Categoría: TLC

Estimado señor:

Primeramente, expresamos a su digna autoridad el más atento y respetuoso de nuestros saludos.Como es de su conocimiento, ante la imposibilidad de conseguir cambios sustantivos en materia laboral en nuestro país en la última década, que permitan proteger y tutelar, efectivamente, los derechos de las personas trabajadoras; la ANEP, conjuntamente con otras agrupaciones sindicales, durante la administración de Rodríguez Echeverría, interpusimos ante diversas instancias, una serie de demandas o quejas; específicamente referidas a la imposibilidad material del respeto a la sindicalización en el Sector Privado de la economía costarricense, por un lado; y, por otro, a los graves problemas para el desarrollo de la Negociación Colectiva en el Sector Público.

Básicamente esas instancias son la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos de América. En esta despacho tal interposición se realizó a través de la American Federation Of Labor-Congress Of Industrial Organizations (AFL-CIO), invocando las leyes estadounidenses de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Incluso, hemos conocido que existe preocupación en el Gobierno de Estados Unidos y en las organizaciones sindicales de ese país, sobre el avance de negociaciones comerciales con países que no hayan puesto su “casa en orden”, en materia laboral y ambiental.

En ese sentido, admiramos y aplaudimos el esfuerzo que usted ha realizado en torno a la moratoria petrolera y minera, a las garantías ambientales y a otros elementos, sumamente importantes, que nos pueden posicionar adecuadamente frente a esa negociación.

De igual forma, aplaudimos sus palabras pronunciadas en la Cumbre de Johannesburgo, en términos de hacer confluir las políticas laborales y ambientales, con la política productiva, económica y de comercio internacional.

Sin embargo, es nuestro sentir que la política productiva y económica, desde hace muchas administraciones, ha estado absolutamente divorciada, en nuestro país, de la política laboral y, en general, de las políticas sociales. No es casualidad en ese sentido que el Plan de Combate a la Pobreza, diseñado por su Administración, coloque como uno de los desafíos fundamentales para ese combate, el relacionamiento decidido de la política económica–productiva con los objetivos sociales, incluyendo el de combate a la pobreza.

Es nuestro parecer que, si realmente queremos avanzar estratégicamente sin precarizar las condiciones laborales de las personas y sin amenazar la sustentabilidad ambiental, tenemos que lograr dos objetivos fundamentales:

1. REFORMAS LEGALES LABORALES, que tutelen y promuevan, efectivamente, los derechos laborales fundamentales, sobre todo en el Sector Privado.

2. UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL, LABORAL Y AMBIENTALMENTE LIMPIA, que nos permita no sólo redistribuir oportunidades, adecuadamente, en el nivel nacional; sino posicionar a nuestro país, estratégica y dignamente, ante la negociación de tratados de libre comercio como el que Centroamérica está por negociar con los Estados Unidos de América.

3. REFORMAS LEGALES AMBIENTALES, en materias como declaración de Costa Rica como país libre de transgénicos, de la explotación petrolera y de la minería metálica, apoyo a la agricultura orgánica, rechazo a patentes sobre formas de vida, recurso hídrico, plan de ordenamiento territorial y la consolidación de las áreas protegidas públicas y privadas.

Estos objetivos son absolutamente coherentes con lo que el 21 de marzo del 2002, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), la Mesa Nacional Campesina (MNC), el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), la organización indígena IETSAY, la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); le planteamos como parte de nuestras aspiraciones ante un nuevo Gobierno. Como recordará, tuvo usted la deferencia de dejarnos conocer con cuáles de esas aspiraciones podría usted asumir compromisos efectivos.

Así por ejemplo, usted nos indicó, entre otras cosas, que estaba de acuerdo con lo siguiente:

• Impulso a reforma procesal general con procedimientos especiales laborales: generada por el Poder Judicial, incorporando la reforma de procedimientos especiales en materias como la laboral.

• Políticas de apoyo a la producción social, laboral y ambientalmente limpia: política de inversión en las empresas en general, que sean respetuosas de estándares mínimos de carácter laboral y ambiental, por medio de un “Programa de Certificación de Producción Limpia”. Esta política debería incluir la transferencia tecnológica, capacitación, crédito por medio de banco de desarrollo, apoyo a la comercialización, contratación prioritaria del Estado, otorgamiento prioritario de incentivos fiscales, etc., para las empresas que inicien un proceso de certificación de su producción como laboral y ambientalmente limpia.

