La cadena de publicaciones periodísticas al respecto, ha generado una justificada acción de repudio ciudadano ante tal despilfarro, en momentos de una supuesta crisis fiscal, lo cual ha repercutido en las altas esferas políticas del país, principalmente en la Asamblea Legislativa.
Luego de la comparecencia de este jueves 12 de febrero, de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ante la Comisión de Control del Gasto Público del Primer Poder de la República; quedó claro que hubo una repartición de entradas para tal evento, entre integrantes de dicha junta directiva; aspecto éste que aparte de representar un golpe a la ética en la función pública, es susceptible de ser reclamado en sede penal, a partir de las figuras jurídicas que habrían sido violentadas por los citados jerarcas.
Según cálculos extraoficiales, el valor de las entradas repartidas entre parte de la máxima cúpula jerárquica del ICT, estaría entre los 15 y los 30 mil dólares (entre 6 y 12 millones de colones).
Vistas así las cosas, es criterio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de su Junta Directiva Seccional en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que los directivos de esta institución involucrados y/o receptores de tales entradas, deben renunciar de manera inmediata, como un acto de restauración de la lesionada ética en la función pública en este caso en particular.
Si ello no ocurriere, es deber del propio Presidente de la República y del Consejo de Gobierno, proceder a la destitución inmediata de tales personeros, so pena de convertirse en cómplices pasivos de tal irregularidad; que ha herido, sensiblemente, a la opinión ciudadana, harta de tanto abuso, por parte de las estructuras máximas de las jerarquías políticas institucionales, con la cosa pública.
San José, 13 de febrero de 2004.
