Día Internacional de víctimas de crímenes de Estado en Colombia
(Con fines ilustrativos a la nota – ANEP)
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La noticia dio vuelta al mundo entero; aquí en Costa Rica, el diario La Nación dedicó un editorial (30/1/2010), varias notas periodísticas y varias columnas de opinión, todas con el fin de condenar al mandatario venezolano, acusándole de autoritario y de violar la libertad de expresión.
Las manifestaciones convocadas por la oposición y los simpatizantes del gobierno también recibieron cobertura en los medios. En dichos hechos, la violencia de la oposición cobró la vida de 2 jóvenes manifestantes que apoyaban al gobierno. Estos dos asesinatos no generaron editoriales, tampoco repudio ni mucho menos condena por parte de los medios de comunicación, que siguieron publicando los usuales artículos anti-chavistas de siempre. Hoy, RCTV sigue operando en cable, después de que decidiera realizar los trámites pertinentes. Del caso no se habló más.
Macabro silencio. A finales de Diciembre (2009) se descubrió en La Macarena, comunidad localizada en la región del Meta (Colombia), una fosa común de 2.000 cuerpos. El descubrimiento fue constatado por un grupo de sindicalistas y parlamentarios británicos, y por la Comisión Asturiana de Derechos Humanos, invitados como observadores por organizaciones colombianas.
Como bien declaraba uno de los británicos, tenían frente a ellos la fosa común más grande descubierta en los últimos años, comparable a las de la Segunda Guerra Mundial. Los cuerpos encontrados en la fosa eran de campesinos y líderes sociales locales. El gobierno rápidamente acusó a la guerrilla por el crimen, pero las organizaciones de derechos humanos, y los delegados asturianos y británicos, desmintieron con contundencia esas acusaciones, culpando – con claridad y evidencia – al gobierno de Uribe y a sus ejércitos paramilitares por los cuerpos hallados en La Macarena.
Recientemente, los líderes paramilitares alias ‘Salvatore Mancuso’, ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’, extraditados a EEUU por sus crímenes, confesaron recibir apoyo directo del actual vicepresidente Francisco Santos (Noticias Uno, 31/01/2010). En sus confesiones, afirmaron que se habían reunido en las oficinas del diario El Tiempo de Colombia, perteneciente a la familia Santos.
Ese mismo diario pertenece a un grupo regional llamado Grupo de Diarios de América, donde también participa el diario La Nación de Costa Rica. Dichas confesiones se suman a una larga lista de evidencias y testimonios que implican directamente al actual gobierno colombiano con las bandas paramilitares.
El silencio de los medios se mantiene hasta hoy. No hay repudio. No hay editoriales condenando al gobierno colombiano por sus atrocidades (nada nuevas, por cierto). Tampoco los van a haber.
Obstáculo incómodo. La importancia estratégica de Venezuela – hoy el segundo proveedor de combustible para EEUU (Bloomberg, 28/8/09) – hace de Chávez un obstáculo incomodo en los planes de Washington y los grandes intereses empresariales del continente.
Presentar a Chávez como tirano y callar los crímenes de Uribe no es más que legitimar una eventual agresión colombiana a Venezuela. Mientras menos se sepa de lo que ocurre en Colombia, más apoyo tendrá su gobierno ante un eventual conflicto.
Es evidente que los medios comerciales buscan difundir su visión del mundo, en clara concordancia con sus intereses. Y si los medios son capaces de ocultar una fosa de 2000 cuerpos para salvaguardar sus intereses, ¿de qué no son capaces?
*Colaborador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la UNA.
Fuente: Página Abierta – Diario Extra
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Informe de Alta Comisaria de la ONU
ONU denuncia grave estado de derechos en Colombia
Funcionaria habla de hostigamientos contra defensores de derechos humanos.
Grupo amenazado incluye sindicalistas, líderes indígenas, abogados y prensa.
Bogotá. AFP. La Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos publicó un severo informe sobre la situación de Colombia, en que denuncia la inseguridad de los defensores de derechos humanos y su “estigmatización”, inclusive por miembros del Gobierno de Álvaro Uribe.
Una mujer observa fotografías de personas muertas o desaparecidas, en un acto conmemorativo, el sábado en el centro de Cali (Colombia), del Día Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado. EFE.
“Siguen existiendo actitudes de acoso y persecución hacia defensores de derechos humanos y sus familias”, escribe en la conclusión de su informe publicado el martes la Alta Comisionada Navi Pillay, quien estuvo en este país en septiembre de 2009.
“La Alta Comisionada está profundamente preocupada ante el extendido fenómeno de amenazas contra los defensores”, añade en el documento que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el 24 de marzo.
Si bien reconoce que “la situación global de seguridad del país ha mejorado” con la implementación de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, Navi Pillay dedica su informe a una larga lista de sectores según ella amenazados: sindicalistas, líderes comunales indígenas, afrocolombianos, representantes de poblaciones desplazadas, magistrados, abogados o periodistas. Para cada apartado la ONU menciona asesinatos, algunos con tortura.
Sin mencionar a los autores, a menudo desconocidos, la funcionaria responsabiliza al Estado colombiano, ya que “una de las principales razones de la inseguridad (…) reside en la estigmatización sistemática de estos defensores por miembros del Gobierno y otros actores no estatales”.
Escuchas ilegales, detenciones arbitrarias, acusaciones de falso testimonio y robo de documentos son otras de las tantas trabas en la defensa de los derechos humanos en Colombia, según el informe.
El Gobierno colombiano ha brindado protección a 3.052 personas entre enero y septiembre de 2009, afirma el texto, sin embargo, “la protección real” será posible cuando la “estigmatización cese por completo” y los autores de crímenes y amenazas sean juzgados, concluye.
