenemos techo de vidrio), cómo deben practicarse los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero ¡oh paradoja! ¡Qué ridículo! No podemos realizar el censo nacional por un recorte absurdo, irracional, fuera de toda proporción, del presupuesto que, de manera absolutamente responsable, la gente del INEC ha previsto con toda seriedad.

¡Por favor! De manera vehemente le pedimos a la primera mandataria, al señor Ministro de Hacienda, que corrijan semejante error, más bien horror. El Censo Nacional es una decisión de país, no de un gobierno transitorio; es una cuestión de superior orden estratégico, no una política ocasional de cuatrienio gubernamental.

¿Qué será? ¿Será que a los sectores dominantes les da miedo que se dé una constatación estadística, profesionalmente incuestionable, con fuerte asidero científico, de qué, en verdad, estamos mal en muchos órdenes, como así lo siente a diario la gente, “los de abajo”; por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la desigualdad y en cuanto a la concentración de la riqueza?…

Solicitamos, respetuosamente, a la honorable Asamblea Legislativa que corrija en el trámite del presupuesto nacional del año entrante, la “metida de pata” del Gobierno en este asunto del financiamiento de los censos nacionales del año entrante. Se trata de una urgente necesidad nacional que ha de tener impacto en el desarrollo nacional venidero.

Sin embargo, en la formulación de propuestas de solución a esos problemas, hay una tendencia hacia la exclusión participativa de importantísimos segmentos de la sociedad a los cuales, pese a tener importantes niveles organizativos, de representatividad y de propuesta, se les niega posibilidades de ser tomados en cuenta, sencillamente porque no forman parte del quehacer “natural” de la política: los partidos que, monopólicamente hablando, controlan el ejercicio de la misma. El deterioro de su legitimidad se explica, en parte, porque no quieren entender que ese monopolio se les acabó.

La situación de exclusión participativa se torna más grave si nos fijamos en la importantísima cantidad de personas ciudadanas, básicamente de los sectores populares y medios, que no están en ninguna forma de organización por las más diversas razones.

Pese a esta situación, la dimensión de esos grandes problemas nacionales es de tal calibre que, al menos, esa “sociedad de los partidos políticos” debe considerar que en sí misma se queda ya corta para idear, buscar, diseñar e implementar nuevas políticas conducentes a la integración social, con la suficiente legitimidad y credibilidad como para relanzar un nuevo proyecto de país, con inclusión y con solidaridad.

Al recordar mañana los 150 años del asesinato político, vía fusilamiento, del hoy Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras (Juanito Mora), tenemos que resaltar su altísima capacidad de estadista convocante de un proceso de unidad nacional en un momento de gran amenaza al proyecto de país de entonces.

Y ahora que nuestra Patria se encamina hacia el bicentenario de su independencia política con respecto a España (estamos a una década, en el 2021, que no es nada en tiempo), debería emprenderse el más gigantesco esfuerzo de diálogo sociopolítico, de discusión nacional, de encuentro multisectorial, de convergencia patriótica para reconstruirnos, para recomponernos, para resignificarnos como Patria.

Esto es más que urgente en momentos en los cuales el deterioro de nuestra convivencia social y civil es tan evidente que sentimos que nuestro diario vivir es una amenaza en todos los órdenes, un miedo diverso producto de que hemos dejado crecer hasta niveles insospechados las injusticias: miedo a perder el empleo, miedo a que quiebre el negocio, miedo a empobrecernos más, miedo de la clase media a desaparecer, miedo al deterioro salarial, miedo a no encontrar trabajo, miedo a perder la vida en una acción violenta, miedo a la delincuencia, miedo por el futuro que se ve venir para nuestros hijos y nuestras hijas, miedo a la pérdida de valores, miedo por el avance de la insolidaridad y la indolencia, miedo al deterioro de la vida en familia, etc., etc.

