Los delitos cívico-políticos de los hermanos Arias

Hay que recordar que don Oscar, el “presidente formal”, ganó la Presidencia de la República sin transparencia, casi llegando al límite del fraude, pues fue necesario esperar un mes y contar los votos uno a uno para determinar su “gane”.

El tribunal electoral (que luego le rendiría pleitesía), se negó a un auditoraje ante notables “inconsistencias”, como eufemísticamente se le llamó a los chanchullos que mancharon tal elección.

El dúo presidencial engañó, miserablemente, a la ciudadanía con la falsa promesa de una reforma tributaria. Es más, cometieron una estafa política porque anduvieron diciéndole a la gente que si le dábamos “su” TLC con Estados Unidos, compensarían sus efectos negativos con una reforma tributaria.

Obtuvieron ese tratado, en medio de las más escandalosas y sucias maniobras político-electorales, y nada de reforma tributaria. Los grandes capitales que ellos beneficiaron con “su” TLC, siguen sin pagar los impuestos directos que deberían aportar a la sociedad. Dejan las arcas vacías: ¿Y ahora cómo hará doña Laura para financiar las redes de cuido; para invertir los 57 mil millones de colones prometidos en seguridad; para los aumentos salariales?… ¿Se despedirá gente en el sector Público?…

Ésta, en su mayoría abrumadora, sigue castigada con una tributación indirecta, profundamente regresiva, que genera gigantescas injusticias y un no menos gigantesco proceso de concentración de riqueza que el dueto presidencial apuntaló indiscutiblemente.

“Ganaron” ese TLC con trampa, triquiñuelas y lograron que sus “leyes de implementación” se aprobaran, atropellando fuertemente la institucionalidad republicana; luego de que le doblaran el brazo a la constitucionalidad judicial; una vez que el tribunal electoral se les entregara en el proceso del referéndum sobre el TLC.

Quedará para la historia qué fue lo que ofrecieron, con qué amenazaron, cómo compraron, a los diversos altos jueces de la República, para lograr que éstos le abrieran de par en par las puertas al insaciable capital transnacional que ya ha empezado a devorar nuestra institucionalidad; especialmente la parte más sangrienta de ese capital: el centroamericano.
Nada hicieron por las miles de personas trabajadoras del sector Privado, que sufren estrechísimas situaciones económicas, pues ni siquiera ganan el salario mínimo de ley, ya de por sí bajo.

Para ser exactos, unas 600 mil personas son explotadas de manera inmisericorde, generando los fuertes segmentos de pobreza que, paradójicamente, son las bases electorales que a gente como los Arias les permite acceder al poder, pues es la base del clientelismo reproductor del sistema de exclusión social que se está entronizando en el país.
El asalto, por medio de Golpe de Estado, a la libertad y la autonomía sindicales, en el caso de los muelles de Limón y de Moín, buscando su privatización; es otro de los episodios más repudiables que protagonizaron los Arias.

Mientras dejan los CEN-CINAI en condiciones deplorables, a su personal en condiciones de sobreexplotación casi esclava, así como a miles de niñitos y de niñitas atendidos de manera precaria; la corruptela de la privatización de Japdeva llega al cinismo delicuencial más impresionante ejecutado por político alguno en el poder: ofrecer una mordida de ¡80 mil millones de colones¡ (80.000.000.000.00), para que se lo repartan 1.400 personas; el soborno más espectacular de la historia republicana costarricense.

Ni el 20 % de su oferta de vivienda, fueron capaces de honrar. Se atragantaron con almuerzos carísimos y mucha de la gente que, manipuladamente, les dio el voto, se quedaron burladas, “viendo para el ciprés”.

No más entrando a gobernar, don Oscar se fue a Ginebra, Suiza, a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para saldar la enorme deuda moral y ética del país con la legislación laboral internacional. Aquí también le tomaron el pelo a este relevante organismo mundial y le heredan un tortón a doña Laura, que ha de quedar expuesta como cabeza de un gobierno que deshonra su palabra empeñada ante la comunidad planetaria del mundo laboral.

También le hicieron trampa a la humanidad con el cuento de “paz con la naturaleza”. Nada más falso, demagógico y de doble moral. Crucitas, Baulas y el abandono criminal de muchos parques nacionales, desnudan completamente su desprecio por la Madre Tierra.

Finalmente, aunque se queda mucho más por decir, dejaron sentadas las bases para la reversión dramática de derechos laborales en el sector Público, con su proyecto de salario único. De la misma forma, dejan en el umbral del desempleo, a miles de humildes trabajadores municipales, con su ley de privatización de los servicios de las municipalidades; aprobando ésta a espaldas de la gente, sin transparencia, a hurtadillas. Le dejan a doña Laura un barril de pólvora con mecha incluida.

Y todavía tienen el cinismo de decir que le “devolvieron” la confianza a Costa Rica. Probablemente a la de los más de arriba, porque para quienes estamos abajo y en medio, la vivencia cotidiana es difícil, estresante, insegura, incierta…

Privatización de los servicios municipales

Esta ley, al consolidarse, tendrá varios efectos negativos de profunda repercusión social. Veamos dos de ellos.

Por un lado, el ingreso masivo de capital privado a los servicios públicos municipales encarecerá éstos, dada la lógica de ganancia que implica privatizar tales servicios. La gente en las comunidades, especialmente de los sectores populares y medios, tendrá que pagar una mayor cantidad de impuestos municipales para hacer “rentable” la inserción de capital privado en la actividad municipal.

Por otro lado, esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales ha de provocar despidos, reducción de derechos laborales y sociales, bajas salariales, eliminación de las convenciones colectivas de trabajo, existentes y/o futuras, de las municipalidades. Además se dará una profunda represión de toda forma de organización sindical, como suele suceder en la empresa privada.

Ahora se explica con absoluta claridad las verdaderas intenciones de otra ley, también aprobada recientemente y que también tiene que ver con el régimen municipal, la “Ley General de Transferencia de Competencia a las Municipalidades”. Con esta ley se dará un impresionante flujo de recursos financieros para los municipios desde el Presupuesto Nacional-Gobierno Central (del orden del 10 %). Entonces, tan enorme cantidad de plata será para favorecer las rentas de los negocios empresariales que vendrán con la privatización de servicios públicos municipales que se autorizan al margen de esta otra ley, la “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.

