Categoría: TLC

Guatemala, 15 may (PL) Si en aquel momento los pequeños empresarios no pudieron competir con el grupo mexicano, y de un plumazo se perdieron cuatro mil empleos, las consecuencias serán peores cuando haya que enfrentar a las transnacionales estadounidenses.

El TLC hará sentir su impacto avasallador sobre los sectores populares, pero también condenará a muerte a las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas, que no soportarán la avalancha de productos norteamericanos.

La industria farmacéutica nacional, a pesar de ser la más fuerte de Centroamérica, también se verá amenazada, toda vez que el pacto beneficiará a los medicamentos de marca y retardará la disponibilidad de productos genéricos, que son mucho más baratos.

“Definitivamente sí afectará el acceso a medicamentos y por ende a la salud, el acceso a los agroquímicos, a insumos agrícolas, la seguridad alimentaria y la competitividad agrícola”, declaró a Prensa Latina el empresario farmacéutico Luis Velásquez.

Pero, quizás, donde el TLC tendrá las peores consecuencias es en el sector informal de la economía.

En Guatemala 800 mil personas sobreviven gracias a la venta callejera de discos, películas, ropa y calzado, los cuales son copias de marcas estadounidenses.

Una de las exigencias de Estados Unidos para la puesta en práctica del TLC es modificar la Ley de Propiedad Intelectual, de manera que se prohíba este tipo de trabajo y aquellos que incumplan la disposición sean condenados hasta con ocho años de cárcel.

En una reciente interpelación en el Parlamento, el ministro de Economía, Marcio Cuevas, estimó en 60 por ciento, es decir cerca de medio millón, la cantidad de trabajadores informales que quedarán sin una fuente de ingresos.

Según Cuevas, el TLC generará el primer año unos 10 mil empleos, lo cual fue considerado irrelevante por la diputada Alba Estela Maldonado al anteponerlo a la cifra de quienes perderán su precario trabajo.

A esto hay que añadir los cesantes en los sectores más dañados por el TLC los cuales según el propio ministro son la agricultura primaria, que comprende granos básicos, legumbres y hortalizas; la producción de lácteos y la carne bovina, de cerdo y de pollo.

Hasta en las tortillas, plato nacional de Guatemala e indispensable en la mesa de cualquier ciudadano, se harán sentir las consecuencias de dicho tratado, ya que las semillas naturales del maíz serán sustituidas con los transgénicos.

El gobierno argumenta que el TLC favorecerá las inversiones y se incrementarán las exportaciones, pero estos beneficios macroeconómicos no tendrán impacto directo en la calidad de vida de la población.

Por eso, más de 30 agrupaciones sindicales, indígenas y populares presentaron ante la Corte de Constitucionalidad un recurso contra el pacto comercial.

Las organizaciones objetan la forma secreta en la cual se negoció y exigen una consulta popular sobre un asunto de interés nacional y que puede implicar daños irreversibles a grandes sectores sociales.

El fallo de esa instancia se dará a conocer dentro de unos 15 días y los abogados querellantes esperan que la Corte emita un dictamen con total apego a la ley.

Con independencia de lo que decidan los magistrados, es bastante probable que el Congreso de la República de luz verde al TLC, en contra de los intereses de la mayoría de la población guatemalteca.

jl/car

Repudiamos con toda vehemencia, las graves violaciones a la democracia parlamentaria, que están ocurriendo en el seno de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, en torno al atropellado trámite del mal llamado_ “tratado de libre comercio”_ (TLC), con los Estados Unidos.

El autoritarismo, la prepotencia y el servilismo se unen en dicha comisión para atropellar la democracia deliberativa y más que necesaria, en torno a un asunto de tanta relevancia, tanto para las generaciones actuales como futuras de nuestro país.

El comportamiento antidemocrático de aquellos diputados y de aquellas diputadas que en la citada comisión se comportan antipatrióticamente, defendiendo los intereses particulares de la minoría oligárquica neoliberal de Costa Rica; alimentan la necesaria resistencia cívica que se viene dando a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional contra ese TLC.

Se legitima así, poderosamente, el concepto del Referéndum de la Calle, como el único mecanismo de real participación democrática de autodefensa civil, en aras de la lucha por la preservación del mejor patrimonio de la institucionalidad democrática que nos fue heredado.

El totalitarismo que se ha impuesto en dicha comisión parlamentaria, nos recuerda la cadena de yerros, atropellos, arbitrariedades y el clima parlamentario de carácter totalitario, presentados durante la tramitación del Combo ICE, en el año 2000.

Era tanta la vulgaridad legislativa de los representantes parlamentarios de esa minoría oligárquica neoliberal, que potenció la lucha cívica más importante del país ocurrida hasta ese momento, desde los acontecimientos cívicos y políticos de la década de los años cuarenta del siglo anterior.

Hoy, ante una encrucijada histórica de mayores dimensiones, como lo es la derrota del TLC, en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, se incuba un potente volcán cívico que arrastrará a más de uno hacia un ajuste de cuentas con la verdadera democracia.

San José, 6 de diciembre de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

De manera sorpresiva, al iniciarse la sesión del día de hoy (5 de diciembre), se puso en conocimiento y aprobó una moción de orden en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, con el fin de convocar varias sesiones extraordinarias con “el único objeto de discutir el Expediente 16.047 por el fondo”.

La moción presentada por la diputada Janina del Vecchio convoca a la discusión por el fondo los días miércoles 6 de diciembre 15 minutos después de que sea levantada la sesión del plenario legislativo, el viernes 8 de diciembre a partir de las 8:45 a.m., el lunes 11 de diciembre a partir de las 8:45 a.m. y ese mismo día también, quince minutos después de que sea levantada la sesión del plenario.

La moción se aprobó cuando se habían presentado en total 145 mociones de cláusulas interpretativas, de las cuales sólo se han discutido 55 (un 38% del total) y estaban pendientes 90 (62% del total).

La Comisión discutiría las mociones de cláusulas interpretativas en las sesiones de miércoles en la mañana (9 a.m.), jueves en la tarde (1 p.m.) y martes 12, quince minutos después del plenario. Al ritmo de la comisión, a lo sumo se podrían discutir unas 10 mociones más.

La disposición de la Comisión totalmente irregular, violenta el derecho de enmienda de los diputados y los derechos de las minorías parlamentarias, ya que en vez de utilizar el tiempo extraordinario disponible para conocer las mociones pendientes ya presentadas, algunas desde hace varias semanas, interrumpe este proceso para tratar de esconder la arbitrariedad de la resolución anterior del presidente del directorio, Francisco Antonio Pacheco, que fijó el 12 de diciembre como fecha última para la votación del proyecto de ley en la Comisión.

Es de esperar que las organizaciones sociales y el amplio abanico de fuerzas que se oponen al TLC, repudien y se pronuncien contra este procedimiento arbitrario de la “mayoría mecánica” (PLN+PUSC+ML), al mismo tiempo que alerten y movilicen a sus bases ante este atropello antidemocrático.

Agencia Prensa Latina

Diez personas habitan en una pequeña casa de la comuna de San Ramón, en esta capital. Sólo hay tres camas y en la más grande duermen cinco. Del total, uno está enfermo (incapacitado), cuatro están cesantes, y dos son madres solteras.

Se trata de los Vejar Urzúa, una familia promedio dentro del 60 por ciento de pobres o extremadamente pobres que habitan la geografía chilena.

Sus nombres aparecieron en el diario semioficial La Nación como uno de tantos ejemplos que desmienten los extraordinarios logros que se atribuyen al modelo neoliberal impuesto por el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y perfeccionado por tres gobiernos de la Concertación que le siguieron.

Los padres tiene 48 y 50 años y tres hijos que van desde los 20 a los 28 años, y cuatro nietos, a los que se añade Brian, un huérfano de 12 años al que han acogido.

En total, 10 seres humanos que se amontonan en una casa de poco más de 30 metros cuadrados. Víctor, el padre, está enfermo, por lo que ya no puede aportar a la economía familiar.

Esta responsabilidad recae sobre Brígida, la madre, que hace pasteles con la ayuda de sus tres hijos cesantes, para sobrevivir.

De los tres, dos son madres solteras, y los nietos de la pareja forman parte de más del 50 por ciento de niños chilenos que nacen fuera del matrimonio y cuyo destino depende exclusivamente de sus madres y abuelas.

“Porque no se trata sólo de pobreza material, sino de pobreza humana, ciudadana, que no les permite proyectarse ni siquiera para formar un hogar propio”, dice el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, citado por el diario.

Pese a que las autoridades fijan el nivel de pobreza y extrema pobreza en poco más del 20 por ciento con lo que el país estaría a las puertas del Primer Mundo, datos recientes de la empresa Corpa Estudios de Mercado lo desmienten.

