Opinión

Nuevo gobierno y libertad sindical

Publicada el 22/07/2009 | por | Dejar un comentario

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Tal alianza está ejecutando una especie de traición a la Patria, exponiendo al nuevo gobierno que asumirá en mayo del 2010, al escarnio planetario, sobre todo porque Costa Rica pregona ante el mundo una conducta defensora de los Derechos Humanos y de respeto pleno al Derecho Internacional.

El irracional y antidemocrático “filibusterismo sombreado” que hoy impide votar el proyecto sobre Libertades Sindicales, dañaría seriamente a un eventual gobierno de la señora Laura Chinchilla, si ella gana las elecciones presidenciales de febrero entrante; pues en junio de 2010, la OIT pedirá cuentas al país de sus reiterados incumplimientos en esta materia y ya no podrá engañársele más. La condena será inevitable. Igual le sucederá a cualquier otro aspirante presidencial que triunfe en tales votaciones.

Más grave es la situación pues, adicionalmente, “Estados Unidos se pondrá duro con los gobiernos que no cumplan los acuerdos comerciales, incluidos los países que tengan prácticas laborales por debajo de los estándares”, según lo anunció el representante comercial, Ron Kirk. Esta noticia la publicó el propio periódico “La Nación”, gran opositor del citado proyecto. De nuestra parte, ya estamos alistando la denuncia correspondiente ante el gobierno del Presidente Obama, pues el proyecto de ley 13.475 precisamente tiene que ver con esos estándares laborales que hoy exigen los TLC’s promovidos por la nueva administración estadounidense.

El daño que le están haciendo al país sigue haciéndose más grande, ante la decisión de Banco Mundial para establecer, también en el 2010, su “indicador de protección al trabajador”; el cual deberá tener en cuenta aspectos tales como si un país adhiere a niveles estándar de protección laboral, y si aplica leyes, regulaciones y otros instrumentos para asegurar que los trabajadores están protegidos adecuadamente, incluso cuando quedan desempleados.

¿Con qué cara el país acudirá al Banco Mundial, a que le certifiquen “buena conducta”, si violamos la normativa de la OIT, parte esencial de ese nuevo “indicador de protección al trabajador”. También iremos al BM a formular la denuncia correspondiente, tal y como ya lo hicimos ante el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE), por intermedio de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Bien haría doña Laura, quien quiere ser Presidenta de Costa Rica, en preocuparse por la naturaleza del daño y de la bronca en que ya la están metiendo los diputados liberacionistas actuales que, supuestamente, le son “leales”; pues si ella gana en febrero entrante, a poco de haber asumido tendrá graves problemas, ya no solamente con la OIT, sino con el SGP-Plus de la Unión Europea (UE), con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y con el mismísimo Banco Mundial.

Doña Ofelia: Usted no debe ser la nueva Defensora

Publicada el 15/07/2009 | por | Dejar un comentario

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Ni por un momento, ni en la más mínima circunstancia, ponemos en duda su honorabilidad, ni su bagaje profesional, ni mucho menos su ética. Sin embargo, consultando y analizando luego, no vemos por ningún lado que reúna usted las condiciones necesarias que en los actuales momentos de nuestra querida Patria, se necesitan para asumir ese cargo de tanta relevancia; especialmente para los sectores ciudadanos de mayores vulnerabilidades y limitaciones, en cuanto a sus demandas y expectativas por una gestión activa, militante y comprometida en la defensa de los Derechos Humanos, en toda su gama y amplitud: políticos, económicos y sociales.

Tenemos entendido que usted, doña Ofelia, mostró oposición a varios proyectos de ley en los cuales, de una manera u otra, estaban involucrados principios y concepciones relacionadas con los Derechos Humanos. Dos en el plano laboral: la ley que estableció para los saloneros y las saloneras, que la propina es parte consuntancial al salario; y el otro, la ley que regula el horario de las trabajadoras domésticas, proyecto que, según tenemos entendido, podría ser vetado por la Casa Presidencial. El otro proyecto al que usted se opuso, buscó establecer como sanción el castigo físico infantil, ¡nada más y nada menos! Fíjese usted, distinguida señora diputada, qué preocupante es si usted está en la Defensoría con semejantes antecedentes en materia de Derechos Humanos.

Otra circunstancia de enorme cuidado para que se objete su aspiración, es que la misma habría surgido como una especie de pacto, un “premio de consolidación” que don Oscar Arias le ofreció a usted, a cambio de su renuncia a las aspiraciones de llegar a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en la última elección parlamentaria del pasado mes de mayo; para así dejarle el camino libre a don Francisco Antonio Pacheco quien, en aras de su “pase” a la historia nacional, anhelaba llegar por cuarto año consecutivo a presidir el parlamento en un solo período constitucional.