Igual de relevante serán los espacios que se abren para todo tipo de tráfico de influencias y de abierta corrupción, desde los sectores jerárquicos político-gerenciales de las alcaldías y concejos municipales; pues la impresionante y astronómica cantidad de recursos que les dará el Gobierno, desatará las más insospechadas apetencias de enriquecimiento fácil con los servicios municipales convertidos en negocios privados.

Denunciamos que ni la ANEP ni otros gremios municipales fuimos consultados y/o convocados para dar nuestra opinión durante todo el artero y oscuro proceso de tramitación parlamentaria de la ley privatizadora de los servicios públicos municipales. Estamos seguros de que, tampoco, fue tomado el parecer de organizaciones ciudadanas, comunales, vecinales, cívicas y/o patrióticas.

Esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales plantea dos alternativas ante su realidad. “Llorar sobre la leche derramada” es una, quedándonos en la crítica y/o en la autocrítica por carencias preventivas en cuanto a quienes, obligadamente, nos correspondía un eficiente monitoreo de las movidas, por lo general oscuras, que se dan en un parlamento neoliberal como el saliente (con las honrosas excepciones que tienen nombre y apellidos); un parlamento dócil, complaciente, funcional al sistema de la hegemonía del capital.

La otra alternativa. La realmente democrática. La lucha que hay que dar por parte de importantes grupos laborales municipales, a favor de la comunidad y por la defensa de las conquistas y derechos sociolaborales del personal de los municipios de Costa Rica y sus respectivas familias.

Nos matriculamos en esta segunda alternativa. Por eso hacemos un vehemente llamado para que empecemos este jueves 29 de abril, uniéndonos a la manifestación que se está convocando en contra de la ley del “Salario Único”, proyecto “gemelo” del municipal. Ambos son hijos del TLC con los Estados Unidos y los TLC’s que están en seguidilla: Singapur, China y la Unión Europea (UE). Igualmente, un segundo momento de lucha en ambas situaciones, será este sábado Primero de Mayo. No hay de otra. Con la democracia de la calle hay que enfrentar la “dictadura en democracia”.

Además, hay que desarrollar una ofensiva de denuncia, de esclarecimiento, de concientización hacia las comunidades, para involucrarlas en esta enorme lucha que ya se está perfilando; habida cuenta de que con la ley privatizadora de los servicios municipales, la gente tendrá que pagar más impuestos municipales.

Para el viernes 14 de mayo, se dará, en San José, una gran reunión nacional de representantes laborales y gremiales de los 81 municipios del país y de representaciones comunales de diverso orden.

Estamos absolutamente claros de que se ocupará de una gigantesca fuerza laboral en movilización, así como de un gran apoyo comunal-ciudadano para combatir la ley de privatización municipal. Es la única forma de evitar el desenfreno del negocio privado con la actividad municipal.

No hay duda de que ya estamos, como sociedad y como país, en tiempos de TLC’s. La ley de privatización municipal es parte del marco político-ideológico de la hegemonía del capital. Llamamos hegemonía del capital a la insaciable voracidad por acumular plata, que caracteriza a pequeños pero poderosos grupos de empresarios, los cuales buscan apropiarse de todos los servicios públicos que el país ha tenido para promover el bien común, para transformarlos en fuentes de enriquecimiento privado. Ahora le tocó el turno a los servicios públicos municipales.

Clase trabajadora del Sector Público: ¡A movilización general!

Y hablamos del capital más egoísta, codicioso, corrupto, sin piedad, concentrador abusivo de la riqueza; y, con un fuerte componente sangriento por la inserción en la política costarricense de capital centroamericano acostumbrado a los asesinatos colectivos y/o selectivos para acallar toda forma de protesta y de resistencia a su dominación inmisericorde.

En el caso de Centroamérica, por ejemplo, ese tipo de capital es el responsable de los constantes asesinatos políticos de sindicalistas y líderes sociales, hombres y mujeres, en Guatemala y en Honduras, los dos casos más dramáticos en estos momentos; pero también, en menor grado, en Panamá se han asesinado luchadores por la justicia social en los últimos años.

En Costa Rica, en estos momentos, hay un conjura político-ideológica en las más altas esferas del poder para que, en un plazo de cinco años, los sindicatos del sector Público (que son fuerte soporte de lucha contra las injusticias laborales y sociales), queden liquidados totalmente, o bien, reducidos a su mínima expresión.

Informes en nuestro poder, de fuentes absolutamente confiables, nos indican de la conformación de una especie de comisión estratégica (de la cual ya está formando parte un cura católico pagado por el gran capital y cuya patológica aversión al sindicalismo es ampliamente conocida en el país), que se está dedicando, con visión de mediano y de largo plazo, para “asesinar”, civil y políticamente hablando, el ideal sindical.

Para la instauración plena de la hegemonía del capital en Costa Rica, la actividad sindical, en estos tiempos de TLC’s, sigue siendo uno de los principales “problemas” a vencer, dentro de ese proceso estratégico global de apropiación privada de lo que queda del patrimonio público, de reversión de conquistas de la clase trabajadora (“flexibilidad” laboral), de “centroamericanizarnos” salarialmente hablando y de hacer una radical nivelación, hacia abajo, de condiciones de empleo y de salarios entre las clases trabajadoras con empleo formal de los sectores Público y Privado.

Hoy, por esta vía (exaltando una vez más la relevancia que tiene para nuestra maltrecha democracia la existencia de un periódico como Diario Extra que sí practica la libertad de expresión sin restricciones), hacemos un vehemente llamado a toda la clase trabajadora del sector Público, a esos hombres y a esas mujeres personas asalariadas de las bases laborales del Estado Costarricense, así como a sus familias, para que se movilicen, para que salgan a la calle, para que no permitan que ese capital hegemónico y sangriento les arrebate derechos, les suma en la miseria y les denigre en grado sumo, pisoteando su dignidad en cuanto seres humanos.

