El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), la Confederación de Trabajadores Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hacen pública la siguiente denuncia y solicitan a la Presidenta de la República, a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Salud, a la Defensoría de los Habitantes y a las demás autoridades de rango judicial actuar de forma inmediata.
Desde hace bastantes meses un importante grupo de organizaciones sindicales, sociales, académicas, profesionales y de otra naturaleza, han venido analizando la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); llegando a presentar un diagnóstico y un conjunto de propuestas, conocidas como “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”. Las organizaciones sindicales denunciantes hemos estado en este importante proceso social de auscultación ciudadana sobre la CCSS.
El diagnóstico surgido en el seno del grupo “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”, ha planteado que en la CCSS existen tres conflictos de intereses claramente definidos: uno de orden político partidario; otro referido a la doble función de prestación de servicios entre lo público y lo privado por parte de algunos funcionarios; y otro de orden corporativo interno, que vincula también a grupos de poder muy fuertes situados en la matriz de la toma de decisiones institucionales a través de los años.
Estos conflictos deben ser debatidos de manera frontal, equilibrada y objetiva, si realmente deseamos tener coherencia para diagnosticar los males de la CCSS y definir la ruta para transitar por el camino de verdaderos cambios.
Expuesto lo anterior, y para situarnos en el tema que nos ocupa, recordemos que en determinado momento la Sala Constitucional, por vía de resolución, suspendió toda posibilidad de que en Costa Rica se ejecutarán ensayos clínicos en seres humanos.
Ante esta situación, según sabemos que el actual Presidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Víctor Emilio Granados Calvo, impulsó la creación de la Comisión de Conciliación para la Ley de Investigaciones Biomédicas; suponemos que con el objetivo de que tanto los y las profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como los y las representantes de la iniciativa de los servicios de salud privada, trataran de consensuar un cuerpo de normas que regulen esta materia, pues en nuestro país este tipo de procedimientos está prohibido (siempre y cuando no exista una ley que los regule). Entendemos que este proceso de “negociación” en el espacio legislativo ha sido intenso y hasta el día de hoy no se han logrado acuerdos.
Lo concreto es que todavía existe una prohibición para este tipo de investigaciones en el país, mientras no exista una ley específica que lo autorice. Pese a ello, con sorpresa, nos hemos encontrado accesando a la página web del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (ver clinicaltrail.gov, apartado Costa Rica); que en nuestro país pareciera se han desarrollado y se encuentran posiblemente en curso, hasta el día de hoy, unas 121 investigaciones en seres humanos ejecutadas, presuntamente, por personas físicas o jurídicas, cuyo listado (de existir), debe ser revelado al pueblo, ya que de confirmarse tal barbaridad deshumanizante y mercantilezca, podríamos estar ante un acto ilegal, inhumano y antitético que debe ser castigado con suma severidad, independientemente de los nombres y posibles nexos político-partidarios corporativos que suponemos existen en toda esta maraña de oscuridad.
Dicho esto, resultan entonces sumamente risibles varias situaciones. En primera instancia, que se haya impulsado la comisión indicada, seguramente con toda la buena fe del señor Presidente de la Asamblea Legislativa; en segundo término, que se trate de buscar un consenso entre dos enfoques distintos ya que están de por medio intereses muy grandes y demasiado dinero, posiblemente; y, por último, que mientras se trata de consensuar una ley, ya se estén presuntamente ejecutando ensayos clínicos, reclutando y utilizando algunos “conejillos de indias” para probar los efectos de ciertos medicamentos en algunos ciudadanos y/o ciudadanas costarricenses.
Ante una situación tan grave solicitamos, públicamente, a la Presidenta Laura Chinchilla Miranda proceda a ordenar, de forma inmediata, que se den a conocer los nombres de aquellas personas físicas o jurídicas, empresas o similares (de existir dicha lista); que en principio estarían financiando o ejecutando actos de esta envergadura vinculados a actos posiblemente ilegales.
Desde nuestra visión de las cosas, este posible fenómeno y otros que tienen lugar en nuestro país, serían parte de una agenda oculta que se estaría impulsando desde la opacidad, cuyos actores trabajan desde el anonimato silencioso; y en alianza con algunos medios de comunicación, venden la errónea e insana visión de que el mal mayor de la CCSS son exclusivamente los derechos laborales y los sindicatos; estrategia mediática que sólo busca sobredimensionar la crisis financiera, de gestión y política de esta institución buscando justificar ante la opinión pública la privatización o la compra de servicios a terceros como la madre de todas las soluciones, buscando desquebrajar totalmente una de las pocas instituciones que provee un poco de paz, equidad, igualdad y solidaridad a Costa Rica.
Así las cosas, está claro que al final debemos entender, tanto la población asegurada, como la propia clase trabajadora de la Caja, que la defensa, el mejoramiento y la preservación de los principios que han regulado la CCSS desde su creación, es una LUCHA SUPERIOR; es decir, requerimos articular una DESOBEDIENCIA POPULAR enorme en el 2013 y en conjunto con todo el movimiento social, buscar REFUNDAR LA CCSS para fortalecerla y mejorar su gestión desde los principios humanos, cristianos y socialistas que afloraron en los años cuarenta del siglo XX, cuando se construyó entre distintas fuerzas un modelo de desarrollo inclusivo, cuya expresión evidente es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), todavía vigente.
Las organizaciones suscribientes aspiramos a pensar más allá de lo propiamente gremial y pensamos en el pueblo costarricense y en una Caja para los próximos 50 años y para siempre. Desde esta visión impulsaremos acciones para evitar que un puñado de mercaderes de la enfermedad agrupados en corporaciones médicas, farmaceúticas y financieras, que ven la salud y las pensiones como un negocio y que son parte de los que financian campañas publicitarias electoreras a los partidos tradicionales cada cuatro años, le ganen la batalla al movimiento ciudadano sindical y social, pretendiendo apropiarse de un negocio que representa un patrimonio de, al menos, 1.8 billones de dólares entre salud y pensiones.
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Diario Extra – martes 30 de octubre de 2012
• Piden indagar situación y jerarcas niegan acusaciones
SALUD Y SINDICATOS CHOCAN POR INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
KRISSIA MORRIS GRAY
kmorris@diarioextra.com
Mientras que diversos sindicatos denunciaron la presunta realización en el país de investigaciones clínicas ilegales en seres humanos, supuestamente sin el consentimiento de la población, Ileana Herrera, directora general de Salud del Ministerio de Salud, desmiente las acusaciones y aseguró que los ensayos que están en proceso cuentan con el permiso de la Sala Constitucional.
El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) solicitaron a la Presidenta de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud y la Asamblea Legislativa, así como las autoridades judiciales, hacer las investigaciones correspondientes.
Para la justificar la acusación Juan Carlos Durán, miembro de Sinae, dijo que el listado de las investigaciones médicas en seres humanos en el país se encuentra desplegado en la página web del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y pareciera que en total son 121 ensayos médicos en humanos, unos ya completados y otros en proceso.
“Nos dimos cuenta desplegando la página, donde hay 40 páginas con 121 estudios de investigaciones biomédicas en Costa Rica, y como sabemos no existe ley en el país que permita eso. Además la Sala Cuarta había declarado que este tipo de investigaciones no se pueden realizar hasta tanto no haya un cuerpo normativo que regule este tipo de situaciones”, afirmó Durán.
¿SIN CONSENTIMIENTO?
Geovanny Ramírez, directivo de ANEP, comentó que las investigaciones clínicas en humanos se hacen a personas afectadas con enfermedades como hipertensión arterial y diabetes, neoplasia cervical, obstrucciones pulmonares, VIH-asma, neumonía y meningitis bacterianas, úlceras y tumores orales, sinusitis, osteoporosis y bronquitis y epilepsia, entre otras.
“Nos resulta increíble que se esté investigando sin que la gente se dé cuenta y eso es lo peor. Si la gente estuviera de acuerdo en que se experimenten con ella medicamentos estaría bien, por ser un derecho a la salud”, recalcó Ramírez.
NO ES CIERTO
Muy molesta reaccionó Herrera, quien aseguró que las acusaciones de los sindicatos no son ciertas, al tiempo reseñó que deberían investigar e informarse más al respecto.
“Siguen activas algunas investigaciones clínicas en seres humanos, pero con el permiso de la Sala Constitucional, pues cuando se anuló el decreto de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, por considerar los magistrados que es de resorte de ley, se les indicó que había estudios que debían seguir, pues era para mejorar la vida de los pacientes y así se demostró, por lo que dieron el permiso para seguir con este grupo”, explicó Herrera.
La funcionaria comentó que no se trata de investigaciones ilegales ni que están “de la mano de Dios”. Al preguntarle cuántos ensayos biomédicos están activos respondió que 38 y rechazó que se tenga compromisos con las casas farmacéuticas.