Los Vejar Urzúa pertenecen al denominado grupo E (el 20 por ciento de la población que vive en la extrema pobreza). Si a ellos se le suma casi el 40 que pertenece a la clase baja (grupo D), arroja que la mayoría de los poco más de 15 millones de habitantes viven rozando o definitivamente hundidos en la pobreza.

“Feroz contraste con los ocho mil dólares de renta per cápita”, subraya La Nación, al citar las cifras oficiales que sirven de argumento al mundo político chileno que, “mareados” por su propia propaganda, se comparan ya con las grandes economías del orbe.

Aunque constituyen una sólida mayoría, el submundo de segregación de familias como las de Vejar Urzúa rara vez salen a la luz en los medios de prensa chilenos, como no sea en las crónicas rojas que abarrotan de los telediarios.

O cuando ocurren grandes tragedias, como el terremoto de 2005 en el Norte Grande o las inundaciones del pasado invierno en el Sur del país, y las cámaras intrusas muestran lo minúsculo y precario de sus casas, el hacinamiento, la miseria y la desesperanza que los rodea.

Mientras, las grandes transnacionales especialmente de la minería se llevan del país multimillonarias utilidades (más de 15 mil millones de dólares este año) y los bancos rompen record de ganancias (mil 300 millones de dólares sólo de enero a septiembre).

EL MUNDO LABORAL

La gran mayoría de los trabajadores chilenos (un 80 por ciento) son contratados por las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) también víctimas del modelo que privilegia a los grandes grupos económicos, las cuales logran sobrevivir empleándolos por cortos períodos de tiempo.

Según un estudio del Centro de Investigación Laboral y Previsional de la Universidad de Chile, el 47 por ciento de los cotizantes tiene contratos temporales

Además, un tercio del total no dura ni un año en su puesto, lo que los excluye de cualquier derecho a indemnización o a seguro de desempleo.

Estos son privilegios que sólo se lleva el 20 por ciento más rico los que pertenecen al quinto quintil y logran firmar un contrato y que consiguen el 66 por ciento de las indemnizaciones por años de servicio.

Como destaca La Nación, a esta mayoría silenciosa no llega los beneficios de los altos precios del cobre, como no sea para robarlo de los tendidos eléctricos o telefónicos, en cuyas aventuras mueren electrocutados no pocos (los talleres pagan hasta cuatro dólares el kilo de cables del metal dorado).

EN CHILE, SER POBRE ES MÁS CARO

La política impositiva es tan perversa que precisamente la vida para los pobres es más cara, como demuestran múltiples ejemplos.

El sistema, basado en el IVA (19 por ciento) y que representa el 40 por ciento de todo lo que recauda el Estado, se paga por todo lo que se consume (desde el pan hasta la leche), y lo mismo lo tiene que asumir el desempleado (que no gana nada) que los segmentos que mayores ingresos reciben.

Lo mismo pasa con la energía, donde para los más ricos el gasto en electricidad representa menos del uno por ciento de sus ingresos, a pesar de tener un consumo muy superior.

En el caso de los pobres es del 10 por ciento en Santiago y hasta el 20 en la Regiónes del interior del país, según estudios especializados.

Una familia como la de los Véjar Urzúa paga como promedio 38 mil de los 120 mil pesos que gana al mes (unos 225 dólares) en luz, agua y gas. En educación es lo mismo.

Los pobres, a pesar de ir a colegios públicos, deben dedicar un 15 por ciento de sus ingresos a uniformes, transporte y útiles para sus hijos.

Para los más ricos, esto baja al 11, porcentaje en el que se incluyen las mensualidades de hasta 200 mil pesos (unos 380 dólares) que abonan por los exclusivos colegios a los que envían a sus hijos.

LAS MUJERES, LAS MAS GOLPEADAS

Mujeres como Brígida, que tienen que asumir la carga de la familia además de los hijos y nietos, son las más golpeadas por el modelo económico y la sociedad en su conjunto.

“Ellas son ahora las más explotadas, con la mayor precariedad, son temporeras, sirvientas, trabajadoras de empaquetamientos en frigoríficos”, afirma Gabriel Salazar al destacar también lo que denominada “la feminización de la pobreza”.

El historiador subraya que en Chile los hombres han perdido el privilegio de ser el rey de la casa, el que tiene a su cargo el mayor peso en los ingresos, para pasar a engrosar la marginalidad.