• Participación transparente de las organizaciones de productores, ambientales y laborales en las comisiones de definición de política comercial del COMEX y convocatoria del Gobierno a un proceso de diálogo y negociación, dirigido a la definición de los lineamientos estratégicos para la inserción de Costa Rica en el comercio internacional; con participación de las organizaciones de la sociedad civil y en el marco de políticas de desarrollo. De igual forma, con gran tino, usted nos indicó que siempre y cuando se evitaran abusos y prebendas, usted estaría de acuerdo con nuestras aspiraciones, en materia de negociación colectiva en el Sector Público, que concretamente eran los siguientes:

• Aprobación de convenios de la OIT: El No. 151 (sobre las condiciones de empleo en la Administración Pública) y el 154 (sobre el fomento de la Negociación Colectiva).

• Transformación en ley de la república, del Reglamento de Negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo en el Sector Público: ya vigente, con una serie de modificaciones concertadas con el Gobierno anterior y con la Procuraduría General de La República.

• Modificación de artículo 192 de la Constitución Política: garantizando la negociación de convenciones colectivas en el Sector Público, salvo para los jerarcas y los niveles gerenciales, según proyecto concertado con el Gobierno y con la Procuraduría General de La República.

Se abre entonces, señor Presidente, claramente, una conjunción de intereses, aspiraciones y objetivos de los actores sociales y su Administración, tal y como ha sucedido en el marco de la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal.

Es por ello don Abel, que, independientemente de que los diversos actores de la sociedad civil estemos o no de acuerdo con las actuales negociaciones comerciales internacionales, particularmente la eventualidad de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América; es de vital importancia que usted dimensione el papel central que tendrá en esos procesos el abordaje de los temas laborales y ambientales, y la gran oportunidad que tendremos para cambiar el rumbo precarizador de los derechos laborales y de la sustentabilidad ambiental de nuestro país.

En gran medida, la forma en que logremos incorporar estos temas en los acuerdos comerciales, podría evitar que se profundice el camino hacia la exclusión social que, desgraciadamente, estamos siguiendo; o, por el contrario, facilitarán un circulo virtuoso entre políticas sociales y productivas.

Realmente consideramos que las anteriores consideraciones merecen una atención de gran prioridad, esperando que usted indique las orientaciones por medio de las cuales, no solamente se honrarían los compromisos asumidos, hoy de carácter presidencial; sino, considerar las condiciones en que deberán darse los procesos de los tratados comerciales venideros; que, como indicamos líneas arriba, se pueden compartir o no, pero que no podrán obviar los temas apuntados.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

º Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
º Licda. Rina Contreras López, Ministra de la Presidencia.
º Lic. Alberto Trejos Zúñiga, Ministro de Comercio Exterior.
º Lic. Mario Redondo Poveda, Jefe de Fracción Parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
º Lic. Bernal Jiménez Monge, Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
º Lic. Humberto Arce Salas, Jefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
º Lic. Federico Malavassi Calvo, Jefe de Fracción del Partido Movimiento Libertario (PML).
º Lic. Carlos Avendaño Calvo, Fracción Legislativa del Partido Renovación Costarricense (PRC).
º Lic. José Francisco Salas Ramos, Fracción Legislativa Independiente.
º Señores Agregaduría Laboral de la Embajada de Estados Unidos de América en Costa Rica.
º Señores American Federation Of Labor-Congress Of Industrial Organizationes (AFL-CIO)-Representación en Costa Rica.
º Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
º Mesa Nacional Campesina (MNC).
º Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE).
º Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos.
º Grupo Indígena IETSAY.
º Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO),
º Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
º Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN).
º Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP).
º Asociación Movimiento Solidarista Costarricense.
º Medios de Comunicación Colectiva.
º Junta Directiva Nacional de la ANEP.
º Archivo.

Si el TLC de los Estados Unidos con Chile duró cerca de seis años y casi la misma cantidad de tiempo el de la América del Norte, no entendemos la premura y la irresponsabilidad que se le está imprimiendo al proceso negociador en el que Costa Rica está involucrada. En los dos casos citados, a pesar del largo tiempo empleado en las respectivas negociaciones, ya ha saltado a la luz pública los graves errores que se cometieron y el impacto socioeconómico negativo en amplias capas de la población mexicana y canadiense.

La ANEP considera como irresponsable y suicida seguir el ritmo que a este proceso le impone el Gobierno de los Estados Unidos de América pues, a final de cuentas, el país saldrá altamente perjudicado; máxime que la potencia del norte está ya relevando sus verdaderas intenciones: apertura en telecomunicaciones (por ejemplo); así como mostrando sus intenciones para fortalecer la protección a sus propios productores agrícolas, de textiles, fármacos y agroquímicos.

La gravedad de los temas de propiedad intelectual y de los medicamentos genéricos representa un riesgo sin precedentes para la estabilidad institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La negociación en desarrollo representa la más seria amenaza a la existencia de esta vital entidad pública, en toda su historia.

Por otra parte, esta desaceleración del proceso negociador es vital para Costa Rica, cuyo desarrollo económico y social es radicalmente distinto, a los otros países centroamericanos involucrados en semejante aventura.