Los hermanos Arias Sánchez, gerentes estratégicos de ese capital hegemónico y sangriento (los hermanos Tinoco del siglo XXI como les ha llamado un colega sindicalista), cumpliendo su misión político-ideológica de mediano y de largo plazo, pretenden abolir, reducir, arriesgar, aminorar, flexibilizar, revertir, una serie de derechos y conquistas laborales de las personas trabajadoras del sector Público, acumuladas a lo largo de las últimas seis décadas de vida republicana costarricense.

Con tales nefastos propósitos, uno de los capataces políticos de los hermanos Arias Sánchez, el ya saliente diputado Jorge Luis Méndez Zamora, “inspirado” en el trabajo que al efecto se desarrolló en el seno del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), presentó el proyecto de ley, expediente legislativo No. 17.628, denominado “Ley General de la Relación Pública de Servicio y Modificación del Estatuto de Servicio Civil, Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953 y sus reformas”. Adobado con algunos “espejismos”, el ataque es frontal a la transformación estructural de las condiciones de empleo en el Estado costarricense, buscando la famosa “competitividad” de los TLC’s.

En estos tiempos de TLC’s, que son de concentración abusiva de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; de la asfixia de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas; de asalto organizado con ropaje legal a las finanzas públicas (vía altísimos aumentos salariales de la cúpula político-gerencial del Estado, de las concesiones, de las consultorías, del tráfico descarado de influencias, de sentencias judiciales para asegurar todo tipo de negocios hasta los que atentan contra la Ecología y contra la vida, etc.); este proyecto representa un atentado descomunal contra las condiciones laborales y sociales de empleo en el sector Público; y, por ende, un atentado estratégico contra los sindicatos estatales hasta hoy defensores de las mismas.

Esta situación no puede más que obligarnos a hacer un llamado vehemente a la movilización general de las personas trabajadoras del Estado y de sus respectivas familias. Hablamos de más de un millón de personas, si contamos también la enorme cantidad de gente en actividades de negocios que se derivan de los salarios que mes a mes circulan desde el sector Público hacia la economía.

El proyecto aplica para el Gobierno Central y todos sus entes (Servicio Civil), a las municipalidades, al sector Educación, al Poder Judicial, a las instituciones de todo nivel del Estado. Que nunca se diga que no se lo dijimos. Cumplimos nuestra misión de lanzar esta alerta general. Para empezar la lucha, salga a la calle con su familia este Primero de Mayo.

Primero de Mayo: ¡A las calles!

Pero, ¿qué hay con el poder real?… Somos de la tesis de que, con matices, unos visibles y otros no tan visibles (aunque éstos mucho más potentes), entramos a nueva fase donde la hegemonía del capital ha de imperar en la promoción de las principales decisiones políticas del período presidencial por venir y del nuevo parlamento.

Es más, hay ya señales clarísimas de que por más apertura al diálogo que las nuevas autoridades ejecutivas ya están demostrando (lo cual celebramos), la correlación de fuerzas es favorable a aquella parte del capital matriculado con la enfermiza obsesión de acumulación desenfrenada de riqueza en contra del bien común. Un ejemplo de ello es el dato de las utilidades que en el 2009 obtuvieron los banqueros privados: más de 40 mil millones de colones. ¡Y eso que decían que estábamos en “crisis”! ¿Cuánto de esta plata fue objeto de pago justo de impuestos?…

La privatización próxima, vía “apertura”, de la parte eléctrica del ICE; la continuación del proceso de privatización de los muelles del Atlántico, intermediando la más gigantesca corruptela de la vida republicana costarricense (la mordida de los 80 mil millones de colones); la ya anunciada negativa a la promoción de una reforma tributaria de carácter progresivo (para meter en verdadero control impositivo al gran capital ahora hegemónico); un proyecto de Empleo Público para reducir derechos de las personas trabajadoras del sector Público; la pretensión de darle rango constitucional al solidarismo para instrumentarlo con sentido perverso y así avanzar más hacia la liquidación total del Movimiento Sindical Costarricense; entre otros elementos, auguran que ese poder real hegemónico del capital abusivo y concentrador de riqueza ha de incrementar su peso político en el Ejecutivo por venir, en el Legislativo que se inaugura este venidero Primero de Mayo y hasta en la esfera judicial, como ya más que comprobado está.

Es en tal perspectiva que desde nuestra óptica social, el desafío histórico inmediato es relanzar la más fuerte acción de movilización ciudadana para, al menos, atenuar la nueva vorágine desenfrenada que se avecina de parte de ese gran capital, ahora en posición abiertamente hegemónica, pese a las relevantes señales de diálogo que se están haciendo evidentes y que nosotros hemos aceptado de buena fe, arriesgándonos al otorgamiento de una “cajita blanca”.

Hasta el último segundo de nuestro mandato organizacional, sindical y social, hemos de insistir en el poder que tiene la Democracia de la Calle, de igual relieve estratégico que la Democracia de las Urnas, aunque en este caso, el verdadero poder es el de la plata, mientras que en el primero el verdadero poder es el de la Gente.

Esa hegemonía desenfrenada del capital abusivo y concentrador de la riqueza, está impregnada, en gran medida, por el peso que dentro de la misma tienen los sangrientos capitales centroamericanos afincados en el país.

Si no que nos lo diga el ya saliente Ministro de Economía, don Eduardo Sibaja Arias, quien, tratando de regular el desenfreno del mercado de las tarjetas de crédito, impulsando un reglamento para intentar controlar la agresión a los clientes, se dejó decir que “las presiones en contra del mismo vienen del principal emisor de las tarjetas de crédito; es una entidad que opera desde Miami y cuyos principales socios son nicaragüenses.”

Pues es este tipo de capital, contaminado con sangre, el que ha venido a afincarse en suelo costarricense desarrollando insospechados tentáculos de poder dentro de nuestra institucionalidad republicana.

Debemos salir, en gran unidad sociolaboral y cívico-patriótica, nuevamente, a las calles. A la hegemonía del capital en abierto desarrollo desenfrenado, debemos contraponerle la hegemonía de la ciudadanía en movilización pacífica, bajo el enorme significado de la Democracia de la Calle. La Democracia de la Calle fue soporte fundamental en procesos eleccionarios institucionales de nuestra historia nacional reciente. Solamente con el fraude, con la triquiñuela, con el clientelismo más espernible de los últimos tiempos, el poder a la Gente le fue arrebatado.

