“Se observaron disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas en instituciones del sector descentralizado, que oscilan entre un 225% y un 614%, aún cuando las funciones asignadas y requisitos exigidos para esos puestos son los mismos”, señaló la CGR en una nota de prensa sobre el estudio.
Asimismo, la Contraloría determinó “inoperancia de los instrumentos de evaluación del desempeño en la función pública, por cuanto en el 76.5% de las instituciones analizadas, dichas mediciones no se utilizan en forma oportuna ni adecuada”.
El objetivo del estudio fue analizar “las actividades y acciones llevadas a cabo por el Estado para desarrollar un sistema de empleo público, que procure una función pública más efectiva. También verificó el cumplimiento del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), respecto de la conformación de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (CEARE), así como la gestión de esa Comisión en materia de empleo público”
El estudio permitió determinar que las acciones del Estado en materia de rectoría y políticas de empleo público han sido insuficientes. En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) no existe un apartado sobre el tema, y el país no cuenta con políticas a nivel de Estado, que procuren abordar de forma integral el empleo público.
Cada quien mide con propia vara
Los esfuerzos en las instituciones “son de carácter aislado (la mayoría orientados solo a las dependencias cubiertas por el Régimen de Servicio Civil), y se observa la utilización de diferentes instrumentos jurídicos para administrar el recurso humano del sector público. En este sentido, lo que existe son lineamientos de corto plazo y disparidad de directrices, lo cual genera diferencias salarias y múltiples mecanismos de contratación y normativa disciplinaria en la gestión del recurso humano del Sector Público.
La CGR recordó que “según la Ley de Planificación Nacional y Política Económica, la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (CEARE) a cargo del MIDPELAN debe procurar que los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas modernicen su organización y procedimientos, y aumenten la eficiencia y productividad de sus actividades. Sin embargo, a la fecha del estudio, no se ha reglamentado su organización y funciones, lo cual ha originado indefinición sobre la forma como debe operar tal Comisión y los mecanismos establecidos para implementar las recomendaciones, lineamientos y orientaciones. Además, las propuestas que ha presentado dicha Comisión en materia de empleo público no han sido implementadas, sino que se encuentran en revisión, pese a que han transcurrido más de dos años desde que inició operaciones la CEARE”.
Problemática del empleo público
Tomando como base una muestra de 17 instituciones públicas, la CGR analizó tres componentes funcionales de la gestión de recursos humanos en el sector público: planificación del recurso humano, evaluación del desempeño y gestión de las compensaciones salariales. De acuerdo con el estudio, el 53% de las dependencias analizadas no vinculan la planificación de recursos humanos con la planificación institucional, indicó la CGR.
La CGR “emitió una serie de disposiciones a las autoridades correspondientes, para que se formulen políticas, directrices y lineamientos en materia de empelo público, aplicables a toda la Administración Pública”, puntualizó el estdudio.
Fuente: Informa-tico.com
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• Contraloría encuentra deficiencias en el sistema de empleo estatal
EMPLEADOS PÚBLICOS CON LA MISMA FUNCIÓN GANAN HASTA UN 614% MÁS
Aunque dos empleados tengan el mismo puesto y las mismas funciones dentro de alguna institución pública, la diferencia salarial entre ambos puede ser de hasta un 614%.
Así lo detectó un estudio hecho por la Contraloría General de la República sobre las acciones llevadas a cabo por el Estado para desarrollar un sistema de empleo público que procure una función pública más efectiva.
El ente regulador verificó el cumplimiento del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica respecto a la conformación de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado, así como la gestión de esa comisión en materia de empleo público.
“Se observaron disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas en instituciones del sector descentralizado, que oscilan entre un 225% y un 614%, aun cuando las funciones asignadas y requisitos exigidos para esos puestos son los mismos”, revela el informe oficial.
Para esa conclusión la Contraloría estudió 17 instituciones públicas y analizó componentes funcionales de la gestión de recursos humanos en el sector público como planificación del recurso humano, evaluación del desempeño y gestión de las compensaciones salariales. De acuerdo con el estudio, el 53% de las dependencias no vincula la planificación de recursos humanos con la planificación institucional, es decir, contrata sin cumplir la necesidad.
NO ESTÁ EN PLAN DE DESARROLLO
La Contraloría deja claro que en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 no existe un apartado para la rectoría de empleo público.
“Más bien los esfuerzos son de carácter aislado (la mayoría orientados solo a las dependencias cubiertas por el Régimen de Servicio Civil) y se observa la utilización de diferentes instrumentos jurídicos para administrar el recurso humano del sector público.
En este sentido, lo que existe son lineamientos de corto plazo y disparidad de directrices, lo cual genera diferencias salariales y múltiples mecanismos de contratación”, sentencia el ente contralor.
Fuente: Diario Extra
Marcelino Rivera Salazar
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Contraloría de Costa Rica denuncia falta de políticas en empleo público
San José (Redacción). Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) analizó las actividades y acciones que realiza el Estado para desarrollar un sistema de empleo público, que procure una función pública más efectiva.
En el comunicado de la Contraloría denuncia que las acciones del Estado en materia de rectoría y políticas de empleo público han sido insuficientes y asegura que en el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010 (PND) no existe un apartado sobre el tema, y el país no cuenta con políticas a nivel de Estado, que procuren abordar de forma integral el empleo público.
“Los esfuerzos son de carácter aislado” dice el informe que también señala que hay disparidad de directrices, lo cual genera diferencias en salarios y múltiples mecanismos de contratación y normativa disciplinaria.
La Contraloría también argumenta que la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (Ceare) ha tenido poco impacto. Esta debía procurar cambios sutanciales en los procedimientos de ministerios y otras instituciones. Sin embargo, a la fecha del estudio, no se había reglamentado su organización y funciones.
Además, según la Contraloría las propuestas que ha presentado dicha Comisión en materia de empleo público no han sido implementadas.
La conformación de esta comisión era un deber del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
Notas del estudio
Se tomó como base una muestra de 17 instituciones públicas, que la CGR analizó en tres componentes de la gestión de recursos humanos: planificación del recurso humano, evaluación del desempeño y gestión de las compensaciones salariales.
De acuerdo con el estudio, el 53% de las dependencias analizadas no vinculan la planificación de recursos humanos con la planificación institucional. También se observaron disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas en instituciones del sector descentralizado, que oscilan entre un 225% y un 614%, aún cuando las funciones asignadas y requisitos exigidos para esos puestos son los mismos.
Se determinó inoperancia de los instrumentos de evaluación del desempeño en la función pública, por cuanto en el 76.5% de las instituciones analizadas, dichas mediciones no se utilizan en forma oportuna ni adecuada.
Fuente: La Nación S.A.
