A principios de este año la compañía frutera basada en Cincinnati, EE.UU. se unió a Dole en su crítica al gobierno en Tegucigalpa que había aumentado el salario mínimo en un 60%. Chiquita se quejó de que las nuevas reglas afectarían los beneficios de la compañía, y exigirían que la firma tuviera costes más elevados que en Costa Rica: 20 centavos de dólar más para producir una caja de bananas y diez centavos más para producir una caja de plátanos, para ser exacto. En total, Chiquita se inquietaba porque perdería millones con las reformas laborales de Zelaya ya que la compañía producía unas 8 millones de cajas de bananas y 22 millones de cajas de plátanos por año.
Cuando apareció el decreto del salario mínimo, Chiquita buscó ayuda y apeló al Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP). Como Chiquita, COHEP estaba descontento con la medida de Zelaya sobre el salario mínimo. Amílcar Bulnes, presidente del grupo, argumentó que si el gobierno seguía adelante con el aumento del salario mínimo, los empleadores se verían obligados a despedir trabajadores, aumentando así el desempleo en el país. Como principal organización empresarial en Honduras, COHEP agrupa a 60 asociaciones empresariales y cámaras de comercio que representan todos los sectores de la economía hondureña. Según su propio sitio en Internet, COHEP es el brazo político y técnico del sector privado hondureño, apoya los acuerdos de comercio y suministra “apoyo crítico para el sistema democrático.”
COHEP argumenta que la comunidad internacional no debiera imponer sanciones económicas contra el régimen golpista en Tegucigalpa, porque empeorarían los problemas sociales de Honduras. En su nuevo papel como vocero de los pobres de Honduras, COHEP declara que Honduras ya ha sufrido terremotos, lluvias torrenciales y la crisis financiera global. Antes de castigar al régimen con medidas punitivas, arguye COHEP, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos deberían enviar equipos de observadores a Honduras para evaluar cómo las sanciones afectarían a un 70% de los hondureños que viven en la pobreza. Mientras tanto, Bulnes ha expresado su apoyo al régimen golpista de Roberto Micheletti y argumenta que las condiciones políticas en Honduras no son propicias para un retorno del exilio de Zelaya.
Chiquita: De Arbenz a Bananagate
No sorprende que Chiquita busque y se alíe con fuerzas social y políticamente retrógradas en Honduras. COLSIBA, el organismo coordinador de los trabajadores de plantaciones de plátanos en Latinoamérica, dice que la compañía frutera no ha suministrado a sus trabajadores los equipos de seguridad necesarios y que ha retardado la firma de acuerdos laborales colectivos en Nicaragua, Guatemala y Honduras.
La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros, COLSIBA
Chiquita, conocida antes como United Fruit Company y United Brands, ha tenido una larga y sórdida historia política en Centroamérica. Dirigida por Sam “The Banana Man” Zemurray, United Fruit entró al negocio de los plátanos a comienzos del Siglo XX. Zemurray observó una vez: “En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del parlamento.” En los años veinte United Fruit controlaba 263.000 hectáreas de la mejor tierra en Honduras, cerca de un cuarto de la tierra cultivable del país. Lo que es más, la compañía controlaba carreteras y ferrocarriles.
En Honduras, las compañías fruteras extendieron su influencia a todas las áreas de la vida, incluidas la política y las fuerzas armadas. Por esas tácticas adquirieron el nombre de ‘los pulpos.’ Los que no aceptaban el juego de las corporaciones eran hallados a menudo boca abajo en las plantaciones. En 1904, el humorista O. Henry acuñó el término “República bananera” para referirse a la tristemente célebre United Fruit Company y sus actividades en Honduras.
En Guatemala, United Fruit apoyó el golpe militar patrocinado por la CIA en 1954, contra el presidente Jacobo Arbenz, un reformador que trató de realizar una reforma agraria. El derrocamiento de Arbenz llevó a más de treinta años de intranquilidad y de guerra civil en Guatemala. Posteriormente, en 1961, United Fruit prestó sus barcos a exiliados cubanos respaldados por la CIA que trataron de derrocar a Fidel Castro en Playa Girón.
En 1972, United Fruit (rebautizada como United Brands) llevó al poder al general hondureño Oswaldo López Arellano. Sin embargo, el dictador tuvo que renunciar posteriormente después del infame escándalo “Bananagate” que tuvo que ver con sobornos de United Brands para López Arellano. Un jurado de acusación estadounidense acusó a United Brands de sobornar a Arellano con 1,25 millones de dólares, con la promesa de otros 1,25 millones si el militar aceptaba la reducción de los impuestos a la exportación de frutas. Durante el Bananagate, el presidente de United Brands cayó de un rascacielos de Nueva York, en un aparente suicidio.
Los años Go-Go de Clinton Years y Colombia
United Fruit también se estableció en Colombia y, durante sus operaciones en el país sudamericano, desarrollo una imagen no menos accidentada. En 1928, 3.000 trabajadores se declararon en huelga contra la compañía para pedir mejores condiciones de paga y trabajo. La compañía primero se negó a negociar, pero después cedió en algunos puntos menores, y declaró que las otras demandas eran “ilegales” o “imposibles.” Cuando los huelguistas se negaron a dispersarse, los militares dispararon contra los trabajadores, matando a muchos de ellos.
