Y hablamos del capital más egoísta, codicioso, corrupto, sin piedad, concentrador abusivo de la riqueza; y, con un fuerte componente sangriento por la inserción en la política costarricense de capital centroamericano acostumbrado a los asesinatos colectivos y/o selectivos para acallar toda forma de protesta y de resistencia a su dominación inmisericorde.
En el caso de Centroamérica, por ejemplo, ese tipo de capital es el responsable de los constantes asesinatos políticos de sindicalistas y líderes sociales, hombres y mujeres, en Guatemala y en Honduras, los dos casos más dramáticos en estos momentos; pero también, en menor grado, en Panamá se han asesinado luchadores por la justicia social en los últimos años.
En Costa Rica, en estos momentos, hay un conjura político-ideológica en las más altas esferas del poder para que, en un plazo de cinco años, los sindicatos del sector Público (que son fuerte soporte de lucha contra las injusticias laborales y sociales), queden liquidados totalmente, o bien, reducidos a su mínima expresión.
Informes en nuestro poder, de fuentes absolutamente confiables, nos indican de la conformación de una especie de comisión estratégica (de la cual ya está formando parte un cura católico pagado por el gran capital y cuya patológica aversión al sindicalismo es ampliamente conocida en el país), que se está dedicando, con visión de mediano y de largo plazo, para “asesinar”, civil y políticamente hablando, el ideal sindical.
Para la instauración plena de la hegemonía del capital en Costa Rica, la actividad sindical, en estos tiempos de TLC’s, sigue siendo uno de los principales “problemas” a vencer, dentro de ese proceso estratégico global de apropiación privada de lo que queda del patrimonio público, de reversión de conquistas de la clase trabajadora (“flexibilidad” laboral), de “centroamericanizarnos” salarialmente hablando y de hacer una radical nivelación, hacia abajo, de condiciones de empleo y de salarios entre las clases trabajadoras con empleo formal de los sectores Público y Privado.
Hoy, por esta vía (exaltando una vez más la relevancia que tiene para nuestra maltrecha democracia la existencia de un periódico como Diario Extra que sí practica la libertad de expresión sin restricciones), hacemos un vehemente llamado a toda la clase trabajadora del sector Público, a esos hombres y a esas mujeres personas asalariadas de las bases laborales del Estado Costarricense, así como a sus familias, para que se movilicen, para que salgan a la calle, para que no permitan que ese capital hegemónico y sangriento les arrebate derechos, les suma en la miseria y les denigre en grado sumo, pisoteando su dignidad en cuanto seres humanos.
Los hermanos Arias Sánchez, gerentes estratégicos de ese capital hegemónico y sangriento (los hermanos Tinoco del siglo XXI como les ha llamado un colega sindicalista), cumpliendo su misión político-ideológica de mediano y de largo plazo, pretenden abolir, reducir, arriesgar, aminorar, flexibilizar, revertir, una serie de derechos y conquistas laborales de las personas trabajadoras del sector Público, acumuladas a lo largo de las últimas seis décadas de vida republicana costarricense.
Con tales nefastos propósitos, uno de los capataces políticos de los hermanos Arias Sánchez, el ya saliente diputado Jorge Luis Méndez Zamora, “inspirado” en el trabajo que al efecto se desarrolló en el seno del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), presentó el proyecto de ley, expediente legislativo No. 17.628, denominado “Ley General de la Relación Pública de Servicio y Modificación del Estatuto de Servicio Civil, Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953 y sus reformas”. Adobado con algunos “espejismos”, el ataque es frontal a la transformación estructural de las condiciones de empleo en el Estado costarricense, buscando la famosa “competitividad” de los TLC’s.
En estos tiempos de TLC’s, que son de concentración abusiva de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; de la asfixia de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas; de asalto organizado con ropaje legal a las finanzas públicas (vía altísimos aumentos salariales de la cúpula político-gerencial del Estado, de las concesiones, de las consultorías, del tráfico descarado de influencias, de sentencias judiciales para asegurar todo tipo de negocios hasta los que atentan contra la Ecología y contra la vida, etc.); este proyecto representa un atentado descomunal contra las condiciones laborales y sociales de empleo en el sector Público; y, por ende, un atentado estratégico contra los sindicatos estatales hasta hoy defensores de las mismas.
Esta situación no puede más que obligarnos a hacer un llamado vehemente a la movilización general de las personas trabajadoras del Estado y de sus respectivas familias. Hablamos de más de un millón de personas, si contamos también la enorme cantidad de gente en actividades de negocios que se derivan de los salarios que mes a mes circulan desde el sector Público hacia la economía.
El proyecto aplica para el Gobierno Central y todos sus entes (Servicio Civil), a las municipalidades, al sector Educación, al Poder Judicial, a las instituciones de todo nivel del Estado. Que nunca se diga que no se lo dijimos. Cumplimos nuestra misión de lanzar esta alerta general. Para empezar la lucha, salga a la calle con su familia este Primero de Mayo.
