Este sistema está tan corrupto que ya no solamente la ley no importa sino que, de manera impresionante, el cinismo más repugnante del comportamiento de los políticos tradicionales (los reales y los turecas), llega a niveles de profunda ofensa a la dignidad de la gente, sin asco; sin la más mínima sensibilidad para los miles de trabajadores asalariados, los desempleados y los de cuenta propia, que viven en enorme estrechez económica, en ámbitos cargados de miedo, bajo el chantaje del desempleo y la miseria.
Lo que sucede con la imposición del aumento salarial abusivo promovido por una abrumadora mayoría de diputados que acaban de iniciar su período constitucional, no es más que el reflejo de lo que llamamos el “efecto Constenla”. A pocas horas de terminar el gobierno del binomio Arias, en el INS le aprobaron a su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla, un aumento salarial del 72 %, para quedar ganando unos 8 millones de colones mensuales.
El señor Constenla señaló así el camino del “asalto legal” a las finanzas públicas vía incrementos salariales exorbitantes para la cúpula gobernante y sus acólitos, turecas y similares, entre ellos los usurpadores de la fe que han hecho del mensaje salvador de Cristo, un negociazo. Con honrosas excepciones (partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana), se decretan las personas legisladoras para sí mismas un 60 % de aumento salarial, pasando de 2.5 a 4 millones mensuales: ¡un millón y medio de aumento de un solo tiro!.
En la Defensoría no se quedaron atrás: ya se plantearon incrementos salariales de hasta un 33 %. No dudamos de que la gente que labora en tal entidad tiene una altísima calidad profesional y realizan una labor de enorme relevancia para la democracia. Sin embargo, la defensora Ofelia Taitelbaum muestra una enorme insensibilidad con relación al grueso de la realidad salarial de la clase trabajadora, en importantes segmentos del sector Público y, especialmente, con la generalidad de quienes trabajan para el Privado. Ella pensó en sí misma, en “su” gente, pero no en el grueso de la población habitante que es asalariada.
Ahora, estamos seguros, vendrán los ministros y los viceministros. Si los diputados alegaron ganar menos que los magistrados, entonces los máximos jerarcas ministeriales del Poder Ejecutivo alegarán quedar por debajo de los salarios de los parlamentarios. Ya lo verán.
Mientras tanto, y hay que repetirlo cientos de veces más, uno de cada tres trabajadores asalariados del sector Privado, no gana el mínimo de ley, muy bajo por cierto. Los policías siguen con salarios bajos pero se les demanda lo imposible: que paren la criminalidad creciente producto, precisamente, de un proceso sostenido de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad que tiene mucho sustento por la miseria salarial de miles de personas trabajadoras.
Cientos de choferes de autobús deben trabajar hasta 18 horas al día, 7 días a la semana, para ganarse un poco más del mínimo de ley y si se sindicalizan para un poco de justicia en sus empleos, son despedidos como sucedió en la empresa TUASA. En el INS, a mansalva, despiden gente y ni siquiera le dicen el porqué. Cínicamente les ponen “despido sin justa causa”.
Nuestra clase gobernante tradicional ya perdió totalmente la vergüenza y ni siquiera se cuida de las apariencias. Ahora una empresa puede comprar un estudio y obtener un fallo constitucional a la medida de sus necesidades: caso Crucitas.
Le inventan una embajada ficticia a un allegado al poder para que siga “representando” al país y, por tanto, devengando el salario de diplomático: caso del señor Jorge Urbina, a quien nombraron en un país llamado “Reino Unido de los Países Bajos”, que no existe porque Holanda no se llama así. El señor Urbina, embajador ficticio en un país ficticio, se ganará 13 mil dólares mensuales: unos 7 “milloncillos” de colones, nada más.
Para privatizar los muelles del Atlántico, sobornan a 1.400 personas (la población laboral actual de Japdeva) y ofrecen pagar, en promedio, unos 60 millones por cabeza, más las prestaciones de ley, más pensión juvenil a los 50 años.
Miles de trabajadores municipales, de los segmentos más humildes, perderán sus empleos si se consolida la ley No. 8828, aprobada a hurtadillas, a escondidas, de espaldas a la gente y a las comunidades, que privatiza todos los servicios municipales entregándolos al capital privado.
El poder de la gente tiene que manifestarse de nuevo: con potencial, con civismo, con fuerza pacífica para ordenarle a nuestra clase gobernante que vuelva por su fueros: el bien común. Hay que restaurar le hegemonía del bien común como norma central de toda política pública.
La hegemonía del capital está haciendo estragos en el estado de situación del pueblo y éste tiene que hacer valer todo su poder. Ellos saben que somos más, ellos saben que cuando nos organizamos los ponemos a temblar, ellos saben que solamente comprando conciencias y metiendo miedo pueden mantenerse en el poder. Es hora de superar esto y enfrentarlos.
Por lo pronto, yo iré el próximo lunes 24 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, a las afueras de la Asamblea Legislativa. Esperará hasta el lunes para atender y respetar el llamado que está circulando por internet, de un grupo de ciudadanos que nos piden protestar ante lo que pasa con el abusivo aumento salarial diputadil. No me importará si ya lo han aprobado, pero yo protestaré, manifestaré mi enojo, mostraré mi indignación. Estoy harto pero hay que seguir luchando.