Comprenderá usted, doña Ofelia, que tan sensible cargo para la gente desprotegida del país, no puede ser un “toma y daca”; además de que, filosófica y políticamente hablando usted (con todo su derecho, eso sí), comulga con una visión de país, la neoliberal, con la cual no empatamos más de la mitad de la población costarricense.

Por otra parte, hemos revisado, muy generalmente, su palmarés de gestión parlamentaria y, para serle muy sincero, en los proyectos de ley que, de una forma u otra han contado con su firma y/o su apoyo, no encontramos pretensiones legislativas de alta trascendencia en materia de Derechos Humanos y en materia de defensa de la institucionalidad pública al servicio de las mayorías, sobre todo, en materia de impacto social.

A la honorable Asamblea Legislativa actual que le ha de corresponder tan importante legislación, le expresamos, con todo respeto, que la persona que ha de ser la nueva Defensora de los Habitantes de la República, hombre ó mujer, debe mostrar una trayectoria de alta sensibilidad en materia de vulnerabilidad social asociada a los Derechos Humanos.

Además, debe mostrar con acciones concretas el uso anterior de ese don a su aspiración a tal cargo, con sinceros deseos de servir a sus semejantes y no como “premio de consolación”. Sin nada personal y con todo respeto.

La naturaleza golpista de las oligarquías latinoamericanas

Publicada el 01/07/2009 | por | Dejar un comentario

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El Presidente Zelaya cometió el “delito” de sensibilizarse acerca de la espantosa pobreza imperante en su país, precisamente por la codiciosa y desenfrenada voracidad de riqueza de esa oligarquía golpista de toda una vida; oligarquía que, por cierto, tiene en Costa Rica su buena cantidad de amigos y socios de negocios.

Y es que no debemos olvidarnos de que con tal de mantener el poder y su abominable sistema de concentración de riqueza, esas oligarquías son capaces de todo: matar, asesinar, comprar conciencias, corromper sueños y destruir ilusiones; exiliar, torturar, desaparecer y dar golpes de Estado; estafar, alterar mercados, tipos de cambio, etc.; concesionar, privatizar, ofrecer sobornos y dádivas; construir monopolios y oligopolios; manipular opinión pública, engañar, desinformar, excluir sectores, invisibilizar opiniones distintas; hacer juicios sumarios y condenar a priori; mentir descaradamente; arreglan encuestas y suben y bajan figuras según sus intereses de negocios; intoxican con novelas baratas, relajan valores morales y predican el culto al dinero, al consumismo, a la banalidad y a la promiscuidad con la “telebasura”, a fin de adormecer y domeñar la conciencia popular.

Ese tipo de oligarquía la vimos actuar en Costa Rica con ocasión de la lucha contra el TLC: mintió, manipuló, compró votos, repartió comestibles, latas de zinc, sacos de cemento, dinero en efectivo, arregló encuestas, etc.; todo a falta de ideas y ante la pobreza de argumentos. Sus grandes medios de comunicación, insultaron, denegaron derechos de respuesta, calumniaron, difamaron e injuriaron a todos cuantos nos pusimos a “su” TLC. Desdibujaban, escondían, invisibilizaban nuestras marchas y eventos. Ocultaron y/o minimizaron la más grande concentración cívica de la historia nacional, la del domingo 30 de setiembre de 2007. Violentaron sus propias reglas cuando sometieron al otrora sacrosanto tribunal electoral, acabaron con la independencia de poderes según sus parámetros de democracia representativa, llevando, incluso, al tribunal constitucional al peor descrédito de toda su historia.

Esas oligarquías, egoístas y codiciosas son igualititas unas de otras. Ahora están dolidas porque han venido perdiendo hegemonía política en varios países latinoamericanos y las tienen a la defensiva; y en otros, ya tienen debilidades de control para seguir manteniendo su “status quo” de privilegio.

Por eso siguen mintiendo y manipulando con los “grandes” medios de comunicación colectiva que controlan en ámbito nacional y multinacional. Por ejemplo, resultó sumamente indignante ver a la cadena de noticias CNN en Español, hablando de “Honduras: sucesión forzada”, en vez de lo que ha pasado ahí, un verdadero Golpe de Estado en toda la extensión de la palabra y en toda la profundidad del concepto político: perseguidos, detenidos, desaparecidos, exiliados, cierre de medios opositores, persecución, gases lacrimógenos, bala, muertos, etc. No hay otro calificativo para CNN en Español que el de “cadena golpista”.

