Este lunes 18 de junio de 2012, la cúpula del empresariado tendrá que fijar su propuesta con relación al reajuste salarial valedero para el segundo semestre del presente año, aplicable a los salarios mínimos de la clase trabajadora asalariada del sector Privado. Se espera que, como es costumbre, su proposición sea inferior a la sindical.
Como se recordará, fue el sindicalismo, con dos propuestas (entre el 4.96% y el 5.96%), el primero en presentar la suya ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), el pasado lunes 11. El proceso terminará el próximo jueves 21, cuando le toque el turno al Gobierno de la República definir su posición al respecto.
Considerando la ostensible posición pro-empresarial del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, hay poca expectativa entre los sindicatos de que ésta oriente a sus representantes en el seno del CNS, a fin de que inclinen la balanza del lado de la clase trabajadora y sus propuestas sindicales.
Como suele suceder, la votación en el seno del CNS es de 2 a 1, pues la “_coalición_” Gobierno-empresariado (que, a final de cuentas, son lo mismo), deja en desventaja a la parte obrera.
Pese a ello, antes del próximo jueves, haremos llegar a la primera mandataria, de manera oficial y por escrito una exhortación a fin de que si, como suponemos, la propuesta empresarial ha de ser inferior a la laboral, su Gobierno se incline por ésta; pese a que hay señales clarísimas de que el favorecimiento hacia el gran empresariado, especialmente, el transnacional, es la orientación central de la gestión gubernativa Chinchilla Miranda.
La rebaja de las tarifas de la electricidad a cinco consorcios empresariales transnacionales de mucho poderío para que sean los hogares trabajadores los que asuman en su tarifa esa rebaja; la prolongación del contrato monopólico de la revisión técnica vehicular por diez años más; el decreto ejecutivo para ampliar el campo de acción de la generación privada de la electricidad; la prioridad en el manejo de contenedores en los muelles limonenses a favor de la transnacional portuaria en detrimento de la empresa pública nacional (motivo central de la huelga de Sintrajap); son algunos de los ejemplos que expresan que la prioridad estratégica del Gobierno de la Presidenta Chinchilla no está del lado de la clase trabajadora.
La clase trabajadora asalariada (y no asalariada), sigue siendo agredida por un proceso concentrador de riqueza y de exclusión social, con fuertes indicadores de crecimiento de la desigualdad.
Los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen justamente; y, como si fuera poco, el salario social producto de políticas públicas de acceso universal a servicios públicos fundamentales, al deteriorarse sensiblemente éstos, también se reduce, agravando ese proceso concentrador de la riqueza.
