Categoría: TLC

Lo que pasa es que a usted le niegan el acceso a la información verdadera,
sobre la realidad de la famosa “apertura” en otros países latinoamericanos.
Solamente compare y juzgue usted si la “apertura” que nos proponen es buena.
Veamos:

Telefonía Fija: Precios con cargo fijo con 150 minutos

País	Tarifa en dólares	Tarifa en colones*	Diferencia porcentual
Argentina	16.75	6.914.73	364.92 % más cara
Chile	16.38	6.761.99	356.86 % más cara
México	17.15	7.079.86 3	73.64 % más cara
Costa Rica	4.59	1.894.84	–

Argentina, Chile y México, tienen “apertura”. Tipo de cambio al 3 de noviembre:
412.82 colones por dólar. Hay más datos. La tarifa básica mensual en celulares,
calculada en dólares, comparativamente hablando, es más baja en Costa Rica que
en países latinoamericanos como los siguientes: Tarifa celular básica en Costa
Rica, sin TLC; Comparada con países latinoamericanos con apertura

País	Tarifa básica Dólares Colones		Minuto adicional Dólares Colones
Costa Rica	7.00	2.889.74	0.08	33.03
Colombia	13.18	5.440.96	0.31	127.97
Chile	15.72	6.489.53	0.26	107.33
Panamá	19.95	8.235.75	0.35	144.48
Brasil	20.27	8.367.86	0.20	82.56
Nicaragua	20.99	8.665.09	0.38	156.87
Venezuela	24.62	10.163.62	0.32	132.10
Argentina	25.31	10.448.47	0.45	185.76
Ecuador	26.00	10.733.32	0.40	165.12
Perú	29.99	12.380.47	0.40	165.12

Tipo de cambio al 3 de noviembre: 412.82 colones por dólar. América Central:
Precio de energía eléctrica pagado por una familia que consume 154 kwh/mes (datos
del primer semestre del 2002).

País	Tarifa en dólares	Tarifa en colones	Diferencia porcentual
Costa Rica	10.28	4.243.78	–
Honduras	10.58	4.367.63	2.91 % más cara
Guatemala	13.71	5.659.76	33.36 % más cara
Nicaragua	17.93	7.401.86	74.41 % más cara
Panamá	17.59	7.261.50	71.10 % más cara
El Salvador	20.15	8.318.32	96.01 % más cara

Este es el significado de la "apertura" que nos quieren imponer: es
la posibilidad de hacer gigantescos negocios para beneficio de los mismos de siempre.

Usted los conoce. Solamente póngase a pensar en quiénes nos vienen
diciendo lo mismo, en las últimas semanas.

Salgamos a la calle

Lunes 24 de noviembre: Un día por costa rica.

—-

Noviembre del 2003

Así de claro. Las finanzas de la CCSS para la atención de los asegurados y de las aseguradas, recibirán un duro golpe si los negociadores enviados por el Gobierno de Abel Pacheco, aceptan cerrar la posibilidad de seguir comprando medicamentos genéricos.

Nuestro país quedará, de esta forma, obligado a comprar medicinas de marca, o sea, productos patentados, producidos por las grandes transnacionales del mercado farmacéutico de Estados Unidos. Esto traerá como consecuencia inevitable, la quiebra financiera de la CCSS, debido a que los precios de estos medicamentos de marca resultan mucho más caros (hasta en un ¡3.000 por ciento), generándose dos situaciones.

Por un lado, no se podrá comprar medicinas para todos los costarricenses; o el presupuesto se elevará de tal forma que, a la vuelta de 10 años, la CCSS, institución emblema de la Seguridad Social costarricense, será sacrificada para complacer los intereses de poderosas empresas estadounidenses.

TLC: Una forma de justificar la privatización de la CCSS.

Los políticos-empresarios y los empresarios-políticos, han encontrado esta nueva forma de entregar nuestro Sistema de Salud al capital privado, quienes se frotan las manos esperando el nada despreciable negocito que representan los 70 millones de dólares que invierte la CCSS, anualmente, en medicamentos para TODOS los costarricenses.

Si pasa el TLC la Caja necesitaría no setenta millones de dólares, sino trescientos millones de dólares y ello llevaría a las dos opciones que mencionamos anteriormente. Compare:

• Monto de compra de medicamentos que hace la Caja, anualmente.*

• Sin TLC: $ 70.000.000.oo
• Con TLC: $ 300.000.000.oo

Reacción del sector farmacéutico costarricense

…“Son problemas que van a perjudicarnos mucho y fundamentalmente al área social del país”…, argumentó Gerardo Sibaja, de la Asociación de la Industria Farmacéutica de Costa Rica, al calor de las “negociaciones” del Tratado de Libre Comercio, al conocer que existe esta posibilidad de que el país deba ajustarse únicamente a comprar medicamentos de marca o patentadas, ya que ellos fabrican las genéricas y que representa el 70 % de la inversión que la Caja hace en medicamentos. Agregó, además, que…“los medicamentos genéricos son los que hasta la fecha han sostenido el sistema de seguridad social costarricense“…

Las negociaciones secretas

En esta materia, “Propiedad Intelectual”; como en las otras del TLC, el secreto es lo que impera. Solamente queda una ronda de negociación, en diciembre, y al igual que la recién realizada, también se hará en los Estados Unidos. ¡Curioso!, ¿no les parece?. Aunque el proceso negociador se maneja con un gran secretismo, los Estados Unidos ya habló claro en materia de “Propiedad Intelectual” y por eso, afirmamos, categóricamente, que el futuro de la CCSS, como institución benefactora de la salud costarricense, está terriblemente amenazado.

La cobertura futura de atención que haría la CCSS, alcanzaría para un 12% de la población asegurada, de firmar Abel Pacheco este TLC, con la complicidad de Oscar Arias, entre otros políticos.

¿Qué debemos hacer?

Los trabajadores de la CCSS, los asegurados, usuarios de los servicios de la CCSS, que somos todos los costarricenses, estamos OBLIGADOS a impedir la “quiebra” de nuestro Sistema de Seguridad Social, manifestando nuestra rotunda oposición a las pretensiones de aquellos que buscan hacer el negocio con el dolor y la enfermedad de nosotros y nuestras familias.

Es nuestro deber asumir con patriotismo y determinación la defensa de la CCSS, amenazada seriamente por intereses mezquinos de poderosas transnacionales y de malos “ricachones” costarricenses, que sin desgano pretenden entregarla.

Sumémonos a esta lucha que es por garantizarle a nuestros hijos una CCSS fortalecida, universal y solidaria, para que siempre siga existiendo.

Sigamos el ejemplo heroico de los trabajadores y de las trabajadoras del ICE, que, en una gran unidad sindical interna, han mostrado su fuerza y su convicción en defensa de esta otra institución pública, que al igual que la CCSS, también es estratégica.

COSTA RICA NO DEBE CEDER NI UNA COMA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MEDICAMENTOS GENERICOS EN EL TLC.

En la calle nos vemos…

27 de octubre de 2003

En comparencias recientes en diversas televisoras, los antagonistas de los dirigentes sindicales, quienes hasta ahora han encabezado la resistencia frente a esa acta de capitulación nacional, mal llamado TLC, se han visto sometidos a todo tipo de estratagemas retóricas propias de una guerra psicológica y no de una discusión ideológica. Veamos algunas de ellas.

1.- Amplia utilización de la falacia ad hominem:

La falacia ad hominen es un treta retórica mediante la cual se intenta descalificar al enunciador de una tesis, en vez de combatir la tesis sustentada, con la intención de invalidar la tesis, es decir, se ataca a la persona y no al enunciado. En el caso de los dirigentes sindicales, esta treta se manifiesta cuando se les endilga que sus tesis en contra de un mal llamado TLC responde a la “defensa de sus privilegios”.

Nótese que el tema en debate no son los presuntos “privilegios” de los dirigentes o de los trabajadores. Obsérvese, además, que el discurso neoliberal hábilmente ha hecho pasar cualquier conquista de los trabajadores como “odiosos privilegios que restan competitividad”.

De una manera deshonesta, esconden que los verdaderos privilegios, la “madre de todos los privilegios” los han venido disfrutando ellos, los “empresarios” y sus acólitos, especialmente desde hace alrededor de dos décadas.

Por ejemplo, un señor directivo de una de las cámaras patronales, uno de los más furibundos defensores del llamado TLC, ha disfrutado no solo el privilegio de una “apertura” de la banca sin poner un centavo (rompiendo un monopolio estatal de un valor inconmensurable), sino que los bancos privados en que participa ese “empresario” no pagan impuestos y, además, todos los ciudadanos costarricenses hemos venido pagando por dos décadas las llamadas pérdida del Banco Central, originadas en buena parte en el negocito de ese señor, al cual el Banco Central le concedió préstamos a tasas de interés de alrededor del 3% anual, en tanto que aquel mismo Banco Central, tiene que pagar una tasa del 22%. La diferencia, nos la han venido extrayendo a todos los costarricenses bajo el rubro de “pérdidas del Banco Central”.

