“El largo y sinuoso camino” (utilizando el nombre de una canción de The Beatles), hacia la aprobación de esta ley ha concluido. Esta última semana, particularmente, fue intensa y tediosa: conversaciones van, conversaciones vienen; bilaterales, multilaterales, intersectoriales, interpartidarias, intrapartidarias, partidos-sectores; en fin, una enorme dinámica de consulta, negociación, confrontación… acuerdos. Del pasado lunes 9 a este jueves 13 de diciembre, la CMPF se reunió en ocho ocasiones (sesiones 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48).
El presente reporte formula lo que en nuestro criterio fueron los elementos más importantes de este proceso final hacia la aprobación de la ley. Nos pareció que resultaba mejor un informe global en este tramo final, que uno por cada una de esas ocho sesiones, lo cual podría haberles resultado incómodo y quizás la integralidad brinde un panorama más comprensivo.
La “resistencia libertaria” se desboronó en el último minuto. La publicación periodística sobre el asunto de la “Cosa Nostra”, aparecida, precisamente, este jueves 13, dejó a los legisladores del Partido Movimiento Libertario y de manera particular, a su Jefe de Fracción, Dip. Malavassi Calvo, en una posición incómoda y debilitada. Retiraron todas sus mociones bloqueadoras y en el plenario ni una sola fue reiterada. El citado diputado no contestó el fuerte emplazamiento, directo, que le lanzó su colega del PAC, Humberto Arce, no más abierta la sesión de la CMPF este jueves 13, en cuanto a la revelación de la naturaleza de sus presuntos vínculos con los empresarios de las casas de apuestas. Esta situación fue de tal calibre que hizo revertir el voto aprobado (acuerdo PUSC-ML), para que a las máquinas tragamonedas se les aplicara el impuesto originalmente previsto (100 mil colones), cuando producto del “arma” del bloqueo legislativo por mociones, los “libertarios” habían logrado reducirla a 25 mil colones.
Otro de los aspectos más sobresalientes de esta recta final hacia la aprobación de la ley indicada, tiene que ver con la proposición del diputado Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), don Bernal Jiménez, para variar el impuesto extraordinario a las sociedades anónimas, de forma tal que no se calcule sobre el valor del capital social inscrito, sino sobre el valor del patrimonio (diferencia de activos-pasivos), quedando este impuesto en un 0.1 % y aplicable sobre el exceso de 35 millones de colones. Esta propuesta, que contó con la férrea oposición de ciertos líderes empresariales (según lo indicó el citado legislador), fue defendida con gran pasión por el PLN, al punto de condicionar sus votos para el proyecto de ley.
Esta controversia fue resuelta en horas de la tarde del propio jueves, poco antes del inicio de la sesión plenaria y se plasmó cuando se aceptó, por mayoría de votos, que se presentara como moción de reiteración en el plenario. Las legisladoras del PAC en la CMPF, Campbell Barr y Penón Góngora, no estuvieron de acuerdo con dicha propuesta pues su argumento central se sustentó en que era un asunto de carácter estructural y por tanto no debía ser incluido en la contingencia. No votaron la reiteración Aunque nos pareció correcta esa tesis, nosotros dimos el respaldo a la tesis del PLN y así constó en actas.
También es de resaltar la moción que le fue aprobada al diputado Gerardo Leiva, del PAC, tendiente a la exoneración del pago de impuesto a las personas jurídicas, para aquellas unidades productivas comunales de menos de 500 mil colones de capital; medida para proteger a las pequeñas empresas agropecuarias. Generadora de bastante polémica, fue votada en la comisión con los votos del PAC y del PUSC, no así los del PLN. Este partido sostuvo que su propuesta sobre impuesto al patrimonio (aplicable sobre el exceso de 35 millones de colones), era más que suficiente para la protección de toda clase de pequeñas empresas; además, que esa moción abriría un gran portillo para diseñar mecanismos de evasión. En todo caso, nuestra percepción es que la aprobación de esta moción resultaba fundamental para asegurar los votos del PAC al proyecto.
También resaltamos dos propuestas surgidas de último minuto en las cuales nuestra decidida intervención directa, impidió su aprobación. La primera de ellas está referida a una propuesta para variar la tasa de interés que el Estado paga por sus bonos colocados en los bancos estatales, en el INS y en los fondos de pensiones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial; tanto en dólares como en colones. Se pretendía que en el caso de bonos en colones, la tasa de interés fuera el valor de la inflación más cuatro puntos porcentajes (es decir, no superaría el 14 % en términos generales); mientras que en dólares, la tasa fuera tres puntos por encima del valor de la inflación estadounidense. Comprendimos que esta propuesta podría ir en detrimento de la estabilidad financiera de las entidades públicas mencionadas y, sobre todo, de los fondos de pensiones indicados.
