El Estado se ha desvinculado de estos sectores, promoviendo la externalización de los servicios básicos y/o públicos, que han sido históricamente –y lo son aún en países considerados desarrollados- su responsabilidad principal. Lo que ha venido primando hasta hoy es la obtención de grandes ganancias de sectores privados por sobre el bienestar y seguridad de la población.
La desvinculación brutal del Estado de sus deberes sociales, tiene su origen en la implementación del libre mercado como sistema económico en la década de los 80 y profundizada durante los cuatro periodos de la Concertación. Los postulados del libre mercado fueron adoptados en Chile, incluso con mayor intensidad que en otros países. Su desdén por todo tipo de regulación y planificación de largo plazo no tiene comparación con casi ninguna otra economía que haya adoptado este sistema.
El terremoto recién pasado, hizo colapsar a la mayoría de los establecimientos educacionales de carácter público en el sector centro sur de nuestro país, así como en la Región Metropolitana, abandonados al inicio de la dictadura y consagrado su abandono con la promulgación de la ley LOCE (Ley orgánica constitucional) en 1989, actualmente LGE. (Ley general de educación)
La construcción de autopistas entregadas en concesión a los privados colapsaron estrepitosamente, dejando al descubierto la lógica del abaratamiento de costos en beneficio de la obtención de ganancias. En la misma lógica, las construcciones habitacionales-particularmente grandes edificio-departamentos- quedaron al término del terremoto, peligrosamente inclinados y otros sencillamente en el suelo. Un caso ejemplar es el de la inmobiliaria “Paz Corp. S.A.”. Otro asunto es la construcción de grandes edificios de departamentos en sectores costeros inestables, desafiando a la naturaleza, no importando nada más que la plusvalía excepcional que en ellos se obtiene. Hoy existe duda respecto a la destrucción o no de muchos de estos edificios.
Se hace necesario señalar que la Ley general de Urbanismo y Construcción fue modificada el año 2005, cuya vigencia comenzó a correr desde agosto del mismo año. En ella se limitaron las facultades de control de la Direcciones de obras Municipales circunscribiéndolas a la mera vigilancia de los aspectos estrictamente urbanísticos y no a las cuestiones de uso de material adecuado y calidad en general. Esto fue entregado a terceros independientes privados de remuneración particular, cuestión que ha hecho posible que las inmobiliarias y constructoras sean juez y parte.
Un caso emblemático de los resultados dispares que se obtienen de infraestructuras levantadas con miras al bienestar y desarrollo de un pueblo en contraposición al mero interés del capital, es la situación del Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benitez. Mientras el aeropuerto internacional entregado en concesión terminó totalmente devastado, el aeropuerto nacional levantado por el Estado hoy se encuentra casi intacto.
El gobierno, el presidente electo y su gabinete, en conjunto con los rostros televisivos y los medios de comunicación promueven el desarrollo de una obra caritativa-Teletón-para sacar adelante a nuestro país. Piden solidaridad a la población del norte de Chile, a los empresarios y organizaciones caritativas en general. Tales espectáculos si bien contribuyen a los sectores más afectados en nuestro país también ocultan un sistema fundado en la injusticia. Las cifras que se estiman para reconstruir a nuestro país son del orden de los 20.000 y 30.000 millones de dólares, en tanto las multinacionales extractoras de los grandes yacimientos cupríferos de nuestro país remesan al exterior tan sólo en un año una cifra superior a los 20.000 millones de dólares. La desnacionalización del cobre que nacionalizara Salvador Allende, ha sido posible gracias a la ley orgánica sobre concesiones mineras diseñada por el ministro de minería de la dictadura militar, José Piñera Echeñique y a las políticas de profundización de la Concertación.
La desnacionalización del cobre y las desregulaciones han significado un debilitamiento del Estado. En las crisis económicas y en las catástrofes naturales, profundizadas por el libre mercado, quienes pedían menos Estado, ahora corren pidiendo ayuda al Estado y que el Estado asuma los costos de las crisis económicas y de las catástrofes naturales.
El llamado de la Presidenta de la República, los medios de comunicación representativos de sectores empresariales, rostros televisivos, etc., sigue siendo a la “Solidaridad”. Sin embargo, nadie hace un llamado a la ¡“Justicia!
– * Gabriel Ríos es estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile e Investigador adjunto del Centro de estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad. – Bárbara Sepúlveda es memorista de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
Fuente: ARGENPRESS