Apertura gratuita, evasión del pago de impuestos, financiamiento “apalancado” por toda la ciudadanía en un negocio multimillonario, son VEDADEROS PRIVILEGIOS y no las simples mejoras en la condición de algunos trabajadores, son, para expresarlo con una frase del distinguido lingüista Noam Chomsky, una muestra del “socialismo para los ricos” que constituye el modelo neoliberal.

2.- Utilización de frases efectistas:

Esta estratagema consiste en usar frases cargadas de adjetivos que pretenden generar determinadas connotaciones positivas o negativas en el interlocutor, pero sin aportar argumento ni evidencia alguna. Como ejemplo, se pueden mencionar las declaraciones de un conocido ex-presidente, sumido en una empresa imposible, cual es la de intentar obtener una fortuna tan grande como su ego, quien en declaraciones recientes en torno a la supuesta necesidad de la llamada “apertura” en telecomunicaciones del ICE, espetó en la prensa escrita una perla como la siguiente “No es posible pretender continuar con obsoletos e ineficientes monopolios en el siglo XXI”. En una locución cómo esa ¿Dónde está el argumento? ¿Qué evidencia se aporta a favor de la tesis proclamada? En el caso que nos ocupa, debe agregarse, además, que el individuo de marras no incluye a su monopolio sobre la comercialización del alcohol dentro de los monopolios que, según él, hay que eliminar.

3.- Desvío de la atención del fondo del interés en disputa.

Esta estratagema, continuamente utilizada por todos los apologetas del capitalismo, consiste en desviar, de manera truculenta, el interés en disputa y desviar la atención hacia aspectos subsidiarios que no son objeto del conflicto. En el caso de la apertura de las telecomunicaciones (lo cual es válido para todos los demás temas) se desvía el foco del conflicto desde su real y verdadero interés, cual es quién se apropia de las ganancias de las telecomunicaciones del ICE: todos los costarricenses o unos pocos codiciosos capitalistas. En vez de ello, desvían la atención hacia aspectos periféricos como el de la cobertura de la telefonía celular actualmente en manos del ICE o en la posibilidad o no del ICE de actualizarse con el vertiginoso cambio tecnológico o los supuestos “privilegios” de los trabajadores del ICE.

Otros usos de esta estratagema consiste en desviar el interés de la inversión extranjera directa (IED) desde su verdadero núcleo, cual es la generación de ganancias, hacia temas periféricos como el de la generación de empleos ¿Cómo si los capitalistas establecieran sus negocios para crear empleos?. En el caso particular de las gigantescas multinacionales, Susan George ha mostrado contundentemente en su obra El informe Lugano, que estas empresas no están para solventar las necesidades de empleo de nadie y que, comparadas con su volumen generan un escasísimo número de empleos. En la misma subdesarrollada Costa Rica, las estadísticas son contundentes en mostrar que la mayoría de los empleos los generan las pequeñas y medianas empresas y no las gigantescas transnacionales de alta tecnología (cualquier mercado de provincia genera posiblemente más empleos que Intel).

Los autodenominados “libertarios” (que en realidad son los “totalitarios”, dado el totalitarismo del capital que defienden), son verdaderos expertos en este truco. Para ello pretenden seducir a sus interlocutores con los cantos de sirena de una libertad del consumidor para escoger, desconociendo que, en el capitalismo solo se satisfacen las demandas solventes y que, en consecuencia, para siquiera ser consumidor de cualquier cosa, se requiere ser productor de ingresos, condición que ellos pretenden arrebatarle a la gran mayoría de costarricenses arruinados por la insoportable “competencia” de las grandes transnacionales.

4.- Desconocer el aspecto esencial de una determinada realidad.

Esta estratagema consiste en soslayar la realidad esencia para solo referirse a sus manifestaciones derivadas. Nuevamente los “totalitarios” se llevan las mayores palmas en el uso de este truco. En la polémica sobre los “monopolios” se obvia truculentamente a la “madre de todos los monopolios”, cual es el monopolio de la propiedad privada sobre los medios de producción, monopolizada por solo una clase social, en tanto que a las demás clases y sectores se les ha sumido en el “monopolio” de la no propiedad, situación que los obliga coercitivamente a tener que vender su capacidad de trabajo a los primeros, configurando un escenario asimétrico en el cual los monopolizadores de los medios de producción los obligan a ser cada vez más “competitivos” (trabajar por salarios cada vez más bajos, condiciones crecientemente deterioradas y con una creciente desprotección legal, producto de la eliminación de los “privilegios que conquistaron en duras y largas luchas).

Soslayando el aspecto esencial antes descrito, plantean la discusión solo en torno a los monopolios estatales, a los cuales les asignan ser los causantes de todo tipo de males (ineficiencia, corrupción, despojo de la capacidad de “elegir”, etc.).

5.- Centrar la defensa de los egoístas proyectos solo en expectativas futuras falsas.

Esta estratagema consiste en tratar de persuadir al escucha prometiéndole futuros y deseados beneficios que nunca llegarán pero que, en principio, son deseados por todos. Un ejemplo de este truco fue el utilizado por un conocido “genio” de la economía cuando pretendió legitimar el modelo excluyente centrado en las exportaciones con la “profunda” frase, digna de grabarse en bronces como diría Don Quijote, de que hay que permitir que “los ricos hagan clavos de oro”, acompañando tan sabia sentencia con la infaltable estafa neoliberal del supuesto “derrame”.

Similarmente, otro ex presidente de muy dudosos antecedentes y quien logró la gran “hazaña” de concederle jugosas granjerías a la transnacional Intel, promovió esta acción con el cuento de que con ello Costa Rica “saldría del subdesarrollo”, actualizada en estos tiempos con el cuento infantil de que tal logro lo harán los “cluster tecnológicos” , obviando la realidad de que toda la IED viene por la obtención de jugosas ganancias, dados los bajos salarios que paga (en comparación con sus países de origen) y el incontable cúmulo de privilegios que los malinchistas politiqueros les conceden (exenciones impositivas, venta de servicios públicos por debajo del costo, etc.).

Es ocioso decir que todas esas elevadas expectativas son contundentemente desmentidas por los hechos, como lo demuestra la situación de países como Argentina, Rusia y México y como lo han mostrado destacados intelectuales como el ex-economista jefe del Banco Mundial y premio Nóbel de economía Joseph Stiglitz en su obra El malestar en la globalización”

En fin el arsenal de estratagemas empleadas en esta verdadera guerra psicológica emprendida por quienes desean expropiar al pueblo costarricense de sus conquistas históricas es casi inagotable pero perfectamente “deconstruible”.

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Será destruida financieramente, para luego ser subastada de manera gratuita a los grupos financieros nacionales y sus socios extranjeros. La Caja quedará obligada a comprar, exclusivamente, medicamentos de marca (patentados). El valor de los mismos se elevará, entre un 2.000 y un 3.000 %. Esto quebrará a la CCSS.

Agricultura
Los agricultores de Estados Unidos son fuertemente subsidiados por su gobierno: ¡1.000 millones de dólares, al día!. Los campesinos de Tiquicia, ni una peseta reciben. ¿Es esto “libre” competencia?… Nuestros agricultores serán arruinados.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados(A y A)
La mayor riqueza que tenemos, esencial para la vida (humana, animal y vegetal), será privatizada, vía concesión. Es más, ya está el respectivo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Estados Unidos necesita nuevas reservas de agua porque las suyas se agotarán en pocos años. Nuestro “petróleo blanco” será subastado.

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
95 % de cobertura telefónica y 97 % de cobertura eléctrica: Un mercado codiciado por locales y foráneos. Los salvadoreños entregaron el suyo y hoy pagan, en promedio, 300 % tarifas más caras, que las que pagamos los costarricenses. (Dato de La Prensa Libre, 17-10-03).

Trabajo
Habrá un deterioro más acentuado de las condiciones de empleo y de Seguridad Social. La famosa “competencia” será con base en salarios bajos y “cargas” sociales reducidas al mínimo (“centroamericanización” del empleo tico).

¿Es esta la Costa Rica que usted quisiera heredar a sus hijos e hijas?…
¿Renegaremos de la herencia y de la obra del Dr. Calderón Guardia,
Monseñor Sanabria, Manuel Mora y don Pepe Figueres?

