Deben saber que la primera generación de reformas estructurales fue revisada para proyectar en neoliberalismo con más fuerza hacia nuevos ámbitos del nexo Estado-mercado; y que, si esto no se comprende bien van a errar en enfoque y metodología de lucha contra una derecha actualizada y movilizada por nuevas iniciativas.
Es urgente conocer cómo los altos círculos políticos y financieros de la derecha global la trilogía Foro Económico Mundial (Davos),Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) con todos con sus corifeos locales, hace rato dieron por llegada la hora de ir más allá de los límites incluidos muchos errores- del primer Consenso, el cual recordemos que tuvo como objetivos: reducción del tamaño y funciones del Estado, privatización y desregulación, equilibrio y reforma fiscal, liberalización financiera, refuerzo de la propiedad privada y completa apertura al capital foráneo.
Pero como estos instrumentos no bastaron para penetrar y dominar tendencias y mercados en las periferias del sistema a favor del gran capital transnacional, buscaron innovaciones más sofisticadas e inteligentes (³smart reforms²) para hacer de las políticas públicas una palanca del engranaje de los negocios corporativos y de la acumulación globalizada de capitales.
Para abrir paso a la nueva estrategia, bautizada como “Neo-institucionalismo”, hubo primero que debilitar y despojar a los partidos políticos y a los congresos de muchas de sus tradicionales funciones de dirección y control socio-político del Estado, para trasladarlas a la esfera de los Poderes Ejecutivos, convertidos en “presidencias imperiales”; lo cual fue facilitado en América Latina por el
presidencialismo, el desprestigio de los políticos y el rechazo a los
partidos. Es fácil de notar cómo brota aquí parte de la justificación de la “dictadura en democracia” de los Arias, así como del reciente manifiesto presidencial de que ³los males de la democracia no se resuelven con más, sino con menos, democracia², es decir, con una super concentración de poderes de cúpula. (Ver entrevista a Oscar Arias en diario ³La República², 1 de setiembre, 2009)
Lo segundo fue reconocer, en contraposición al burdo economicismo del primer Consenso, el valor estratégico de los factores legales y políticos de ³buen gobierno² para los negocios y mercados; en especial de instituciones y normas vinculadas a decisiones de política económica y de protección a los derechos de propiedad, lo que han entendido bien los Arias como empresarios-gobernantes. Además, muchos años de Estado intervencionista y benefactor dieron legitimidad social al capitalismo, por lo cual se redobló el esfuerzo para pintarle ³rostro humano². Esta postura fue oficializada por el Banco Mundial a partir de su Informe de 1997 y de inmediato la adoptaron las demás agencias del capital financiero global, incluido el bi-partidismo local.
A partir de allí, se enfatizó el carácter estratégico de las políticas
públicas, tanto económicas como de compensación social; o sea, de las
decisiones acerca de los montos del gasto público y su destino en campos como la educación, la salud, las comunicaciones o la digitalización gubernamental, así como de las fijaciones del costo de transacciones, tributos y tasas, capturas de rentas y de datos para la toma de decisiones, una tarea neo-institucional que los Arias han sabido impulsar a fondo.
Mientras tanto, el anterior esfuerzo en materia de reducción del Estado se
reorientó, esta vez para fortalecerlo y ante todo para dirigirlo, no tanto a
la creación de nuevas instituciones burocráticas, sino a la forja de novedosas fórmulas o reglas de juego pro-mercado, en manos de equipos de control y reglamentación de obras y servicios con alta incidencia en la rentabilidad de los grandes negocios; reglas fijadas con fuerte compulsión legal y arraigo territorial. Así los nuevos climas de negocio han podido ser alentados desde el interior mismo del Estado, sujetándolo, cortando trabas y contradicciones entre lo público y lo privado, el Estado y el mercado, los funcionarios y los inversionistas.
De donde derivó igualmente la enorme relevancia dada a infinidad de entes contralores, reguladores, supervisores y concesionarios de servicios y obras públicas (consejos o juntas privatizadoras de nueva generación del tipo Contraloría General, Aresep, Sutel, Supen, Sugef, Conassif, Setena, Cosevi, Conavi, Aviación Civil) a cargo de funcionarios dispuestos a operar en confabulación con los grandes negociantes, amparando las redes de corrupción y tráfico de influencias; y que, en el caso de Costa Rica, son dirigidas y controladas férreamente desde Zapote.
Hay que ver que tales agencias operan en áreas muy sensibles para los negocios empresariales, como: seguros, telecomunicaciones, electricidad y energía, protección ambiental, minería y control de recursos naturales, vialidad y transportes, y construcción u operación de grandes obras de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.). Igualmente el control se ha extendido y renovado en algunas otras esferas tradicionales (seguridad pública y migraciones, pensiones y seguridad social, fijación de salarios, aguas y alcantarillado, salud y educación en todos sus niveles, etc.), donde deben seguir avanzando los procesos de eficientización, privatización y transferencia de recursos y servicios pendientes al sector privado (como ahora sucede en Japdeva para la concesión de los muelles de Limón), rematando muchas de las tareas iniciadas por el primer gobierno de los Arias (1986-90).
Eso sí, en todas las viejas y nuevas esferas de la actividad estatal,
intervenida o concesionada, se colocan fieles tecnócratas e incondicionales burócratas capaces de trabajar hombro a hombro con sus homólogos privados, haciéndose parte funcional de los equipos de inversionistas y técnicos propios de las empresas transnacionales, como garantía de una definitiva absorción del Estado por el mercado, borrando las marcas de dónde comienza uno y termina el otro. Una tarea donde el gobierno arista se ha vuelto todo un maestro.
Con ese giro el Estado ha sido readecuado como parte de la gran maquinaria de los negocios privados transnacionales. Este es el gran meollo de la política neo-institucional para la nueva derecha. Solo que, muchos descuidados reformistas en la izquierda electoral no lo han percibido y ansían llegar al gobierno, sin darse cuenta de que serán allí atrapados por los grilletes del neo-institucionalismo si no saben cómo enfrentarlo; volviéndose entonces, sin más, tontos útiles al servicio de las derechas neoliberales, tal como les ha sucedido a varias izquierdas en Suramérica (casos de Chile, Uruguay, Argentina y hasta Brasil y Paraguay) que creyeron demasiado en brujas.
Fuente: elpais.cr | 21/10/2009
