Ha llegado el momento histórico, esperado durante mucho tiempo, para iniciar los necesarios y largamente postergados cambios estratégicos en, la hasta ahora injusta, estructura tributaria costarricense.
El plan fiscal del Gobierno de la República necesita profundos cambios para que reciba un pleno respaldo político y social. Tales cambios deben incluir aspectos como:
1. Impedimento de utilizar los nuevos recursos para pagar deuda pública; con aprobación de las propuestas de rendición de cuentas que contiene el proyecto.
2. Eliminación del secreto bancario para fines tributarios.
3. Exoneración del pago de impuesto sobre la renta a las empresas públicos cuyos servicios cubren a toda la población.
4. Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la construcción de viviendas de interés social.
5. Ampliar la Canasta Básica Exonerada del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a más artículos y más servicios necesarios para una calidad de vida digna de la clase media; y no solamente, que tal exoneración beneficie a los sectores más empobrecidos (20% de la población como está planteado en el proyecto).
6. Diferenciar la naturaleza del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el banco de la clase trabajadora, para no gravarlo como si fuese un banco comercial y/o financiero.
7. Gravar fuertemente los capitales financieros, por ejemplo, la banca off shore.
8. Mantener la propuesta para el establecimiento de la renta mundial, mecanismo de control de los capitales con asiento jurídico en el país pero que están en el exterior, evadiendo responsabilidades tributarias; especialmente cuando hay dudas de su origen ético (lavado de dólares).
9. Mantener, pese a la presión que ejerce el filibusterismo parlamentario ya plenamente identificado, los impuestos a las salas de juego, casas de apuestas, mesas de casino y vehículos de lujo, tal como quedó plasmado en el proyecto original.
El Gobierno se desespera, se precipita y chantajea a la Asamblea Legislativa con su propuesta de un fuerte e irracional recorte en el Gasto Público, según lo anunciado ayer. El Gobierno debería hablar más y denunciar con contundencia a la opinión pública nacional que, en realidad, la oposición filibustera a la transformación tributaria estructural obedece, básicamente, a dos aspectos:
1. Que se graven los vicios;
2. Que se establezca la renta mundial, con lo cual se abre paso al control de capitales de dudosa procedencia.
El Gobierno debe convencer, no debe chantajear. A pesar que adversamos, profundamente, esas posiciones reaccionarias de defensa a ultranza de intereses subterráneos; rechazamos, de manera tajante, el empleo, como argumento, de armas innobles para desacreditar al adversario, tales como el linchamiento político y la satanización psicológica de las opiniones disidentes.
En la utilización de esa intolerancia, que atiza la polarización social y la intransigencia, el Presidente Pacheco y el Movimiento Libertario resultaron ser idénticos.
El Gobierno debe aceptar los cambios que apuntan a una reforma fiscal y tributaria realmente progresiva; el Gobierno no debe imponer su tesis, gravando más duramente a la gente que menos tiene, que es la mayoría.
San José, 10 de febrero de 2004.