Y a la pérdida del rol se añade lo que lleva consigo la marginalidad: separaciones, infidelidad, alcohol y drogas, que los lleva a perder incluso su identidad sexual, ya que por unos pesos para droga se prostituyen con otros hombres.

“Es la crisis de la masculinidad en los sectores populares, donde los niños no encuentran modelos a los que imitar o querer. Este empeoramiento de la condición del hombre está detrás de la gran violencia que ejercen sobre las mujeres”, enfatiza Salazar

Irónicamente resalta son los rotos los que crean las riquezas, los que han ganado las guerras, los que han creado la cultura chilena, aunque esté al margen de la industria, sobre todo con la música, subraya.

Angel Pino es Corresponsal, Chile.
07-11-2006

El mandatario estima que el ‘éxito’ chileno se debe a su apertura comercial, la concesión de obra pública y a los acuerdos (llamados en Chile ‘congéniales’) entre seis partidos para pactar 51 convenios de libre comercio, uno de ellos hace poco más de un año con Estados Unidos. Por desgracia, Arias no utilizó su visita a la sede de CEPAL, en Santiago, para enterarse que el crecimiento chileno se acompaña con una suicida distribución de la riqueza: el 20% más opulento se deja 17 veces más que el 20% más pobre (en EUA la distancia es de 9 veces).

En el mundo, Chile es superado en discriminación económico-social solo por Brasil, Colombia, Paraguay y Sudáfrica. El desempleo chileno en el 2004 era casi del 10% y en la década de los noventa osciló entre el 6% y el 10%. Costa Rica en esas fechas se movió entre el 5.2%” y el 6.4%. La expectativa de vida de los costarricenses es la mejor de América Latina, algo por encima de la chilena. O sea que también sus políticos podrían aprender de acá. Sobre la ‘_habilidad’_ para “congeniar” acuerdos comerciales, alguien debió decirle que la apertura chilena expresa una política de diversificación de mercados, que el TLC con EUA se firmó tras años de negociaciones (no asegura su éxito) y que los negociadores chilenos no recibieron parte de sus ingresos del otro bando.

Si lo que pasmó a Arias fue la concesión de obra pública, en Chile ella se inscribe en un marco jurídico específico (único en la región) y no se deja a una discrecionalidad “caso por caso” potenciadora de fraudes, como ocurre en otros sitios. Si lo que lo asombró fue la voluntad política de los sureños para “congeniar”, debería recordar que su vicepresidente Kevin Casas es líder galáctico del bárbaro discurso “para eso tengo mandato”, que repiten con fruición “yes men” y “secretarias ejecutivas” en la Asamblea Legislativa. Siguen al “águila” que no parla con “caracoles”. Aprender de Chile aquí, por ejemplo, significaría dialogar y negociar con el PAC, TLC incluido, para llegar a acuerdos estratégicos de gobernabilidad y no sumar votitos para constituir el magno logro de un Directorio Legislativo.

Como Arias en Chile desfiló ante militares, pudo quizá notar que la disciplina social chilena se siguió del terror de Estado (empresarial-militar) aplicado durante 17 años y plasmado en la Constitución de 1980, aún vigente. En Chile, Hilda Chen Apuy o Albino Vargas, opositores, serían únicamente retratos en pancartas alzadas por parientes y manifestantes que los reclamarían por liquidados o desaparecidos. Los soldados ante los que caminó son institucionalmente torturadores y asesinos. No fueron castigados por sus crímenes ni tampoco se excusaron por ellos. La ley les otorga privilegios (_“convenciones colectivas”_, digamos). El terror con que desagregaron a los trabajadores chilenos es lo que algunos echan de menos en Costa Rica para que el país se “modernice”. De modo que si el premio Nóbel desea copiar a Chile debe estudiar todas sus facetas y no solo las que parecen reforzar su “sueño del pibe”: liquidar ‘monopolios’ que han hecho de Costa Rica lo que es. Lo grato y lo asqueroso. Como la dictadura del capital en Chile.

Javier Córdoba Morales
Redactor Semanario Universidad

Una publicación del diario guatemalteco Siglo XXI sobre la posibilidad de quiebra del 75% de las cooperativas ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), enciende las señales de alerta para el movimiento cooperativo costarricense.

El artículo de Jackelinne Castillo señaló que tres de cada cuatro, de las 1600 cooperativas existentes en Guatemala, está en riesgo de quiebra ante la competencia generada por el TLC.