Secretismo:
El Presidente Pacheco y su equipo “negociador”, han ocultado toda información sobre lo que se ha pactado en las mesas de “negociación”. Nadie, absolutamente nadie, conoce qué se ha pactado, qué se ha negociado o qué se está negociando. Si el Tratado de “Libre” Comercio con los Estados Unidos (TLC) es tan bueno, ¿porqué lo esconden, porqué lo ocultan? …

Los defensores de los jugosos negocios del TLC:
Analice con cuidado, porqué todos estos están coincidiendo en hablarnos de las supuestas “bondades” del TLC:
Oscar Arias, el Grupo “La Nación”; CINDE y UCCAEP (cámaras empresariales)…
¿Qué intereses defienden estos que apuestan a este tipo de TLC?…

¡PREPARÉMONOS!, NOS VEMOS EN LAS CALLES.
USANDO LA DEMOCRACIA DE LA CALLE, DEFENDEREMOS EL VALIOSO
PATRIMONIO NACIONAL QUE NOS FUE LEGADO.
Estamos en los momentos más trascendentales
y definitivos de toda la vida republicana de Costa Rica…, Y estos poderosísimos grupos económicos y políticos lo quieren todo.

Los y las participantes de los distintos grupos, son activistas, delegados, dirigentes intermedios, hombres y mujeres, quienes, a su vez, expresan el sentir de sus respectivas membresías, las cuales se habrán de movilizar, masivamente, en los grandes momentos oportunos que vendrán.

El objetivo central de la actividad de este lunes 20 es empezar a hacer visible la amplia coalición de grupos que, en medio de la variedad de expresiones que caracterizan a la sociedad civil del movimiento social costarricense, han decidido realizar esfuerzos de unidad de acción en esta cruzada patriótica, la más importante de toda la vida republicana de Costa Rica.

Al menos en cuatro puntos habrá actividad de movilización: a) Frente a las oficinas centrales del ICE, en La Sabana; b) frente a la sede del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); c) en el Parque La Merced y d) desde la Universidad de Costa Rica.

En el COMEX, por ejemplo, se unirán las representaciones de grupos sociales como el FIT-ICE, UPANACIONAL, muelleros limonenses y puntarenses y ANEP, entre otros.

Posteriormente se dará una confluencia frente a la Asamblea Legislativa.

Por tanto, la acción social de este lunes 20 de octubre debe concebirse como el arranque de este proceso de unidad social callejera, pues es muy probable que las voces y sectores entreguistas, apátridas, pretendan cantar una “victoria” anticipada, cuando esto apenas empieza.

Lo más importante para este lunes 20, como indicamos, es la formalización de un compromiso cívico de la diversidad y multiplicidad de sectores sociales, para potenciar juntos, el ejercicio de la democracia de la calle.

Albino Vargas Barrantes – Fabio Chaves Castro – Jorge Arguedas Mora

San José, 17 de octubre del 2003.

01- ¿Ha tenido su organización, información acerca del contenido general del TLC (Centroamérica – EEUU), que se está negociando? ¿Qué clase de información?

La información que ha existido no es oportuna, útil ni suficiente para poder evacuar las dudas e inquietudes de la sociedad costarricense, y mucho menos para permitir conocer el desarrollo del proceso. La información ha sido cosmética y la mal llamada “posición nacional” elaborada por COMEX, es sumamente vaga.

02- ¿Ha tenido su organización información acerca del contenido laboral que se está negociando en el TLC? ¿Qué clase de información?

La información en materia laboral ha sido marginal. Sólo existe una declaración de “buenos deseos” en la mal llamada “posición nacional” elaborada por COMEX. Adicionalmente obtuvimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una presentación, sumamente general, sobre la propuesta de Costa Rica en materia de cooperación laboral. Ha existido una mayor claridad sobre la posición de Estados Unidos en la materia, ya que la única claridad que ha existido de los negociadores de Costa Rica, ha sido su posición sobre la exclusión del tema laboral y ambiental del cuerpo del tratado; así como sobre su posición de no vincular el tema laboral o ambiental con el comercio y, mucho menos, con sanciones comerciales. Todos los otros temas, de igual o mayor relevancia, han sido ignorados, o al menos, no hemos tenido absolutamente ninguna información al respecto de parte de los negociadores.

03- ¿Ha participado su organización en eventos o actividades concernientes al TLC? Menciónelos brevemente

ANEP no ha participado en los cuartos adjuntos, ya que partimos de la idea de que los cuartos adjuntos, donde ni si quiera se leen los textos o borradores como sí lo hacen otros países, son un instrumento para generar la apariencia propagandística de un proceso participativo. Hemos tenido algunas conversaciones bilaterales con funcionarios (as) de Gobierno, sobre todo manifestando nuestra preocupación y solicitando verdaderos espacios de negociación nacional, o al menos de información real y específica. Sí hemos participado en eventos organizados por organizaciones sociales y productivas, así como por instituciones no estatales.

Finalmente, procuramos utilizar en la denominada Comisión de Alto Nivel, generada luego de los procesos de huelga de mayo-junio de este año; en el que confluimos diversas organizaciones sindicales, para discutir verdaderamente el TLC. Sin embargo, el secretismo, la confidencialidad y las exposiciones cosméticas de funcionarios de COMEX han sido la tónica. Nuestro malestar y nuestra enérgica protesta se ha canalizado en ese espacio y otros espacios, como por ejemplo el grupo de 26 diputados y diputadas que han solicitado recientemente una moratoria para subsanar el viciado proceso desarrollado hasta ahora por COMEX.

Adicionalmente, hemos participado en un proceso de diálogo social liderado por la Cátedra Víctor Sanabria, en el que se juntan actores de sociedad civil (empresariales, de economía social, ambientalistas, campesinos, iglesia, sindicalistas, etc.), pero solamente se han contrastado las diversas posiciones de los sectores en diversos temas del TLC.

04- ¿Ha participado su organización en eventos o actividades concernientes al tema laboral en el TLC? Menciónelos brevemente

Básicamente en sesiones y talleres de trabajo internos de la organización, así como con relación a otras organizaciones. Tal y como se dijo anteriormente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), nos presentó, de forma muy general, en el Consejo Superior de Trabajo, exclusivamente la parte correspondiente a cooperación laboral. Sin embargo, ni siquiera en ese espacio se logró discutir con profundidad el tema laboral, ni con la cúpula empresarial que participa en ese organismo ni con Gobierno. Nuestra crítica fue enérgica pero no obtuvo eco ni de Gobierno ni de esa cúpula empresarial. Dentro del proceso de diálogo social liderado por la Cátedra Víctor Sanabria, se han contrastado diversas posiciones en materia laboral de los diversos sectores que ahí participan.

05- ¿Con base en la información que su organización tiene, está de acuerdo o no su organización en que se negocie el TLC?

ANEP no se opone al comercio internacional y mucho menos al comercio justo. Sin embargo, con la escasa, inoportuna, insuficiente y vaga información suministrada por COMEX y, en general, por el Gobierno, es imposible que estemos de acuerdo con la negociación del TLC.

06- ¿En el caso que no se esté de acuerdo con que se negocie el TLC, señale cuáles son los principales motivos o razones que justifican la posición de su organización?

El principal motivo es el de la escasa participación real, la ausencia de negociación de país para posicionarnos frente al TLC con un proyecto incluyente social y productivamente y distribuidor de riqueza. El grupo de funcionarios (as) de Gobierno que lideran ese proceso, responden a un paradigma de modelo que ha demostrado ser abusivo, concentrador de riqueza y tremendamente excluyente, tal y como ha demostrado con diversos énfasis en Latinoamérica.

En ese marco de secretismo en la negociación, es imposible aceptar el proceso de negociación, y es imposible aceptar, como un “acto de fe” lo que un grupo de funcionarios (as) está negociando en un proceso que, indudablemente, provocará un impacto profundo e irreversible en la Costa Rica de los próximos cincuenta años. Finalmente, no ha existido la menor posibilidad de conocer cuál es la posición de Gobierno frente a las propuestas, generales o con gran concreción, que diversos grupos o sectores hemos realizados durante todo el proceso y aún antes de su inicio.

07- ¿En el caso de que se esté de acuerdo con que se negocie el TLC, señale cuáles son los principales motivos o razones que justifican la posición de su organización?

En el tanto estamos de acuerdo con el comercio internacional y con el comercio justo, que responda o refleje un sistema de desarrollo nacional incluyente, solidario, generador y distribuidor de riqueza, estaríamos de acuerdo en negociaciones comerciales que reflejen esa concepción de país.

08- ¿En el caso de su organización esté de acuerdo con que se negocie el TLC, se plantean o no condiciones que delimiten esta negociación?

