Por un lado, la Asamblea Legislativa nunca había demorado tanto y por el otro, existe una seria amenaza de que ese Tribunal deje de funcionar por falta de alguno de sus integrantes, ya que el nombramiento de los magistrados suplentes se vence en las próximas semanas.
Resulta paradójico que los Constituyentes del 49 pudieron promulgar nuestra Constitución en diez meses y que la Asamblea Legislativa no haya podido nombrar un magistrado de la Sala en 18 meses: ¿Será falta de voluntad política o acaso será ésta la “verdadera” voluntad política?
El peso político de la Sala Constitucional (protección de los derechos fundamentales, reelección presidencial, TLC, control del poder) aunado al prácticamente vitalicio nombramiento de sus integrantes, permiten comprender el interés de unos sectores políticos por mantener una representación ideológica mayoritaria en el alto Tribunal, y de otros por evitar que el órgano contralor del poder político continúe siendo parte del mismo poder dominante, como hasta la fecha. Así, mientras la oposición se mantenga firme ante las presiones que se avecinan, al “establishment” le resultará imposible imponer un candidato de su riñón o a alguien disimuladamente afín.
En el actual escenario, cuando solo sesiona los jueves en la mañana, no hay forma posible de llegar a ningún acuerdo y resulta muy conveniente patear la bola hasta la próxima legislatura. ¿Por qué será que luego de un año y ochos meses, el Gobierno o los que tienen el poder para hacerlo no han podido elegir un magistrado? ¿Recuerdan las sesiones hasta medianoche para aprobar las leyes complementarias? ¡Eso sí importaba! Pero no la integración, como manda la Constitución, del Tribunal que controla al poder político. ¡Esto es muy estorboso!
El panorama podría complicarse aún más, por que la Corte abrió el concurso para remitir a la Asamblea la nómina de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, sin que para ello exista un criterio objetivo para la ponderación de los atestados de los candidatos. Y si además, se cayera en la tentación de remitir una nómina cargada en una sola línea ideológica, el entrabamiento sería peor, pues, sin duda, la oposición objetaría la lista, como ya ocurrió hace cuatro años.
La paralización de la Sala Constitucional acarrearía graves consecuencias. Los hábeas corpus, que protegen la libertad y el libre tránsito de la ciudadanía no podrían ser resueltos. Asuntos de gran impacto político y social, como el caso Crucitas, no podrían ser decididos. Cualquier consulta facultativa parlamentaria supondría la paralización del proyecto de ley consultado, pues la Sala no podría evacuarla, lo que entorpecería la labor del Poder Legislativo. En resumen, el país viviría sin Sala por un espacio incierto. ¿A quién le sirve eso? Al poder político
Los diferentes actores políticos deberían ser conscientes de que no se debe jugar con las instituciones democráticas y mucho menos con aquellas que vigilan y controlan el poder político. Casos, como el de Honduras, ponen en evidencian el enorme perjuicio que se infringe a la sociedad y a la estabilidad democrática, cuando se manipula la institucionalidad de un país.
Con esta denuncia, estoy llamando la atención a las diversas organizaciones sociales, a los centros académicos y a los medios de comunicación para que esta situación no les pase inadvertida. Tenemos que exigir a los diputados que valoren los atestados de los candidatos en base a aquellos criterios que más beneficien a los costarricenses y no a los pocos que ostentan el poder.
Hay excelentes candidatos con experiencia y suficientes atributos que permitirán a los políticos, finalmente, llegar a un acuerdo. Es muy perjudicial para nuestro sistema democrático escoger jueces constitucionales en virtud de su afiliación partidaria; y es una vergüenza optar por no elegir a nadie y dejar a la ciudadanía desvalida, sin la protección de la Jurisdicción Constitucional. Pienso en los centenares de pacientes, como los enfermos de cáncer o sida, que han tenido que acudir a la Sala para que la CCSS les suministre medicamentos indispensables para sobrevivir. ¿Qué será de ellos?
*Constitucionalista