Tanto el compañero Rafael Mora como este servidor, tomamos contacto telefónico con el Presidente Ejecutivo del INS y con los tres gerentes de los bancos estatales Nacional, de Costa Rica y Crédito Agrícola de Cartago (este último nos indicó que con una propuesta así era mejor cerrar los bancos públicos). La gran sorpresa que nos llevamos es que ninguno de los jerarcas indicados sabía de tal propuesta, pese a que se indicó lo contrario. Según el Presidente de la CMPF, Dip. Redondo Poveda, el Equipo Económico del Gobierno había coordinado lo pertinente (¿don Ronulfo Jiménez?). Fue tan obvio la “metida de pata” que la propuesta fue rechazada por el PLN, por el PAC y hasta por el diputado del PUSC, don Ricardo Toledo. Sólo recibió dos votos: Redondo Poveda y Malavassi Calvo.
Por otra parte, la iniciativa para el fortalecimiento de la Administración Tributaria (recursos, equipos, software) no prosperó como esperábamos. Inicialmente se presentó solicitando autorización de gasto, de manera directa aunque con fiscalización, para esas compras más consultorías. Esto nosotros lo objetamos fuertemente, pues esas consultorías, en no pocos casos, se han vuelto abusivas y han llegado a constituir verdaderas planillas paralelas. Luego se presentó para autorizar hasta 7 compras de 30 millones de colones cada una para equipo de cómputo y vehículos. Sin embargo, el Dip. Redondo Poveda, Presidente de la CMPF, se quejó de la forma en que la Administración Tributaria planteó tales mociones, cuya redacción no ayudaban a generar el respaldo requerido. Luego de tres intentos, se dijo que mejor era tramitar estas autorizaciones especiales de compras directas en el trámite de la ley de aduanas, que ya está a la altura de recibir mociones vía artículo 137 del reglamento legislativo.
Otra iniciativa que no prosperó fue la que formuló con Alvaro Ramírez, de UCCAEP, con el respaldo del Dip. Federico Malavassi y con la firma del representante solidarista, don Enrique Villalobos; para que el aumento salarial del Sector Público, en sus dos semestres de 2003, no fuera superior a lo que ya ha quedado presupuestado que, según entendemos, es 3.5 % por cada período de seis meses. Es cierto que estamos en crisis fiscal pero nos resistimos a aceptar que sea la clase trabajadora la que pague “los platos rotos”. Por lo general, en muy pocos casos, los aumentos salariales del Sector Público de los últimos años, han superado la inflación respectiva (prácticamente, igual a lo presupuestado) y cuando lo han superado ha sido producto de huelgas prolongadas y conflictivas (recordamos la de julio-agosto de 1999, donde hasta una huelga de hambre hubo por parte de seis sindicalistas).
Así que expresamos nuestra férrea oposición, aparte de que, dada la naturaleza caótica del sistema de relaciones laborales y de remuneraciones del Sector Público, quienes salen perdiendo en mayor medida con una propuesta como la indicada, son las personas que laboran para el Gobierno Central (ministerios, por ejemplo), precisamente donde está el problema del déficit fiscal; pues es en este segmento de la Administración Pública de Costa Rica, donde se pagan los peores salarios del Estado. Al final, a la hora de votarse, solamente el diputado Malavassi la apoyó.
También, por intermedio de nuestra incidencia directa, se logró la inclusión de un representante del Movimiento Sindical Costarricense en la comisión intersectorial e interinstitucional, sobre mejoras regulatorias o las medidas de política pública sobre desregulación. Igualmente, por gestiones nuestras y con el apoyo de la señora Doris Osterlof, de CADEXCO, se integró en esa comisión a la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (CFRECEX), entidad empresarial independiente. El Dip. Toledo Carranza acogió la moción de rigor.
Otro de los temas debatidos fue el asunto de condonaciones de deuda, uno de los principales caballos de batalla de los “libertarios”. Estos insistían en un monto de condonación significativo. El Gobierno-PUSC mostró anuencia al respecto y se presentó una propuesta destacándose los casos del Consejo Técnico de Aviación Civil (3.126.9 millones de colones), Instituto Costarricense de Turismo (3.500 millones), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (4.973 millones). Nosotros hicimos fuerte oposición a esas condonaciones, pues no se conoció ningún documento oficial de las respectivas entidades sobre su anuencia al respecto. Unicamente el Dip. Redondo Poveda indicó que se había hablado con cada una de ellas. Esto dejó en evidencia la “fragilidad” (por decirlo de alguna forma) de esas conversaciones, a la luz de lo que sucedió en el caso del IFAM.
