La apertura de las Telecomunicaciones en Costa Rica es una privatización real de la actividad, si se le mira por sus futuras consecuencias, y destruyó vía Asamblea Legislativa, el concepto de Monopolio Natural, y las sabias prácticas empresariales del servicio al costo y la reinversión de las ganancias, las cuales lograron en esos 59 años, tener en Costa Rica las más bajas tarifas en los servicio de telefonía y comunicaciones en toda AMERICA LATINA, incluyendo las nueva tecnologías, y haber cubierto paralelamente un 98% de las necesidades nacionales de energía eléctrica, también con precios en descenso. Esto está probado por diferentes fuentes técnicas, nacionales e internacionales. En otras palabras, el ICE ha sido una Institución Pública de muy alto rendimiento, colaborando en la concreción de una sana convivencia.
Desgraciadamente, en el proceso de apertura-privatización que señalo, faltó totalmente el examen financiero y de costos e ingresos marginales, con crecientes economías de escala, tal y como lo demostré a la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, y Ministerio Público. Remito a los interesados a una revisión profesional del Acta de la Sesión de la Junta Directiva del ICE 5758, en todo su contexto para materializar esa conclusión.
Viendo las futuras consecuencias de la privatización de referencia, al pueblo costarricense no se le dio el beneficio del mandato de la norma No. 50 de la Constitución Política, el cual impone a los Poderes Públicos procurar alcanzar los mayores niveles de bienestar de los habitantes, en el tanto la facturación de la telefonía aumentará por la agregación de rubros nuevos e innecesarios, por parte de los operadores privados, que en esos 59 años el ICE no aplicó por disposición legal, por ejemplo: a) Cobertura del costo de oportunidad del dinero; b) Los altos costos de operación de la SUTEL; c) El pago de la interconexión de redes; d) El crecimiento desmesurado de los gastos de publicidad en régimen de competencia; e) Los pagos por el uso del espectro electromagnético; f) Transferencias derivadas del Impuesto sobre la Renta; g) Otros.
Dada esta realidad, y conociendo objetivamente que el negocio de las Telecomunicaciones se ubica en el Valle Central, el ICE por estimaciones efectuados a lo interno, proyecta una disminución de sus ingresos en un 66%, operando dentro de una competencia imperfecta, en el mediano plazo, sugiriendo una quiebra técnica, de acuerdo a estándares internacionales.
Obviamente, Costa Rica tendrá que conformarse con eliminar la práctica financiera de que TODAS las ganancias económicas del Sector o Mercado global de Telecomunicaciones, se apliquen totalmente en la ampliación de los Sistemas y Redes (no habrá honestamente posibilidades para continuar con el principio de universalidad, y servicio al costo, y por ende de la solidaridad). Estos emolumentos, se exportarán en dividendos a socios del exterior, y éstos inversionistas globalizantes, continuarán exigiendo la explotación transfronteriza de las comunicaciones y la energía eléctrica, monopólicamente, así como la expansión de esos servicios desde la República de México hasta la República de Colombia, incluyendo líneas de fibra óptica que pertenecerán a uno o dos dueños. El costarricense que desee ampliar en estos temas, puede preguntar a las organizaciones denominadas SIEPAC y COMTELCA, en donde hay algunos ex funcionarios importantes del ICE laborando en Ingenieria y Abogacía, o bien referirse al Director Gerente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Moreno, para obtener sus intenciones de privatizar el servicio público de buen rendimiento económico, en América Latina, usando el patrimonio de ese Banco de Desarrollo, más los capitales privados que ya operan en todo el continente.
Finalmente, todos los extremos dichos, debieron haber sido pesados, valorados y proyectados en su momento por el Tribunal Constitucional y el Gobierno Central, con la colaboración de los Medios, a la hora de hacer justicia con las necesidades materiales de la población, y dada esa ausencia de actitud institucional, lo expuesto por el señor Magistrado Jinesta no es de recibo, bajo ninguna circunstancia. No fue la Constitución Política la que nos arrastró a la referida privatización, fueron las proyecciones económicas de los paises y empresas hegemónicas las que nos obligaron a tal situación, y máxime si uno intercala confusiones en la administración de la JUSTICIA COSTARRICENSE, como es el punto que se refiere a la prohibición Constitucional que existía desde la Administración Trejos Fernández, para la reelección en la Presidencia de la República, de los señores ex–Presidentes, asunto de todos conocido.
Lic. Elías José Lizano Jarquín
Cédula 1-284-824
Licdo en Ciencias Económicas y Sociales UCR
Post grado Administración Proyectos FGV-Brasil
Ex-miembro Junta Directiva del ICE.