Igualmente, indigna escuchar, por ejemplo, a Telenoticias de Canal 7, hablando del usurpador del poder en Honduras, nombrándole como “Presidente constitucional”, tal y como lo notamos en la edición matutina de este martes 30 de junio. Doña Pilar, don Ignacio: con todo respeto y en honor a la gran autoridad que la audiencia de este país democrático les ha dado: ¿ustedes creen que el señor Micheletti es el “presidente constitucional” de Honduras?…

Hay algo positivo en todo esto, pese al dolor y a la indignación que causa. La respuesta militarista y golpista de la oligarquía hondureña, es una esclarecedora señal de impotencia, de pobreza intelectual, de pérdida absoluta de valores, de ausencia de toda ética y de inmoralidad política llevada a su máxima y más deplorable expresión. Ellas, las oligarquías latinoamericanas, están desacreditadas y desprestigiadas, pues ya son varias las derrotas estratégicas que vienen sufriendo. Es cuestión de tiempo, como también es cuestión de tiempo para que en Costa Rica su hegemonía política decaiga. Ya hemos estado cerca de lograr tal objetivo. Ya hemos comprobado que es posible. Por ahora, concentrémonos en dar toda nuestra solidaridad al pueblo hondureño y a su legítimo presidente constitucional, el señor José Manuel Zelaya Rosales.

Sacerdotes católicos y pureza electoral 2010

Publicada el 23/06/2009 | por | Dejar un comentario

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Por asuntos lógicos de espacio, mencionaremos un poco de tan importante documento. De manera completa se puede leer AQUí

Estos sacerdotes católicos “advirtieron sobre el peligro de hechos fraudulentos en las elecciones nacionales del próximo 7 de febrero, que pondrían en duda la estabilidad política del país, sino se realiza una corrección de fondo y a tiempo en las leyes y el accionar el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”.

La reflexión está firmada por los presbíteros Miguel Picado, Francisco Soto, Jesús Doncel, Ronald Vargas, Gustavo Meneses, Gerardo Fernández y Gerardo Vargas.

Realizaron ellos una profunda reflexión sobre el proceso del “frauderéndum” sobre el TLC (7 de octubre de 2007), indicando que en el mismo manifestó_ “injerencias indebidas de fuerzas locales y extranjeras que desplegaron, ilegítima e impunemente, todo su poderío en el plano electoral a favor de los intereses que promovieron la aprobación del TLC, incluidos los más poderosos medios de difusión”_. Estiman los firmantes que esas “injerencias indebidas”, se podrían repetir en la próxima elección nacional del 2010. Pues en lo que a nosotros respecta, veremos de nuevo tales episodios.

Uno de los señalamientos más importantes indica que “se demostró que es posible efectuar masivos delitos electorales extra-urnas, basados en el ejercicio del poder financiero y mediático a través de encuestas comerciales y campañas de guerra sicológica o propaganda masiva”. Además se estima que “si en los años previos a 1949 los fraudes se cometían alrededor de las urnas y el manejo de las papeletas, ahora se hacen antes de la emisión de los votos, mediante antidemocráticos mecanismos de coerción social”.

Este párrafo es de impactante contundencia: “También ha habido una no despreciable cantidad de denuncias de irregularidades en las mesas y el conteo, las cuales el TSE ha desestimado, muchas veces alegando insuficiencia de la ley para intervenir o sancionar. A ello hay que agregar otros actos, iguales o más graves, derivados del clientelismo político, como los que se hicieron efectivos a través de una red de Asociaciones de Desarrollo Comunal, alcaldes, regidores y diputados que se prestaron para presionar y chantajear la decisión ciudadana sobre el TLC, una red informal que viene operando por décadas como espuria maquinaria al servicio de la corrupción partidista y estatal”.

Y para resaltar la importancia de este documento en los actuales momentos y en los que hemos de vivir en los próximos meses, los sacerdotes católicos señalaron además que “frente a la gravedad y magnitud de estos procedimientos, y dada la creciente injerencia política incontrolada de los medios de difusión privados, la subordinación del SINART a designios políticos ajenos a su naturaleza, las tímidas reformas a un obsoleto Código Electoral, las medidas paliativas recomendadas o tomadas por el Tribunal aparecen como lo que son: parches de segundo o tercer orden, de baja eficiencia y eficacia. Poseen tan poco relieve que difícilmente impedirán el retorno del delito electoral bajo nuevos ropajes financieros, informáticos y mediáticos”.

Además señalaron que “si bien es cierto que casi todos los partidos políticos aceptaron el resultado del Referéndum del 7 de octubre de 2007 sobre el TLC, también lo es que se han suscitado múltiples inquietudes y resquemores en amplios sectores ciudadanos que vienen a poner en entredicho la imagen, credibilidad y confianza en los magistrados del TSE y la institución misma. Se teme que para las elecciones del 2010, hechos como los acaecidos en aquella y otras ocasiones se repitan y minen sin remedio los fundamentos de nuestra democracia y vida republicana”.

Para nosotros fue impresionante conocer de tal documento. Quienes lo presentan tienen una autoridad moral incuestionable y por su procedencia y trayectoria, acumulan muchísima credibilidad. Avisados quedamos.