“Los de arriba”, los poderosos y quienes a éstos sirven desde los partidos políticos, deben entender que si el país se ha vuelto ingobernable puede explicarse, en parte, por la lucha diaria de “los de abajo” para defenderse a sí misma y a sus personas queridas, a su lucha para enfrentarse a esos miedos, a la lucha por sobrevivir a la inseguridad de la existencia cotidiana, resistiendo al avance de tales amenazas.

Quizás pueda sonar simplista y excesivamente reduccionista indicar lo siguiente: Si no hacemos un esfuerzo nacional compartido para atajar, atenuar, aminorar, reducir y revertir el crecimiento de la desigualdad, la ingobernabilidad crecerá a tal nivel que flagelos sociales como el narcotráfico y la violencia, ya no tendrán posibilidad alguna de control; terminarán con todos, con “los de arriba” y con “los de abajo”. Ustedes, los del poder real, deberían promover ese diálogo nacional. Sin arrogarnos una representación que no ostentamos, podríamos decir que en el Movimiento Sindical Costarricense estamos listos para tal desafío. Don Juanito Mora, ¡vive!

El FCL es un acumulado porcentual correspondiente al 1.5 % del salario bruto que se ha ido depositando, mes a mes, a favor de la persona trabajadora durante este período de cinco años: 2006-2011. En términos generales, podría decirse que la cantidad promedio a retirar podría equivaler al monto de un aguinaldo, colones más, colones menos.

Sin embargo, hay otra gente que está pensando en que usted no retire esa platita. Efectivamente, está en la corriente legislativa el proyecto de ley No. 17.597, titulado “Ley de fortalecimiento del fondo de capitalización laboral como instrumento de protección contra el desempleo”. Vaya pomposo nombre.

La idea disgusta profundamente a muchísimas personas trabajadoras asalariadas que ya se han enterado al respecto. Nadie se opone a que en Costa Rica exista, algún día, un verdadero seguro de desempleo. Pero no con la plata de la gente asalariada ya sumamente empobrecida. Veamos:

La oposición fuerte que ya está en desarrollo, se basa en razones de lógica vivencial cotidiana de miles y miles de gente del trabajo asalariado que, producto de una sociedad en alocada carrera de concentración de la riqueza y de crecimiento sistemático de la desigualdad, está siendo víctima de males sociales como: a) Ajustes salariales paupérrimos; b) imposiciones de esas fijaciones por decretazo, sin negociación alguna; c) salarios decrecientes; d) ajustes por inflación vencida que se comen rápidamente el ajuste semestral; e) salarios mínimos indignos calculados con fórmulas viejas; f) y aún así, miles de personas ganan por debajo del mínimo legal o apenas están en él; g) miles de personas trabajadoras asalariadas están altamente endeudadas; h) fórmulas de cálculo de las variaciones de precios que no se ajustan a la realidad; i) sistema tributario injusto (pagan más lo que menos tienen, proporcionalmente hablando); d) deterioro de los servicios públicos sociales, limitaciones de acceso a ellos y otros concesionados y en vías de privatización; entre otros factores que marcan esa desigualdad.

Si además le agregamos que nadie tiene la menor idea de cómo se maneja esta plata; que no hay claras rendiciones de cuentas; que el sector bancario-financiero que las maneja es de los que más han ganado con las políticas neoliberales de los últimos tiempos; que no hay comités de transparencia compuestos por la gente del trabajo para fiscalizar bien con perspectiva “desde abajo” y no de la tecnocracia; que nadie entiende cómo se calculan los intereses; que esa muletilla de “rendimientos decrecientes” solamente implica menos plata en la cuenta de la gente; etc. ¿Entonces, cómo pretenden que la gente no se oponga a que le prohíban retirar esos dineros en marzo del año entrante? Miles pensamos que es ¡una salvada!

Así que no se rasguen las vestiduras porque los sindicatos del sector Público estamos alertando sobre el particular, ante la indefensión de que en estas cuestiones tienen miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Privado porque les impiden sindicalizarse. Estamos haciendo lo justo… Defienda su platita y alístese para salir a la calle cuando nos convoquen.

