La presidencia de la República efectuó dos reuniones con los directores de los principales medios de comunicación del país, con el fin de coordinar y unificar la línea informativa sobre las jornadas de protesta contra el TLC del 23-24 de octubre. Las reuniones se convocaron a inicios del mes de octubre y contaron con la participación de los ministros de la Presidencia y de Seguridad Pública, Rodrigo Arias Sánchez y Fernando Berrocal, respectivamente.
Según el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, está claro que se planificó un “cerco informativo” que consistió en intimidar a la población durante los días previos a las movilizaciones sociales, atribuyéndole propósitos violentos y subversivos a los organizadores, al mismo tiempo que se reducía la convocatoria a “una protesta sindical”.
Posteriormente al fallar esta primera fase, cuando las jornadas de protesta reunieron pacíficamente a miles de costarricenses en todo el país, incluyendo a agricultores, docentes, intelectuales, jóvenes y estudiantes, sindicalistas, empleados públicos, ecologistas y otras agrupaciones ciudadanas, se trató en todo momento de “minimizarlas” y de darle publicidad a algunos pocos incidentes de provocación, causados presumiblemente por personas infiltradas con tal propósito entre los manifestantes.
El “equilibro de la información”, una de las conductas éticas elementales de la prensa responsable se estaría afectando como resultado de estas acciones de gobierno, dirigidas a crear un cerco y desinformar a la población, dijo el diputado Merino, quien destacó que también hay “honrosas excepciones” de medios que no se someten al dictado gubernamental.
Otras tendencias recientes en el manejo de la información preocupantes para el legislador frenteamplista, tienen que ver con las reuniones de jefes de prensa de ministerios e instituciones autónomas con el fin de exigirles la “generación de noticias positivas” para el gobierno, así como la pérdida de independencia del noticiero del Canal 13, convertido últimamente en una “revista oficial”, que ocupa la mayoría del tiempo en la promoción de la actividad de ministros y otras autoridades.
Para el diputado Merino todas estas prácticas del gobierno de Oscar Arias, configuran una especie de “tráfico de influencias políticas”, ya que se utilizan los medios estatales y privados de comunicación al servicio de las poderosas élites económicas que están detrás del TLC, lesionando el derecho a la información de la población y debilitando en consecuencia la democracia.