Según la nota, las auditorias realizadas por la Inspección General de Cooperativas (INGECOP) de Guatemala muestran que el 25% de estas empresas sociales opera con utilidades, otro 25% tiene pérdidas y el 50% restante tiene sus finanzas estables.

Las empresas más afectadas son las que trabajan en el sector agrícola, de consumo, vivienda y comercialización, a las cuales las autoridades cooperativistas de Guatemala recomiendan una reconversión de sus actividades.

No sucede lo mismo con las cooperativas de ahorro y crédito, según lo estable de sus finanzas, las cuales podrían mantenerse vigentes ante la afluencia de capitales que traería el tratado.

Curiosamente, la nota destaca que anualmente la cantidad de cooperativas aumenta en un 40%, de las cuales casi la mitad corresponden al sector agrícola, el más vulnerable frente al TLC.

En un comunicado, el Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales de Guatemala, muestra su preocupación por el desempleo que esta situación puede generar.

“El artículo no hace cálculos respecto a cuánto desempleo va a significar para el país la quiebra de las cooperativas. Se informa que son 1600 las cooperativas existentes, todas en riesgo y las agrícolas, además, en alto riesgo. Si en cada una trabajara un promedio de 10 personas, (que probablemente sea más alta la cifra), estaríamos ante 16 mil futuros desempleados y desempleadas, gracias a las bondades del TLC”, dice el comunicado.

Los activistas señalan que la desaparición de estas empresas locales irá descapitalizando su país y la ganancia generada por la nuevas actividades, se irá en gran parte a manos extranjeras.

Como parte del movimiento social, este Frente hace un fuerte llamado a los cooperativistas y a la población en general, pues en su criterio no dieron a lucha suficiente para rechazar el tratado.

“Compartimos íntegramente el texto de la información, por cuanto se basta por sí misma para que no sólo el movimiento cooperativista ponga las barbas en remojo, sino que, además, vayan tomando conciencia todos los otros sectores sociales que pueden verse igualmente afectados. Muchos, cuando se llamó a la lucha contra el TLC, se abstuvieron bajo el supuesto de que, quizás, les traería algunas ventajas. Ahí las tienen”, dice el documento.

SIN OPOSICIÓN

Felix Cristiá, Director Ejecutivo de la Confederación de Cooperativistas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA), dijo que esta entidad desconoce la información que revela la publicación en Guatemala, pero reconoce como una realidad la vulnerabilidad de las cooperativas agrícolas.

“Depende del sector en el que se ubiquen las cooperativas, porque hay algunas que están exportando y se van a beneficiar, hay otras que tendrán dificultades cuando entren productos que compitan con sus producciones y que son productos de exportación de los Estados Unidos. Así que todo depende en el movimiento cooperativo, del sector en que se esté ubicado”, comentó Critiá.

Cristiá comentó que esta entidad regional ha discutido el TLC en varios foros, pero no ha tomado posición, ya que reconocen que puede perjudicar a unos, pero beneficiar a otros; aunque hay temas que les resultan preocupantes.

“Entre los temas que nos deben preocupar están los de seguridad alimentaria, quienes serán ganadores, quienes serán perdedores. Cuando se comience a ejecutar el tratado hay que poner en el tapete el tema de la educación y la tecnología, ver si estamos preparados para asumir nuevos retos, ver el tema de las mujeres trabajadoras y estar claros en lo que significan las aperturas de telecomunicaciones y seguros”, expresó Cristiá.

RIESGOS ADVERTIDOS

La situación guatemalteca no sorprendió a Harys Regidor, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (COONACOP), quien señaló que los cooperativistas costarricenses ya han advertido sobre los riesgos del TLC.

“Prácticamente no vislumbramos en ninguna parte del tratado una salvaguarda para las empresas de economía social, ya lo dijimos en la Comisión de Internacionales; quiere decir que nos pone a competir en igualdad de condiciones sin tomar nunca en cuenta las asimetrías desde ningún punto de vista”, aseguró Regidor.

Según el cooperativista, en los encuentros con sus colegas centroamericanos, estos mostraron poca profundización sobre el tema del TLC, por lo que no tenían noción real de cómo serían afectados.

“Nos parecía que no había la suficiente profundización del tema, sin embargo en el momento en que ha entrado en vigencia el tratado, y cuando han tenido el acercamiento, no de grandes capitales, digamos que de capitales intermedios, pues el asunto se ha empezado a complicar”, analizó Regidor.