JAPDEVA: La «mordida» más grande de la historia nacional

Publicada el 17/06/2009 | por | Dejar un comentario

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Los promotores de esta asquerosa iniciativa tienen nombres y apellidos y es conveniente que el país los identifique con toda claridad: Oscar Arias Sánchez (Presidente de la República), Rodrigo Arias Sánchez (Ministro de la Presidencia), Marco Vargas Díaz (Ministro de “Coordinación Institucional”) y Francisco Jiménez Reyes (Presidente Ejecutivo de Japdeva). Los cuatro están en una especie de colusión militante (pacto ilícito en daño de tercero ~~en este caso, la cosa pública~~), a fin de entregar el más importante patrimonio portuario nacional a un consorcio privado transnacional que, con toda seguridad, debe tener unos cuantos socios nacionales, cuyos nombres deberían decírsele abiertamente al país.

Somos del criterio de que la mal llamada “indemnización” que el indicado cuarteto coludido le está ofreciendo al personal de Japdeva, a cambio de que se acepte la privatización-concesión de los muelles de Limón y de Moín, constituye la más grande mordida de la historia nacional, pues se está hablando de una cantidad de dinero impresionante: 137 millones de dólares, unos ¡80 mil millones de colones!, para ser repartidos entre unos 1300 funcionarios de Japdeva, a cambio de que éstos se dejen “privatizar”.

Jamás la historia costarricense registra algo de similar magnitud, analizando que la definición de mordida significa “provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado, con abuso de las atribuciones de su cargo”, aunque en este caso se trata de jerarcas públicos del más alto nivel los que estén ofreciendo esa mordida.

También podríamos llamar a esa mordida, con el concepto de soborno, pues éste es una “cosa que mueve, impele o excita el ánimo para inclinarlo a complacer a otra persona”, nada más que en este caso de Japdeva, esa “cosa”, es miles de millones de colones, que usted, que la ciudadanía, que toda la población costarricense, tendremos que pagar porque no será plata que salga de los bolsillos del cuarteto coludido, sino que se le cargará a las finanzas públicas.

Así ha sido reconocido por el “padrinazgo” de esta sucia operación: el periódico_ “La Nación”_, cuyo principal dueño, don Rodolfo Jiménez Borbón (don “Popo”), fue uno de los más fuertes contribuyentes de la campaña electoral de doña Laura Chinchilla Miranda. En el editorial del periódico de don “Popo”, del pasado viernes 12 de junio, se dice claramente: “_…; todo con cargo al fisco; es decir, pagado por el resto de los ciudadanos”_.

Ante este corrupto panorama, surge una gran pregunta: ¿Cuál es la verdadera realidad del negocio portuario limonense, al punto de ofrecerle a su personal una mordida de 80.000.000.000 (ochenta mil millones de colones)?… ¿De cuánto será la ganancia privada a extraer de tal negocio, al punto de que el Presidente Ejecutivo de Japdeva, el señor Francisco Jiménez Reyes, esté promoviendo una condenable campaña de terrorismo psicológico y de agresión ideológica en contra del personal de Japdeva, amenazándole de que se “quedarán” sin nada sino aceptan la concesión-privatización?…; es decir, se quedarían sin la mordida.

Aunque está claro que la plata de la mordida más grande de la historia nacional, saldrá de fondos públicos, el cuarteto coludido promotor de la privatización de Japdeva ni siquiera ha indicado cómo se hará el desembolso, de cuál partida presupuestaria saldrá tanta plata, cómo será el trámite y cuál es la legislación que promoverá para que esa mordida se “legalice”; cuánto tiempo tardará, etc., etc.

Todo esto, en verdad es escandaloso, condenable y totalmente corrupto. Por lo menos, elevamos nuestra más enérgica protesta y expresamos nuestro más grande repudio de que al pueblo se le saque de su bolsillo semejante cantidad, 80 mil millones de colones, para ser repartida, para comprar la conciencia, de 1.300 trabajadores, como si éstos fuesen los propietarios de una institución pública como Japdeva. Todos deberíamos reaccionar en contra de semejante corruptela.

OIT: Gobierno avergüenza a Costa Rica

Publicada el 10/06/2009 | por | Dejar un comentario

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Parece que a la OIT se le colmó su paciencia por la tomadura de pelo que le ha estado haciendo el gobierno de los hermanos Arias Sánchez. Esto hizo que Costa Rica entrara en una deshonrosa lista de 25 países violadores de la Libertad Sindical y de los derechos laborales, algo así como el “ranking” de la vergüenza de la OIT.

