Se da así un nuevo paso en el perverso camino que los sectores dominantes quieren imponerle al pueblo trabajador, cual es del crecimiento de la desigualdad, el ensanchamiento de la brecha social entre ricos y pobres, el estrujamiento de los sectores medios; y, por ende, potencian la confrontación social.
Siempre hemos confiado en el poder de la movilización ciudadana. Todo el tiempo hemos estado convencidos de que la clase trabajadora en movimiento, desplegando todo su poder, es capaz de conquistar altísimas metas de justicia social y de liberación económica.
Con amplitud, sin dogmatismos, sin objetivos ocultos, con pleno respeto a la diversidad, sin imposiciones ideológicas, la hegemonía política dominante, la del capital financiero-neoliberal, ha de retroceder en su afán egoísta de empobrecernos completamente, cuando construyamos nuestra necesaria unidad.
Admitamos que el Gobierno “_no tiene plata_”. Pero, ¿por qué no la tiene? Porque el sistema tributario costarricense necesita transformaciones profundas para las cuales se requiere extraordinaria voluntad política que permita un enfrentamiento abierto con los poderosos sectores empresariales de diverso signo que, de un modo u otro, tienen el control real de la institucionalidad que debería estar al servicio de esta transformación tributaria profunda. Pero quienes nos han venido gobernando no tienen esa voluntad política.
Esta transformación tributaria estructural profunda que la democracia maltrecha requiere para relegitimarse ante una ciudadanía cada vez más desencantada con sus gobernantes, de uno y otro partido (al final, en esencia, lo mismo); solamente será posible con la fuerza que dará la movilización general de la gente “_de abajo_”, del pueblo trabajador, de la ciudadanía esperanzada en un buen vivir con integración social, con oportunidades renovadas, con futuro seguro.
Quienes laboran para el sector Público, luego de este decretazo de los 5 mil pesos, deben entender lo siguiente: 1) Estamos ya en épocas de congelamiento salarial; 2) la posibilidad de que se impongan rebajas salariales para sectores profesionales, por ejemplo, ya dejó de ser un pensamiento descabellado; 3) el despido de personal interino (al menos en el Gobierno Central), es un acontecimiento inminente; 4) más deterioro de diversos servicios públicos, de por sí ya en condiciones precarias, se ha de acentuar; 5) habrá un incremento del autoritarismo institucional empleándose como arma de chantaje el despido ó la conservación del empleo; 6) que los pensionados del Estado serán víctimas segurísimas en el mediano plazo; son entre otros, riesgos inminentes de desestabilización brutal de la situación familiar y social de quienes laboran para el Estado; de la misma forma que será la afectación de cientos y cientos de personas y familias que dependen de los diversos servicios públicos afectados por la circunstancia de esas visiones fundamentalistas de signo neoliberal sobre el déficit fiscal.
Vistas así las cosas, el escenario salarial para mediados de año pinta peor que el actual. Por eso resulta sumamente acertado y dejamos constancia pública de todo nuestro respaldo, el llamado unitario sindical para que se manifiesten las más diversas acciones de repudio a estos decretazos salariales, de rechazo al empobrecimiento que se agudiza, de desafío a la convivencia democrática y de fomento de la violencia, que no otra cosa son este tipo de decisiones que fomentan y profundizan el crecimiento de la desigualdad.
Paralelamente, es importante que comprendamos que atacar el deterioro en que ya están sumidos diversos servicios públicos, algunos esenciales para una convivencia en paz; que la defensa del empleo público y en contra de la profundización del deterioro salarial (y, por ende, del empobrecimiento de las mayorías); pasa necesariamente por una transformación tributaria estructural, por una verdadera Revolución Tributaria; aquella que, por ejemplo, ataque frontalmente el robo anual de impuestos que anda por el orden de los 600 mil millones de colones; ó que, le entre duro a los 188 regímenes de exenciones/exoneraciones, que hacen que el fisco deje de percibir un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Fíjese usted que en estos momentos, si un punto del PIB, representa unos ¡200 mil millones de colones!, entonces por esta vía de exenciones/exoneraciones (que no todas son perniciosas contra el bien común), el Estado deja de percibir, ¡Un billón, doscientos mil millones de colones! No podemos imaginar qué significa esta cantidad que en números sería así: 1.200.000.000.000.
Note usted, entonces, tan sólo dos de las razones por las cuales el Gobierno “_no tiene plata_”. Nosotros hemos dado propuestas al efecto para ayudar a que se dé esta transformación tributaria estructural. Otras personas especialistas en estos temas, así como otras importantes organizaciones, tienen también sus propuestas, quizás más atinadas que las nuestras.
Pero ese poder dominante, esa hegemonía política que tiene el control de la cosa pública, no tiene el menor interés en arreglar, con perspectiva de futuro y con visión estratégica, este grave problema nacional de injusticia tributaria. Solamente cuando seamos miles y miles, en movilización persistente y constante, que mueva los cimientos de ese poder, se nos pondrá atención. Ojalá que no nos coja tarde.