En cuanto al proceso las condiciones mínimas son las de transparencia y participación. En cuanto a contenidos, existen una serie de preocupaciones fundamentales de las organizaciones sociales, con relación a diversos temas sustantivos, por ejemplo:

1. En materia de propiedad intelectual (por ejemplo, exclusión de transgénicos, protección de biodiversidad nacional, de las obtenciones vegetales y del derecho de las comunidades para guardar, usar, vender e intercambiar sus semillas; así como protección a la utilización de los medicamentos genéricos),

2. En materia de servicios públicos (soberanía nacional para proteger y desarrollar la institucionalidad pública en áreas estratégicas, si es necesario por medio de monopolios públicos),

3. Inversiones (limitación a un trato nacional de los inversionistas extranjeros y defensa de derecho soberano de establecer límites de interés público, sin que ello implique indemnizaciones a inversiones extranjeras),

4. Subsidios agrícolas y protección de campesinado nacional, en atención al principio de soberanía alimentaria,

5. Accesos a mercados (de forma tal que se proteja la creación de empleo nacional y al sector productivo nacional, sobre todo, micro, pequeño y mediano; así mismo, eliminación de barreras no arancelarias, salvo en materia laboral, ambiental y social),

6. Compras gubernamentales que prioricen las “mipymes” nacionales, así como que incorporen criterios de sustentabilidad social, laboral y ambiental,

7. Sistema de solución de controversia público y con participación social.

8. En el tema laboral profundizaremos en las siguientes preguntas.

09- ¿Está de acuerdo su organización, en que se incluya el tema laboral, dentro de la negociación de un TLC?

Para ANEP es inaceptable que se pretenda desconocer la íntima relación entre el tema laboral, el tema ambiental y el tema social con el comercio, tanto nacional como internacionalmente. Por tal razón es inaceptable cualquier tratado que invisibilice, o no trate adecuadamente esa estrecha relación.

10- ¿Está de acuerdo su organización, en que el tema laboral, se regule en el propio texto de este TLC, o hubiera preferido algún acuerdo paralelo?

En virtud de lo dicho en la anterior pregunta, la regulación del tema laboral, del tema ambiental y del tema social, en su íntima relación con el comercio, hace indispensable que se regule como parte integral del TLC, y no en acuerdos o convenios accesorios.

11- ¿Cuáles son los principales objetivos que debería contemplar el tema laboral en el TLC?

Para ANEP, los objetivos indispensables deberían ser los siguientes:

1. Reconocer la íntima relación entre comercio y la forma como se producen los bienes y servicios desde el punto de vista laboral

2. Debe establecer mecanismos de cooperación, verificación y sanción que promuevan el cumplimiento de la legislación laboral, sobre todo la relacionada con los derechos fundamentales declarados por la OIT; buscando constatar y verificar el cumplimiento de esos derechos, y sancionar, efectivamente, la competencia desleal vía dumping social, laboral o ambiental.

3. Debe reconocerse la diferencia en los costos de producción, por diversos estándares sociales, laborales y ambientales; de forma tal que se reonozca al país, y al sector productivo que tiene mayores costos, por obedecer a un sistema sustentable laboral, social y ambientalmente, así como a un modelo distribuidor de riqueza.

4. Debe promoverse la producción social, laboral y ambientalmente limpia, con un trato diferenciado en término de políticas públicas nacionales e internacionales de apoyo y promoción de ese tipo de producción; que generen incentivos, premios y reconocimientos a este tipo de producción y a los procesos productivos dirigidos a satisfacer estándares de producción social, laboral y ambientalmente limpia.

12- ¿Está de acuerdo su organización, en que el tema laboral del TLC, establezca mecanismos de solución de controversias y disputas?

En tanto el tema laboral, al igual que el ambiental, deben formar parte integral del tratado, y en atención a los objetivos anteriormente indicados, es indispensable que se establezca un mecanismo de solución de controversias y disputas; que no sólo sea transparentes, sino que permitan la participación de organizaciones sociales, y que sea absolutamente imparcial y sumamente especializado.

13- ¿Está de acuerdo su organización, en que el tema laboral del TLC, incluya sanciones por el incumplimiento de los derechos laborales?

El reconocimiento de la competencia desleal, en todas sus formas, incluido el dumping social, laboral y ambiental, requiere procesos de acompañamiento y promoción, pero también de verificación y sanción.

14- ¿Si su organización está de acuerdo con sanciones, por qué tipo de sanciones abogaría su sector y a quien considera que se debe sancionar, al país o al infractor directamente?

Las sanciones deben ser morales y económicas. En primer lugar, un país determinado debería poder incentivar y desincentivar los productos de empresas que producen con base en prácticas, demostradas imparcialmente, de violación de derechos laborales, ambientales y sociales. Sin embargo, no toda violación a normas laborales, ambientales y sociales debe producir sanciones comerciales. Sólo debe sancionarse comercialmente, tanto moral como económicamente, la práctica sostenida de producción que viole sistemáticamente estándares laborales, ambientales y sociales predeterminados y definidos en su contenido con gran claridad.

En segundo lugar, debe sancionarse, en primer lugar, a la empresa que incurre en este tipo de práctica sistemática, y al Estado únicamente, en tanto no vele porque los procedimientos nacionales de verificación, reparación de daños causados por violación de esos estándares, y sanción por esas violaciones, no tutelen efectiva, oportuna y rápidamente esos estándares.

15- ¿Está su organización al tanto de lo planteado por Estados Unidos en esta materia y si lo está, que opina al respecto?

Existe una mayor claridad de lo que Estados Unidos ha dicho en materia laboral, aún cuando el secretismo del proceso no nos permite tener una claridad absoluta. En primer lugar, por la misma ley de ese país, no existe posibilidad de un tratado en el que los temas laborales y ambientales no formen parte integral del tratado; y existe, además, una vinculación entre la violación de esos estándares y las sanciones comerciales. En este sentido coincidimos con esta parte de la posición de ese país.

Sin embargo, adicionalmente, los Estados Unidos han insistido en que cada país debe cumplir la legislación que ya tiene, y no establecer estándares comunes. Esto, de una forma irresponsable ha sido asumido con buenos ojos por el Gobierno de Costa Rica, que ignora que ese país tiene peores estándares laborales y ambientales en muchas áreas: por ejemplo en libertad sindical y negociación colectiva, en trabajo infantil, en discriminación en el empleo y en trabajo forzoso.

Por ejemplo de los ocho tratados de la OIT que tutelan esos derechos fundamentales, los países centroamericanos han ratificado los ocho, salvo El Salvador que ha ratificado seis. Estados Unidos por su parte solo ha ratificado dos. De esta forma, es inaceptable que Estados Unidos no reconozca los mejores estándares, al menos en el papel, que los países centroamericanos han asumido soberanamente. Otro tanto sucede con los estándares ambientales, por ejemplo en lo que se refiere al Protocolo de Kioto. Finalmente, ni los Estados Unidos, ni los países centroamericanos han visibilizado el tema de la promoción de la producción social, laboral y ambientalmente limpia, lo cual se refleja en la ausencia de incorporación de este tipo de mecanismos en la agenda de cooperación labora y ambiental. Tampoco han visibilizado las asimetrías en costos de producción para los diversos productores nacionales de los diversos países, lo cual continuará invisibilizando los mayores costos de producción de los productores de países como Costa Rica, que poseen mayores estándares en términos de costos de producción que los restantes países de Centro América.

Este tratado, dada la importancia de EE.UU. como nuestro primer “socio comercial”, estará definiendo para los próximos cincuenta años, el destino de nuestras economías y, por tanto, el futuro de nuestros pueblos.

Consideramos que estos tratados de libre comercio, sustentados también en las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), han servido, principalmente, para abrir los mercados en beneficio del capital transnacional a costa del estrangulamiento de nuestras economías nacionales y el constante deterioro de la calidad de vida de nuestros pueblos; afectando sensiblemente, el empleo, la salud, educación, agricultura y la biodiversidad.

Adicionalmente, el proceso de “negociación” de este tratado se ha manejado de forma oculta. A las organizaciones sociales y sindicales, no se nos ha mostrado ningún documento de los que hasta ahora se han venido elaborando, que nos permita tener claridad de la clase de compromisos que se han venido asumiendo.

La transparencia ha sido la gran ausente en todo este proceso y si se nos ha llamado a alguna mesa, ha sido con el único objetivo de hacernos parecer ante la opinión pública, como partícipes, de algo que se nos ha negado conocer.

Por tanto, este proceso, tal y como se ha manejado, reviste la más perniciosa visión antidemocrática, renegando de la real y sana partición que los sectores sociales de nuestros países, responsablemente, hemos venido reclamando.