Regidor aseguró que éste es uno de los ciclos históricos en los cuales el cooperativismo se ve atacado por quienes ven afectados sus intereses.

“Esto es histórico, y no solamente en Costa Rica, cuando el cooperativismo se torna fuerte y eficiente, pareciera que hay intereses que se tocan y no aceptarían un cooperativismo fuerte. A nosotros nos llama la atención las opiniones alrededor de Dos Pinos que manifiestan que eso no es una cooperativa, bueno pareciera que es un delito ser exitoso en empresa de economía social”, argumentó Regidor.

Otra situación que preocupa al cooperativismo nacional, es el hecho que no se les identifique como empresas de economía social y se les someta a supervisión, en el caso de las entidades financieras, sin tomar en cuenta sus características particulares.

“Ahorita se tiene el ofrecimiento del Gobierno de la República de entrar en la propuesta de una supervisión especializada como sucede en muchos otros países, en donde existe una supervisión bancaria y una supervisión propia para las empresas de economía social. Si esto no sucede, difícilmente el sector de ahorro y crédito va a poder soportar el embate”, señaló Regidor.

Perjudicar al cooperativismo costarricense significaría afectar a 480 empresas en todas las áreas productivas, que dan empleo a más de 600.000 personas, el 30% de nuestra población económicamente activa.
Regidor destacó el papel de soporte que tienen las cooperativas en las economías de cada país, tal y como sucedió en Argentina durante su última crisis.

“Cuando se dio la crisis, las únicas empresas que quedaron eran las que tenían el capital local, y el capital local eran las cooperativas. En este momento lo que llaman “empresas recuperadas” pasa por un modelo asociativo y que privilegia el capital local, pero fue una lección muy dura que nosotros no quisiéramos pasar”, concluyó Regidor.

Fuente: Semanario Universidad

Este armamento no dispara objetos sólidos, sino que proyecta energía de microondas con una potencia calibrada, de tal forma que no mata a sus víctimas, pero les inflige un dolor insoportable.

Se trata de toda una “familia” de armas nuevas, conformada por el Vigilant Eagle System, el Active Denial System y el Silent Guardian.

El primero es el miembro más grande de la familia. Consiste de una antena de microondas de alta potencia, del tamaño de una valla publicitaria, capaz de “freír” en el aire el sistema electrónico de misiles tierra-aire lanzados desde una distancia de hasta 100 kilómetros.

El Active Denial System, en cambio, ya no está diseñado para “freír” objetos, sino para producir dolor en seres humanos. Opera hasta a una distancia de unos 500 metros, es decir, más allá del rango de fuego de armas pequeñas.

El Silent Guardian, por su parte, fue desarrollado para distancias más cortas, hasta 250 metros. Este dispositivo proyecta un rayo de energía de microondas a una frecuencia de 94GHz.

Evaluaciones realizadas por Sandía Laboratories y Air Force Research Laboratories (AFRL) indican que “esta tecnología es capaz de calentar rápidamente la piel de un ser humano, generando un nivel de dolor que, según lo han demostrado pruebas de AFRL realizadas sobre seres humanos, resulta ser muy efectiva para repeler personas sin quemar su piel y sin causar otros efectos secundarios”.

El informe califica este dispositivo como “una alternativa para la fuerza letal”. Agrega que los rayos logran penetrar a través de las más pequeñas fisuras que encuentren en obstáculos físicos como escudos, paredes y telas. Es más, los rayos parecieran envolver los objetos, girar en torno a sus bordes y afectar cualquier parte corporal expuesta, como los dedos o la cara de quienes intentan ocultarse.

Según Raytheon, estos rayos sólo penetran la primera capa de la piel, la epidermis, hasta una profundidad de 0,4 milímetros, no importa la distancia a que se encuentre la persona apuntada. Esta penetración es suficiente para “estimular” los nervios sensores de la piel.

El fabricante insiste en que los rayos no causan daños físicos o psicológicos, pues asume que las víctimas se retiran, huyen, en cuanto perciban sus efectos.

Sin embargo, llama la atención que cuando en 2003 y 2004 se realizaron pruebas con el Active Denial System en la base de las Fuerzas Aéreas Kirkland, en Nuevo México, a los voluntarios se les pidió que no usaran anteojos ni lentes de contacto, para evitar posibles daños oculares; también se les pidió que no portaran objetos metálicos cerca de la piel, para impedir la formación de_ “puntos calientes”_.

