De acuerdo con la sede costarricense de la CGT, el presidente Oscar Arias realizó, el pasado domingo 2 de agosto, “una cadena de televisión ofendiendo y difamando a los dirigentes sindicales de Sintrajap por la posición adoptada por ellos” con respecto a la concesión de los muelles de Limón.
El secretario General de la CGT, Alberto Salas, envió una carta pública al mandatario en la que manifestó que la emisión “se entromete en el funcionamiento interno de una organización sindical, cuyo actuar está respaldado, no sólo por Leyes y Convenios Internacionales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)” sino también por la Constitución Política de Costa Rica.
“Si tan solo leyera el Código de Trabajo se daría cuenta que, si los dirigentes de Sintrajap aceptaran esas firmas y la forma en que fueron recogidas, sería una violación a ese Código y a toda la legislación que debemos respetar las organizaciones sindicales”, expresó Salas.
“Todo ladrón juzga por su profesión”
El representante de la CGT criticó el hecho de que Arias, en la cadena televisiva, “arremete públicamente contra los dirigentes sindicales de Sintrajap” porque no quisieron aceptar la propuesta del gobierno la cual, para la Confederación, incumple la Ley, los convenios internacionales y la Carta Magna.
“Hay un dicho que dice: “todo ladrón juzga por su profesión” y, precisamente, arremete públicamente contra los dirigentes sindicales de Sintrajap, porque no actúan como usted: incumpliendo la ley, los convenios internacionales y nuestra Carta Magna”, declaró Salas en la misiva.
“Se equivoca al pensar que todos actúan como usted. Todavía hay gente honesta en nuestro país y la dirigencia de Sintrajap es un ejemplo de eso”, agregó el sindicalista.
“No crea que porque usted actúa incorrectamente, todos debemos ser iguales. No crea que por tener bajo su dominio a casi todos los Poderes del Estado (la Sala Constitucional, la Corte Plena, la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Elecciones) puede hacer lo que quiera con los costarricenses y con nuestra patria”, añadió Salas.
“Aquí no tiene ningún poder”
Para Salas el jerarca costarricense está cometiendo el error de creer que “comprar a quien quiera” como, según él, lo hizo “con algunos magistrados, diputados y políticos sin ética”.
“Deje de entrometerse en los asuntos internos del Movimiento Sindical, porque aquí no tiene ningún poder. No toque con sus manos sucias a nuestros compañeros dirigentes de Sintrajap, que no es digno ni de limpiarle los zapatos a ninguno de ellos”, dijo Salas en la carta, acotando que “en el movimiento sindical no hay cabida para corruptos que se venden por un “plato de lentejas” ni para los que los compran”.
Antecedentes
El gobierno ofreció, hace tres meses, pagar 2,7 millones de colones por cada año trabajado hasta un tope de 20 años, lo cual no ha sido apoyado ni siquiera por el llamado grupo mediador, que exige alrededor de cinco millones de colones.
Este mismo lunes, los jerarcas de Japdeva acompañados del ministro de Trabajo, Francisco Morales, convocaron a una reunión a los trabajadores donde, nuevamente, se habló “de las bondades” del plan gubernamental para dar en concesión los puertos.
“Sin embargo, el gobierno no hizo ninguna nueva oferta económica, lo que aparentemente molestó incluso a los que firmaron la convocatoria a asamblea del grupo mediador”, aseguró Pérez.
El gobierno pretende entregar los puertos a una empresa transnacional y, posteriormente, impulsar las llamadas fases 2 y 3, que consisten en la construcción de un nuevo muelle de 1.500 metros, con una inversión superior a los 800 millones de dólares.
Según el planteamiento del gobierno, la segunda fase comprendería obras de dragado, relleno y reparación del sitio por 138,5 millones de dólares, la construcción de un rompeolas por 173,6 millones, un muelle de contenedores de 900 metros por valor de 84,4 millones de dólares, equipos por 154 millones y obras accesorias por 45 millones, así como edificios por 5,4 millones para un total de 601,4 millones de dólares.
Esta fase se realizaría entre el 2010 y el 2012, de acuerdo con el cronograma dado a conocer.
La tercera fase, que se realizaría entre el 2021 y el 2022, tendría un costo de 200 millones de dólares y comprendería un muelle de contenedores de 600 metros, un dragado, equipamiento y obras accesorias.
Por su parte, el sindicato y el Partido Acción Ciudadana (PAC) han planteado una fórmula mixta, que consiste en dejar los actuales muelles en manos públicas, modernizándolos con una inversión de 80 millones de dólares para entrar a competir con los consorcios privados a los que se adjudicarían las fases 2 y 3. Pero el gobierno ha rechazado hasta ahora dicha fórmula.
Fuente: http://informa-tico. com