El Gobierno de los Estados Unidos sigue insistiendo en una mayor desregulación y liberalización de la economía; insisten en la privatización de las instituciones y empresas públicas; en la flexibilización de las normas del trabajo; en profundizar los instrumentos jurídicos para proteger la propiedad intelectual; en fin, asegurarse el control productivo y jurídico de nuestras economías.

Ante esta situación creemos, firmemente, que ha llegado la hora de reconocer lo nefasto y pernicioso que resulta para nuestros pueblos y concomías ese tipo de comercio.

Urge que nuestros gobernantes, visionaria y dignamente, reemplacen este sistema anexionista, inequitativo e injusto a que nos obliga el Gobierno de los EE.UU., por un nuevo concepto de comercio; que se base en la cooperación, el respeto y el justo intercambio entre las naciones y en función del bienestar social y el desarrollo económico de todos los pueblos.

Para darnos la oportunidad de plantearnos un nuevo concepto de intercambio comercial, se hace necesario que nuestros gobiernos, decreten sin demora, una moratoria en las actuales negociaciones del TLC; permitiendo así a la ciudadanía y a sus organizaciones conocer, analizar y participar en la definición de los contenidos de las diversas propuestas de negociación, como insumo base para la toma decisiones.

Desde nuestra visión, necesitamos avanzar hacia un modelo de integración regional que tenga como objetivo construir sociedades verdaderamente sustentables: donde se satisfagan las necesidades de las generaciones presentes y futuras, en un contexto de respeto de los ciclos y ritmos de la naturaleza.

Necesitamos proteger la diversidad cultural, biológica, económica y social; introducir políticas que prioricen las economías y el comercio local; asegurar el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y laborales internacionalmente reconocidos; y, reclamar la soberanía de los pueblos, así como la vigencia de procesos democráticos de toma de decisiones a nivel regional, nacional y local.

Para lograrlo debemos definir nuevas reglas basadas en los principios de control y gestión democráticos de los recursos, de la sustentabilidad ecológica, de la equidad, de la cooperación regional e internacional.

Con fundamento en lo arriba mencionado, exponemos las siguientes demandas a nuestros gobiernos:

Decretar una moratoria al presente proceso de negociaciones, que permita conocer los documentos de fondo para el análisis y posterior toma de posición de cada sector frente a esta negociación. Luego deberá abrirse un espacio para la definición de posiciones nacionales y, posteriormente, poner en práctica un mecanismo democrático de rendición de cuentas.

Reiteramos nuestra oposición a la forma antidemocrática en que este proceso se conduce. Nuestros pueblos han luchado con mucho dolor por construir sociedades verdaderamente democráticas, para lo cual se requiere transparencia, participación, rendición de cuentas y absoluta libertad de información.

Exigimos que los derechos sociales y ambientales no sean supeditados a los intereses y reglas comerciales. Por lo tanto, las negociaciones no deben aplicarse a los aspectos fundamentales del bienestar humano y del equilibrio ecológico de nuestra región.

Consideramos que áreas como salud, educación, propiedad intelectual, seguros, finanzas, energía, telecomunicaciones, agroindustria, pequeña y mediana industria y otros servicios básicos prestados por el Estado, no deben ser sometidos a las actuales reglas internacionales de comercio.

Demandamos que haya un suministro continuo de información y, en primera instancia, se deben facilitar los documentos de fondo sobre los contenidos de las negociaciones y que los gobiernos a través de sus respectivos ministerios de Comercio Exterior y otros, apoyen un amplio proceso de discusión, tanto al nivel nacional como local.

Consideramos que el TLC tal y como está planteado, no es más que el fortalecimiento y consumación del paradigma conservador y neoliberal que hoy socava a nuestra América Latina. Aceptar este paradigma de modelo desarrollo que encarna el TLC que se nos propone, no es más que condenar a nuestros pueblos y territorios a la explotación del capitalismo salvaje y, por tanto, condenarlos a la miseria, a la exclusión social.

Reiteramos nuestro compromiso para lograr un sistema de comercio sustentable, social y ambientalmente justo, en un marco participación y rendición democrática de cuentas.

Por lo tanto, como primer paso, demandamos a nuestros gobiernos declarar la moratoria a estas “negociaciones” y llevar a cabo lo exigido en este documento, para erradicar la forma oculta y antidemocrática, como hasta ahora se ha manejado este proceso.

Señores Presidentes, nuestra región, nuestras comunidades y pueblos bien se merecen una oportunidad.

Atentamente,

Ciudad de Guatemala, 20 de setiembre del 2003.
—-
c.: Parlamentos de las Repúblicas Centroamericanas.
c.:Parlamento Centroamericano.
c.:Organizaciones Sociales Hermanas.
c.:Medios de Comunicación Colectiva de las Repúblicas Centroamericanas.
c.:Trabajadores y trabajadoras de nuestros pueblos.
c.:Juntas Directivas de nuestros sindicatos.

El próximo lunes 27 de enero, fecha en que se inicia la primera sesión negociadora hacia la eventual suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los países centroamericanos y los Estados Unidos de América, una amplia gama de representantes de diversos sectores sociales, se concentrarán en el Monumento Nacional (Parque Nacional), para anunciar al país su posición frente a un proceso de tanta trascendencia económica, social y política para las naciones de la América Central. El evento arrancará a partir de las 9 de la mañana.

Sectores campesinos, laborales, ecologistas, magisteriales, cívicos, académicos, religiosos, comunales y de otra índole, mostrarán su fuerte oposición a la negociación de un tratado en el cual no prive la transparencia, la divulgación y la participación con poder decisorio, del pueblo costarricense. Repudiarán, además, el secretismo que hasta ahora ha imperado en las conversaciones previas.

Se contará con la presencia del Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República, quien recibirá de parte de las organizaciones, una solicitud para exigir que se haga pública toda la documentación del proceso y que se hable con toda claridad a la ciudadanía costarricense y a los otros pueblos centroamericanos.

Posteriormente, representantes de las delegaciones participantes buscarán a los señores diputados jefes de fracción de las distintas representaciones políticas, así como a otros legisladores y a otras legisladoras; para demandar un involucramiento activo, con poder decisorio, de parte de la Asamblea Legislativa; y evitar que a ésta la pongan a definir la aprobación de algo en lo cual no ha tenido la más mínima influencia.

En este evento del lunes 27, los organizadores del evento esperaran una asistencia de unos mil dirigentes sociales, en esta primera actividad de una cadena de acciones, de la más diversa naturaleza, a lo largo de este año 2003, para evitar un TLC que, entre otros efectos perniciosos, aniquile lo poco que queda del agro nacional; que abra paso a las privatizaciones de las empresas públicas, bajo la modalidad de las “aperturas”; que degrade el ambiente y que entregue nuestras reservas de agua y la rica biodiversidad nacional; así como que lleve a una aplicación flexible y hasta anule, la vigencia de nuestro Código de Trabajo.

San José, 21 de enero del 2003.

Basándose en estos aspectos cruciales, los acuerdos para incrementar la integración económica, el comercio y la inversión, como el actual proyecto de Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centro América y el SICA (Sistema de Integracion Centroamericana) deben beneficiar al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la elevación de la competitividad de las empresas en su disputa por la supremacía en los mercados regionales y mundiales, no puede realizarse excluyendo los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Por el contrario, el desarrollo económico y la intensificación del comercio en los países de la región deben servir a la elevación de las condiciones de vida de todos los pueblos y fortalecer el respeto de los derechos humanos y ambientales fundamentales, a través de una mejor distribución de los ingresos entre los países desarrollados y los no desarrollados, y dentro de cada sociedad nacional, de manera tal que el proceso de integración implique una real promoción del desarrollo social y de fortalecimiento de la democracia.

Se trata de asegurar que cualquier acuerdo de integración entre nuestros países sirva a los trabajadores y a todos los sectores sociales de la región y no solamente a las grandes empresas. Para ello, un acuerdo entre países debe basarse entre estos y otros aspectos:

a) Normas Básicas Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Actualmente existen problemas en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores tanto en Centro América como en Estados Unidos. En Centroamérica la libertad sindical y el derecho a negociar convenciones colectivas, en los términos que señalan los instrumentos de la OIT, se violan permanentemente. A pesar de los compromisos que los países han asumido, obligándose a respetar la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, el derecho de asociación les está vedado a grandes cantidades de trabajadores en estos países. En Centro América como en Estados Unidos los empleadores pueden actuar con impunidad y despedir a aquellos trabajadores que intenten ejercer su derecho legal de afiliarse a sindicatos, y pueden también demorar y obstruir el proceso de negociación colectiva. La existencia de instituciones eficaces que permitan la resolución democrática y equitativa de los conflictos políticos contribuye a lograr mayor productividad, estabilidad y crecimiento sustentable.

