Las políticas concesionadoras y privatizadoras en el caso del agua, han venido siendo orientadas desde el seno del Foro Mundial del Agua, organismo que se reúne cada tres años y que es auspiciado por el Consejo Mundial del Agua, el Banco Mundial y empresas transnacionales del agua, tales como Vivendi, Suez y Thames Water, entre otras.
Estas gigantescas multinacionales dueñas del mercado del agua, son utilizadas como referentes por el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales, para que los llamados países pobres o en desarrollo opten por entregarles el agua; vía privatización en los países dominados por las políticas neoliberales, y vía concesión como antesala de la privatización en los países que han resistido desde la sociedad civil la arremetida del modelo neoliberal, como lo son el caso de Costa Rica y Uruguay, naciones modelos en Latinoamérica.
Como ANEP, de manera reiterada, hemos afirmado la imperiosa necesidad de un moderno e integral marco jurídico en materia de Recurso Hídrico, posición en la que coinciden el Gobierno, los ecologistas sociales, ambientalistas y las organizaciones sindicales.
No obstante, según nuestra visión, la iniciativa legislativa denominada Proyecto de Recurso Hídrico, presenta un claro sesgo privatizador, mismo que surge como alternativa de solución, ante los diagnósticos catastrofistas y tendenciosos, sobre el manejo del recurso hídrico; realizados por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el auspicio del Estado y ciertas ONG’s promotoras de la privatización del agua. Súmesele a lo anterior las dimensiones de un Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, contexto en el cual podemos entender el aspecto de fondo del proyecto: nos referimos al capitulo de concesiones.
Entendemos con toda claridad el juego de interés tanto del sector económico empresarial, como del equipo económico neoliberal del Dr. Abel Pacheco; así como de la empresa periodística La Nación, ya que dicha iniciativa legislativa obedece a sus posiciones ideológicas de la privatización y del libre mercado.
No esta de más decir que el capítulo de concesiones y el proyecto en general, representa la tabla de salvación o mejor dicho el marco jurídico, para las empresas generadoras y cogeneradoras que se dedican a la hidroelectricidad, cuyos propietarios son influyentes figuras políticas del PLN y PUSC; mismos que años atrás, lograran la emisión de las leyes 7.200 y 7.500, que les permitió vender electricidad al ICE, institución que se vio obligada a pagarles al 31 de enero del 2002 la módica suma de 35.549 millones de colones.
En tal sentido, es de entender las posibles alianzas que quieran hacer las empresas con las multinacionales del agua, como forma de mantenerse en el mercado. De igual forma entendemos la presencia de RITEVE en nuestro país, supuesta subsidiaria de Aguas de Barcelona.
Amén de nuestro reiterado señalamiento, respecto al componente fundamental del proyecto, desde la perspectiva ideológica, dígase capitulo de concesiones; dicha iniciativa consta de un complemento integral, tales como principios y naturaleza del Recurso Hídrico, protección de ciencias hidrográficas, planes hidrológicos, planificación hídrica y el establecimiento de cánones ambientales, entre otros aspectos relevantes.
En este contexto, tenemos la convicción de que el contenido constitucional no es suficiente garantía para que el agua continúe siendo un recurso natural de dominio público, por lo que se hace necesario un mayor sustento jurídico del artículo 50 de nuestra carta magna, adicionándole entre otras cosas el agua como un Derecho Humano.
Finalmente como ANEP, es piedra angular de nuestro quehacer la defensa de la institucionalidad costarricense y su fortalecimiento, sobre lo cual se gestan los principios de eficiencia y eficacia en los servicios públicos; la llamada inversión social (que ahora llaman, despectivamente, los neoliberales “gasto” social), nos ha ubicado como nación a la par de países con un alto desarrollo humano.
Auguramos para los próximos meses una enorme efervescencia social de dimensiones semejantes a las del histórico como del ICE; ya que si bien entendemos la sociedad costarricense que el agua debe de tener un valor económico en su integralidad, no debe de ser el que le pongan las empresas privadas que pretendan entrar en el gigantesco negocio del agua, vía concesiones.
Tenemos una responsabilidad patriótica, trabajadoras y trabajadores del A y A. Corresponde a nosotros dar el primer paso, como mencionamos en alguna oportunidad en uno de nuestros volantes de reflexión.
¡¡SÍ A UNA MODERNA E INTEGRAL LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RECURSO HÍDRICO!!
¡¡NO A UNA LEGISLACIÓN QUE CONCESIONES Y PRIVATICE EL AGUA, QUE PRIVATICE LA VIDA!
San José, 22 de agosto del 2003.
