Por Yezid García Abello
En medio de una arremetida antilaboral sin precedentes en las últimas décadas, el pasado jueves 31 de marzo el gobernador republicano de Ohio, John Kasich, promulgó una ley conocida como SB5, que reduce los derechos de negociación colectiva para 350,000 trabajadores públicos. Esta controvertida ley había sido aprobada por el Congreso estatal el día anterior.
La medida se produce tres semanas después de que en Wisconsin se aprobara una ley similar. Esta política en contra de los trabajadores y los sindicatos y encabezada por los gobernadores republicanos electos en las pasadas elecciones ha desatado un fuerte debate y una gran movilización en todos los estados de la Unión.
En el caso de Ohio, el alcance de la ley es mayor que en el de Wisconsin, por cuanto se aplica a policías, bomberos, maestros y muchos otros trabajadores del estado. Además de impedir que los sindicatos negocien de manera colectiva las condiciones laborales de sus afiliados, la ley elimina los incrementos salariales automáticos y prohíbe las huelgas.
Incrementa el costo de las pensiones y del seguro médico para los trabajadores. Adicionalmente, la legislación establece un proceso nuevo para arreglar disputas con los sindicalizados, al conferirles a los gobernadores la última palabra en los desacuerdos contractuales. Se suprime también un arbitraje obligatorio, al que recurrían policías y bomberos para resolver disputas contractuales como una alternativa a la huelga.
El gobernador John Kasich es el prototipo de la nueva generación de republicanos. Hizo su campaña al Senado con el emblema de “Romperle el espinazo a los maestros organizados” y nombró un gabinete de solo funcionarios blancos, excluyendo por completo a los afroamericanos. Cuenta en su hoja de vida haberse desempeñado como alto directivo de la firma Lehman Brothers en Columbus, capital de Ohio, una de las empresas con mayor responsabilidad en la crisis financiera del país. Como si fuera poco, antes de ser gobernador estuvo vinculado al canal Fox, uno de los principales voceros de la extrema derecha en Estados Unidos.
La arremetida contra los sindicatos se produce en medio de la profunda crisis económica y social, expresada en un elevado desempleo, que ha afectado al país durante los últimos tres años. Valga decir que Ohio es el tercer estado que ha perdido mayor número de empleos en este tiempo. El antecedente inmediato de esta arremetida antisindical es el triunfo electoral contundente que obtuvieron los republicanos en las pasadas elecciones de noviembre, paradójicamente, como consecuencia de la percepción generalizada de que el gobierno de Obama no ha logrado reactivar el empleo.
Medidas similares a las de Wisconsin y Ohio amenazan con extenderse a 21 estados en donde los republicanos ganaron la gobernación y a otros en donde tienen mayoría en el congreso estatal aunque no tengan al gobernador.
Esta estrategia antisindical cumple con dos objetivos claros. El primero, afianzar las políticas neoliberales, tendientes a concentrar más la riqueza, favoreciendo a las grandes empresas y al sector financiero, principal responsable de la crisis económica del país. Por ello, se insiste en que las políticas de reducción del gasto público, en contra de los trabajadores, le apuntan a saldar el déficit fiscal.
El segundo objetivo es debilitar sustancialmente al movimiento sindical, que representa uno de los pilares fundamentales del Partido Demócrata y del presidente Barack Obama. De ahí que, una vez se desató esta arremetida de los republicanos, el mandatario mismo promovió y apoyó la movilización sindical en contra de la decisión de los gobernadores republicanos.
Por ello, la arremetida contra los sindicatos, que se extiende a lo largo y ancho de los Estados Unidos, y la valerosa respuesta por parte de los trabajadores, no puede entenderse sin tener en cuenta la profunda polarización que vive la sociedad estadounidense.