22 de setiembre de 2010

Aunque ha quedado en total evidencia, afortunadamente, la operación de espionaje político a que fue sometido el colega sindicalista don Jorge Arguedas Mora, reconocido luchador social en defensa del ICE, por órdenes expresas de las más altas autoridades de la institución en el período gubernamental anterior; estamos absolutamente convencidos de que no se trata de un caso aislado, además de que nos muestra un nuevo acto de abuso de poder, gestado, urdido y ocurrido en el gobierno de los hermanos Arias Sánchez.

El mérito de la denuncia pública que al efecto, de manera antinada y valiente, ha formulado el diputado don Luis Fishman Zozinsky, es de ponernos a pensar de que existe un patrón, sistemático, persistente, deliberadamente estructurado, de invadir la privacidad, de violentar la intimidad personal y familiar, de anular los derechos constitucionales, de grandes cantidades de compatriotas porque resultamos del desagrado de los reales detentadores del poder político en nuestra golpeada democracia.

Ya ha estado en la picota del señalamiento ciudadano el caso de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), por cuya disolución muchos sectores se han pronunciado. La DIS, cuyos agentes se infiltran en los eventos democráticos de manifestaciones cívicas y hasta en actividades en espacios cerrados de similar naturaleza, acumula una gran cantidad de expedientes, de archivos secretos, con fotos, con videos, con bitácoras de seguimiento y hasta con grabaciones telefónicas, acerca de las actividades realizadas por el activismo patriótico sostenido por parte de muchas personas y organizaciones. En verdad, ¿cuántas conversaciones telefónicas, suyas, nuestras, han sido escuchadas de manera ilegal? Acierta la actual dirección política del ICE en pedir si tales escuchas telefónicas se hicieron apegadas a la legalidad.

No podemos dejar de pensar en que, en el caso del espionaje al sindicalista don Jorge Arguedas Mora, la llamada “Dirección de Protección y Seguridad Institucional”, oficina del ICE que lo tuvo en seguimiento, que le puso un “fijo” durante once días continuos; ó bien, decidió en convertirse en la “competencia” de la DIS (en estas épocas de “aperturas”); ó, por el contrario, actuó con algún nivel de coordinación con la misma, por lo menos, en intercambio de información básica sobre las actividades de don Jorge, antes de estructurar las líneas de la operación de seguimiento personal a que él iba a ser sometido.

El espionaje político que hace la DIS, más el que ahora queda en evidencia ordenado por la anterior cúpula del ICE, socava, debilita, nuestra golpeada democracia y revelan el deterioro de un sistema político que parece hacer aguas por todo lado con su espiral de concentración de riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de violencia criminal desbordada, de corrupción sistemática por la colusión de intereses privados con la cosa pública y, ahora, con el destape del espionaje político violatorio de toda norma ética, moral, jurídica y constitucional. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias en este caso.

08-09-10

Estamos comprometidos con la defensa de su institucionalidad y por eso tenemos que llamar la atención acerca del momento político que esta importante institución, el banco de la gente del trabajo, está viviendo.

Al vencer el período actual de su junta directiva, cobra notoriedad la elección de la próxima. Se trata de la designación de siete personas: tres que nombra el Poder Ejecutivo (Gobierno) y cuatro que salen de su asamblea de trabajadores y de trabajadoras (ATTBP). Ésta se compone de 290 personas provenientes de diversos sectores sociales: cooperativismo, sindicalismo, solidarismo, comunalismo, magisterio, profesionales, artesanos, independientes (cuentapropistas) y otros. Hablamos de la elección de la nueva directiva que regirá los destinos de Banco Popular del 2010 al 2014.

Estamos intentando llamar la atención de la señora Presidenta, doña Laura Chinchilla Miranda en tal sentido. El gobierno anterior emitió un arbitrario decreto violentando la autonomía de elección de las cuatro personas que debe nombrar la ATTBP. Los hermanos Arias pretendían hacerse con el control del Banco Popular, al que “tirios y troyanos” le reconocen su importancia, su solidez financiera, su prestigio y el muy honroso tercer lugar que ya ostenta en el “ranking” bancario nacional.

