Hacia fines de abril del presente año, a Caja Costarricense del Seguro Social (CSSS) nos convocó (junto a otras organizaciones sociales y productivas), para discutir la sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La comisión se compone de representantes empresariales, sociales y laborales puestos a analizar, discutir y hacer recomendaciones que mejoren la sostenibilidad financiera de IVM. Participan de esta comisión 16 representantes con voz y voto: 4 del Poder Ejecutivo (incluyendo la propia CCSS, el Instituto Nacional de las Mujeres INAMU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); 4 empresariales; 4 sindicalistas; 2 cooperativistas y 2 solidaristas). Además, 3 representantes con voz pero sin voto: Defensoría de los Habitantes, Superintendencia de Pensiones (SUPEN), y organizaciones de mujeres.
El objetivo de esta comisión es elaborar recomendaciones a la Junta Directiva de la CCSS, en un plazo de 4 a 6 meses. Este plazo se dividió en dos fases: Una de nivelación de información acerca de cuál es la situación que se enfrenta, y otra de elaboración e intercambio de propuestas para el fortalecimiento del régimen.
En CONACOOP y en ANEP se tiene plena claridad de que las pensiones son esenciales para una vida digna, entre quienes por alguna razón carecen de capacidades o posibilidades de generar ingresos propios durante o al final de la vida laboral activa.
En Costa Rica, la enorme mayoría (96,5 %) de las personas que contribuyen o gozan ya de una pensión, dependen del Régimen de IVM de la Caja. Este brinda pensiones por vejez (al final de la vida activa de quienes han cotizando); pensiones por invalidez (cuando un accidente interrumpe la capacidad de generar ingresos a una edad temprana); y pensiones por muerte (ante el fallecimiento de personas aseguradas que generaban los ingresos del hogar).
Las pensiones de IVM se financian con el aporte obligatorio de las personas asalariadas y con el aporte voluntario (aunque en proceso de volverse obligatorio), de las personas independientes. Del fondo común que se nutre con estos recursos, se van pagando y se pagarán las pensiones del 45 % de la población ocupada actualmente cubierta por el régimen de IVM. De acuerdo a la Caja, el sistema de pensiones enfrenta un grave problema.
Con las condiciones actuales, este fondo comenzaría a reducirse para llegar al año 2040 con mayores egresos que ingresos. Habría, por lo tanto, problemas para que las personas reciban las pensiones para las que cotizaron a lo largo de su vida. La pregunta es, ¿qué pasaría si cambiaran las condiciones actuales y qué condiciones habría que cambiar?
Según datos procesados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); carecen actualmente de todo aseguramiento 657,450 personas ocupadas, es decir, un 39% de la población ocupada. De éstas, casi la mitad, 300,000 personas, son trabajadores y trabajadoras independientes y el resto asalariadas. De todas las personas excluidas del sistema, 282.000 tienen capacidad contributiva plena (un 17% de la población ocupada) y 364.000 tienen capacidad contributiva parcial (un 19,5% de la población ocupada) y por lo tanto requieren de una mayor participación estatal.
Carecen, además, de una pensión propia, 720,000 personas que realizan trabajo no remunerado, en su mayoría mujeres, entre las cuales sólo el 13% tienen una pensión y sólo el 3% cotizan, a pesar de que muchas viven con hogares cuyos ingresos sería suficiente para contribuir a su seguro. En síntesis, estamos frente a dos Costa Rica: una incluida y la otra excluida de lo que la Constitución Política, en su Artículo 73, define como un derecho universal, equitativo y obligatorio.
Desde el CONACOOP y desde la ANEP consideramos que el dilema principal para enfrentar la reforma de IVM, es si debemos cambiar los principios que orientan el régimen de IVM; o si debemos cambiar los instrumentos de política que lo hacen posible.
A nivel de primer pilar, la Ley de Protección del Trabajador (LPT) aprobó medidas que más bien permitieran lo segundo, a través de la ampliación de las pensiones de IVM, en particular a los trabajadores y las trabajadoras independientes, como el próximo paso para inclinar la balanza hacia una y no hacia dos Costa Rica.
El principal dilema actual es proteger las pensiones de IVM para quienes ya están dentro, haciendo el ajuste entre las personas recién ingresadas y minimizando el esfuerzo de ampliación de cobertura (posición que sostienen algunos altos jerarcas de la CCSS); ó mejorar las pensiones de IVM para todas las personas, incluyendo nuevas pensiones para los que están fuera. ¡Desde CONACOOP y desde ANEP es en esto último en lo que estamos!
El 8 de julio de 2004, la Junta Directiva de la CCSS tomó un acuerdo en el cual definió los criterios que la Gerencia de Pensiones y la Comisión Social deben seguir para reformas el sistema de pensiones. Estos criterios son:
1. “Construir un escenario de reformas del IVM que cumpla con el mandato constitucional que define y orienta la CCSS; es decir, cumpliendo con los principios de universalidad, solidaridad y contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores.
2. Construir una reforma que parta de la plena implementación de las medidas contenidos en Ley de Protección al Trabajador y las complemente con medidas creativas e integrales acordes a los principios del sistema.
3. Construir una reforma que sea responsable con la sostenibilidad financiera de IVM, en función de los siguientes elementos:
1. Debe tratarse de una solución integral y, por lo tanto, incorporar un conjunto amplio de medidas que mejoren los ingresos del régimen y armonicen la relación entre ingresos y egresos.
2. Debe ser una solución estructural, para el mediano y largo plazo.
3. Debe proteger montos de pensiones robustos que permitan a las personas mantener niveles de vida adecuados, aunque carezcan de fondos complementarios de segundo o tercer pilar.
4. Debe buscar el fortalecimiento de la capacidad del régimen de IVM de integrar tanto sectores de altos recursos como sectores de escasos recursos. Comuníquese a la Gerencia de Pensiones y a la Comisión de Análisis de la Reforma al Régimen de Invalidez., Vejez y Muerte (IVM). Acuerdo firme.”
Desde el CONACOOP y desde la ANEP compartimos esos criterios.
En las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes nuestras propuestas para ser coherentes con estos criterios.
San José, 26 de julio del 2004
Albino Vargas Barrantes
ANEP
Víctor Hugo Morales Zapata
CONACOOP
