Ciudad Quesada – Vecinos de la comunidad de Veracruz, en Pital de San Carlos, en la región Norte de Costa Rica, y miembros de la ASADA encargada de la administración del acueducto comunitario, denunciaron la presencia de agroquímicos tóxicos en el agua de consumo humano del acueducto que abastece a la población de esa localidad.
La presencia de estos químicos fue detectada el pasado 26 de febrero. Al igual que ya ocurrió en el comunidades del cantón de Siquirres, en la región caribeña, los casi tres mil habitantes de Veracruz, que se abastecen de agua de ese acueducto, deberán recibir el vital líquido de un camión cisterna, debido a que el agua que llega desde sus tuberías está contaminada con agroquímicos tóxicos.
La presencia de químicos venenosos en el agua es consecuencia de la actividad de las fincas que producen sorgo y piña, y que se encuentran en las cercanías de las tomas de agua del acueducto.
El presidente de la ASADA de Veracruz, Marvin Chaves, interpuso desde hace algunos meses varias denuncias en contra de la finca “Agrícola Industrial La Lidia”, que es propiedad del señor Rodolfo Barrantes, presidente de la Dos Pinos, y que se dedica a la siembra del los cultivos de piña, sorgo y plátano.
Las denuncias se interpusieron ante Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud, debido a que se confirmó la presencia del químico “terbufos”, conocido como “conter”, en el agua del acueducto.
El agua es utilizada para el consumo humano de toda la población de Veracruz, y la presencia del químico se confirmó gracias a estudios químicos, realizados por el laboratorio Chem Lab en muestras de agua del acueducto.
Aunque la contaminación del agua se pudo comprobar, las instituciones no han hecho nada por evitar la contaminación y por proteger la salud y los derechos de las común dades, dijo Chaves.
Posteriormente, miembros de la ASADA, diligentemente y sin apoyo de las instituciones públicas, realizaron dos visitas de campo a las nacientes que alimentan el acueducto, el 9 y el 23 de febrero del presente año, donde se comprobó que se estaba utilizando el agroquímico “conter” a escasos metros de donde se ubicaban las mismas. Incluso se encontraron etiquetas del agroquímico en las nacientes.
Ante la inacción de las instituciones, los miembros de la ASADA acudieron nuevamente al Ministerio de Salud para exigir que se tomen acciones en contra de los responsables de contaminar el acueducto.
El Ministerio de Salud procedió a cerrar temporalmente, durante dos días, el acueducto, pero después de ese período, a pesar de estar contaminado lo volvió a abrir.
Actualmente se encuentra abierto, y los vecinos y vecinas siguen utilizando el agua contaminada, con el consecuente grave riesgo para la salud.
Para minimizar un posible impacto negativo, la ASADA de Veracruz ha tenido que solicitar una interconexión a la ASADA de Pital, a fin de abastecer a la población.
“La inacción y negligencia de las instituciones públicas que tienen competencia en este caso, y que tienen la responsabilidad de actuar para proteger el ambiente y la salud de la población, como principios superiores, pone de manifiesto el desinterés del gobierno por asegurar un desarrollo humano integral y por hacer valer los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas”, dijeron dirigentes de Veracruz.
“Una vez más, se pone en evidencia que quienes violentan la legislación ambiental no reciben las sanciones que les corresponden y son las comunidades las que tienen que sufrir los daños que genera el interés del lucro de algunos empresarios”, añadió la or-ganización de vecinos en un comunicado, divulgado por el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera en Costa Rica (FRENASAPP).
Reiteradamente, el gobierno ha dicho que gracias a la producción agrícola a gran escala, muchas comunidades cuentan con empleos “dignos” y se ven beneficiadas con el desarrollo que llevan a cada pueblo en que se ubican.
Sin embargo, sostiene que esta historia no tiene un final feliz, puesto que el precio de ese supuesto desarrollo y el empleo que se genera es la destrucción del ambiente, la explotación laboral, el deterioro de la salud de las comunidades, la devaluación y degradación de las tierras y la contaminación del mas preciado tesoro, el agua.
Por su parte, el FRENASAPP calificó la acción inacción gubernamental de irrespeto a los derechos de las comunidades, y se solidariza con quienes sufren problemas de salud.
Fuente: Diario digital El País