Hacemos una vehemente exhortación para que este venidero Primero de Mayo lo veamos como la meta de salida para la recomposición de nuestra potencia articuladora intersectorial. Exhibamos ese poder real, ese poder de la Gente, ese poder ciudadano inherente a la movilización cívica para que la Democracia tenga, al menos, los necesarios equilibrios que la hagan precisamente y verdaderamente real, no solamente formal.

Como personas trabajadoras asalariadas; como personas trabajadoras de la informalidad y por cuenta propia; como personas trabajadoras sin empleo; como personas trabajadoras activas pero no remuneradas (las amas de casa, por ejemplo); como personas trabajadoras en actividad propia de micro, de pequeña, de mediana empresa; como personas defensoras de los Derechos Humanos, contra toda forma de discriminación; como personas que repudiamos la intervención policial en las universidades públicas, violentando su sagrada autonomía, aunque fuera por motivos de carácter penal; como personas preocupadas y luchadoras contra el capital agresor de la Ecología y del Ambiente; como estudiantes, como juventud de futuro tan incierto; como personas de bien que luchamos al amparo del humanismo socialcristiano; todos y todas tenemos sobrados motivos para recomponer y relanzar la poderosa fuerza de articulación ciudadana en movilización organizada. Sí, otra vez, ¡a las calles! este Primero de Mayo.

11 de Abril – Mora y Cañas

A no ser por los desfiles de estudiantes de escuelas y colegios y el acto central con presencia gubernamental que, por lo general, tiene lugar en la ciudad de Alajuela, la verdad es que para la inmensa mayoría de los y de las costarricenses, tal celebración “ni fu ni fa”.

Nos han convertido, a no ser las calificadas excepciones de rigor, en un pueblo desmemoriado, como si no tuviéramos historia, como si no hubiésemos sido vanguardia en varios procesos sociohistóricos a nivel latinoamericano, como si nuestra vida como nación hubiese empezado ayer…

Incluso, en el seno de las conciencias cívicas de la Patria de hoy en día y en no pocas organizaciones que proclaman para sí la reivindicación de las mejores herencias de nuestra nacionalidad, el vacío histórico al respecto también es notable. De la crítica ni siquiera nos libramos nosotros mismos y las organizaciones sociales en las cuales militamos de manera directa.

La recuperación de la esencia de nuestro pasado histórico, con una nueva interpretación de su significado que rompa con la historiografía oficialista en el registro de eventos tan relevantes como el 11 de Abril, es una tarea pendiente, absolutamente revolucionaria; especialmente en los actuales momentos en que la hegemonía del capital, que es la que tiene la iniciativa política en el devenir de los asuntos nacionales, pretende borrar todo vestigio de esencia tica para terminar de atosigarnos con la cultura de la hamburguesa y todo su corolario psicosocial. Como indicamos, parece que nos han desmemoriado como nación, a no ser por las conmemoraciones “anecdóticas” que la historiografía oficial nos pide celebrar de manera “rutinaria”.

Por eso resulta relevante comentar el extraordinario acierto que ha tenido el actual y saliente Concejo Municipal de Puntarenas, según nos lo ha comunicado su distinguido alcalde, el Lic. Juan Luis Bolaños Alvarado, que ha declarado héroe de Puntarenas, al ilustre ciudadano de importantísimo papel histórico en los acontecimientos de 1856, don Juan Rafael Mora Porras, don “Juanito”.

Si ya para muchos “acordarnos” de Juan Santamaría no parece fácil, como tampoco lo es ubicar su figura y su rol en esa crucial época histórica de la naciente Costa Rica; peor es la suerte para con la memoria del legado de don “Juanito”, fusilado, sí fusilado, el 30 de setiembre de 1860, como parte de las derivaciones políticas por su gigantesco papel en el combate a los filibusteros de William Walker; crimen político que se cometió en la ciudad de Puntarenas y que en este año 2010, se cumple su sesquicentenario, los 150 años de tal magnicidio.

A no ser que estemos tan desinformados, la clase gobernante actual no se ha preocupado por el rescate de esta figura histórica con motivo de cumplirse 150 años del fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porras. ¡Qué bueno que sí lo hizo la Municipalidad de Puntarenas! Felicitamos a sus honorables regidores y regidoras y su alcalde por “recordarnos” de dónde vinimos, cómo llegamos aquí, qué fue lo que nos dejaron los hombres y las mujeres de la Patria, con el hombre genérico de “Juan Rafael Mora Porras”.

Porque además, ese cuentico de que William Walker era un “aventurero”, un “facineroso” , un “buscafortunas”, debe ser combatido históricamente, a la hora en que nos toque reescribir con profundidad ética sobre qué fue lo que le pasó, en verdad y en realidad, a la patria costarricense en 1856; y, cuál fueron esas profundas consecuencias como para que, por ejemplo, cuatro años después, en 1860, la élite dominante del momento (muy parecida o de la misma calaña que la actual), decidiera fusilar no solamente a don Juanito Mora Porras, sino a otra insigne figura que le acompañó en aquella gesta histórica, el general José María Cañas. Igualmente, unos 40 ciudadanos de ese entonces, puntarenenses de pura cepa, también fueron vilmente masacrados, asesinados, en lo que denominan como “la batalla de La Angostura”.

Ya para aquel momento, William Walker constituía una de las primeras ofensivas de la todavía élite gobernante de los Estados Unidos de América para apoderarse de las riquezas y de los territorios latinoamericanos. El contenido antiimperialista de la acción de don Juanito Mora Porras, del general José María Cañas, de Juan Santamaría, de los 40 puntarenenses caídos en La Angostura, de Pancha Carrasco; en fin, de los y de las patriotas de época, espera por una reinterpretación popular y por un rescate histórico que, afortunadamente, ya han empezado a hacerlo distinguidos costarricenses de hoy en día.

Lo que pasa es que, por supuesto, la divulgación de estas nuevas investigaciones históricas sobre los hechos del 56, no pueden competir en cuanto a conocimiento masivo con las siliconas y con los traseros de la “gran prensa”. ¡Gigante tarea tenemos por delante! Pero no se crean los filibusteros criollos de hoy en día que las cosas están “quietecitas”.