Sobre lo que no hay ninguna duda, en cambio, es la aplicación que tendría esta nueva generación de armas paralizantes: en la guerra urbana, en primer lugar, pero potencialmente también en el control de masas y de fronteras. Y, además, como método de tortura.

Amnistía Internacional ha hecho repetidas advertencias sobre la tortura “push-button”, es decir, aquella en que el torturador sólo aprieta un botón para activarla.

Theo van Boeven, Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre Tortura, ha señalado los riesgos de la nueva generación de “armas no letales” que “incluyen dispositivos que emplean sonidos de altos decibeles y microondas… tecnologías que pueden ser usadas para la tortura y el abuso”.

Ante la aparición de este nuevo tipo de armamento y su dudosa aplicación, la Leeds Metropolitan University, de Gran Bretaña, decidió establecer el Threshold Group, conformado por expertos en armas no letales y no convencionales, con el fin de dar seguimiento y cuestionar las novedosas tecnologías militares.

Este grupo estima que estas nuevas armas redefinirán las convenciones actuales sobre crueldad y democracia, y subvertirán convenios internacionales existentes; además, cree que los métodos de control y la actual legislación internacional requieren de reformas profundas para abarcarlas.

Más allá de estas preocupaciones humanas, jurídicas y políticas, es importante señalar que el Secretario de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Michael Wynne, descartó en septiembre del 2006 el uso de estas armas: “…si no estamos dispuestos a usarlas acá, contra nuestros conciudadanos, entonces no deberíamos estar dispuestos a usarlas en una situación de guerra”.

Sin embargo, llama la atención que Raytheon presenta su producto Silent Guardian como “available now and ready for action”.

¡Va uno a saber en qué escenario serán estrenadas estas armas! Quizá en una manifestación popular o en una frontera de América Latina. No hay que olvidar que antes de la Primera Guerra Mundial, en 1911, la marina de Estados Unidos estrenó su nueva arma aviones militares en Nicaragua.

Y tal vez hasta podría Costa Rica iniciarse en el TLC con la producción de estos “instrumentos”; mal que bien, no son letales…

Nota: Parte de las informaciones anteriores se basan en un artículo de Steve Wright, profesor del Praxis Centre, de la Leeds Metropolitan University de Inglaterra, publicado en el semanario británico The Guardian Weekly, edición 13 – 19 de octubre de 2006, página 19.

*Cineasta y periodista

Fuente: Informa-tico

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INFORMACION ADICIONAL (+No de Informa-tico+)

(posted on 24-6-2005 at 02:55 AM (post id: 1503407) – single – this post
Raytheon Plans High-Power Microwave System To Protect Civil Airplanes

Raytheon has used microwave pulses to shoot down MANPADS type missiles. The pulse that can be directed down one degree of arc can damage the electrical components of the SAM. This is part of the companies Vigilant Eagle system that is designed to deal with the threat posed to civil aircraft as they take off and land. This system makes far more sence than to try to retrofit such systems on existing airliners. Takeoff and landing are when they are at risk from these systems not when they are cruising at 40K feet. Unless Bin laden gets his hands on some SA-2’s or something.

Fuentes de nota y de fotos: Internet y Raytheon

Con el propósito de valorar y tomar una posición fundamentada sobre el paquete de reformas propuesto por la actual administración, presentamos los siguientes lineamientos y principios de valoración. Estos pretenden servir de guía para el estudio sistemático de las propuestas de reforma, estudio que ha sido iniciado a solicitud y con el respaldo del señor rector de la Universidad Nacional (UNA), Dr. Olman Segura.

De esta manera, se cumple con una obligación en cuanto universidad pública, la de ofrecer a la ciudadanía análisis serios y a la vez comprensibles sobre proyectos de ley que son de su indudable interés.
Como punto de partida, es posible caracterizar la situación tributaria costarricense de la siguiente manera:

1- Una carga tributaria baja y claramente insuficiente (cercana al 13,5% del PIB), lo que limita considerablemente la pretensión de que el Estado pueda ofrecer servicios y bienes públicos de calidad y con una amplia cobertura.

2- Una estructura tributaria “moderadamente regresiva” (opinión dominante en círculos oficiales), al menos en comparación con el resto de países centroamericanos; y basada fundamentalmente en impuestos indirectos (75% de lo recaudado). Además, una parte importante de los muy modestos impuestos directos (sobre la renta y al patrimonio) son aportados por los asalariados del sector formal de la economía, con amplias exenciones y exoneraciones para los sectores empresariales más dinámicos y rentables.