Los reiterados incumplimientos de los hermanos Arias Sánchez en cuanto a sus responsabilidades como Gobierno de Costa Rica y dada la condición del país como estado miembro de la OIT, nos lleva hoy a compartir el banquillo de los acusados con naciones de terrible historial violador de los derechos de las personas trabajadoras, como Mauritania, Pakistán, Congo, Etiopía, Irán, Myanmar, Suazilandia y Turquía; así como con países latinoamericanos en los cuales se asesina a líderes sindicales y a trabajadores y trabajadoras, como Guatemala, Colombia y Perú.

La prensa manipuladora gusta de decir que “Costa Rica está acusada ante la OIT”, o que, “sindicatos acusan al país ante la OIT”, buscando así confundir a la opinión pública y poner a las legítimas agrupaciones de la clase trabajadora, los sindicatos, como “los malos de la película”. El gusanillo totalitario y antidemocrático de ciertos periodistas y medios, les lleva a tergiversar la noticia para echarle una “ayudadita” al gobierno de los hermanos Arias Sánchez, el cual con sus reiterados incumplimientos, es el que avergüenza al país ante el mundo.

La única forma de que el país se libre de esta penosa situación que daña su imagen internacional, es cumpliendo sus obligaciones con la OIT. Por ejemplo, debe aprobarse ya, sin más dilación, el proyecto de ley 13.475, que tiene que ver con la protección de trabajadores y trabajadoras en la empresa privada, a fin de evitar que se les despida cuando quieren organizar y/o afiliarse a un sindicato.

Este proyecto es completamente congruente con el convenio No. 98 de la OIT, el cual es ley de la República de Costa Rica, No. 2560, del año 1960. Su artículo 1 indica que “los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”.

Y es precisamente porque en el país este convenio 98 es violado todos los días, la razón por cual Costa Rica está en el indicado “ranking” de la vergüenza de la OIT. Cuando la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto 13.475, se enviará un mensaje a la comunidad mundial de naciones de que estamos poniéndonos al día con los compromisos laborales internacionales del país, y solamente así en la OIT empezarán a creer que ya no les engañará más.

Como país no tenemos salida. Con nuestra complicidad no cuenten para que intenten engañar más a la OIT. El proyecto 13.475 tiene que aprobarse sin el más mínimo cambio. Y esas cúpulas políticas, empresariales y mediáticas de corte antidemocrático, de costumbres totalitarias y de vocación dictatorial, deberían revisar sus tácticas y sus estrategias, en sus relaciones con el mundo laboral organizado, ahora que el Banco Mundial, a partir del 2010, ¡increíblemente!, instaurará el “_Indicador de Protección al Trabajador (WPI, por sus siglas en inglés), que tomará en cuenta cómo los países utilizan las leyes, regulaciones y otros instrumentos para asegurar a los trabajadores y trabajadoras una adecuada protección_. De ello hablaremos la semana próxima.

Libertad Sindical: Presidente y Ministro de Trabajo deben cumplir

Publicada el 03/06/2009 | por | Dejar un comentario

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“Para el Gobierno de Costa Rica no hay, ni puede haber, concesiones en la protección de los derechos de los trabajadores”. (…) “Antes bien, deseo expresar aquí el compromiso de mi Gobierno, no sólo con la preservación y regulación del derecho de la convención colectiva, sino también con la aprobación de una reforma laboral que agilice los procesos judiciales para tutelar los derechos de los trabajadores”. (…) “Quiero que Costa Rica continúe siendo, ante todo, un país de derecho, en el que se respeten siempre las decisiones de los tribunales, pero en el que también éstos se encarguen de hacer realidad el principio de justicia pronta y cumplida para todos los trabajadores”.

Tres años después, usted no ha cumplido su palabra, señor Presidente y Costa Rica continúa deshonrando su pertenencia a la OIT. El Gobierno le miente a este organismo internacional, con el cual tiene cuatro compromisos pendientes:
a) Aprobación legislativa del proyecto de ley 13.475 para, entre otros aspectos, proteger más el derecho constitucional de libre sindicalización, especialmente en la empresa privada.
b) Aprobación de la reforma procesal laboral y así impulsar el principio de justicia pronta y cumplida para la clase trabajadora (expediente legislativo 15.990).
c) Ratificación de los convenios 151 y 154, que posibilitan la negociación colectiva de trabajo como la define OIT.
Y d) Una reforma constitucional en esta materia de negociación colectiva.

Señor Presidente: Su Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Lic. Francisco Morales Hernández, don_ “Chico”_, es también responsable del engaño que el país le hace a la OIT. Don “Chico” “olvidó” (curiosamente), mencionar en su columna periodística de ayer, lunes 1 de junio, publicada en este medio, que dentro de los “Compromisos OIT” (así tituló él su comentario), está el proyecto de ley 13.475, para mayores garantías al trabajador en cuanto a la libre sindicalización. Don “Chico” tampoco está jugando limpio ante la OIT, pese a que con fecha 27 de enero de 2009, le envió una carta al Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, pidiéndole al Gobierno agilizar la tramitación parlamentaria de esos compromisos pendientes con la OIT, especialmente el proyecto 13.475.

