El pasado miércoles 4 de enero, ANEP presentó denuncia en el despacho del Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República, para que se realice una exhaustiva investigación y se determine la eventual comisión de un determinado delito; a raíz de la carta que 40 diputados y diputadas dirigieron a la Licda. Martha Acosta Zúñiga, Subcontralora General de la República, en diciembre anterior, urgiendo dictar el acto de concesión de los contratos de privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
Tal circunstancia se hizo pública, luego que la oficina del diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), emitiera un comunicado de prensa titulado “Diputados urgen a la Contraloría aprobar contratos de concesión”.
ANEP opina que con tal acto de presión a la entidad contralora, los legisladores y las legisladoras firmantes, podrían haber violado el Artículo 52, de la recientemente emitida “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, No. 8422, del 6 de octubre de 2004; ley que, paradójicamente, fue aprobada por la actual Asamblea Legislativa con los votos de los diputados y de las diputadas que firmaron la carta presionando a la entidad contralora, por el negocio privatizador del INCOP. Ese artículo plantea lo siguiente:
Artículo 52.- Tráfico de influencias. “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quién directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde o omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propio de sus funciones de modo que genere directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quién utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.”
Por otra parte, nuevamente y con toda vehemencia, la ANEP llama la atención de la opinión pública nacional que el costo para el país de privatizar el INCOP, a través de los contratos de concesión por el cual abogaron esos 40 legisladores; creció, del 2004 al 2005, en mil ciento sesenta y cuatro millones, trescientos veintiocho mil trescientos colones (1.164.328.300.oo), por la devaluación del colón ocurrida en el último año.
Lo anterior quiere decir que, si ya en el 2004, el costo por indemnización por desarraigo y prestaciones para los trabajadores del INCOP, a fin de que aceptaron la privatización del mismo, ascendía a catorce mil setecientos ochenta y dos millones, cuarenta y dos mil novecientos dos colones, con veinte céntimos (14.782.042.902.20); a esta cifra habrá que agregarle la anterior; con lo cual, los y las costarricenses tendremos que pagar, prácticamente, ¡16 mil millones de colones!, en este momento, si tal concesión privatizadora fuera otorgada por la Contraloría.
Por tanto, nuevamente, la ANEP expresa su más rotunda oposición al vergonzoso y leonino negocio de privatización del Muelle de Caldera, por cuanto se nos obligará a pagar una suma astronómica, irracional que habría que darle a unos 1.200 trabajadores portuarios de la planilla del INCOP.
Alternativamente, ANEP propone modernización total de dicho muelle, sin gastar del erario público esa gigantesca cantidad, empleando una cifra superior a los 5 mil millones de colones que INCOP tiene en reservas, pero que no puede usar por directrices fiscales de irracional lógica.
Llamamos, respetuosamente, a las máximas autoridades de la Contraloría General de la República y su excelente y honesto personal técnico-profesional, para que rechacen, tajantemente, las presiones legislativas de la carta en mención; para que procedan al análisis cuidadoso de esta situación delicada, dado que siguen prevaleciendo la serie de anomalías en los contratos de concesión que generaron ya, en dos ocasiones, sendos rechazos de los intentos por obtener el ansiado por quienes anhelan enriquecerse más, dejándose para sí el negocio portuario hasta ahora en manos nacionales.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional ANEP-INCOP
San José, 6 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0324-06
