El informe destaca la criminalización que el actual régimen ha hecho, de las manifestaciones contra el golpe de estado, cuya persecución se ha enfocado contra maestros, maestras, dirigentes políticos, líderes juveniles y dirigentes campesinos.
Para “satanizar” a miles de manifestantes contra el golpe de Estado, el gobierno usurpador ha utilizado una campaña sistemática de desprestigio hacia la resistencia y que es ejercida por presentadores de radio, televisión y columnistas de periódicos, alineados a los grupos de poder que idearon y financiaron la ruptura del orden constitucional.
Incluso hay personajes de la vida política y empresarial que se han encargado de difundir en el exterior que la situación está en completa calma y que la única salida a la crisis es la realización de los comicios generales del 29 de noviembre.
Los datos sobre las violaciones a la vida, la integridad personal, la libertad de movilización, de expresión y del ejercicio periodístico, manifiestan los alarmantes niveles de represión, ordenados por el gobierno de facto de Roberto Micheletti
El Cofadeh documentó violaciones al derecho a la vida, en el que se registraron 108 denuncias por amenazas a muerte, 3 atentados contra personas y 21 asesinatos.
Los asesinatos se produjeron entre el 28 de junio y el 10 de octubre directamente vinculados a la resistencia contra el golpe de estado.
El primer período en el que ocurrieron los asesinatos comprende del 28 de junio al 15 de julio en el que 4 personas fueron asesinadas, luego el segundo período que va del 16 de julio al 20 de septiembre en el que 5 personas fueron asesinadas y el último período que es del 21 de septiembre al 15 de octubre en el que 12 personas han muerto.
La última etapa que reporta 12 personas que murieron violentamente es justamente la fase en la que, la represión ejercida por el gobierno de facto, comienza a tener un carácter selectivo.
Entre los asesinatos se presentan dos aspectos, por una parte se registraron entre personas que han muerto directamente en las movilizaciones contra el golpe de estado y otras en las que se trata de ciudadanos o ciudadanas que han muerto en forma selectiva y que por la forma y modus operandi, parece ser que obedecieran a un patrón ejercitado por paramilitares, con el propósito de eliminar objetivos políticos.
El COFADEH ha identificado que la represión en primer momento fue abierta y masiva, para luego irse sectorizando y ahora está siendo individualizada y selectiva a través de líderes comunitarios de barrios, colonias y dirigentes juveniles, políticos, sindicales y magisteriales.
Hay que tomar en consideración que la mayoría de las víctimas mortales han sido maestros, pero también se debe apuntar que los miembros de colegios magisteriales que han participado en las movilizaciones contra el golpe de estado están siendo criminalizados, amenazados, tanto ellos y ellas, como sus familiares.
Se ha verificado que hay maestros que han sido amenazados por el ejercicio laboral. Para el caso hay unos 600 maestros acusados en la Fiscalía de la Niñez porque se resisten a brindar clases en el marco del golpe de estado.
Con estos datos se deduce que centenares de maestros han enfrentado acusaciones por resistirse a dar clases en al menos 2 días durante las semanas posteriores al golpe de estado y luego por brindar clases después de la fecha que el gobierno de facto designó, para concluir el período lectivo.
En un tercer plano también se acusa a los maestros y maestras porque se niegan a entregar las escuelas para desarrollar las elecciones generales que los golpistas pretenden ejecutar a toda costa, porque creen que esto validará al próximo gobierno como legítimo.
Aspecto que para la comunidad internacional es inaceptable, ya que la realización de los comicios esta condicionada a la restitución del presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales, según el acuerdo de San José, aceptado para su discusión por ambas partes.
El informe destaca 4 mil 234 violaciones a derechos humanos debidamente documentadas y que no necesariamente significan el total de las que han ocurrido en el país a partir del golpe de estado perpetrado el 28 de junio de 2009.
Para el caso, se ha reportado que entre julio y agosto se produjeron 5 mil detenciones ilegales durante los 52 retenes militares- policiales ubicados en varias regiones del país y a lo largo de la carretera que desde Tegucigalpa conduce hacia la frontera con Nicaragua a raíz de los constantes toques de queda ordenados por el gobierno de facto.