En su carta a don Rodrigo Arias Sánchez, don “Chico” dijo esto: “Así las cosas y teniendo en cuenta los problemas apuntados por la OIT, en atención a reiteradas denuncias incoadas por organizaciones sindicales nacionales e internacionales, contra el Gobierno de Costa Rica, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en general, para el Gobierno de Costa Rica, sería de gran interés y conveniencia, iniciar un debate en sede legislativa, con miras a una eventual aprobación de los proyectos normativos citados”. Más claro no canta un gallo. Pero molesta profundamente que don “Chico”, ahora, pretenda engañar, confundir, manipular, a la fracción parlamentaria oficialista sobre la obligatoriedad del país de convertir en ley ese proyecto 13.475, cuando él mismo sabe que este proyecto es parte de la deuda de Costa Rica con la OIT.

Usted, señor Presidente, tiene una deuda política, moral y legal con Ricardo Herrera Porras, Rebeca Mena Mena, Disney Martin Mena Mora, Daniel Brenes Brenes, Oscar Ampié González, Sergio Vanthorn Brenes, Juan José Flores Salazar, Alexander Torres Benavides y William Cordero Múñoz, a quienes usted no conoce. Son personas trabajadoras de la seguridad privada que estaban trabajando para la firma Consorcio de Información y Seguridad S. A. Ellos perdieron su empleo, por la sencilla razón de que decidieron ampararse en el artículo 60 de la Constitución Política y se organizaron sindicalmente para la defensa de sus intereses económico-sociales.

Pero ellos no son los únicos en sufrir el despido antisindical. Todos los días pasa y en los más diversos sectores productivos. Hay que parar esto. Si el proyecto 13.475 ya fuera ley de la República, estas personas trabajadoras no habrían sido despedidas por querer sindicalizarse y lo que usted le dijo a la OIT, hoy hace tres años, les hubiera servido para su defensa. Pero, todavía usted está a tiempo, señor Presidente, de honrar su palabra, aunque ahora su propio Ministro de Trabajo, don_ “Chico”_, crea que es posible seguirle mintiendo a la OIT. Al menos, señor Presidente, dígale a sus diputados que ese proyecto debe ser votado y convertido en ley de la República.

Libertad Sindical: El atropello constante a la democracia

Publicada el 27/05/2009 | por | Dejar un comentario

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Ese mismo día, vigilantes privados que prestan servicio en instituciones públicas, pertenecientes a la empresa “Consorcio de Información y Seguridad”, fueron despedidos por organizar un sindicato bajo la tutela de la ANEP, pese a que lo hicieron al amparo de las normas del Estado de Derecho que rige la vida institucional del país.

Esto es cosa de todos los días. La palabra “sindicato” en el sector privado de la economía es sinónimo de despido en muchas empresas. Cada vez que a un trabajador se le despide porque quiso organizarse para la defensa de sus derechos, se está violentando una serie de derechos democráticos consagrados tanto en el orden legal interno (el del país), como el que está en el plano internacional de obligada observancia para Costa Rica.

A esos choferes de autobús y a esos vigilantes privados les violentaron (entre muchos otros), este sagrado derecho consagrado, nada más y nada menos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” (inciso 4, artículo 23).

Ocupamos un radical cambio en estas reprobables conductas antidemocráticas, que se han vuelto prática común en el sector privado de la economía. Es impresionante la doble moral que en materia de Libertades Sindicales se manifiesta en Costa Rica.

Según nuestra Constitución Política, en su artículo 60, “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Es muy probable que el dueño de la empresa de buses de los choferes despedidos, esté afiliado a una cámara; como es muy probable también, que el empresario dueño de esa empresa de seguridad privada en la cual laboraban los vigilantes despedidos, también tenga una cámara que le defiende sus intereses de negocios. Ellos sí pueden protegerse para defender sus intereses de clase; pero sus trabajadores ¡no!. A éstos les toca el despido puro y simple.

Estos atentados a la legalidad, a la institucionalidad jurídica que protege el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos, para la defensa de sus legítimos intereses económicos y sociales, deben terminar de una vez por todas. Tenemos perfecta claridad de que más que un problema jurídico, el antisindicalismo en Costa Rica es un antivalor perversamente inyectado en nuestro entorno sociocultural y psicosocial, todo lo cual tiene múltiples explicaciones.

Sin embargo, quienes somos creyentes en la verdadera democracia, necesitamos combatir todos los días esas conductas totalitarias, esos comportamientos de tiranuelos, que violentan la Libertad Sindical de los trabajadores intentanto organizarse; violentando así la propia Constitución Politica de Costa Rica, todo nuestro sistema legal en la materia y un derecho humano fundamental, universalmente reconocido.