El actual proceso negociador lleva a nuestro país hacia una homologación “hacia abajo” en cuanto a sus condiciones laborales y ambientales, por ejemplo; dada la fuerte tradición histórica de las oligarquías centroamericanas contra los preceptos de los Derechos Humanos, que tienen mucho mayor vigencia en Costa Rica.

Además, Costa Rica necesita introducir cambios radicales, de forma y de fondo, en cuanto a cómo se ha venido promoviendo la consulta y la participación de los actores productivos, laborales, ambientales y sociales en el proceso negociador. Este proceso, hasta el momento, ha sido muy superficial, burocrático y con suministro de información insuficiente y hasta insustancial.

Nuestro Gobierno debe entender que, en aras de la necesaria paz social del país, hay que pasar hacia una participación de tales actores radicalmente distinta, que nos conduzca a una especie de negociación estructural interna; de forma tal que los negociadores costarricenses lleven la posición del país y no la de la tecnocracia de los manuales del mal llamado libre comercio.

Es necesario indicar que algunas de las personas integrantes del equipo negociador costarricense no están generando la suficiente confianza entre los sectores sociales ante eventuales conflictos de intereses que pudieran surgir en el camino.

La ANEP hará un llamado al amplio y diverso conjunto de las organizaciones civiles y sociales involucradas en este proceso, para que contribuyan con su valioso aporte en tal sentido, es decir, pronunciándose por la desaceleración del actual proceso negociador, altamente suicida para Costa Rica.

San José, 4 de marzo del 2003.

CIUDADANAS Y CIUDADANOS:

Nos reunimos hoy, 27 de enero del 2003, momento en el cual se inicia, oficialmente, en suelo costarricense, el proceso de negociaciones tendientes a la eventual suscripción de un tratado comercial (TLC) entre los países de la América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), con los Estados Unidos de América; para proclamar, ante el Pueblo Costarricense, ante los Pueblos Hermanos Centroamericanos, ante el Pueblo Estadounidense y ante los Pueblos del Mundo que, nunca, bajo ninguna circunstancia, los pueblos centroamericanos podríamos aceptar otra alternativa que no fuera la del comercio totalmente justo, teniendo presente la realidad social y económica de nuestras naciones, radicalmente diferente de aquella que presentan, por ejemplo, los países desarrollados. Por tanto:

Nos hemos unido para indicar, con potente voz cívica, que la paz en la Tierra se tiene que construir, necesariamente, con el profundo respeto entre las naciones y entre los pueblos; y que, en consecuencia, cuando se trata de relaciones económicas, el comercio justo es la única vía correcta para el desarrollo compartido, en un marco de equidad y de solidaridad. Partiendo de este postulado, hoy hacemos un llamado a la lucha cívica. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben partir de una base sólida de comercio justo, que tome en cuenta las dimensiones de nuestras economías, el acceso tecnológico, las posibilidades infraestructurales, el manejo de capital, el tamaño del mercado y las particularidades socioculturales, ecológicas e institucionales que, soberanamente, hemos adoptado como naciones civilizadas.

Nos hemos unido para señalar, con absoluta claridad y contundencia, que la serie de reformas económicas impulsadas en la región en los últimos años, aunque con distintos grados de intensidad, no han generado las condiciones necesarias que abran el tránsito hacia una sociedad de mayores oportunidades pues, contradictoriamente, la senda elegida es la de la concentración del ingreso y la desaparición paulatina de nuestras estructuras productivas Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben partir de la base de la realidad inobjetable de las abismales asimetrías que presentan las economías involucradas en este proceso, pues es imposible creer que la igualdad de condiciones sea una sana y correcta base de partida.

Nos hemos unido porque es necesario e imprescindible mencionar que nuestras naciones centroamericanas arrastran altísimas cargas económicas producto de su crónico endeudamiento externo, lo que dificulta, aún más, la inserción económica que se ha venido promoviendo; presentándose, en consecuencia, gigantescas desventajas para impulsar sociedades justas en tal marco de condiciones. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben considerar y definir políticas de atenuación, readecuación y/o condonación de nuestras abultadas deudas externas.

Nos hemos unido para indicar, a nuestros gobiernos y a nuestros parlamentos, que los intereses patrios en función del anhelo de una sociedad con desarrollo y bienestar social y económico, integrada y de oportunidades para todas las personas, debe animar todas y cada una de sus acciones, en el marco del desafío que se nos planteado con la posibilidad de un TLC con Estados Unidos. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones, imprescindiblemente, deben estar impregnadas de la más profunda transparencia, la más amplia divulgación y la profunda participación ciudadana, real y decisoria; tanto institucionalmente, como en la vía parlamentaria, a través de la sociedad civil organizada y sus expresiones más dinámicas y representativas.

