Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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El alto tribunal constitucional de la República analiza dos documentos o consultas de profundo contenido, elaboradas con altísima calidad técnica y riguroso profesionalismo jurídico; formuladas ambas por ciudadanos y ciudadanas de gran prestigio en el foro nacional y de sólida formación académica e intelectual en el campo del Derecho Constitucional.
Muchos pensamos que la Sala Cuarta tiene en sus manos el destino final de la institucionalidad republicana hasta ahora vigente en el país. La teoría política de la división de poderes en un sistema democrático como el que rige la vida institucional costarricense, ha sufrido serios cuestionamientos en los últimos años, al punto de que dan pie para una creciente e incontenible desconfianza ciudadana en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Patria que nos vio nacer está viviendo momentos definitorios. Para la oligarquía neoliberal criolla (la misma que se ha aliado con los más sangrientos capitales centroamericanos que ahora se reproducen en nuestro país), este TLC corona su esfuerzo de casi 25 años por acabar con la concepción republicana de Estado Social de Derecho, que tan diferente nos hizo del resto de países de la región sumidos en la violencia, la pobreza y la exclusión.
Por el contrario, quienes decimos No al TLC, estamos plenamente convencidos de que tal “tratado” deroga, de facto, la actual Constitución Política de Costa Rica, para instaurar, definitivamente, un Estado de signo completamente neoliberal, totalitario, antisolidario, excluyente y concentrador rapaz de la riqueza en manos de unos pocos.
El TLC es un “parteaguas”, definitivamente. Si como pensamos, queda demostrado que tal “tratado” está contra la Constitución, habrá triunfado la concepción de bien común que animó, hasta 1984 (cuando se dio en el país el primer Programa de Ajuste Estructural –PAE-), toda la política pública costarricense, sin importar el signo ideológico que tuviera como sustento.
A partir de 1984, la política pública costarricense empieza a corromperse dada la orientación neoliberal de los últimos cinco gobiernos; hasta llegar a la “negociación” del TLC que, como sabemos, sigue sin consolidarse, por la gigantesca resistencia ciudadana de los últimos cinco años.
Este es el fondo de la decisión que tiene en sus manos la Sala Cuarta: la restauración constitucional de la búsqueda del bien común en la sociedad costarricense; ó, por el contrario, la entronización definitiva de la concentración de la riqueza y del lucro privado sin freno, como forma de “convivencia”, al estilo guatemalteco o salvadoreño. No hay término medio.