En consecuencia, un tratado de integración económica debe requerir que los países participantes se comprometan a asegurar la aplicación efectiva las normas constitucionales y de sus propias leyes laborales, y a cumplir con las normas básicas contenidas en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y los convenios de la OIT ratificados por los Estados. Dichas obligaciones deben ser incorporadas dentro del texto central de cualquier acuerdo comercial. Con ello se motivaría y fomentaría el cumplimiento efectivo de estas normas. Asimismo, es necesario que se incluyan mecanismos de sanción por violaciones de las normas básicas para asegurar que los derechos fundamentales de los trabajadores sean respetados. Para ello será conveniente sujetar el cumplimiento de los derechos a los mismos mecanismos de resolución de disputas que el resto del acuerdo. Para la consolidación de estos derechos laborales, son un antecedente importante las primeras menciones realizadas por los Presidentes Centroamericanos en el marco del SICA, a través del Tratado de Integración Social Centroamericano, el protocolo de Guatemala, la Declaración de San Salvador II Cerro Verde, y la Declaración de los Presidentes Centroamericanos sobre Seguridad Social, en cuanto a promover: la no discriminación, la remuneración justa, la promoción del empleo, la movilidad de la mano de obra, la capacitación profesional y la seguridad social. Asimismo, desde el campo sindical, acaba de acordarse (Resolución de Antigua Guatemala, octubre 2002) que los acuerdos de integración no deben lesionar las garantías de los pueblos indígenas y tribales, y no deben tener impacto negativo a la protección del medio ambiente y la equidad de género.

b) Medidas compensatorias:

Los acuerdos de integración economica deben incorporar medidas compensatorias para equilibrar los desbalances productivos y laborales que resultaron de la reestructuración productiva vinculada a la construcción del mercado ampliado. Su objetivo es estimular la generación de empleos dignos, suficientes y productivos, así como formar y reinsertar a los trabajadores que perdieron sus empleos por la reestructuración económica. Deben servir para mejorar la aplicación de los derechos laborales mediante cooperación, asistencia técnica y asistencia financiera. Esta política podrá ser diseñada a partir de, como lo recomienda la Resolución de Antigua Guatemala, la realización de estudios técnicos sobre el impacto de la integración en los diferentes sectores económicos.

c) Inversión:

Las organizaciones sindicales centroamericanas reconocen la importancia y la necesidad de la inversión de capital para el desarrollo del mercado externo e interno y para la generación de nuevas industrias, ampliar servicios y crear nuevos empleos en las economías nacionales, jamás para que empresas transnacionales se apropien de las empresas que los estados han creado para producir y brindar servicios. Los tratados de integración económica no deben otorgar privilegios a las empresas transnacionales por encima de las leyes nacionales, incluyendo la facultad para demandar contra las leyes nacionales de interés público en tribunales secretos, como se ha establecido en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Nuestros gobiernos deben proteger su propia facultad de regular a los inversionistas para que colaboren con el desarrollo económico adecuado mediante encadenamientos en lo productivo y lo fiscal y para que cumplan con objetivos sociales y ambientales. Además, los ciudadanos afectados deben tener el derecho de participar en cualquier resolución de disputa entre su gobierno y un inversionista extranjero.

d) Servicios Públicos:

Los Servicios Públicos han sido uno de los más afectados por las tendencias hacia su mercantilización. Ningún acuerdo de integración económico debe restringir el derecho de un gobierno de producir e invertir en servicios públicos de calidad para toda la población, ni prohibir la aplicación de políticas de adquisiciones públicas para avanzar hacia metas sociales legítimas. Ningún acuerdo comercial debe restringir el derecho de los gobiernos de regular los servicios privados de manera legítima para proteger el interés público, por ejemplo evitando incrementos injustificados de tarifas. Los resultados de las políticas neoliberales, demuestran en la práctica la agudización de la desigualdad en el ingreso y la inequidad de la riqueza, factores que se han acelerado a través de las reformas al sector publico. La tendencia de los estados neoliberales y los monopolios privatizadores, han impedido construir mayores márgenes de igualdad social.

e) Agricultura:

Los tratados de integración económica deben contemplar y proteger los derechos de los pequeños productores y los trabajadores rurales sin tierras y deben respetar los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a vivir y producir colectivamente de sus tierras. Los subsidios sobre los productos agrícolas no deben darse a unos en detrimento de otros, y solo en casos necesarios y debidamente justificados, por apoyar a los pequeños y medianos productores y no a las grandes empresas agrícolas ni a la exportación. Los estándares sanitarios y fitosanitarios deben ser desarrollados por medio de consultas públicas con la intención de garantizar una alta calidad y seguridad sin dejar a los pequeños productores fuera del negocio al imponerles estándares que favorecen injustamente a la mega industria o la agricultura química intensiva. Los países participantes en los tratados deben tener el derecho a la soberanía alimentaria, entendido como el derecho a proteger a sus pequeños productores de los grandes flujos del mercado, especialmente cuando el no hacerlo implica trastornos sociales.

f) Migración:

La migración laboral se produce por varios factores incluyendo las inequidades que genera el modelo neoliberal, y por la búsqueda de una mejor calidad de vida. Los trabajadores migrantes contribuyen de manera positiva al desarrollo económico y social de los países. Las vulnerables economías centroamericanas se caracterizan por ser exportadoras de mano de obra barata, en su propia región y hacia otras naciones. En algunos casos los migrantes deben atravesar enormes dificultades y peligros para ingresar a otros mercados laborales de mayor renta (Estados Unidos y otros). Cualquier tratado de integración económica debe contemplar cláusulas que estimulen la generación de empleos dignos, suficientes y productivos para descartar la competencia comercial vía salarios bajos y condiciones laborales deplorables. Considerando el hecho de que los trabajadores inmigrantes y sus familias contribuyen a la economía del país receptor y hacen contribuciones en sus comunidades y en sus centros de trabajo, deben recibir el beneficio de un estado legal permanente. Por eso la AFL-CIO apoya la adopción de un programa nuevo de amnistía para los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos. Asimismo, los trabajadores inmigrantes deben disfrutar de todos los derechos que les corresponden en sus centros de trabajo y gozar de todas las protecciones de la ley. Las organizaciones sindicales centroamericanas y la AFL-CIO rechazamos las conductas discriminatorias hacia los trabajadores inmigrantes indocumentados quienes son reprimidos cuando ejercen sus derechos laborales en sus centros de trabajo. Además, rechazamos cualquier programa de trabajadores huéspedes en Estados Unidos cuya aplicación crea una clase de trabajadores fácilmente explotados y contribuye a la reducción de los derechos básicos de los trabajadores quienes laboran temporalmente en dicho país. Finalmente, no habrá una solución al problema de la migración hasta que haya un esfuerzo efectivo para estimular el desarrollo real y equitativo- con más y mejores empleos- en los países centroamericanos.

g) Deuda:

Los países latinoamericanos destinan más del 30% de sus exportaciones para el pago de su deuda externa e interna, esto hace totalmente inviable la posibilidad de que estas economías lleguen a un nivel de desarrollo. Por esta razón un tratado de integración económica de nuestros países debe incluir medidas para aliviar la deuda de los países centroamericanos, crear mecanismos de arbitraje internacional para reducir la deuda y permitir a los gobiernos imponer controles sobre el flujo de capital para evitar o alivar situaciones de crisis financiera. Un acuerdo comercial debe reconocer que los acreedores internacionales tienen tanta responsabilidad para el endeudamiento insostenible como los deudores y ellos deben jugar un papel más efectivo en la resolución de la crisis. Los países desarrollados también tienen una responsabilidad de contribuir al desarrollo por medio de asistencia técnica y financiera más amplia.

h) Transparencia, Difusión y Participación:

Todo proceso de acuerdo de integración deberá ser ampliamente difundido y contar con la participación real y efectiva de los actores sociales, tanto en su negociación como en su aprobación y luego en su evaluación y seguimiento. Por ejemplo, siguiendo recomendaciones de CIOSL-ORIT, las Federaciones Sindicales internacionales, la Alianza Social Continental, y la Resolución de Antigua Guatemala, nuestros gobiernos deben liberar el texto borrador en intervalos regulares; dar participación a la población en el tratamiento parlamentario del acuerdo, convocar a referéndum o consultas populares sobre los acuerdos, consultar con su propia población antes de iniciar cualquier disputa ocasionada por la aplicación del acuerdo, liberando los documentos y las decisiones tomadas; aceptar solicitudes de personas interesadas en una disputa y abrir los paneles de disputa al público en general. También recordamos que en el marco del SICA el Protocolo de Tegucigalpa definió un instrumento amplio de participación de la sociedad civil en el desarrollo del proceso de integración.

