Hablemos claro y dejémonos de rodeos. La destitución (_“no reelección”_) del magistrado doctor Fernando Cruz Castro, tiene un trasfondo político-ideológico que debemos visibilizar; más allá del choque de poderes que estamos presenciando entre el Judicial y el Legislativo (con el Ejecutivo metido hasta la médula en el conflicto); más allá de la violación flagrante que ha ocurrido en el seno del parlamento contra la Constitución Política de 1949, que todavía está vigente; más allá de lo que el señor Fiscal General de la República ha denominado como “golpe de Estado técnico” dado por los 38 señores diputados y señoras diputadas que pulverizaron, de un porrazo, el concepto filosófico-republicano de la “independencia” de poderes.
Dejémonos de cuentos. Lo que pasa es que dos visiones de desarrollo siguen confrontadas acerca de cómo debemos organizar nuestra convivencia social y cómo se deben distribuir los beneficios del crecimiento económico; en fin, acerca de cómo debe ser repartida la riqueza nacional.
Por un lado está la visión de la progresividad distributiva y del carácter social del Estado, bajo la inspiración del Humanismo Cristiano que explicita la Constitución Política de 1949, con fuerte inspiración en los postulados y en las luchas del socialismo histórico en sus primeras etapas de desarrollo.
Por el otro, la visión de la regresividad distributiva de corte neoliberal, inspirada en el Consenso de Washington; visión que en Costa Rica fue adoptada por el otrora partido socialdemócrata Liberación Nacional, con su mancuerna PUSC (recordemos la creación popular del concepto “PLUSC”) y su derivación más extremista en su momento, el Movimiento Libertario. No es casual que los 38 diputados que dieron el “golpe de Estado técnico”, pertenecen a las tres fracciones ejecutoras del proyecto neoliberal para Costa Rica, mismo que todavía no termina de imponerse del todo.
Luego de la caída del Muro de Berlín, en 1989, en el caso costarricense, ambas visiones han tenido diversos enfrentamientos en los más disímiles escenarios: los mediáticos, los jurídico-institucionales, los de la calle y hasta en el plano electoral.
Durante estos casi 25 años, recordamos dos emblemáticos enfrentamientos entre esas dos visiones de desarrollo: las elecciones presidenciales del 2006, prácticamente fraudulentas, con las severas irregularidades que hicieron que durante un mes no se supiera con exactitud quién ganó (algo que no ocurría desde los anulados comicios de 1948, que dieron origen a la Guerra Civil que hubo en esa época; elecciones que le fueron robadas a don Otón Solís Fallas (o que él se dejó robar), lográndose imponer en Zapote a don Oscar Arias Sánchez. El tribunal del magistrado Sobrado tuvo mucho que ver en esto.
Estando él ya en la Presidencia, se dio el conmocionante proceso de enfrentamiento social por lo del TLC con Estados Unidos de América, llegándose al histórico 7 de octubre de 2007, con otro fraude: el “Sí” se impuso al “No”, gracias (entre otros factores), a la parcialidad, nuevamente, del tribunal del magistrado Sobrado.
A partir de este “frauduréndum”, y ante la imposibilidad casi que congénita para una articulación estratégica con vocación de poder por parte de los sectores cívicos y populares que deseamos otra Costa Rica diferente a cómo la conciben los neoliberales; se han librado grandes batallas jurídicas en sede constitucional; defendiéndose, por un lado, la progresividad redistributiva inmersa en la Constitución del 49, con su contenido macropolítico de Estado Social de Derecho; y, por el otro, quienes desean la anulación de ésta en sus alcances para facilitar la imposición neoliberal de la regresividad distributiva de la lógica de acumulación mercantil, pura y simple. Algo así como el “Estado Neoliberal de Mercado”.
“Curioso” resulta que es precisamente en ese año 1989, en el que se crea la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando empiezan a convertirse todos los contenidos de la Constitución Política de 1949 en algo cotidiano para la ciudadanía; llegando a ser como algo así como el último recurso al que se ha acudido para la preservación de toda la herencia significante del Estado Social de Derecho, que desde el seno del “PLUSC” empezó a ser desmontada; luego de que el capital hegemónico global decretó “la muerte de las ideologías”, precisamente en ese año de la caída del Muro de Berlín. Mucha agua ha pasado debajo del río desde entonces y ya sabemos adónde nos ha llevado el neoliberalismo.
Nosotros pensamos que la destitución del magistrado Cruz representa otro episodio más de ese enfrentamiento entre esas dos visiones de desarrollo y que, por tanto, desde el poder político-económico real actualmente vigente en el país, “alguien” decidió que era mejor “eliminar” completamente y de una vez por todas, la tentación de la alta magistratura constitucional de seguir dando fallos que, eventualmente, potencien la progresividad distributiva; de tal suerte que se facilite un proceso más rápido de concentración del capital; aterrorizando a los otros jueces que quedan para que no se vean tentados de potenciar los postulados de la Constitución Política de 1949, impregnada como bien sabemos de disposiciones en la línea de la progresividad distributiva del ingreso y de la riqueza nacionales.
Precisamente cuando se invoca que la Sala IV es la culpable de la “ingobernabilidad” que vive el país, es precisamente porque los postulados de la Constitución del 49, son una gran piedra en el camino para quienes abogan por una sociedad de mercado totalmente neoliberalizada, abierta completamente al capital transnacional, con reversión de derechos en todos los ámbitos posibles y con una concepción de democracia restringida a los cambios electorales cuatrienales de gerentes presidenciales, en medio de una orgía de dinero para financiar candidaturas diversas pero todas iguales.
En realidad, aunque a veces hemos discrepado de la Sala Cuarta y especialmente, cuando una tras otras eran legitimadas en esta sede judicial las leyes de implementación del TLC con Estados Unidos, este alto tribunal, en realidad el más alto tribunal de la República, con el estandarte de la Constitución del 49 en sus manos, significa un obstáculo fuerte para lo que el expresidente Arias siempre ha querido imponer en Costa Rica: la “Dictadura en Democracia”. Es por eso que pensamos que debemos salir a las calles a defender la Constitución del 49. Mañana jueves, junto al personal judicial del país, nos iremos para la Plaza de la Justicia a desfilar hasta la Asamblea Legislativa, a partir de las 9 de la mañana. Ojalá seamos miles y miles en defensa de la Constitución.