Las conductas antisindicales, que son conductas antidemocráticas, deben ser enfrentadas en diversos ámbitos. En el parlamentario, el proyecto de ley No. 13.475 va en esa dirección. Los señores diputados y las señoras diputadas de verdadera convicción democrática, deben darle su respaldo. Es más, poco después de haber asumido la Presidencia, el actual mandatario Oscar Arias asumió un compromiso en tal sentido, con ocasión de su visita a la propia sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza. Volveremos la semana próxima sobre este tema.

Sin aspiraciones diputadiles y sin pertenencia a partidos

Publicada el 19/05/2009 | por | Dejar un comentario

Nuestra querida Costa Rica atraviesa por momentos de gran relevancia histórica y estamos en puertas de grandes definiciones. El corrupto neoliberalismo (explotador, codicioso, destructor de millones de vidas humanas y depredador insaciable del ambiente y de la ecología), aunque moral y éticamente en completa bancarrota, sigue siendo fuerte en nuestro país, aunque sostenido por políticas de corte autoritario fundamentadas en la estrategia del miedo y la corrupción de conciencias. En tal sentido, el desafío estratégico es su derrota total.

Al otro lado de la acera (en el lado del pueblo, en el lado de la gente, en el lado del humanismo cristiano y del socialismo democrático), está un amplio conjunto de fuerzas que, desde distintas perspectivas, plantean para el desarrollo futuro del país, la restauración de la búqueda del bien común, de la solidaridad, de la equidad y de la movilidad sociales, como ejes primordiales de la política pública en los más diversos órdenes.

Tal conjunto de fuerzas mostró, sin proponérselo abiertamente, su vocación de poder con sentido estratégico, con ocasión de la lucha cívica contra el TLC con los Estados Unidos, especialmente en la etapa y en el proceso del “frauduréndum”. No obstante, tal nivel de articulación no se logró mantener, pero el terreno está completamente arado y la recolección de la cosecha es cuestión de tiempo.

Sentimos un inmenso honor y un orgullo muy grande porque hemos puesto nuestro mayor empeño y dado nuestro aporte en ese proceso de acumulación de fuerzas con sentido estratégico; y que está ahí, esperando la mejor oportunidad histórica para materializar el camino del cambio en profundidad.

Seguiremos soñando, aportando, trabajando, estudiando, desde la trinchera que nos permitió convertirnos en una persona útil a nuestros semejantes de clase, naciendo así a la vida pública: el Movimiento Sindical. La acción sindical es consustancial con el desarrollo de la democracia y, tan es así, que se practica dentro de la Constitución y dentro de la Ley. Un sindicalista es un demócrata y no se puede concebir que exista una democracia que se precie de serlo, ni no tiene sindicatos.

Además, nuestra lucha de todos estos años demostró, entre otros aspectos, que la política, entendida en su significado más decente y noble, dejó de ser monopolio de los partidos políticos. Reconocemos que el sistema de partidos políticos es imprescindible en democracias representativas como la nuestra (y también en las participativas). Por tanto, no criticamos ni tenemos autoridad moral para hacerlo, a quienes deciden, como decimos popularmente, “meterse” en política. Mucho menos, cuando se trata de personas trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas de gran valía moral, intachable ética y comprobado compromiso social; amigos y amigas, compañeros y compañeras de causa que han decidido transitar al escenario de los partidos políticos, especialmente de los que están opuestos al neoliberalismo corrupto y asesino.

Pero en nuestro caso personal, seguimos soñando en la máxima potenciación de la incidencia política desde los sectores sociales organizados y desde los espacios de una ciudadanía activa, cuestionadora, propositiva y con vocación de movilización estratégica. Por eso no aspiramos a ninguna candidatura diputadil. Lo hemos dicho bastantes veces y lo planteamos de nuevo. Además, no estamos adscritos ni somos afiliados a ningún partido político. No le hemos dado la adhesión a ningún partido político ni pensamos hacerlo. No obstante, nos enorgullecemos de tener amistades leales, de tener compañeros y compañeras de causa, de tener gente conocida que nos respeta y a la cual respetamos, en los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio, Alianza Patriótica, PASE, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, por ejemplo.

Todavía estamos al frente de una organización sindical que tiene mucho respeto en este país y que está compuesta por trabajadores y por trabajadoras que pertenecen a dichas colectividades político-partidistas, en muchos casos; o bien, que están esperando que “se aclaren los nublados del día” para decidirse por alguna de esas opciones; ó, que del todo no votarán en el 2010. Sí debe quedar claro que no somos ni seremos “neutrales”, porque la neutralidad no existe y que nosotros mismos nos estamos formando nuestra propia opinión, para compartirla, llegado el momento, con quien nos la pregunte.