Ese arbitrario decreto le pasó por encima a directrices de la propia Contraloría General de la República (CGR), acerca de cómo había que hacer el proceso en los sectores para la elección de esas 290 personas de la ATTBP. Tal fue el abuso que obligó a que el asunto fuese llevado a la Sala IV, donde está para su resolución. Como si no fuera suficiente, la propia Procuraduría General de la República, ha fijado posición indicando lo abusivo y arbitrario del decreto interventor de los hermanos Arias en los asuntos internos del proceso de elección de las 290 personas delegadas de la ATTBP.

En la noche de este lunes 16 de agosto, la Presidenta Chinchilla, habló de lo mismo: la reforma fiscal. Desde muchos lados ya se habla del tema. Ahora bien, desde el lado de “los de abajo”, preferimos hablar de transformación tributaria (aunque lo correcto debe ser hablar de revolución tributaria).

Hablando de transformación tributaria, hay tres cosas clarísimas.
1) El robo de impuestos anda por el orden del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. ¿De cuánto hablamos? Quizás hasta de ¡400 mil millones de colones por año!

• 2)* Proporcionalmente hablando, pagan más impuestos “los de abajo” que “los de arriba”. Es decir, el actual sistema tributario costarricense es regresivo cuando debe ser progresivo.

3) Urge fortalecer la gestión de cobro de impuestos y de sanción para los que se los roban, como hacen en Estados Unidos que penan con cárcel la evasión fiscal. Hemos llegado al “ridículo” de que solamente existen unos 80 policías fiscales en el país.

Por eso debemos desconfiar cuando desde el Gobierno se habla de “reforma fiscal”. Lo que se requiere es una transformación tributaria estructural; atacando, seriamente, cada uno de los tres aspectos mencionados. Si lo que pretenden es aumentar el impuesto sobre las ventas, hay que oponerse férreamente a ello, porque los principales golpeados serán los diversos sectores componentes de la clase trabajadora, especialmente los que menos ganan.

Llegó el turno de que “los de arriba” paguen por la lujuriosa, abusiva e indignamente fiesta de la concentración de la riqueza en que están viviendo. Las mayorías populares están abrumadas económicamente hablando y, por eso, los expertos más calificados hablan del crecimiento de la desigualdad como el principal problema del país. Los problemas de seguridad ciudadana se derivan, básicamente, por esta razón.

La transformación tributaria que demandamos, es aquella centrada en gravar los grandes capitales y las gigantescas fortunas junto a un fortalecimiento estratégico de la gestión pública de cobro de impuestos. Contratar más policías fiscales, por ejemplo.

Se impone la más grande movilización social para que haya una efectiva transformación tributaria. Por ejemplo, la gente trabajadora del sector Público, a la que le recetan los decretazos salariales pero que tiene mejores condiciones para salir a las calles, debe asumir esta tarea en nombre de todo el pueblo trabajador. ¡Preparémonos!

Nosotros pensamos que sí: el rumbo del desorden institucional, ahora más institucionalizado que antes. ¿Para qué?: A) Para que se afiancen más el crecimiento de la desigualdad; B) siga avanzando la concentración de la riqueza; C) continúe el deterioro salarial; D) prevalezca la limosna del asistencialismo social como reserva electoral de votos para la próxima campaña; E) se ensanche la doble moral del país en lo ambiental y ecológico; F) sigan los grandes negocios con los servicios públicos sin control en manos de unos grupos económicos cada vez más reducidos; G) se preserve la profunda injusticia tributaria y, por ejemplo, se renuncie a fortalecer la cartera de Hacienda en su ámbito recaudatorio como lo ordenó la Contraloría; H) seguridad ciudadana en el “limbo”, crisis penitenciaria hacia su profundización, militares gringos en suelo patrio enlodando el prestigio internacional del país; etc. … Desagreguemos algo de lo anterior.

