1) El Estado es, fundamentalmente, una construcción histórica colectiva. En lo esencial, constituye el resultado dinámico de la interacción conflictiva de las fuerzas sociales. Por ello, es efectivamente cierto que el Estado tiene un sello de clase, en cuanto su diseño estructural principalmente responde a los intereses de la clase o clases dominantes.
En ese sentido, el Estado no es “democrático” en abstracto y, la verdad, logra serlo solo si los pueblos –es decir, las clases y grupos sociales subalternos o de alguna manera pospuestos o explotados- impactan y logran influencia significativa en el diseño y funcionamiento de ese Estado, de forma tal que logren acercarlo a las realidades de ese pueblo; hacerlo responder a sus necesidades y demandas y abrirlo al escrutinio y la participación ciudadana efectiva.
2) Es cosa cuanto menos extraña el que Estado tenga religión. Esta es asunto de fe que las personas –cada persona- lleva en su fuero íntimo. Usted cree en Jesús o en Alá o Sibú o es judío o budista o quizá es persona agnóstica o atea. Pero, encima, es posible que usted viva su fe –caso de tenerla- de una forma particular. Basta observar las múltiples variantes del cristianismo y la diversidad de formas como distintas personas viven una misma religión. Es, pues, un asunto muy personal. Entonces ¿cómo podría el Estado tener religión?
3) No obstante lo anterior, lo cierto es que hay estados –por ejemplo el de Costa Rica- que, por ley, tienen una determinada religión. Y aunque resulte extraño, en todo caso es asunto que sí podemos comprender, ya que así como el Estado es en mayor o menor grado clasista o democrático según sea la evolución de las fuerzas sociales que lo impactan e influyen, igual puede ocurrir que en la sociedad haya intereses de suficiente peso que hagan que, en determinado momento histórico, al Estado se le ponga una particular etiqueta religiosa. Eso ha ocurrido en Costa Rica, donde, como sabemos, y por muchos años, las jerarquías de la Iglesia Católica han comido en la misma mesa que las oligarquías (con alguna excepción honrosa, como la de Monseñor Sanabria).
4) Y, sin embargo, no todas las personas en Costa Rica somos católicas, lo cual plantea una flagrante contradicción. Porque se supone que, en principio, ciudadanas y ciudadanos gozamos de un estatus de igualdad ante la ley. Bien sabemos que eso es mera ficción y que, en un Estado signado por la dominación clasista y penetrado por los roles y jerarquías del patriarcado, usted resulta “más igual” o “menos igual” según que, por ejemplo, usted tenga dinero o no lo tenga, o según que sea hombre o mujer. Pero el caso es que cuando el Estado es católico, incluso la igualdad formal ante la ley desaparece. Porque dependiendo de que usted sea persona católica o no lo sea, así será su posición dentro de ese Estado católico. Y ello se evidencia con claridad en cuanto se constata que el Estado costarricense contribuye al sostenimiento financiero de la Iglesia Católica ¿Cómo justificar el que yo, que no soy católico, deba pagar impuestos que van a parar a las arcas de esa institución religiosa? Siendo la religión algo del ámbito puramente personal, el sostenimiento de las respectivas organizaciones religiosas debería ser responsabilidad de las personas que practican esa religión y de nadie más.
5) Más importante aún es entender que la sociedad costarricense actual se ha vuelto más compleja y heterogénea, y que esa diversidad se manifiesta no solo en materia religiosa, sino también en muchos otros ámbitos de la vida en sociedad. El catolicismo sigue perdiendo feligresía, pero, además y quizá más relevante acontece que porciones importantes y crecientes de la población ha elegido formas de vida que no corresponden con los patrones que tanto el catolicismo oficial como el evangelismo conservador prescriben y exigen. Ello se visibiliza, por ejemplo, en la enorme variedad de formas de familia que hoy existen. Entre estas, encontramos en pleno retroceso y descomposición la familia patriarcal tradicional que, por cierto, es la única forma de familia que el conservadurismo religioso –católico y evangélico- acepta oficialmente. Otras formas de familia van ganando creciente importancia: desde la mujer sola que cría a sus niños o niñas, a los hombres y mujeres que después de divorciarse, vuelven a casarse y forman hogares donde se acogen a sus propios hijos como a los de la otra persona. Ello por citar solo algunos casos, ya que las variantes se multiplican. Y si entendemos como familia la reunión de un grupo de personas que se aman y acompañan en una relación de mutuo respeto y solidaridad, sin la menor duda tendría que reconocerse que las parejas del mismo sexo también son una familia. O al menos así sería si en esta sociedad primara cierta racionalidad básica y un mínimo de justicia y equidad, en vez de esa ética del odio que promulga el conservadurismo religioso en boga.
6) ¿Qué deberíamos hacer, como colectivo social, frente a estas realidades? ¿Cómo debería procederse desde el punto de vista de nuestro sistema jurídico e institucional? Podría mantenerse el status quo, tal cual lo promueven las jerarquías católicas y el conservadurismo evangelista. Su fórmula está dominada por el odio y la más violenta ignorancia. Se reduce a una condenatoria generalizada y una cruzada moralista intolerante e intransigente. Ello se hace claro con especial crudeza cuando a las parejas del mismo sexo se les quiere condenar al ostracismo al negárseles todo reconocimiento legal. El asunto se extiende a otros ámbitos de la educación sexual al control de la natalidad en todos los casos con nefastas consecuencias sociales y humanas. La influencia del catolicismo conservador sobre las estructuras del Estado es cosa que, como sabemos, cuenta con la complicidad de ciertos pastores evangélicos, y refuerza los contenidos de discriminación y exclusión existentes en nuestra Constitución y leyes (cosa refrendada por la Sala IV a propósito del matrimonio homosexual, y reiterada de continuo en la forma cruel como se trata a una mujer que ha sido violada). A su vez, toda esta carga discriminatoria y excluyente se consolida en el tanto nuestro Estado sea católico.
7) Pero mantener este estado de cosas lleva a la sociedad costarricense a un callejón sin salida muy peligroso, porque ello implica invisibilizar –al nivel de las leyes y la institucionalidad estatal- situaciones perfectamente reales presentes en nuestra sociedad. Se trata de gente de carne y hueso, en general buenas personas, con cualidades y defectos como cualesquiera otras. Pero acontece que, sin embargo, viven de otra forma, distinta de cómo lo quisiera la moral prejuiciada y discriminatoria de ciertos obispos y pastores ¿Qué hacer entonces? ¿Encerrarlas en un campo de concentración o enterrarlas en lo más profundo del océano Pacífico? La verdad es que la única salida civilizada y democrática es concederles estatus pleno como ciudadanas y ciudadanos de este país.
8) Se trata de un proceso de reconstrucción jurídica e institucional del Estado costarricense que, en lo posible, lo democratice y lo ponga a tono con las realidades sociales, mucho más complejas, de la Costa Rica actual. En ese contexto, la reforma constitucional encaminada a establecer el carácter laico del Estado constituye un paso aún insuficiente, pero sí necesario para dar vigencia plena a los principios de igualdad ante las leyes, libertad de conciencia y libertad en materia religiosa.
Fuente: Argenpress.info