Nos hemos unido para dejar constancia de nuestra más firme decisión de luchar por la preservación y la defensa del patrimonio nacional, de carácter público, que cuenta en su haber (como en el caso costarricense), con importantes empresas estatales de servicio público; mismas que, de una forma u otra, han estado asociadas al perfil de sociedad democrática de oportunidades que nos ha dado una convivencia pacífica. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben considerar decisiones ciudadanas ya contundentes contrarias a la apertura de monopolios públicos o a la enajenación, en cualesquiera de sus formas, de los bienes de la nación, como en el caso de Costa Rica.

Nos hemos unido para dejar constancia de que queremos restaurar, desarrollar y preservar el histórico sitial que, a todo lo largo de nuestra vida republicana, ha jugado el campesinado nacional, en sus distintas manifestaciones económicas y sus diferentes niveles productivos; constatando que las condiciones para su vulnerabilidad se han potenciado, razón de más para ponernos en guardia ante el desafío del denominado “libre“comercio que se nos propone con los Estados Unidos, país que sí tiene en alta estima y potencia el papel de sus propios agricultores. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben contemplar condiciones totalmente iguales para el intercambio comercial, de lo contrario, estaremos suicidándonos al hipotecar para siempre, la alicaída soberanía alimentaria que todavía nos queda y al profundizar la inequidad social y la pobreza en las comunidades rurales.

Nos hemos unido para renovar la senda que como país nos hemos trazado para la defensa a ultranza de nuestra rica biodiversidad y riquezas naturales, de forma tal que la producción nacional avance a una plena armonía con las demandas por la preservación de un entorno, cuyo paulatino deterioro amenaza la vida, la de las personas que habitamos en estas privilegiadas tierras y la de los demás seres vivos. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones, deben incluir la sustentabilidad y soberanía ambiental, como obligación para con las futuras generaciones.

Nos hemos unido para ratificar que nuestro Estado Social de Derecho, aún maltrecho por las diversas acciones políticas de los últimos años, consagra un apartado fundamental en su estructura para garantizar una producción que respete la naturaleza; que promueva las formas productivas con equidad social y adecuada distribución de la riqueza; así como el trabajo digno para las personas que integran nuestra clase trabajadora. De esta manera, las Garantías Ambientales que se impulsan en nuestro país, el desarrollo de las organizaciones de la economía social, así como la promulgación del Código de Trabajo; representan herencia fundamental de patriotas de distintas visiones que confluyeron en el concepto de humanización del trabajo humano, a través de reglas de obligada observación. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben establecer la concepción del apoyo, promoción y financiamiento de la producción ambiental, laboral y socialmente sustentable, creando las instancias vinculantes de denuncia, censura, sanción y verificación que sean necesarias, funcionales y transparentes.

Nos hemos unido para resaltar la circunstancia de que somos una nación cuyas unidades productivas, en casi un 100 %, son micro, pequeñas y medianas empresas; las cuales, huérfanas de apoyo institucional, luchan todos los días por sobrevivir en un mercado cada vez más transnacionalizado y voraz. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben contemplar, imprescindiblemente, esta circunstancia, sin restricción alguna, de forma tal que la actividad económica, especialmente la pública, les proporcione condiciones de protección, apoyo y mecanismos que privilegien la compra de su producción.

No es transparente lo que no se ve. Es transparente lo que puede verse de manera fiel. No hay transparencia sin información publica ciudadana: información completa, oportuna, y verificable, no sólo de la situación nacional que se verá impactada por estas negociaciones, sino y fundamentalmente, del desempeño de las personas, sus acciones, decisiones y posiciones, a cargo de la negociación en nombre del país.

Para ello necesitamos mecanismos de participación, no solo de diálogo sino también de negociación y de rendición de cuentas, de la posición internacional de Costa Rica. Rendir cuentas es más que ser transparente: es dar explicaciones pero también y sobre todo corregir decisiones y acciones si la decisión ciudadana así lo indica.

Por tanto, nos comprometemos, en este solemne acto, al pie del Monumento Nacional, inspirados en su profundo significado patriótico y soberano; a fortalecer nuestra alianza y unidad, convocando a toda la ciudadanía patriótica, costarricense y centroamericana, a tomar parte activa en esta hora crucial de nuestro desarrollo histórico y democrático.

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Alianza de Lucha Antipetrolera (ADELA)
Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE)
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Asociación de Talleres Integrales Costarricenses (A-TICOS)
Asociación ecologista COECOCeiba-Amigos de la Tierra (AT)
Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI)
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)
Corporación Nacional de Pequeños Productores de Arroz (CONARROZ)
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Foro de Acción Política “Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible”
Grupo indígena IETSAY
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Mesa Nacional Indígena
Sindicato de Empleado del Ministerio de Hacienda (SINDHAC)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Agrario (UNEIDA)
Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL)

San José, Costa Rica, 27 de enero del 2003