El caso del agua. ¡Qué impresionante! Convertirla en negocio abierto completamente… La indignación de los sectores sociales que defienden su concepción como derecho humano fundamental, más la consecuencia política de varias fracciones parlamentarias con buenas dosis de decoro, afortunadamente, impidieron esta intentona de asalto social en contra del pueblo. Pero, ahora resulta que el principal socio político de la Presidenta Chinchilla, el partido libertario, tiene tantísimo poder en el Gobierno de ella que la obliga a bloquear una reforma constitucional para salvar el agua de la gente.

Lo de Crucitas es de antología. El macronegocio minero, aparte de nocivo para la vida humana, está convirtiendo en rehén al Estado, a la ciudadanía, a la gente, al pueblo, gracias a los buenos servicios del “judas vicepresidencial”, quien nos salió el mejor gerente corporativo que la empresa involucrada jamás pensó tener.

Ahora bien, ¿hay potencialidades de algo a favor de la gente? ¡Sí! Pero… Veamos. La “Campaña Nacional de Salario Mínimo”. ¡Buenísima! Pero de dónde sacarán la plata para fortalecer la Inspección de Trabajo (más personal, más recursos, más equipos). Nada se dijo al respecto. ¿Y qué pasa con quienes están ganando apenas el salario mínimo o un poquito por encima del mismo? Nada se dijo de cambiar la fórmula de cálculo cómo lo demanda la urgencia del empobrecimiento salarial.

En lo tributario: El plan para gravar los casinos, ¡bien! Pero ¿podrán si los libertarios tienen como rehén a la Presidenta Chinchilla? El plan para gravar las sociedades anónimas con 300 dólares. Parece bien, ¿pero porqué a todas por igual? ¿Y las sociedades anónimas de los tagarotes, grandotes, gigantes económicos, no deberían pagar más?

¿Por qué pensar en clavarle a la gente más en el impuesto de las ventas? Mejor éntrenle a las grandes rentas y/o a su espantosa evasión, si ésta anda por el orden del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Qué ridículo! El país tiene menos de 80 policías fiscales. ¡Nombren más gente! Así se da más empleo y se favorece al pueblo.

¡Ah, pero no! Mientras tanto, los salarios de la clase trabajadora del sector Público debe ser lo único que se sacrifique con los decretazos que ya empezaron; y, además, tras de que se les condena, a los empleados públicos y a las empleadas públicas a más congojas económicas producto de estos decretazos, ahora resulta que el banco de los trabajadores y de las trabajadoras, el de quienes laboran para ambos sectores (privado y público), debe ser el único que ponga plata para las “Redes de Cuido Infantil” (especie de privatización “creativa” de los CEN-CINAI), porque eso cuesta unos 28 mil millones de colones que no se tienen (por la gravedad del problema tributario) y, ¡qué bonito!, entonces, otra vez, que seamos “los de abajo” los que paguemos los platos rotos.

Y ni qué decir de la corruptela que representa el negociazo de la concesión de los muelles de Limón y de Moín. Hasta el empresariado exportador está asustado. Ahora pagan 98 dólares por movimiento de contenedor y los tagarotes enquistados por los hermanos Arias pretenden, ¡302 dólares! por movimiento de contenedor. Como gran “consuelo”, se les dice que no será esta cifra, que no se “preocupen, que pagarán “solamente ¡264! Al carajo la competitividad del país. Así que, por un lado, señora Presidenta, ¿por qué insistir en cargar con un muerto que no es suyo? ¡Declare desierta la licitación del chorizo, doña Laura! Hay soluciones alternativas, por supuesto. Por otra parte, es mejor que esa parte del personal del Japdeva que creyó en la “mordida” de los 80 mil millones de colones se vaya despidiendo de la misma.

Respetada Presidenta: Su gobierno puede tener otro rumbo: El de la gente. Con Diálogo Social. Cambie soledad por acompañamiento. Lo del frustrado aumentazo diputadil la catapultó a usted, señora Presidenta, en popularidad, pero bien recuerde que desde un inicio usted estuvo de acuerdo. Después rectificó cuando escucho el clamor popular. Eso demuestre que usted tiene capacidad de escucha y de rectificación. A los 100 días de su gobierno, puede hacerlo de nuevo. Pase a la historia.