Por tanto:

Las organizaciones sindicales de Centro América, la AFL-CIO, estamos unidas en llamar a nuestros gobiernos para que implementen un modelo alternativo de integración económica y social en nuestra región. Nuestros gobiernos no deberían simplemente repetir el mismo modelo de libre comercio que aumenta el poder de las grandes empresas y el libre flujo de capital y productos, mientras disminuye el poder de los trabajadores, las comunidades y las estructuras democráticas de nuestros pueblos. Creemos que una integración más humana y justa es posible y es deseable con un sistema destinado a eliminar las grandes desigualdades socio-económicas tanto a nivel nacional o internacional, y si incluye los elementos arriba mencionados, entre otros: mecanismos fuertes y efectivos para la protección de los derechos laborales y sociales, políticas compensatorias para corregir las inequidades producidas por la reestructuración, mecanismos de transparencia y participación, claras políticas de anticorrupción, reglas justas sobre la inversión, los servicios, la agricultura y el medio ambiente, un régimen más humano de migración y politicas de alivio de la deuda. Nuestras organizaciones trabajaremos juntas, propiciando amplias alianzas sociales y productivas para avanzar nuestra visión de integración para la región y lucharemos en contra de cualquier acuerdo comercial que no alcance esta visión de desarrollo equitativo, sostenible y democrático para Centro América.

Firmamos en Heredia, Costa Rica el día 18 de noviembre del 2002 :

Estados Unidos de América
John J. Sweeney Presidente, AFL-CIO

*Guatemala *
Carlos Enrique Mancilla G.CUSG
José David Morales Calderón FESTRAS
Luis A. Lara B. SNTSG (UASP)

*Nicaragua *
Dalila Alemán García CST
Rafael Angel Sáncez Cruz FNT
Ana María Chavarría CUS-A

Costa Rica
Gilbert Brown Young CTRN
Edgar Morales Quesada ANEP
Rafael Mora Solano
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos

El Salvador
Dagoberto Ramírez Amaya FESTRASPES (CSTS)
Guadalupe Atilio Jaimes Pérez
FESTSSABHRA (CSTS)
Julio César Flores FS21 (CSTS)

Estimado señor:

Expresamos a su digna autoridad el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

Ante la inminencia del inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro América, son muchos los sectores que hemos manifestado grandes e importantes preocupaciones y temores, tanto en el sector de las organizaciones de la sociedad civil, como en el sector de las organizaciones de productores.

A la fecha de hoy, únicamente se han abierto procesos de consulta que en la realidad han sido simples procesos para compartir información por medio de COMEX, que nosotros creemos son absolutamente insuficientes, y que en otros procesos han servido para hacer aparecer a diversas organizaciones como partícipes del proceso, cuando en realidad esto no es así.

Creemos, señor Presidente, que no existe a la fecha de hoy ninguna claridad ni transparencia en el proceso, y mucho menos de lo que el equipo negociador costarricense ha planteado como la posición de Costa Rica, en aspectos sumamente sensibles. Además, se hace necesario garantizar que no existan conflictos de intereses en el equipo negociador, sea por su vínculo con parte del sector empresarial o por ostentar doble nacionalidad.

Es por ello que, con el más profundo respeto, pero con la legitimación que nos da el ser costarricenses nos acercamos a Usted solicitándole que el Gobierno de La República, de forma transparente, clara y directa, deje claro ante la sociedad civil y ante los diversos actores políticos, cuál es la posición que defenderá, al menos en los temas específicos que más adelante indicamos, sin que por ello agotemos la consulta o que en el futuro podamos preguntar por otros temas.

Debemos recordar don Abel, que Usted, en muchos de ellos, asumió un compromiso directo con el pueblo y con las organizaciones de la sociedad civil, incluso responsablemente en forma escrita, cuando le planteamos una serie de aspiraciones frente a un eventual Gobierno encabezado por Usted. Nos permitimos en ese sentido, anexar el detalle de tales compromisos, suscritos por usted el pasado 21 de marzo en el Auditorio del Poder Judicial, ante una instancia de organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y sindicales.

Es por ello que, partiendo de que cada país tiene el derecho a mantener dentro de sus decisiones soberanas, los mecanismos que considere convenientes para promover y proteger la seguridad y soberanía alimentarias, la agricultura de subsistencia, las prácticas agropecuarias humanitarias y la agricultura sostenible, la educación, los derechos laborales, los estándares ambientales, los derechos humanos y en general una política pública incluyente que combata la pobreza y distribuya solidariamente la riqueza, a continuación detallamos diversos aspectos sobre los cuales solicitamos nos indique la posición de Gobierno, relacionando los compromisos que Usted adquirió en aquel momento.

AGRICULTURA

1. Generación de políticas e implementación de programas para fortalecer la soberanía alimentaria, entendida como el derecho a proteger a la mayoría de sus productores, para que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.

2. Respeto a los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y del derecho a la propiedad de los pequeños productores y trabajadores rurales sin tierra.

3. Exclusión de liberalización de productos sensibles desde el punto de vista social y ambiental.

4. En atención a que en el caso de los pequeños y medianos agricultores y pescadores, en muchos casos los subsidios son necesarios, nos preguntamos cuál será la posición del gobierno frente a la política agrícola de los Estados Unidos. Asimismo, cuestionamos la posición asumida por el país dentro del Grupo Cairns, por estar desvinculada de la realidad de la producción nacional.

5. Estándares sanitarios y fitosanitarios desarrollados por medio de consultas públicas, sin dejar a pequeños productores fuera del negocio y sin permitir la imposición de estándares dirigidos a beneficiar a la mega industria o a la agricultura química intensiva.

6. Apoyo a producción orgánica y soberanía para establecer restricciones a productos transgénicos para proteger la salud y la biodiversidad.

TRABAJO

7. Respeto de los países partes del tratado de los derechos laborales fundamentales declarados por la OIT y por los instrumentos de derechos humanos.

8. Procedimiento de verificación de cumplimiento por organismos especializados e imparciales (OIT, tribunales arbitrales, etc.).

9. Participación activa de organizaciones sindicales y ONG´s para presentar conflictos, quejas y reclamaciones

10. Procesos de asistencia técnica entre países, y entre países y organismos internacionales especializados para promover el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales.

11. Sanciones comerciales adecuadas y solo una vez que se agoten los procedimientos de cooperación y de investigación.

12. Sanciones dirigidas e empresas responsables y sólo si existe complicidad activa y recurrente de los Gobiernos se aplicarían sanciones relacionadas con las exportaciones de un país.

13. Generación de políticas y mecanismos que promuevan la producción laboral, ambiental y socialmente limpia, incluyendo incentivos para creación de empleo, financiamiento compensatorio, capacitación, desarrollo de infraestructura, apoyo científico y tecnológico, etc. para las empresas que participen y cumplan con programas de certificación gubernamental de producción limpia.

14. Considerando el hecho de que los trabajadores migrantes y sus familias contribuyen a la economía del país receptor y hacen contribuciones en sus comunidades y en sus centros de trabajo, deben disfrutar de todos los derechos que les corresponden en sus centros de trabajo y gozar de todas las protecciones de la ley. Para tal efecto se deben estimular políticas de generación de empleos dignos, suficientes y productivos para descartar la competencia comercial vía salarios bajos y condiciones laborales deplorables.

MEDIO AMBIENTE

15. Prioridad de los acuerdos ambientales sobre las reglas comerciales y de inversión, de acuerdo a la decisión que el país ha hecho de contar e impulsar un desarrollo sustentable que se plasma en parte en el proyecto de reforma constitucional para incluir un capitulo de garantías ambientales en nuestra carta magna.

16. Exigir que los países firmantes se comprometan a cumplir los convenios internacionales que como el de Kyoto y otros entendimientos mundiales buscan la protección del planeta.

17. Primacía y aplicación del principio precautorio (en caso de duda se llevará a cabo la acción más cautelosa a favor del ambiente).

18. Obligación de que la inversión privada cuente con tecnología que preserve el medio ambiente y se apliquen las cláusulas contenidas en diversos tratados internacionales referidas a la transferencia de tecnología, así como compartir tecnologías que preserven el ambiente.

19. Eliminación de subsidios para energía de combustibles fósiles, para tala, y otras actividades que degraden el medio ambiente y atenten contra los derechos ambientales de la población, creación de incentivos para conservación de suelos y recursos naturales, y moratoria de exploración de minería metálica y exploración petrolera.

20. Reconocimiento de la deuda ecológica de los países industrializados con respecto a los países en desarrollo, para efectos de subsidios, transferencias tecnológicas, etc.

21. Prohibición de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida y en el conocimiento asociados a ellas, y protección de derechos colectivos de las comunidades locales en torno a conservación, siembra y cultivo de biodiversidad.

22. Soberanía de los países para establecer regulaciones a empresas e inversionistas para garantizar el cumplimiento de objetivos de desarrollo sustentable.

23. ¿Cómo se tratara el tema de las pretendidas patentes y propiedad intelectual así como de los transgénicos?, conociendo la posición que ha asumido Estados Unidos y los estudios científicos que alertan sobre los impactos en la salud, medio ambiente, sistemas productivos que estos conllevan y los derechos de los pueblos.

ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

24. Prioridad a micro, pequeña y medianas empresas nacionales en las adquisiciones gubernamentales.

25. Criterios de competencia que incorporen variables laborales, ambientales y sociales en políticas de adquisición gubernamental, así como formas organizativas solidarias de participación comunitaria, sin fines de lucro enmarcadas en la economía social.

INVERSIONES Y DEUDA

26. Las disputas deben ser resueltas por cortes del país anfitrión de la inversión, y solo posteriormente por tribunales internacionales.

27. Prohibición a inversionistas extranjeros de demandar contra leyes de interés público.

28. La compensación por la expropiación directa de bienes de un inversionista se determinará conforme a las leyes nacionales, considerando el monto de riqueza extraído al país mientras duró la inversión.

29. Derecho de ciudadanos de demandar a inversionistas por violaciones del acuerdo.

30. Soberanía nacional para establecer requisitos de desempeño de las inversiones extranjeras, para colaborar con entorno macroeconómico adecuado, con la transferencia tecnológica y con metas sociales, laborales y ambientales.

31. Posibilidad de que los gobiernos promuevan sectores estratégicos e inviertan en ellos por medio de gasto público.

32. Toda apertura económica debe ser vinculada directamente a un proceso de reducción y eventual condonación de deuda como parte de una estrategia económica integral para los países socios del comercio. Por esta razón un tratado de integración económica de nuestros países debe incluir medidas para aliviar la deuda de los países centroamericanos, crear mecanismos de arbitraje internacional para reducir la deuda y permitir a los gobiernos imponer controles sobre el flujo de capital para evitar o aliviar situaciones de crisis financiera o para canalizarla hacia actividades productivas.

ACCESO AL MERCADO

Consideramos que las más altas aspiraciones de la Sociedad Costarricense en búsqueda de una relación verdaderamente armoniosa con la Naturaleza deben ser un eje orientador de las políticas públicas, es decir también de las políticas de apertura comercial. Conforme a esto, toda inversión extranjera debe ser regulada en el marco de la construcción de sociedades verdaderamente sustentables, es decir con claros objetivos de desarrollo social verdaderamente justo, en armonía con la Naturaleza y respetando los equilibrios que toda economía demanda, incluyendo aspectos como balanza de pagos, reservas monetarias y otros. En razón de lo anterior, queremos conocer la posición del gobierno sobre los siguientes puntos:

33. El Gobierno debe velar por que los criterios de acceso a mercados no menoscaben su facultad de adoptar medidas para la protección de la salud, el bienestar de las personas y del ambiente, los derechos laborales, los derechos humanos y muchos otros.

34. Definición de productos y servicios con aranceles más bajos mediante un proceso transparente y participativo.

35. Definición de políticas de apoyo a la producción y asistencia técnica para generar mayor competitividad.

36. Trato especial diferenciado según tamaño de país y tamaño de la unidad productiva.

37. Eliminación de barreras no arancelarias salvo en materias sociales, laborales y ambientales.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

38. Los mecanismos nacionales e internacionales de resolución de disputas comerciales, sociales, laborales y ambientales deben garantizar el derecho de los Estados a la promulgación y aplicación de leyes de protección, como un principio superior frente a la generación de ganancias para las corporaciones. Estos mecanismos deben garantizar también la participación de expertos no solo en temas de comercio.

39. Participación de sociedad civil en todos los niveles de resolución de disputas.

40. Publicidad y transparencia de procesos.

POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y SERVICIOS

41. Servicios reservados al Estado deben ser producto de decisión soberana de cada país, al menos en las siguientes áreas:

· Energía
· Telecomunicaciones
· Manejo de agua potable
· Seguros
· Seguridad Social
· Refinamiento de petróleo

42. Exclusión de servicios públicos estratégicos de evaluación exclusiva basada en precio y competencia.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

43. Primacía de acuerdos sobre derechos humanos, salud, seguridad alimentaria y biodiversidad frente a los acuerdos de propiedad intelectual y los acuerdos comerciales, tales como el Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (ADPIC) y el UPOV.

44. Licencias obligatorias para garantizar acceso a medicamentos esenciales así como a variedades vegetales.

45. Prohibición de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre toda forma de vida.

46. Derecho de agricultores, comunidades locales y pueblos indígenas a guardar, usar, vender e intercambiar sus semillas, así como el deber del Estado de tutelar ese derecho.

47. Prioridad de los derechos colectivos a la propiedad comunal sobre las reglas de propiedad intelectual.

GÉNERO

Recordando que el estancamiento de la pobreza y la concentración de la riqueza en Costa Rica se acentúa durante el proceso de apertura comercial, mediante la promulgación de diferentes tratados de libre comercio y legislación afín (derechos de propiedad, etc.), y en atención a que el mismo Informe de Estado de la Nación señala claramente que la pobreza adquiere cada vez más un rostro femenino, es necesario definir una posición regional con respecto a lo siguiente:

48. Evaluación de impactos comerciales sobre las mujeres.

49. Políticas y leyes para cumplimiento de derechos civiles, laborales, reproductivos, sexuales y humanos.

50. Programas de asistencia y desarrollo para reinserción laboral de mujeres desplazadas por el tratado.

51. Programas para garantizar acceso a crédito, capacitación tecnológica y propiedad de la tierra

52. Implementación de iniciativa 20/20 de la ONU.

TRANSPARENCIA:

Partiendo de que los pueblos deben gozar del derecho a la autodeterminación y del derecho a conocer y decidir sobre los compromisos comerciales internacionales adquiridos por los Gobiernos, es decir el Derecho a Elegir en su acepción más profunda, se requiere que los procesos de toma de decisiones en las negociaciones y resolución de diferencias de las instituciones comerciales internacionales sean democráticos, transparentes, e inclusivos. Por esto solicitamos la posición del gobierno en los siguientes aspectos:

53. Las negociaciones de los tratados de integración económica deben hacerse en una forma transparente, sin “secretismos”, y deben incluir mecanismos de negociación real y efectiva con los actores sindicales y sociales, incluyendo los actores de economía social, de los países socios del comercio.

54. El texto borrador de cualquier tratado debe ser publicado en intervalos regulares; los procesos de consulta deben hacerse bajo reglas de juego claras para el pueblo, e incluir mecanismos que permitan que éstas se reflejen en las propuestas y posturas de los gobiernos y de sus equipos negociadores, así como de mecanismos para lograr acuerdos nacionales frente a la negociación.

55. Todas las decisiones que se toman en el marco de las negociaciones comerciales deben ser conocidas por el pueblo, el equipo negociador debe rendir cuentas de sus negociaciones y posiciones, y debe abrirse espacios que permitan una discusión sobre integración, no solo sobre libre comercio.

Es nuestra firme convicción, señor Presidente, que solamente si los anteriores temas son abordados por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los países centroamericanos, será posible revertir los graves procesos de exclusión y concentración de la riqueza, de los que desdichadamente ya Costa Rica no escapa, así como para generar verdaderas sinergias entre los temas laborales, ambientales, productivos y las políticas públicas estratégicas para un desarrollo sustentable, de lo contrario, se agravarán seriamente todos los problemas.

Don Abel, respetuosamente le instamos a explicar al pueblo la posición de nuestro gobierno ante estos temas, y a abrir verdaderos procesos de construcción colectiva y no simples procesos de consulta que no permiten la generación de verdaderos acuerdos sobre el país que todas las personas queremos.

Atentamente,

Isaac Rojas
FECON

Fabio Chaves
FIT-ICE

Klaus Beisswenger
Grupo Indígena IETSAY

Cristina Zeledón
Colectivo ADELA

Pedro Pablo Aguirre
Mesa Nacional Campesina

Víctor Morales Zapata
CONACOOP

José Merino Del Río
Foro Acción Política

Donald Rojas
Mesa Indígena

Albino Vargas
ANEP

Manuel López
COECO Ceiba-AT

Rodrigo Carazo Odio
CDI

Rodrigo Aguilar
CTRN