Albino Vargas Barrantes a los trabajadores y trabajadoras penitenciarias (Fragmento)
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San José, 17 de diciembre de 2007.
S.G. 07-09-0223-07
¡URGENTE!
Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Primera Vicepresidenta de la República y
Ministra de Justicia y Gracia
Su Despacho
Fax No. 234 79 59
Estimada señora:
Respetuosamente, reciba usted un atento saludo de nuestra parte.
Como es de su conocimiento, la Sala Constitucional, en razón del Recurso de Amparo interpuesto por la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, a favor de los policías penitenciarios arbitrariamente sancionados; según Expediente Nº 07-016208-0007-CO, resolvió “NO EJECUTAR NINGÚN ACTO TENDENTE A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES CONTENIDAS EN LOS ACTOS AQUÍ RECURRIDOS, LO QUE IMPLICA EN UNOS CASOS LA RESTITUCIÓN DE LOS AMPARADOS EN SUS PUESTOS Y FUNCIONES Y EN OTROS LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO POR UN MES, HASTA TANTO LA SALA NO RESUELVA EN SENTENCIA EL RECURSO, O NO DISPONGA OTRA COSA”.
Por tanto, señora Ministra, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitamos a su autoridad, respetuosa pero vehementemente, ajustarse a lo allí dispuesto y proceder a suspender los despidos y suspensiones ejecutadas con su venia. Paralelamente, deben pagársele los salarios dejados de percibir a quienes fueron arbitrariamente despedidos; y, todos, sin excepción, deben regresar al sitio exacto de trabajo que tenían al momento en que se les aplicó la irregular sanción que hoy la Sala IV estudia por su fondo. Es decir, el alto tribunal constitucional ordenó la restitución a sus respectivos puestos y funciones y no otras medidas que pretendan desnaturalizar la esencia de la orden constitucional indicada, tal y como usted lo ha anunciado en lo que podría ser un desacato a la autoridad constitucional.
Aprovechamos, señora Ministra, para instarla a resolver a favor de nuestros representados la apelación planteada contra el Acto Administrativo, en el cual se procede al despido y suspensión de nuestros afiliados de la Policía Penitenciaria del caso; puesto que en ningún momento se pudo demostrar responsabilidad alguna de nuestros representados en los hechos endilgados y por las serias y contundentes arbitrariedades cometidas por el Órgano Director; arbitrariedades que lesionan la garantía constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia, además de lastimar groseramente la dignidad humana.
Por otra parte, deseamos rechazar de la manera más enfática, las temerarias afirmaciones emitidas por usted en ciertos medios de prensa, acerca de presuntas amenazas que habrían estado recibiendo las personas que hicieron la hoy cuestionada investigación administrativa.
Tenemos la plena certeza de que en lo que respecta a las personas afiliadas a la ANEP víctimas de las arbitrariedades de este intransparente proceso de despidos y de sanciones, estamos hablando de servidores públicos de profundas convicciones pacifistas y democráticas, ajenos a conductas que podrían catalogarse como “violentas”.
Por el contrario, denunciar esas presuntas amenazas sin tener fundamentos serios que les den sustento, es un cortina de humo para intentar desviar la atención sobre las vergonzosas e indignantes irregularidades del proceso que la ANEP ha podido detectar y denunciar en sus conclusiones sobre el mismo; perversidades administrativas que dejan al desnudo que las directrices políticas para que se encontraran culpables a cómo diera lugar, son las que privaron sobre una lógica jurídica apegada al Estado de Derecho que en tal materia debería operar transparentemente.
Terminamos señora Ministra, exigiéndole a su autoridad atender las demandas fundamentales que nuestra organización le ha planteado sobre las paupérrimas condiciones laborales en que la Policía Penitenciaria debe prestar tan importantes servicios. Para su recordatorio anotamos algunas de estas demandas:
a- Garantizar y respetar el derecho humano al descanso, después de la jornada de trabajo.
b- Una alimentación adecuada.
c- Dormitorios aptos para el descanso.
d- Cesar el abuso que se comete con estos trabajadores y trabajadoras al amparo de la famosa disponibilidad.
e- Equipos adecuados para una satisfactoria función laboral.
f- Instaurar con urgencia un programa integral de Salud Ocupacional.
Finalmente y con suma urgencia, le estamos solicitando por esta vía la concesión de una audiencia para tratar sobre esta delicada problemática; audiencia en la cual estaría presente la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria y la Secretaría General de la organización.
Esperando se atienda nuestra demanda, nos suscribimos de usted, atenta y respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Fax No. 295 37 12.
Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República. 248 09 91.
Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fax No. 222 80 85.
Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia y Gracia. 223 38 79.
Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social a.í. Fax No. 222 06 61
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Trabajadores y trabajadoras de la Policía Penitenciaria.
Trabajadores y trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional.
Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Justicia y Gracia.
Medios de Comunicación Colectiva.
Archivo.