¿Educar para beber guaro?

Nada mejor para hablar del tema que tomar el criterio oficial de quienes tienen el conocimiento debido y, además, trabajan en el ramo de la política pública al respecto. Hablamos de la gente que labora en el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), una institución que debería ser estratégicamente fortalecida considerando el nivel de deterioro del entorno que, de manera amenazante y especialmente, cubre el desarrollo de la persona joven en Costa Rica.

Es bueno que se sepa que el IAFA no apoya ni apoyará la injerencia de la industria de bebidas alcohólicas en programas de prevención en centros educativos nacionales.

Se nos indica que desde el año 2001, el IAFA se pronunció con firmeza ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), en contra de la participación de la empresa Florida Ice & Farm con el programa “Sí es con alcohol, no es conmigo”, por entrar en franca contradicción con el programa elaborado por el IAFA, “Trazando el Camino”; programa que sí fue avalado por el MEP para ser aplicado en los centros educativos de segunda enseñanza, a partir de sétimo, octavo y noveno año.

Tenemos entendido que desde esa oportunidad el IAFA advertía y aún hoy lo sigue haciendo, indicando las posibles implicaciones negativas que este tipo de asociaciones puedan tener, tanto en la población beneficiaria, como en la relación que se tiene con organismos internacionales que han patrocinado y patrocinan los programas preventivos del IAFA, como es el caso concreto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por otra parte, resulta cuestionable que la empresa más poderosa del sector de las bebidas alcohólicas, bajo su nuevo nombre “Florida Bebidas”, destine un gran presupuesto para patrocinar eventos en los festejos de Palmares, fiestas cívicas, conciertos y entre otros, donde publicita el consumo de sus productos; mientras que por otra parte, insista en penetrar con “sus programas preventivos” en escuelas y colegios, con la anuencia de las autoridades de los ministerios Salud y MEP, muy a pesar de los argumentos técnicos del IAFA.

Aquí sería bueno que las máximas autoridades políticas de estas entidades, doña María Luisa Ávila Agüero y don Leonardo Garnier Rímolo, expliquen, sin rodeos, la posición oficial al respecto, máxime que ambos seguirán en sus cargos ministeriales.

Se nos explicó en el IAFA que el término moderación del consumo de alcohol, no es aplicable en población menor de edad. El universalizar la moderación implica abrir el camino para que los y las menores consideren que pueden entrar en contacto con el alcohol en condiciones seguras.

Esta afirmación es contraria a la posición que afirma que debe atrasarse la edad de inicio del consumo de alcohol mediante el desarrollo de habilidades que le permitan a esa población joven manejar la presión de grupo y la presión de las empresas productoras del alcohol; así como ayudarla a desarrollar resistencia y pensamiento crítico ante la publicidad de bebidas alcohólicas que seduce con un discurso de valores patrios y ecológicos.

Si las personas menores de edad presentan un consumo de alcohol, los programas indicados son recomendados, diseñados y aplicados en la población de alto riesgo que tiene, además del consumo, problemas de rendimiento escolar, deserción, problemas diversos de conducta.

Es en esta población donde se pueden atender las necesidades y situaciones específicas, pero de la mano de los programas de detección e intervención tempranas diseñados por el IAFA; dando cabida, además, a los programas preventivos para padres y madres de familia tendientes a desarrollar y fortalecer competencias y habilidades de comunicación, de puesta de límites en beneficio de los hijos y de las hijas.

En la otra acera, los creadores de publicidad de bebidas alcohólicas, bajo el ropaje de responsabilidad social, tratan de convencer a los y a las costarricenses de su compromiso solidario con la salud. Su mano ha tocado tanto la legislación nacional como la Ley de Tránsito, así como todo aquel tema y programa que afecte sus intereses económicos.

Somos conscientes de que el IAFA aboga y eleva su voz porque los programas de prevención sean en beneficio de nuestra niñez y de nuestra juventud; no de los intereses particulares de quienes lucran con el consumo de alcohol.

La industria de bebidas alcohólicas si puede tener voz, debe ser en advertir (léase advertir, que es muy distinto a educar), sobre los riesgos en poblaciones de mujeres embarazadas, en menores de edad; alertando sobre los riesgos del alcohol en accidentes de tránsito y en el manejo de maquinarias bajo los efectos del alcohol. Asimismo en personas afectadas por VIH que están bajo tratamiento médico, personas hipertensas y diabéticas entre otros.

El IAFA advierte que es necesario fortalecer e impulsar la “Política de Alcohol” en Costa Rica, de manera que se logre tener claridad de cuáles son las instancias y actores responsables de velar por la niñez y por la juventud del país, en temas de este interés y en consonancia con los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés); así como los de la RIPED (Red Internacional para la Prevención del Consumo de Drogas.

Finalmente, sentimos que ya la oposición ciudadana es tan abrumadoramente mayoritaria que la Asamblea Legislativa saliente, no puede ignorar que la gente quiere que el límite de tolerancia de ingesta de guaro se mantenga como está en la actual ley de tránsito.

Conductores ebrios y muertes ciudadanas: Emplazamiento a la señora diputada Andrea Morales Día

Impacta sobremanera la circunstancia de ser testigos como sociedad, de la muerte de personas jóvenes cuando éstas estaban en la plenitud de su desarrollo individual, familiar y productivo.

Solamente aquellas personas familiares de la víctima pueden experimentar el profundo dolor de una situación de tanta tristeza e indignidad, los demás no… hasta que nos pueda suceder lo mismo. Aunque podríamos imaginar cuánto dolor puede ser eso, como no nos ha pasado, no atinamos ni siquiera a describirlo. Debe ser terrible y tan sólo nos queda la compasión humana para solidarizarnos con quien sufra tanto pesar, por un lado; y, por otro, no perder la cualidad de indignarnos ante tanta irresponsabilidad y tanta injusticia.

Usted como persona joven de la política nacional, ha dejado impactado a mucha gente a raíz de su militancia activa para evitar que la tolerancia de alcohol establecida en la nueva Ley de Tránsito para conducir, se quede en la cifra originalmente prevista de 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre. Usted aboga, ardorosamente, para que tal cifra se “flexibilice” y se suba al 0.75 %.

No somos expertos en el tema y tratamos de informarnos al respecto. Una de nuestras consultas fue a la enciclopedia Wikipedia y nos encontramos este dato que sabemos usted no comparte: “Se considera un consumo excesivo diario, 40 gramos de alcohol en hombres, debido a su mayor tolerancia al alcohol, y 32 gramos de alcohol en mujeres”. Imagínese usted, entonces, que ya con 0.50 como está en la ley de tránsito actualmente vigente, ya habríamos pasado esa barrera,

Para nadie es un secreto que el límite máximo permitido de ebriedad al conducir de 0.50 todavía en vigencia, ha generado consecuencias negativas de carácter económico para las empresas fabricantes y/o distribuidores de diversos tipos de licores, especialmente la cerveza que es el consumo etílico más popular entre la población que usualmente ingiere licor.

Evidentemente, en consecuencia, si en el parlamento se reforma la actual Ley de Tránsito y tal límite se eleva a 0.75, habría una considerable reducción de las pérdidas económicas que, de manera presunta, el negocio licorero viene experimentando por el actual límite legal de 0.50 %.

Como persona legisladora de la República que todavía usted es y dada su posición totalmente pública a favor de la variación hacia arriba del controversial porcentaje, es necesario que, con todo respeto, le formulemos las siguientes preguntas, de manera pública y por esta vía.

Se las planteamos con todo respeto y desde una perspectiva de ciudadanía, a raíz de la especie que se esparce en corrillos intra y extraparlamentarios de que usted, presuntamente, estaría cabildeando tal reforma legislativa posiblemente para favorecer los poderosos intereses de negocios de una de esas empresas fabricantes de licor, la cual supuestamente está altamente afectada por la prolongación del actual límite de permisividad al conducir con ebriedad, en el 0.50. Al respecto, desearíamos que usted respondiera lo siguiente:

1. ¿Ha tenido usted contacto telefónico, recientemente, con representantes de las empresas relacionadas con la producción, venta, distribución y similares de licores y cervezas?

2. ¿Se ha cruzado usted, recientemente, comunicaciones escritas, vía fax, vía correo electrónico, vía correspondencia tradicional, con representantes, con ejecutivos, de ese tipo de empresas?

3. ¿Ha formulado su despacho, recientemente, algún tipo de consulta a esas empresas, relacionadas con la pretendida reforma de ley para reducir el porcentaje de tolerancia de licor al conducir de 0.50 a 0.75%?

4. ¿Ha visitado usted y/o representantes de su despacho, recientemente, oficinas de personas representantes, ejecutivas, de las empresas fabricantes-distribuidoras-vendedoras de licores y de cerveza?

5. ¿Ha recibido usted y/o representantes de su despacho, recientemente, a personas con las características de la pregunta anterior?

6. ¿Ha usted adquirido, recientemente, bienes muebles o inmuebles de considerable valor económico, que hayan sido tan notables públicamente, como supuestamente habría sido la adquisición un automóvil de reciente modelo?

7. ¿Quién o quiénes, qué entidad, pública y/o privada, le ha explicado a usted que subir de 0.50 a 0.75 % es un argumento técnico que valide la modificación del actual límite legal para conducir en estado de ebriedad?

Estimada señora diputada: Hemos recibido diversa información sobre su supuesto activismo a favor del interés de negocios inmerso en el cambio de esas cifras de tolerancia alcohólica. Como se siguen dando muertes tan injustas, tan crueles, tan sin sentido, recogiendo el dolor que embarga a los familiares de esas víctimas por la irresponsabilidad de conducir en estado de ebriedad, expresamos de esta forma nuestra solidaridad, personal y organizacional; por tanto, hemos decidido formularle, de manera pública, las preguntas anteriores.

Pensamos que es urgente la necesidad de que usted, de manera decidida, disipe esa especie de que, presuntamente en esta cuestión, su principal interés sería favorecer esos intereses de negocios y no las vidas humanas de compatriotas suyos expuestos a la muerte por tal circunstancia.

Confiando en la comprensión cabal de su parte de la necesidad de una referencia suya directa al respecto, nos despedimos con toda consideración y estima, anhelando un cambio radical de su posición al respecto.

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(Parte 3)

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Es que no es cosa de todos los días, la pretensión de darle una mordida, un soborno de 80 mil millones de colones a un grupo laboral del sector Público: las 1.400 personas trabajadoras de JAPDEVA, aunque ya quedó demostrado que la gran mayoría de las mismas no acepta tal corruptela.

¿Quién pondrá la plata para la mordida de los 80 mil millones de colones (137 millones de dólares? ¿Cuál es la eventual procedencia de esa gigantesca suma? ¿Cuál es el bufete que está sirviendo de “asesor jurídico”? ¿cuál es el monto de las eventuales comisiones, visibles e invisibles, en juego?

¿Será la eventual concesión de los muelles de Limón una “oportunidad” para lavar dinero del narcotráfico? ¿Cuáles son las empresas transnacionales que están ya “contactadas” para que entren en el “negocio”? ¿Cuáles son sus contrapartes, sus socios nacionales?…

Al hablar de tanta plata, surge una inmensa cantidad de preguntas pues es tanta la desesperación de los hermanos Arias en concretar este “negocio” que las interrogantes se multiplican en todas direcciones.

Deberían pensarlo dos veces, tres veces, más veces, tanto los que pretenden dar esa mordida como los que tienen aspiraciones de recibirla. Es que no es jugando enfrentarse con los oportunos contenidos de la Ley Contra la Corrupción y en Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento.

En dicha legislación, por ejemplo, se establecen delitos con severas consecuencias penales y civiles en materia de “tráfico de influencias”, “soborno transnacional”, “reconocimiento ilegal de beneficios laborales”, “influencia ilegal en contra de la Hacienda Pública”, “fraude de ley en la función administrativa”.

