Secuestro de funcionaria en cárcel de San Sebastián
Urge un Congreso Nacional Penitenciario
Este nuevo hecho de violencia contra el personal de las cárceles costarricenses obliga a la sociedad a reflexionar con seriedad, acerca de las condiciones socioambientales y de riesgo laboral que sufren hoy los hombres y las mujeres que laboran para Adaptación Social. Este personal, día con día, se juega la vida dentro de los diferentes centros penales, inmersos éstos en un entorno de deterioro social y económico que produce un aumento sustantivo, tanto en calidad como en cantidad, del fenómeno de la criminalidad en Costa Rica.
Los trabajadores y las trabajadoras de las cárceles costarricenses son vistos como personal público de tercera y de cuarta categoría: Hacinamiento y sobrecargo de casos para abordar; escasez de personal técnico, profesional y de seguridad; bajos salarios y carencia total de estímulos y reconocimientos; pésimas condiciones de salud ocupacional, tecnología precaria e insuficiente; equipo de todo tipo viejo y disfuncional; etc.; son factores que se han unido para volver el trabajo de servicio público con las personas privadas de libertad, un verdadero vía crucis, en medio de un ejemplo de compromiso, abnegación y solidaridad con el prójimo en desgracia.
El proceso de deterioro de las condiciones laborales en las cárceles de Costa Rica y el creciente aumento del riesgo de perder la vida por trabajar en ellas, tiene una profunda raíz política.
Estamos hablando de la política neoliberal de restricción presupuestaria y salarial, aunada a un veloz proceso de concentración de la riqueza, en medio de un entorno de creciente corrupción pública y privada que; por un lado, ha incrementado la necesidad de delinquir en amplios sectores sociales excluidos de los beneficios del crecimiento económico; y, por otro, una creciente calidad del delito que se comete en el país, con altas dosis de violencia y deshumanización que ha impregnado el ambiente carcelario.
ANEP propone la realización de un congreso nacional penitenciario que diseñe las políticas necesarias para enfrentar la nueva fisonomía del delito en Costa Rica derivado de la implantación de políticas neoliberales.
A la vez, para definir una serie de medidas y de mecanismos por medio de los cuales la sociedad revindique al personal de las cárceles costarricenses, les brinde mejores condiciones de trabajo, les aumente sus vergonzosos y miserables salarios, incremente las condiciones de preservación de sus vidas dentro de la cárcel y posibilite un verdadero proceso de recuperación social, profesionalmente articulado, de las personas que por infringir la ley son privadas de libertad.
Es doloroso reconocerlo. Pero la persona trabajadora asalariada de las cárceles de Costa Rica sabe que ingresa a laborar al penal por la mañana, pero no sabe si podrá retornar a su hogar por la tarde. Dos vidas perdidas y cinco secuestros en los últimos años así lo atestiguan. Exhortamos al Gobierno a actuar en consecuencia.
San José, 20 de marzo de 2007.
Héctor Prado Monge
Presidente
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Jorge Luis Álvarez Araya
Presidente
Sectorial ANEP-Adaptación Social
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
