José María Villalta Florez-Estrada
13 de noviembre de 2007
En los últimos días, algunos de los que compraron votos, amenazaron trabajadores humildes, chantajearon alcaldes y confundieron libertad de prensa con libertad para mentir impunemente han empezado a esparcir la especie de que en el referéndum del 7 de octubre no solo se votó sobre el destino del TLC sino que también se aprobaron automáticamente todas sus leyes de implementación tal y como fueron redactadas por el COMEX.
Esta mentira persigue un objetivo claro: amenazar a los diputados que no forman parte de la mayoría mecánica pro TLC con que si se oponen a alguno de estos proyectos estarán violentando la “voluntad popular” expresada en las urnas el 7 de octubre, la cual ya habría aprobado estas leyes con todas las barbaridades que contengan.
Según los promotores de este nuevo engaño, los diputados de oposición no tendrían derecho a presentar mociones, a hacer uso de la palabra o a ejercer cualquiera de los pocos derechos que todavía les concede el mancillado reglamento de la Asamblea Legislativa. Si lo hacen, estarían irrespetando el “mandato” del pueblo.
Aunque, inicialmente algunos de los diputados amenazados dieron muestras de ceder ante el chantaje y las presiones, en horas recientes hemos notado que han empezado a darse cuenta de que ES ABSOLUTAMENTE FALSO que lo votado en el referéndum implicara una votación sobre las leyes de implementación.
Así lo reconoció el Presidente del TSE en declaraciones dadas al órgano oficial de desinformación y propaganda del neoliberalismo en Costa Rica, el pasado 30 de setiembre de 2007.
Pero NO solo el Presidente de ese Tribunal lo ha dicho a título personal, en una entrevista informal.
EL PROPIO TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES EN PLENO ASÍ LO HA DECLARADO EN RESOLUCIÓN VINCULANTE ADOPTADA MEDIANTE VOTACIÓN UNÁNIME.
En efecto, cuando el TSE aprobó la convocatoria a un referéndum para decidir sobre el TLC, José Miguel Corrales le solicitó expresamente que suspendiera el trámite de las leyes de implementación en la Asamblea Legislativa mientras se realizaba el proceso de consulta popular.
En esa oportunidad* el Tribunal RECHAZÓ* de forma enfática la petición de Corrales. No faltaron voces del Gobierno y las trasnacionales que aplaudieron esta decisión. Ahora parece que se les ha olvidado…
Así que refresquemos su memoria. Recordemos lo que dijo el TSE por unanimidad en el Voto Nº 977-E-2007 de las 14:30 horas del 2 de mayo de 2007:
“A pesar de la relación que puedan guardar los citados proyectos de ley con el proyecto de ley de aprobación del TLC, no estando la tramitación legislativa de esos proyectos contemplada en el referéndum que interesa tanto al señor Corrales como al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa de acuerdo a lo que, en ambos casos, se ha indicado por los promoventes como texto a consultar, no existe pretensión de que el soberano avoque también su conocimiento vía consulta popular y, por ende, su convocatoria no tiene efecto alguno respecto de esa tramitación. Se trata de un asunto que, al encontrarse dicha “agenda” fuera del referéndum pretendido, escapa, por tal razón, de la competencia de este Tribunal. En consecuencia, se rechaza la petición formulada”. (Énfasis agregado. Voto Nº 977-E-2007)
Las conclusiones de esta resolución que los chantajistas de antes y después del 7 de octubre pretenden ignorar son contundentes:
- Los proyectos de la agenda de implementación estuvieron “fuera” del objeto de consulta del referéndum realizado el 7 de octubre. Según el TSE son proyectos distintos.
- Si el Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa hubieran querido que ese referéndum incluyera los proyectos de la agenda de implementación tendrían que haber incluido expresamente dentro de la convocatoria a referéndum estos proyectos de ley. PERO NO LO HICIERON.
- Por lo tanto, el 7 de octubre la Asamblea Legislativa perdió su competencia para conocer y tramitar el TLC (expediente 16.047) PERO NO ASÍ las 13 leyes de implementación que se tramitan como expedientes separados.
- Así las cosas y hasta nuevo aviso, o al menos hasta que la mayoría mecánica termine de concretar el golpe de estado legislativo que está fraguando a través de vías rápidas y resoluciones arbitrarias, los diputados que integran el Parlamento siguen teniendo derecho a oponerse a los proyectos de ley que allí se conocen.