Evidentemente nuestra profesión no es el Derecho pero dada la magnitud del pretendido chorizo, hemos realizado consultas a especialistas y, en verdad, aquí hay mucha materia para que algunos de los más connotados involucrados en la pretendida mordida de los 80 mil millones de colones, se alisten para rendir cuentas; tanto los promotores de altísimo nivel político, como los_ “facilitadores”_ ubicados en el Ministerio de Trabajo, así como los testaferros_ “sindicalistas”_ de Japdeva inmersos en este nefasto precedente de “negocios” con la cosa pública.

Nuestro criterio es que las personas responsables de estos bochornosos acontecimientos deben dar cuentas en las instancias judiciales correspondientes, ya sea que se concrete o que no se concrete la pretensión de la mordida, del soborno, de los 80 mil millones de colones.

Por otra parte, en este sucio proceso, las monstruosidades jurídicas son tan evidentes y los atropellos al Estado de Derecho han sido tan vulgarmente evidentes que, al momento de escribir estas líneas, surgió un asomo de esperanza de que la ética, la moral y la transparencia de la cosa pública no está perdida del todo: el más alto tribunal de la República, la Sala IV, está estudiando un recurso de amparo constitucional interpuesto a favor de la legítima directiva del sindicato SINTRAJAP, cuyo actual mandato vence hasta enero del 2011 y que es a la cual se le dio un “Golpe de Estado”, precisamente por negarse a aceptar el soborno, la mordida, de los 80 mil millones de colones (80.000.000.000.00).

Porque los promotores de la privatización, vía concesión, de los muelles de Moín y de Limón, debieron haber usado las reglas de la democracia y esperar a que en el próximo proceso electoral de SINTRAJAP, el grupo afín a la “mordida” ganara las correspondientes elecciones sindicales, de tal suerte que tuvieran así la “herramienta legal” para legitimar el ofrecimiento de la mordida: un adendum a la actual Convención Colectiva de Trabajo de Japdeva; esa misma que ha sido acusada por la “gran” prensa de la oligarquía neoliberal de tener_ “odiosas prebendas”_, “vergonzosos privilegios”, “beneficios excesivos”.

¡Que ironía! Es a través de la vilipendiada, una y otra vez, Convención Colectiva de Japdeva que se pretende, vía adendum, legalizar la mordida, el soborno de los 80 mil millones de colones. ¿Acaso esto no es una odiosa prebenda, un vergonzoso privilegio, un beneficio excesivo que se quiere meter, a golpe de tambor, en la actual Convención Colectiva de Japdeva para que lo disfruten un grupo reducido de empleados a costa del aporte de toda la sociedad? ¡Ah!, ¡qué bonito! Ahora sí esa “gran” prensa no ataca la Convención Colectiva de Japdeva pero sí a los sindicalistas honestos que se oponen a que la misma se utilice para legalizar lo inmoral.

Por favor, reparen en esto. Se le dio un Golpe de Estado a la dirección sindical de SINTRAJAP que se ha opuesto a que en la actual Convención Colectiva de JAPDEVA se meta una cláusula, un adendum, para “legalizar”, para “legitimar”, la odiosa prebenda, al vergonzoso privilegio, al beneficio excesivo, de los 80 mil millones de colones. Este es el fondo del asunto. Ojalá que la justicia constitucional lo valore en toda su real dimensión.

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(Parte 2)

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Perdone usted que nos honra leyendo esta columna que seamos tan majaderos en este asunto. Pero es que nuestro enojo, nuestra indignación, nuestra molestia es tan grande porque de mi bolsillo, del suyo, del bolsillo del pueblo trabajador, y hasta del bolsillo de los empresarios exportadores (los micro, los pequeños, los medianos, incluso de los grandes), pretenden sacarnos tal cantidad de plata.

¿Para qué? Para pagar el soborno, para pagar una mordida a un grupo reducido de personas, la población trabajadora de JAPDEVA, que son unas 1.400 personas, a cambio de que éstas entreguen, a un monopolio privado transnacional y sus socios nacionales (¿los hermanos Arias incluidos?), los muelles de Limón y de Moín, por los cuales pasa el 80 % del comercio internacional de Costa Rica.

Será a la gente, al pueblo trabajador, al que obligarán a pagar ese montón de plata, porque las tarifas de uso de esos muelles subirán por las nubes, a fin de que quienes han de poner la plata para pagar esa mordida, recuperen lo más rápidamente posible su “inversión”, encareciéndonos a todos nosotros los precios intermedios y finales de la enorme cantidad de insumos y de productos que consumimos y que ingresan al país por Limón.

Nos cuesta entender cuán grande es esa cantidad de plata. Para que tengamos idea de cuánto dinero es de que estamos hablando, ponga cuidado.

Figúrese usted que con 80 mil millones de colones, podríamos beneficiar a 15.094 familias pobres, de cuatro miembros cada una, otorgándoles un bono de vivienda de 5 millones 300 mil colones por familia. En este caso, habría 60 mil 376 personas beneficiadas. ¡Y pretenden “repartir” esos 80 mil millones de colones entre 1.400 personas!

Con 80 mil millones de colones, se podría darle beca a 64 mil estudiantes nuevos, a 25 mil colones mensuales por cabeza y durante diez meses al año, durante cinco años para cada estudiante. En realidad, estamos hablando de 64 mil nuevos hogares beneficiados con becas “Avancemos”. ¡Y pretenden “repartir” esos 80 mil millones de colones entre 1.400 personas!

Con 80 mil millones de colones, se pueden construir 8 mil nuevas aulas, a un precio de 10 millones de colones cada una. Si esas aulas son para grupos de 25 alumnos de zonas de mucha pobreza o rurales, hablamos de beneficiar a 200 mil estudiantes que recibirían lecciones en un espacio digno. ¡Y pretenden “repartir” esos 80 mil millones de colones entre 1.400 personas!

Igualmente con esos 80 mil millones de colones, se podrían construir 533 nuevos Ebais, a un costo de 150 millones de colones cada uno; y si cada uno de esos Ebais atendiera a 1.500 habitantes, estaríamos hablando de 800 mil personas beneficiadas. ¡Y pretenden “repartir” esos 80 mil millones de colones entre 1.400 personas!

No le parece que ante semejante corruptela, deberíamos salir a las calles a repudiarla. Pensamos proponer una acción así en fecha próxima y ojalá contemos con su apoyo.