3- Una cuantiosa evasión fiscal, tanto en el impuesto sobre las ventas como en el impuesto sobre la renta (renta empresarial, especialmente), que ronda los ¢500 mil millones anuales (según cálculos recientes de la Contraloría General de la República).

4- Una administración tributaria con progresos recientes (profesionalización de personal, fortalecimiento institucional, mayor control y fiscalización, aumento en declaraciones electrónicas); pero que aún mantiene importantes limitaciones (alta evasión, grandes deudas morosas acumuladas o prescritas, fallas evidentes en el régimen sancionatorio).

5- Una legislación tributaria generosa con ciertos sectores económicos (_“guerra de incentivos fiscales”_), dedicada a favorecer el turismo, las exportaciones no tradicionales, incluyendo la maquila; con amplias o totales exoneraciones, no solo de aranceles, sino también del impuesto sobre la renta, de los impuestos municipales y sobre los activos. Como se sabe, parte de esta legislación deberá ser reformulada antes de que finalice 2009, por disposiciones de la OMC.

6- Una política tributaria, y fiscal en general, que enfrenta el dilema de que: a) se debilita la generación de recursos debido a la reducción de aranceles (del arancel externo común en el Mercomun, ajustes estructurales y apertura comercial, ingreso al GATT/OMC, y suscripción de TLC) y a las amplias exenciones y exoneraciones para atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones; b) por otro lado, es necesario aumentar los recursos para favorecer una mayor competitividad con equidad social y desarrollo humano. Esta tensión también involucra la demanda incluso exigencia por parte de organismos financieros internacionales y calificadoras de riesgo-país, de una mínima estabilidad macroeconómica, para la cual es central un déficit fiscal reducido.

Ante este panorama, consideramos que una reforma tributaria en Costa Rica debería guiarse por los siguientes principios o criterios de orientación.

1- Un imperativo ético: enfrentar radicalmente el grave problema de la evasión. No queremos decir que basta con “cobrar bien los impuestos existentes”, ya que muy posiblemente, el logro de ese objetivo presupone (entre otros aspectos) cambios sustanciales en la legislación tributaria, para enfrentar con éxito las muchas deficiencias legales que permiten, facilitan o incluso promueven la evasión.

2- No puede agravar las inequidades de la actual estructura tributaria. Por ello, la misma debe tener como claro efecto una mayor progresividad en esa estructura (_“que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”_). Hay que tener en cuenta que esta progresividad debe evaluarse para la política fiscal en general, y no solo para la política tributaria aisladamente considerada.

3- Debe ser transparente. Que la ciudadanía tenga acceso a información básica: ¿cuánto se espera recaudar en cada tipo de impuesto?, ¿cuáles son los efectos previsibles sobra la inflación y la actividad económica?, ¿quiénes van a ser exentos o exonerados (gastos tributarios)?, ¿cuáles deducciones, créditos o tasas preferenciales se contemplan? Esta transparencia es necesaria para valorar la propuesta en función de los principios anteriores (combate a la evasión y equidad).

4- Debe atacar de manera integral los problemas tributarios. Lo mejor es no seguir “poniendo parches”, sino resolver los problemas estructurales (baja carga tributaria, evasión, inequidad tributaria, baja elasticidad en el ingreso de los impuestos, etc.).

5- Dado que una solución integral podría requerir un aumento significativo en la carga tributaria (hasta 5 ó 6 puntos porcentuales del PIB), este aumento debe ser progresivo. Por ejemplo, un punto porcentual del PIB por año.

6- Es imprescindible que el Gobierno se comprometa a explicar cómo utilizará los nuevos recursos. Las prioridades deberían ser educación, salud, seguridad ciudadana, e infraestructura; no sería ético reclamar nuevas cargas a partir de estas demandas y luego utilizarlas en otros usos.
Sobre la base de estos criterios y de su posterior desagregación y refinamiento, nos comprometemos a entregar dentro de pocos meses a la ciudadanía un análisis global de la propuesta de reforma tributaria que ha presentado la actual administración Arias Sánchez.

Nuestro norte será, como corresponde, “contribuir en la creación de una sociedad más solidaria, próspera, justa y libre” (UNA; Estatuto Orgánico, Preámbulo).

Fuente: La Prensa Libre
22 de noviembre de 2006
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