Luego de aprobada la primera condonación, se presentó una moción de revisión para que en el caso del IFAM, lo condonado fuera sólo 2.500 millones (y no 4.973 millones). La Dip. Campbell Barr (PAC), se molestó por esa cambio súbito y prefirió llamar, telefónicamente, al Presidente de esa entidad, quien le indicó que aún 2.500 millones de condonación los dejaba en dificultades. Esto dejó en entredicho al Dip. Redondo Poveda, quien muy molesto criticó al jerarca del IFAM por decirle a él que estaba anuente a la segunda cifra de condonación, mientras que a la diputada citada le dijo lo contrario. Como vemos, esto muestra de qué manera se manejó el asunto de las condonaciones: conversaciones informales, respuestas contradictorias, cero informes técnicos. Al final, la moción de revisión en el caso del IFAM pasó.
En el caso del ICT, particularmente, nos llamó su máximo jerarca don Rubén Pacheco, explicándonos las dificultades que tendrían si se les condonaban los 3.500 millones de colones, sobre todo porque serían empleados para fortalecer campañas de promoción en el exterior. Sin embargo, no nos envió un informe para sustentar tal posición. Aún así, en este como en los otros casos, consta en actas nuestra oposición, al considerar tales condonaciones como ocurrencias numéricas e irresponsables.
También destacamos la aprobación de una moción que establece la imposibilidad de efectuar recortes en programas sociales y de fortalecimiento del sector agropecuario. Esto es importante destacarlo porque por estos días se ha estado anunciando que el Gobierno de la República-Ministerio de Hacienda dará a conocer un recorte para el 2003 por la significativa suma de 120 mil millones de colones. Nosotros insistimos en que tal recorte no puede ser anunciado al margen del proceso de la CMPF y que, por el contrario, ésta debe conocerlo antes que nadie para poder discernir sobre el significado de tal recorte. Con ello coincidió el Dip. Bernal Jiménez, presentando una moción para que don Jorge Wálter Bolaños, jerarca del ministerio referido, llegara a dar las explicaciones de rigor. Esto estaba previsto para este lunes 16 de diciembre, sin embargo, se canceló la sesión de la CMPF.
Solamente hemos citado los aspectos que más importancia, según nuestro criterio subjetivo, nos merecieron del proceso final de esta primera fase de la CMPF (ocho sesiones, entre el lunes 9 y el jueves 12 de diciembre). Para las personas que lo deseen, ponemos a disposición los informes de las últimas mociones aprobadas. Sin embargo, por ser documentos grandes, los enviaremos contra solicitud expresa al correo electrónico mauriciocastro@anep.or.cr.
Cerraremos esta minuta (no tan pequeña), indicando que el proceso político de la CMPF, al menos en esta primera fase, nos deja satisfechos, en términos generales. El desenlace fue totalmente inesperado, aún para nosotros mismos y nos sentimos contentos de haber contribuido en algo, en el último minuto, para que fuera de tal forma. El “corporativismo parlamentario” del Movimiento Libertario; el paralelismo negociador (PUSC-“Libertarios”) al margen de la CMPF; la disconformidad del PAC por esta situación y su situación interna; las propuestas del PLN que, en determinado momento, parecían entrampar más que ayudar al avance; fueron elementos dentro de otros, que generaron gran tensión en los últimos días y en las últimas horas.
Finalmente creemos que la salida se dio, en ese último minuto por factores como la información periodística de la “Cossa Nostra” que golpeó la estrategia “libertaria”; la moción de impuesto sobre patrimonio de las empresas que le fue aprobada al PLN; la moción aprobada al PAC para exonerar a las empresas agrícolas de menos de 500 mil colones de patrimonio y el fracaso de la pretensión de variación del cálculo de las tasas de interés para bonos de varias entidades públicas, facilitaron el camino hacia el acuerdo. Por supuesto que no puede creerse que esta excesiva y casi irresponsable simplificación política de factores desencadenantes del acuerdo hayan sido los determinantes únicos; pero es real que ayudaron llegar a la salida.
Nos despedimos reiterando nuestro agradecimiento por darle seguimiento a estos reportes. Reiteramos las limitaciones de los mismos: su apreciación subjetiva, su carácter escueto y su falta de profundidad en el análisis político. Sin embargo, al menos da elementos informativos de primera mano que a usted le podrían servir de alguna manera. Hasta el año entrante. ¡Que la pasen bien, junto a las personas que aman!
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY
