Denuncian a diputada María de los Ángeles Antillón ante Procuraduría de la Ética Pública

De la misma forma como la diputada del partido libertario tenía conflicto de intereses entre sus empresas de telecomunicaciones y su participación en la Comisión que estudia la Ley General que regularía esta materia, la diputada “Arista” María de los Ángeles Antillón, fue denunciada hoy porque su esposo tiene vinculaciones con empresas como la Pfizer y el TLC que se tramitó en una Comisión que ella presidió y que toca el tema de Propiedad Intelectual en donde los medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social corren peligro.



Audio Diputado Merino

La denuncia la presentó el diputado José Merino y las organizaciones sindicales Unión de Empleados de la Caja (UNDECA), por medio de Luis Chavarría Vega, y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) por Albino Vargas Barrantes, por presunto conflicto de intereses entre la diputada “Arista” Antillón y los contenidos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

El diputado Merino y los sindicatos solicitaron a la Procuraduría de la Ética que se pronuncie sobre las denuncias presentadas, tal y como lo hizo en el caso de la diputada de los_ “libertarios”_ Evita Arguedas.

La denuncia fué hecha pública en Conferencia de Prensa hoy a las 10:00 a.m.

Hechos relevantes

Luis Pal Hegedus es el esposo de la señora María de los Ángeles Antillón, diputada y jefa de fracción del partido de Oscar Arias en la Asamblea Legislativa.

A la vez Hegedus es socio del bufete CastroPal que se especializa en la atención de temas de propiedad intelectual y cuyo socio es Luis Diego castro Chavarría, ambos, junto a otras personas que laboran en el bufete, tienen poderes especiales para el trámite de inscripción de patentes de invención de múltiples empresas transnacionales vinculadas especialmente al sector farmacéutico.

Entre sus clientes se encuentran empresas como Pfizer Inc., Quill Medical Inc., Wyeth de E.U.A. y Warner-Lambert Company LLC de E.U.A., según datos de la página de mencionado bufete.

Según publicaciones de La Gaceta, Pal y Castro han tramitado inscripción de patentes de invención de esas empresas y otras del sector farmacéutico y del que uno de sus_ “mejores”_ clientes es la Pfizer Inc., que tiene a este bufete con poder limitado en el tema de propiedad intelectual y la defensa de sus intereses ya fuera en sede administrativa, registral o judicial.

Más cuestionamientos

Tanto el diputado Merino como los sindicatos ANEP y UNDECA dieron a conocer mayores elementos que reforzaron la denuncia contra Antillón y sus posibles beneficios familiares de aprobarse el TLC.



Audio Albino Vargas

Entre esos cuestionamientos se encuentra el hecho de que el propio gobierno de los Arias nombrara al señor Pal Hegedus como miembro propietario de la Junta Administradora del Registro Nacional, precisamente donde se tramitan las patentes.

El cónyuge de la diputada “Arista” no solo representa los intereses de las empresas farmaceúticas que se beneficiaran con miles de millones de dólares con el TLC, sino que además forma parte del órgano nacional que se encarga de su inscripción y que para efectos de decisiones que les afecten, tiene injerencia directa en la integración del órgano que deba resolver las apelaciones que se formulen en materia de patentes.



Audio Merino del Rio

Además, una vez que el Poder Ejecutivo de los Arias nombre a los tres miembros del Tribunal Registral Administrativo que le compete sugerir a la Junta Administrativa del Registro, será la Asamblea Legislativa la que los ratificará, de la cual forma parte la diputada “Arista” Antillón Guerrero.

Datos contundentes

Según datos del Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica del 28 de setiembre de 2006, el gran incremento de solicitud de patentes de medicamentos fue sumamente agresivo en los últimos años, sobre todo desde la firma del TLC en el Gobierno de Abel Pacheco y que ahora Oscar Arias pretende ratificar.

El ejemplo de la empresa Pfizer, cuyo abogado tramitador es Luis Pal Hegedus, esposo de la diputada “Arista” Antillón, es contundente. Antes de 1995 había tramitado 39 patentes y desde ese año hasta el 2006 había tramitado 228, siendo los años de 1999 hasta el 2006 los años de mayor incremento.

Según datos de la propia página electrónica de la Pfizer, esta es la compañía número 1 en el mercado farmacéutico, su inversión en 150 países es de 5.2 millones de dólares y sus ganancias, en todos esos países, de 27.5 millones de dólares al año, lo que hace que el mercado centroamericano con el TLC multiplique sus ganancias ya que los genéricos pasarían a un segundo, tercer plano o simplemente llegarán a desaparecer, afectando la salud pública y las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Y como vimos, Pfizer es solo una de las empresas farmacéuticas que este bufete representa en Costa Rica en materia de patentes y propiedad intelectual.

Sistemática negativa

El diputado Merino del Río, del Partido Frente Amplio, solicitó a la Comisión de Internacionales, de la cual es presidenta la diputada “Arista” Antillón, que se le pidiera a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que realizará un estudio similar al que hizo en Colombia sobre el “Impacto de los Medicamentos y el TLC”, sin embargo tanto Antillón como los libertarios y los de la Unidad Socialcristiana votaron en contra de la iniciativa que pretendía brindar elementos sobre el impacto que el tratado tendrá en la salud pública.



Audio Luis Chavarría, UNDECA

Ante esta situación el diputado Merino insistió ante el Plenario Legislativo, presidido por el diputado también “Arista” Francisco Antonio Pacheco, para tratar de que solicitara el estudio a la OPS, lo cual, también fue rechazado.

Sin embargo se abre la posibilidad de que la Defensoría de los Habitantes de La República sea quién haga la solicitud, ya que debe ser un ente público y no una persona quién lo solicite.

El juego con la salud y la vida

Si una persona necesita un medicamento no va a escatimar esfuerzos por comprarla, eso hace de este un gran “negocio”.

Recordemos que el mercado farmacéutico mueve alrededor de unos 200.000 millones de dólares al año en todo el mundo. Superior a las ganancias que generan las armas o las telecomunicaciones, obteniendo por cada dólar invertido en la fabricación de un medicamento mil dólares en el mercado.

Solo en el 2004 las siete principales transnacionales farmaceúticas estadounidenses (Pfizer Inc., Jonson & Jonson; Merck & Co., Abbottt Laboratorios; Bristol-Myers Squibb Company; Wyeth y Eli Lilly and Company) reportaron en conjunto ingresos que superaron los 193 billones de dólares ($193,079,000,000) de los cuales más de 34 billones de dólares ($34,351,000,000) fueron ganancias netas, para un promedio de 18% de utilidades sobre sus ingresos.

De todas estas empresas la que más ganancias obtuvo fue la Pfizer Inc. Con utilidades netas que superaron los once billones de dólares ($11,361,000,000) con un orcentaje de utilidad sobre sus ingresos totales del 22%, es decir por encima de la media de las restantes seis compañías.

Solo estos ejemplos dimensionan el negocio que representa la salud y la vida, visto precisamente como un “negocio” en el TLC.

Ante la Procuraduría General de la Ética Pública

A pesar de los notables beneficios económicos que este proyecto implica para la empresa represntada por su cónyuge, la diputada Antillón Guerrero concurrió con su voto favorable en el dictamen emitido el 12 de diciembre del año anterior, fecha límite exigida por los Arias, en sesión extraordinaria 88 de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

La diputada_ “Arista”_ Antillón Guerrero ostenta la condición de funcionaria pública, de acuerdo a la legislación vigente, lo que implica que está obligada al cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético consagrados en el ordenamiento jurídico. Por ello la diputada Antillón Guerrero debe proteger y defender el interés público y el interés de la institución a la cual sirve, como representante del pueblo, por lo que está obligada a actuar con rectitud en todo momento.

La procuraduría General de la Etica Pública debe constatar si existe conflicto de interés por parte de la diputada Antillón Guerrero en la tramitación del proyecto de ley de aprobación del TLC.

Debe verificar si la diputada Antillón Guerrero actuó en contraposición con lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley contra Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, número 8422, al participar en la disposición y votación en la Comisión dictaminadora del proyecto de Ley indicado; y en contra de lo dispuesto en la Convención Interamericana contra La Corrupción y otras Convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica.

Por último si la diputada debe abstenerse de participar de la votación en el Plenario Legislativo, debido a que tiene interés personal en su aprobación.

A corazón abierto

El 8 de marzo de 1991 el doctor Longino Soto realizó el primer trasplante de corazón a Juan Rueda, fue el primero que se realizaba en Centroamérica y el Caribe. Esa operación para una persona humilde como Juan Rueda y muchos otros y otras, sería imposible de pagar ya que tiene un costo de 50 millones de colones.

La Caja Costarricense de Seguro Social no solo cubrió los gastos para que Juan Rueda y más de 7 mil personas más pudieran ser operados. Los y las costarricenses aseguradas con su cuota, cubrieron los gastos de esas muchas otras operaciones gracias a la seguridad social universal y solidaria de un sistema de salud pública donde “el negocio” no es el dinero, sino la vida humana.

Hoy, con el TLC, pretenden variar esa fórmula de universalidad y solidaridad de la seguridad social para convertirla en un “negocio” del cual solo las empresas transnacionales y sus abogados obtendrán ganancias.

Operación a “corazón abierto” es lo que pretenden hacer con las instituciones públicas como el ICE, INS, AyA, y donde la CCSS también se va a ver condenadas al cierre. Es una apuesta por la vida o por el negocio (la muerte), por un Estado Social que hemos construido por más de 50 años o por un modelo de estado neoliberal donde el mercado y el dinero los son todo…pero solo para unos cuantos y las transnacionales que representan.

“Detallitos” del conflicto de interés

1.- La diputada María de los Angeles Antillón Guerrero es quién presidió y dictaminó a favor del TLC en la Comisión respectiva.

2.- El TLC contiene normativas con respecto a la propiedad intelectual que le significa un gran negocio a las empresas transnacionales farmacéuticas.

3.- El señor Luis Pal Hegedus, esposo de la diputada Antillón Guerrero, forma parte del bufete CastroPal, encargado del trámite de patentes de las empresas transnacionales farmacéuticas y especialistas en propiedad intelectual.

4.- Los Arias nombraron al señor Luis Pal Hegedus en la Junta Administradora del Registro Nacional, entidad encargada del trámite de patentes.

5.- El Poder Ejecutivo de “los Arias” nombra a los tres miembros del Tribunal Registral Administrativo que le compete sugerir a la Junta Administrativa del Registro, y será la Asamblea Legislativa la que los ratifica, la diputada “Arista” Antillón Guerrero forma parte de esa Asamblea Legislativa.

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Comunicado de José Merino del Río, Partido Frente Amplio
JUEZ Y PARTE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE MEDICAMENTOS

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