Ramón Cardona, Secretario de la Federación Sindical Mundial
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Comunidad de Birrí, Heredia, Costa Rica
Viernes 27 de noviembre de 2009.
Encuentro Centroamericano, del Caribe y México de organizaciones afiliadas y fraternas de la Federación Sindical Mundial (FSM)
“El Sindicalismo Clasista: Retos y Estrategias”
Jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2009
Llamamiento a la comunidad internacional: Centroamérica debe ser declarada “ZONA DE EMERGENCIA SINDICAL”
1- Demandamos de la comunidad internacional, de los gobiernos del orbe, de las instituciones globales, de las organizaciones no gubernamentales (ong’s), de las organizaciones sociales y sindicales, de las demás autoridades y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos fundamentales, se proceda de forma urgente a declarar a Centroamérica, Zona de Emergencia Sindical. Nuestro vehemente llamado al mundo se fundamenta en lo siguiente:
2- En toda la región de la América Central, conforme avanza y se consolida el modelo neoliberal, las oligarquías, aliadas al capital financiero transnacional, han procedido a satanizar y criminalizar la acción de lucha desplegada por las organizaciones sindicales y sociales. Esta criminalización se manifiesta de dos formas:
3- La primera consiste en el despliegue articulado de una costosa campaña de ataque desde los grandes medios de comunicación convertidos en verdaderos latifundios mediáticos, desde los grupos de poder económico y desde el propio Estado (en algunos casos), contra la dirigencia sindical y sus organizaciones; desprestigiándolas, calumniándolas, para presentarlos ante la opinión pública como integradas por personas haraganas, vagas, corruptas, defensoras de gollerías, enemigas del progreso, conspiradoras y traidoras de la Patria; y, desde luego, cerrando a los sindicatos todo espacio para hacer llegar a la opinión pública, sus acciones, posiciones y propuestas. Se trata, en el “mejor” de los casos, de denigrar a los sindicatos y a sus dirigencias, hasta hacerlos aparecer como delincuentes y personas despreciables ante la opinión pública y, peor aún, ante la propia clase trabajadora.
4- La segunda consiste en pasar de las palabras a los hechos. Desde los estados y gobiernos controlados por grupos de poder político-empresarial, se despliega toda una campaña reaccionaria contra la organización sindical y su dirigencia que se plasma en la persecución abierta: amenaza, enjuiciamiento, encarcelación, creación de sindicatos patronales y otras organizaciones pseudolaborales (como las asociaciones solidaristas y los comités de empresa para negociar los famosos “arreglos directos”), buscando constreñir con ello toda posibilidad de organizar sindicatos. En este camino han llegado al extremo de encarcelar y de asesinar a la dirigencia sindical. Además, para protegerse y asegurarse una actuación conforme a la ley, estos violadores de las libertades sindicales han procedido a dictar leyes donde se criminaliza, y por tanto se penaliza, la acción sindical, dándole rostro de legalidad a sus criminales acciones.
5- Las políticas neoliberales, con la hambruna que genera y con las pérdidas de puestos de empleo intrínsecas a las mismas, han propiciado que los trabajadores y las trabajadoras, y así lo proclaman los empleadores inescrupulosos, vean como una bendición contar con un empleo aunque sea de forma precaria y mal pagado. La resignación es tal que, constantemente, se escucha decir la frase lapidaria, “peor es nada”. Considérese que en la región centroamericana, globalmente comprendida, el desempleo alcanza al 60% de la población. Esta cruda realidad, aunada a la criminalización de la organización sindical y de su dirigencia, hacen que los trabajadores y las trabajadoras ven como una amenaza al sindicato, pues en lugar de garantizar seguridad en el empleo, el reclamo del sindicato por el respeto y el fomento de los derechos laborales, se torna en amenazante y es usado por el empleador para chantajear a la clase trabajadora. El arma es, si quiere empleo, aléjese o renuncie del sindicato.
6- Violación del Derecho Humano fundamental de organizarse en sindicatos. En toda la región las constituciones, los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las diferentes declaraciones universales y regionales sobre Derechos Humanos, las leyes y los reglamentos nacionales, establecen el derecho de las personas trabajadoras a organizarse en sindicatos. Pero no hay tal. Los gobiernos, los empresarios hacen caso omiso a estas normas y los ministerios de Trabajo, instituciones encargadas de tutelar estos derechos, se apegan a las orientaciones de los gobiernos y patrones; y, en el mejor de los casos, aunque tengan alguna voluntad de hacer respetar la ley sindical, en la práctica no cuentan con posibilidades materiales y reales para fiscalizar su cumplimiento y, mucho menos, propiciar sanciones por ello.
7- Los gobiernos se niegan a cumplir con los convenios y tratados internacionales de la OIT, ratificados por los estados de la región, haciendo caso omiso de las recomendaciones y resoluciones de este organismo. Ante ello, la OIT permanece impávida.
8- En el TLC con los Estados Unidos de América (CAFTA, por sus siglas en inglés), impuesto a los pequeños países de la región centroamericana (incluyendo a Panamá), así como a la República Dominicana, se establece un capítulo de normas mínimas en materia laboral que deben cumplir los estados y gobiernos firmantes. Las organizaciones sindicales de Guatemala, ante situaciones tan graves como los asesinatos de sus dirigentes, invocaron tal capítulo de lo expuesto en ese TLC y el resultado fue negativo. La norma no funciona, tratándose de derechos laborales.
9- La Unión Europea (UE), que tanto se engalana con su discurso de cooperación y de diálogo político, establece en su Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP plus), una serie de sanciones comerciales para aquellos países beneficiados con las mismas pero que se nieguen a cumplir con los derechos humanos laborales universalmente reconocidos (como el de formar sindicatos sin perder el empleo por ello).