Podría pensarse que Chiquita habría reconsiderado sus políticas laborales después de lo sucedido pero a fines de los años noventa, la compañía comenzó a aliarse con fuerzas insidiosas, específicamente con paramilitares derechistas. Chiquita les pagó hasta más de un millón de dólares. En su propia defensa, la compañía declaró que simplemente estaba pagando a los paramilitares para obtener protección.
En 2007, Chiquita pagó 25 millones de dólares para dirimir una investigación del Departamento de Justicia sobre esos pagos. Chiquita fue la primera compañía en la historia de EE.UU. condenada por tratos financieros con una organización terrorista específica.
En un juicio contra Chiquita, víctimas de la violencia paramilitar afirmaron que la firma instigaba a cometer atrocidades, incluyendo terrorismo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Un abogado de los demandantes dijo que la relación de Chiquita con los paramilitares “tenía que ver con la adquisición de todos los aspectos de la distribución y venta de plátanos mediante un reino del terror.”
De vuelta en Washington, Charles Lindner, director ejecutivo de Chiquita, estaba ocupado cortejando a la Casa Blanca. Lindner había sido un gran donante del Partido Republicano, pero cambio de lado y comenzó a prodigar dinero a los demócratas y a Bill Clinton. Clinton recompensó a Lindner convirtiéndose en un crucial respaldo militar del gobierno de Andrés Pastrana, responsable de la proliferación de escuadrones de la muerte derechistas. En esos días EE.UU. impulsaba su agenda de libre comercio amistosa hacia las corporaciones en Latinoamérica, una estrategia realizada por el antiguo amigo de infancia de Clinton, Thomas “Mack” McLarty. En la Casa Blanca, McLarty actuó como Jefe de Gabinete y Enviado Especial para América Latina. Es un personaje fascinante a quien volveré en un instante.
La conexión Holder-Chiquita
En vista del historial poco limpio de Chiquita en Centroamérica y Colombia, no sorprende que la compañía haya tratado de aliarse posteriormente con COHEP en Honduras. Aparte de cabildear a asociaciones empresariales en Colombia, Chiquita también cultivó relaciones con firmas legales importantes en Washington. Según el Center for Responsive Politics, Chiquita ha pagado 70.000 dólares en gastos de cabildeo a Covington and Burling en los últimos tres años.
Covington es una poderosa firma legal que asesora a corporaciones multinacionales. Eric Holder, actual Fiscal General [Ministro de justicia], co-presidente de la campaña de Obama y ex Fiscal General Adjunto bajo Bill Clinton fue hasta hace poco socio de la firma. En Covington, Holder defendió a Chiquita como abogado principal en su caso con el Departamento de Justicia. Desde lo alto de su elegante nueva oficina en Covington, ubicada cerca del edificio del New York Times en Manhattan, Holder preparó a Fernando Aguirre, director ejecutivo de Chiquita, para una entrevista con “60 Minutes” sobre los escuadrones de la muerte colombianos.
Holder hizo que la compañía frutera se declarara culpable de un cargo de “entrar en transacciones con una organización explícitamente identificada como organización terrorista global.” Pero el abogado, que cobraba un considerable salario en Covington del orden de más de 2 millones de dólares, medió en un dulce acuerdo según el cual Chiquita sólo pagó una multa de 25 millones de dólares durante cinco años. Escandalosamente, sin embargo, ni uno de los seis funcionarios de la compañía que aprobaron los pagos recibió una condena a la cárcel.
El curioso caso de Covington
Si se mira un poco más detenidamente se descubrirá que Covington no sólo representa a Chiquita sino que sirve como una especie de nexo para la derecha política que quiere propugnar una política exterior agresiva en Latinoamérica. Covington mantuvo una importante alianza estratégica con Kissinger (famoso por Chile en 1973) y McLarty Associates (sí, el mismo Mack McLarty de los días de Clinton), una firma muy conocida internacionalmente de consultoría y asesoría estratégica.
John Bolton sirvió de 1974 a 1981 como socio en Covington. Como embajador de EE.UU. en Naciones Unidas bajo George Bush, Bolton fue un crítico feroz de izquierdistas en Latinoamérica como Hugo Chávez. Además, John Negroponte se convirtió hace poco en vicepresidente de Covington. Negroponte es un ex secretario adjunto de Estado, director de Inteligencia Nacional y representante de EE.UU. ante Naciones Unidas.
Como embajador de EE.UU. en Honduras desde 1981 hasta 1985, Negroponte jugó un papel importante en la ayuda a los rebeldes de la Contra respaldados por EE.UU. que se proponían derrocar el régimen sandinista en Nicaragua. Grupos de derechos humanos han criticado a Negroponte por hacer caso omiso de los abusos contra los derechos humanos cometidos por los escuadrones de la muerte hondureños que fueron financiados y parcialmente entrenados por la CIA. Por cierto, cuando Negroponte sirvió como embajador, su edificio en Tegucigalpa se convirtió en unos de los mayores centros neurálgicos de la CIA en Latinoamérica y decuplicó su personal.
Aunque no hay evidencia que vincule Chiquita al reciente golpe en Honduras, existe suficiente confluencia de personajes sospechosos y de políticos influyentes como para justificar más investigación. Desde COHEP a Covington hasta Holder y Negroponte y McLarty, Chiquita ha seleccionado a amigos en puestos importantes, amigos que no aprecian las políticas laborales progresistas del gobierno de Zelaya en Tegucigalpa.
*Para rebelion.org