Esas acciones fueron ejecutadas durante el tiempo en que el presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales permaneció en la frontera honduro-nicaraguense y que perseguían evitar por un lado, el ingreso del mandatario a territorio hondureño e impedir que miles de ciudadanos y ciudadanas se reunieran con él, para brindarle su respaldo.
En el informe se destacan violaciones a la integridad personal en donde se han caracterizado los tratos crueles, degradantes e inhumanos con 133 casos. En el primer período de la represión no se registró ningún caso por tratos crueles e inhumanos.
En el segundo período, el Cofadeh comenzó a documentar tratos crueles e inhumanos. Además se han registrado lesiones leves con 21 casos, pero existen registros por lesiones y golpes que suman 453 casos, que reflejan cómo el gobierno de facto ha criminalizado las movilizaciones sociales, las que ha sido disueltas en forma violenta y con uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares.
Durante más de 3 meses de manifestaciones continuas, el Cofadeh documentó 40 de las movilizaciones pacíficas, han sido disueltas violentamente por miembros de la policía y el ejército.
En centenares de testimonios, las víctimas denunciaron la participación directa de las fuerzas represivas del estado, que han provocado tratos crueles a la ciudadanía en las vías públicas.
Por otra parte se han contabilizan 3 mil 33 violaciones al derecho a la libertad personal. Este derecho generalmente es violentado, tanto en manifestaciones públicas de las principales ciudades del país, como en localidades municipales o en barrios y colonias.
En este aspecto, a los manifestantes o a las manifestantes, se les ha acusado de escándalo público, pero también la policía y el ejército han detenido a personas por violentar el toque de queda, que tiene que ver con el artículo 3 constitucional que señala que nadie debe obediencia a un gobierno surgido por la fuerza de las armas.
Hay que tomar en cuenta que este registro es el que ha realizado el Cofadeh a través de los centenares de personas, que han llegado hasta la sede, para brindar testimonio de las violaciones a derechos humanos.
Durante el monitoreo ejercido, se ha detectado que en algunos casos la policía no realiza los registros de las detenciones, lo que dificulta obtener cifras reales de las detenciones ocurridas en el país durante más de 3 meses.
Una gran preocupación para el Cofadeh ha sido que durante las detenciones, las personas hayan sido trasladadas a lugares no convencionales de detención. Por ejemplo, entre julio y agosto se detuvo a ciudadanos y ciudadanas en gimnasios municipales como en San Marcos de Colón, en donde 280 personas permanecieron detenidas en el gimnasio municipal de esa comunidad.
Asimismo se detuvo a manifestantes en tiendas de campaña instaladas en varias aldeas del departamento de El Paraíso. En Tegucigalpa, el parque de pelota Héctor “Chochi” Sosa al igual que el Cerro Juana Laínez, fueron utilizados para la detención de ciudadanos y ciudadanas.
En estos lugares no se realizó un registro de los detenidos y detenidas, lo que dificultó la tarea de las organizaciones de derechos humanos.
El informe revela datos importantes en torno a acusaciones por delitos políticos (en total 114 ), también se afectó el derecho a la libertad de circulación, y el derecho a recibir información, ya que un ciudadano o ciudadana que no se moviliza ¿cómo puede obtener información?.
El derecho a la libertad de expresión comprende dos aspectos: Primero el derecho a que la ciudadanía se exprese y también el derecho que se tiene a recibir información.
Estas violaciones quedaron manifiestas con la suspensión temporal de las emisiones informativas de Radio Globo, canal 36, Radio la Catracha, Radio Progreso y hostigamientos hacia Canal 11 y Diario Tiempo, entre otros.
El Cofadeh registró 27 de violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa, en donde se mencionan atentados contra medios de comunicación (27), agresiones contra periodistas (26) y el cierre de programas radiales independientes (3).
Todo esto aunado al cierre de medios y la confiscación de los equipos de transmisión en franca violación a la Ley de Emisión del Pensamiento, en que se señala que ni aún en estado de sitio, el recurso técnico de las emisoras puede ser confiscado.