Finalmente, la naturaleza de nuestro sueño está marcada por la casi utópica aspiración, del surgimiento de un movimiento político profundo, que rescate para la acción política directa, el pensamiento de aquellos grandes costarricenses, de aquellas grandes costarricenses, forjadores de nuestra nacionalidad hoy tan mancillada. Necesitamos ir a las fuentes vivificadoras de esos patricios, de esas patricias de antaño, figuras egregias del ser costarricense que hoy están escondidas, olvidadas, invisibilizadas, tergiversadas, mediatizadas. Es por aquí por donde van nuestros sueños de futuro y, por supuesto, no sabemos si ello será realidad algún día.

15 mil millones de colones, Riteve y la señora Ministra del MOPT

Publicada el 12/05/2009 | por | Dejar un comentario

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La concesión privada del servicio público de revisión técnica vehicular se le impuso al pueblo costarricense, en medio de una gran controversia que, incluso, generó una enorme convulsión social en el gobierno anterior del Presidente Abel Pacheco de la Espriella. Para nosotros, que estuvimos inmersos profundamente en dicha circunstancia, fue clara la conjunción impresionante de una serie de factores políticos, más allá de lo jurídico, que dejaron en manos de la firma Riteve dicho servicio.

Es más, este asunto de la revisión técnica vehicular llegó hasta el más alto tribunal de la República, el tribunal constitucional, la Sala Cuarta, cuyos magistrados se comportaron de forma muy descarada a favor de la concesión privada de tal servicio; dándonos así, aunque sin saberlo en aquel momento, adelantos de lo que sería su comportamiento político en la imposición de otra situación aberrante para el pueblo costarricense: el TLC con los Estados Unidos de América.

Públicamente y por medio de comunicado de prensa, nos hemos manifestado en cuanto a la necesidad de que el Presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, separe de su cargo a la señora Ministra del MOPT, la licenciada González Carvajal. Es lo mínimo que se puede hacer para dar paso a una investigación objetiva de las situaciones generadas como para obligar al Estado a darle a Riteve una indemnización cercana a los 15 mil millones de colones.

Sabemos que la citada jerarca, distinguida profesional en el negocio de la política, tiene parentesco con el o los propietarios de un poderosísimo consorcio empresarial ligado a la construcción de carreteras, el cual ha logrado una impresionante cantidad de contratos con el MOPT por sumas multimillonarias a lo largo de las dos últimas administraciones, en las cuales la licenciada González ha tenido papeles protagónicos. Se trata de coincidencias, pero podría dar base a interpretaciones de que ese enorme poderío económico sería la base de la enorme incidencia política de la mencionada funcionaria en los últimos años.

Por cierto, hoy recordamos el gran resentimiento, enojo e indignación que generó en el seno del más fuerte núcleo liberacionista del MOPT, la designación por parte del Presidente Arias de la licenciada Karla González como jerarca de dicho ministerio. Los militantes del PLN en el mismo, que se reunieron en ese momento con quien esto escribe, nos indicaron de su profunda frustración pues algunos de ellos se sentían con muchos mayores méritos profesionales y de militancia política verdiblanca para ocupar el mayor cargo político del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Por otra parte, nada mejor para la perspectiva de negocio de la empresa privada a cargo de la revisión técnica vehicular, que nuevas fórmulas de cálculo de la tarifa a su favor se impusieran en estos momentos, cuando 49 tipos de faltas leves se pasarían a considerar como faltas graves; incrementándose así las posibilidades y/o necesidades de reinspecciones vehiculares. Es decir, podríamos hablar de mayores posibilidades de ganancia en el corto plazo.

Ojalá que las fracciones parlamentarias que conservan todavía decoro y dignidad, se decidan a intervenir en este caso. Esperamos de parte del Ministerio Público un relevante papel en esta situación. El distinguido señor Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga Chaves, está pegando el grito al cielo, un día sí y otro también, de que ya no hay plata en las arcas públicas por motivo de la crisis. ¿Tendrá ahora que correr para darle contenido a un eventual pago del Estado a Riteve?. Por el contrario, esos 15 mil millones de colones bien aliviarían la situación de cientos de familias trabajadoras de clase asalariada, a las cuales la indicada crisis está golpeando duramente por sus bajos salarios.

Instamos, llamamos, exhortamos, a las fuerzas sociales que en aquel momento nos enfrentamos a la imposición abusiva de la concesión privada del servicio público de la revisión técnica vehicular, a que nos reagrupemos de nuevo, a que llamemos a otras fuerzas y así, en una unión renovada, retomemos el gran desafío que ha quedado planteado con la valiente denuncia que Diario Extra ha formulado en tal sentido.