Ahora bien, afortunadamente, las reservas morales, el capital ético y la entereza honorable de la mayoría del pueblo trabajador de Japdeva, es impresionante. La mayoría de esas 1.400 personas potencialmente “beneficiadas” con esa mordida, rechazan que las metan en tal corruptela.

A usted, la_ “gran”_ prensa le oculta que hubo una legítima asamblea sindical convocada por la auténtica directiva del sindicato SINTRAJAP (la que no es afín a los hermanos Arias Sánchez, la que no está corrupta), que acordó rechazar ese soborno, de manera unánime. Además, acordó decirle al Ministerio de Trabajo que respete la democracia y la autonomía sindical y que reconozca la voluntad mayoritaria de la afiliación a SINTRAJAP que no está con la mordida de los 80 mil millones de colones; y, por tanto, la legítima dirección de este sindicato es aquella cuyo período vence en enero del 2011, la que está en contra del soborno.

Escojamos. Opción A: Con 80 mil millones de colones tendríamos, 60.376 personas beneficiadas con un bono de vivienda; ó 64 mil nuevos estudiantes con una beca de “Avancemos” (que representaría 64 mil nuevas familias beneficiadas); ó 200 mil alumnos recibiendo clases en una aula digna; ó 800 mil personas con acceso a un Ebais nuevo; ó, una combinación de las cuatro posibilidades de esta opción.

Opción B: Aceptar que esos 80 mil millones de colones se los “repartan” un reducido grupo de personas, contra toda ética, contra toda moral, contra toda legalidad; y, además, que los muelles de Limón y de Moín se los demos a una transnacional privada y sus inescrupulosos socios nacionales, pagando de nuestro bolsillo el monto de esa mordida. Nosotros preferimos la opción A. ¿Y usted?…

Finalmente, la pregunta sigue siendo válida: ¿Por qué la_ “gran”_ prensa no quiere que el pueblo tenga esta perspectiva de la mordida, del soborno de los 80 mil millones de colones?

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Sigue, continúa desenfrenado y contra toda ética, contra toda moral, contra toda decencia; sin pudor alguno, sin el menor sonrojo, el ataque coordinado desde varios flancos, especialmente el que en estos momentos se despliega a través de la_ “gran”_ prensa, en contra del Movimiento Sindical Costarricense; un ataque como jamás habíamos visto en las últimas décadas.

Los sindicatos hemos cometido la_ “herejía”_ de cuestionar el más grande chorizo nunca antes gestado desde las entrañas del poder político dominante, aprovechando posiciones públicas de poder político para favorecer un negociazo privado de unos cuantos.

Riteve y Alterra palidecen ante la magnitud del negocio de la privatización (vía “concesión”), de los muelles de Limón y de Moín; a cambio de un “pago”, de una mordida, de un soborno de ¡80 mil millones de colones!, para que se lo “repartan” entre 1.400 personas: el actual personal de Japdeva.

La cruzada fundamentalista antisindical por esta razón, ha llegado a impresionantes niveles de manipulación mediática, al punto de que varios enfoques de prensa destilan profundo odio, poniéndonos a los sindicalistas que nos oponemos a semejante chorizo, casi como delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes son los que están ofreciendo tal mordida, tal soborno.

Dice el artículo 52 de la Ley No. 8422,_ “Ley contra la corrupción y en enriquecimiento ilícito en la función pública”_ lo siguiente: “Artículo 52. Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita mano, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro”.

Más adelante dice: “Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los supremos poderes, …”.

Una gigantesca pregunta salta a flote al reparar en los alcances de esta avanzada ley anticorrupción: ¿Porqué esa prensa que destila odio antisindical no quiere que usted, la persona ciudadana común y corriente, la gente, el pueblo, se fije en lo que representa ofrecerle 80 mil millones de colones a 1.400 personas trabajadoras empleadas públicas, para qué faciliten, acepten la conceción-privatización de los muelles costarricenses de la costa atlántica de nuestro país?…

¿Por qué, prácticamente, todos esos enfoques de prensa con odio atacan a mansalva, sin asco, brutalmente, sin posibilidad de defensa alguna, a los sindicalistas de SINTRAJAP, a todos los sindicalistas, que nos estamos oponiendo a semejante chorizo, a semejante corruptela?…

Con base en esa ley, ¿no cree usted que los hermanos Arias Sánchez, su Ministro de Trabajo, el señor Álvaro González Alfaro; el Presidente Ejecutivo de JAPDEVA; el “sicario administrativo” del Golpe de Estado a SINTRAJAP (el señor Joaquín Orozco), no deberían estar siendo procesados ya, al menos indagados penalmente, por el Ministerio Público?…

Es impresionante, incluso, cómo ahora los amanuenses de tercera y los escribanos asalariados de la corrupción, a fuerza de argumentos, caen en el insulto personal para defender la indefendible: el pretendido pago de una mordida, de un soborno, de 80 mil millones de colones.

No importante que nos llamen comunistas, terroristas, homosexuales, desvergonzados, vagos, holgazanes, corruptos, traficantes, etc., etc.; pero la historia hará constar que el Movimiento Sindical Costarricense (completamente unido, sin distingos político-ideológicos), ha denunciado, está denunciando y seguirá denunciando, este gigantesco tráfico de influencias promovido desde la Casa Presidencial, con la connivencia espernible y sucia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); y, además, en medio de una operación psicológica de agresión terrorista a la población, a través de una campaña descarnada, para denigrar a los sindicalistas ya no solamente por oponernos a la indicada corruptela de los 80 mil millones de colones; sino porque estamos en contra de que sea el pueblo el que pague de sus empobrecidos bolsillos el precio de este negocio completamente oscuro.

Cuando se está hablando de pagar una mordida, un soborno, a contrapelo de la ley y en medio de un escandaloso tráfico de influencias, por un monto gigantesco de 80 mil millones de colones (137 millones de dólares); entonces, ¿cuánto se espera ganar después?; ¿cuánto deja la actividad portuaria de los muelles de Limón y de Moín?; ¿cuáles son las empresas que, finalmente, se dejarán para sí semejante dineral si se está dispuesto a “invertir” en una mordida de ¡80 mil millones de colones!… Los hermanos Arias Sánchez siguen sin decir nada al respecto.