10- La realidad es una. Las oligarquías exportadoras, importadoras y financieras de la región centroamericana, coordinadas entre sí por asuntos de negocios en común, incumplen, hasta el colmo, esta normativa, incluso ensangrentando y violentando las instituciones democráticas como lo son los casos extremos de Guatemala y de Honduras. La famosa UE permanece, también, impávida.
11- Situaciones alarmantes. Las diferentes formas de violación a la Libertad Sindical en cada uno de los seis países de la región centroamericana, merece que, de una manera demasiado general, destaquemos un pequeñísimo detalle por país. Veamos:
12- Guatemala. En lo que va del año 2009, el suelo de Guatemala se ha regado con la sangre de 11 dirigentes sindicales asesinados. Esto sin contar los asesinatos, las amenazas y los secuestros de dirigencia comunal, campesina, indígena, juvenil y de mujeres. En este país, la oligarquía asesina, sin asco alguno y al amparo de una impunidad degenerada, actúa abominablemente.
13- Honduras. 26 asesinatos de dirigentes sindicales y de otras organizaciones populares; cientos de torturados y encarcelados. Sindicatos proscritos, cerrados y una dirigencia perseguida por las fuerzas políticas y policíacas del régimen de facto.
14- Panamá. Tres asesinatos de militantes sindicales, 100 enjuiciados por acciones sindicales en defensa de derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Creación de sindicatos amarillos, vicariato y amenaza permanente a la dirigencia sindical y de nuevo, la impunidad reina.
15- Nicaragua. Si bien el actual gobierno de este país, reconoce y auspicia el ejercicio de la libertad sindical, lo cierto es que quienes ostentan el poder real en esa hermana nación (el capital oligárquico, financiero, exportador e importador), obligan a la dirigencia sindical a enfrentar, a diario, las arbitrariedades a las que acude esta oligarquía cuando la clase trabajadora acude a su de derecho de sindicalización.
16- El Salvador. El nuevo gobierno, de corte progresista, ha tomado medidas para asegurar el derecho a sindicalizarse y formar sindicatos en el sector Público, legalizando en lo que va de su administración, unas dieciséis organizaciones sindicales. No obstante lo anterior, en el sector Privado, al igual que en toda la región, se persigue y se niega el derecho de sindicalización de los trabajadores y de las trabajadoras. Tal y como lo dijimos, a pesar de la voluntad política gubernamental, el Ministerio de Trabajo no cuenta con los recursos ni con los instrumentos jurídicos apropiados para tutelar, con oportunidad, el derecho de sindicalización.
17- Costa Rica. Por tratarse de una democracia centenaria, como lo pregona a diario la oligarquía nacional, en este país debería respetarse, para ser consecuentes, el derecho de la clase trabajadora a organizarse en sindicatos, “pero del dicho al hecho hay mucho trecho”. Tenemos que en este país, en el sector Público, si bien se permite la sindicalización, se niega a la clase trabajadora de este sector, el derecho fundamental de negociar convenciones colectivas de trabajo, violentando con ello los tratados internacionales en materia de Negociación Colectiva. Por otra parte, en el sector Privado, aunque la ley lo permite, el derecho de sindicalización es una quimera, dado que en la práctica este derecho está vedado a los trabajadores y las trabajadoras de este sector.
18- En las empresas privadas, la palabra “sindicato” es sinónimo de despido. Se tiene que el Estado y el Gobierno de Costa Rica, están sentados en el banquillo de los 25 países acusados, en estos momentos y en el seno de la OIT, de violentar las libertades sindicales. Resulta impresionante constatar que el actual mandatario costarricense, Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, haya tenido la desfachatez de deshonrar su propia palabra empeñada en el mismísimo seno de la sede mundial de la OIT, cuando, en el 2006, le mintió a esta organismo internacional sobre la puesta al día de Costa Rica en cuanto a sus compromisos pendientes de Libertad Sindical en el Sector Privado y de Negociación Colectiva en el sector Público. A la fecha, ya terminando su gobierno, Costa Rica no ha cumplido con nada, burlándose, nuevamente, de la OIT, exponiendo al país a ser condenado en la próxima conferencia, de junio de 2010. Súmese, además, que en este país se está ensayando una nueva moda para amedrentar a la dirigencia sindical: enjuiciarlos en los tribunales de justicia. Y en los dos últimos años y para vergüenza de esta democracia, ya se procede a amenazar y atentar contra la vida de los y las dirigentes sindicales.
19- Por tanto, solicitamos a las autoridades y Gobiernos del mundo y a los organismos internacionales tutelantes de los derechos humanos fundamentales, especialmente a la OIT; a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa y promoción de los Derechos Humanos; a las organizaciones sindicales hermanas y fraternas de todas las corrientes del sindicalismo internacional, así como a todas las personas comprometidas con la causa de los Derechos Humanos, manifestarse y exigir de la comunidad internacional que la Región Centroamericana sea declarada, Zona de Emergencia Sindical.
20- Con su esfuerzo y aporte, esperamos cese la violencia, cese el derrame de sangre obrera en las tierras centroamericanas y el ejercicio abierto del Derecho Humanos a la libre sindicalización sea una hermosa realidad para el establecimiento de una real convivencia democrática civilizada.
¡Que vivan las Trabajadoras y los Trabajadores del mundo!
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Lea además:
1.- Pronunciamiento de las organizaciones sindicales y la Federación Sindical Mundial sobre la situación de Honduras.
2.- Pronunciamiento del Encuentro Sindical de Centroamérica, el Caribe y México sobre la no aprobación del Proyecto de Libertades Sindicales en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
